“La Agencia de Sustentabilidad tiene suficiente experiencia y validación para tener cierta autonomía que le permita extender su acción”
El director ejecutivo de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, Giovanni Calderón, habla sobre la reestructuración que está realizando a este organismo para darle un mayor énfasis productivo, más visibilidad pública y fortalecer su presencia en regiones. También sobre la próxima discusión de la nueva Ley de Cambio Climático, la que a su juicio debiera incorporar elementos de gestión ambiental concretos y dotar de un reconocimiento legal a la agencia.
Periodista
A casi dos meses de asumir como director ejecutivo de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, Giovanni Calderón, abogado y ex diputado por la Región de Atacama, empieza a instalar los principales ejes de su gestión y a reorientar el funcionamiento interno de este organismo dependiente de Corfo.
Creada originalmente como Consejo de Producción Limpia, hoy la agencia enfrenta el desafío de abarcar una problemática mucho más amplia cruzada por los impactos del cambio climático. “Hemos ido desarrollando la convicción de que las políticas debieran orientarse hacia la adaptación, porque Chile es un bajo emisor de gases de efecto invernadero, y aunque mitigue y cumpla sus compromisos de mitigación -que es nuestro deber como agencia-, lo más relevante para los chilenos son los efectos del cambio climático”, dice Calderón.
Para hacer frente a estos escenarios, agrega, se redefinirán los instrumentos a través de los cuales actúa la agencia. “En esos instrumentos vamos a introducir líneas de acción en materia de cambio climático. De mitigación, por cierto, los Acuerdos de Producción Limpia (APL) tienen medición de impacto de mitigación, y de cuánta energía o agua se ahorró. Vamos a introducir indicadores de impacto en los otros instrumentos, acuerdos de preinversión y acuerdos de gestión de cuencas, y les vamos a agregar acciones de mitigación y adaptación en cambio climático”.
¿Cómo se hará esto?
Primero, es necesario levantar un diagnóstico de cuáles van a ser las necesidades de Chile en materia de adaptación al cambio climático, porque los efectos no son los mismos en todos los países. Por ejemplo, no está científicamente claro si la temperatura del mar en nuestras costas va a aumentar o a disminuir. Ambos efectos tienen consecuencias distintas. Está más o menos claro que el aumento del nivel del mar no afecta a Chile continental, pero si afecta a Chile insular, y tenemos 770 mil km2 de costa insular, donde hay poblaciones y actividad productiva que se va a ver complicada. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es aterrizar ese diagnóstico lo más rápido posible para empezar a generar acciones de adaptación.
¿Cómo se van a definir los indicadores de impacto?
La idea es introducir líneas de sustentabilidad y cambio climático en los otros instrumentos. Por ejemplo, uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU es trabajo de mejor calidad. Ese elemento tiene que ver con la posibilidad de que un proyecto de inversión pueda sostenerse en el tiempo, y la gran demanda de sustentabilidad en regiones -en ese ámbito- es la empleabilidad local. Entonces el desafío es, a través de los acuerdos de preinversión, que son una participación temprana, introducir indicadores de impacto en empleabilidad local, como el uso de proveedores locales, entre otros.
“Hay que reorientar los instrumentos piloto que estaban muy cuestionados, los acuerdos de preinversión y de gestión de cuencas. Yo he decidido mantenerlos, pero reorientarlos hacia lo productivo e introducirles indicadores de impacto. Lo que haga la agencia tiene que tener un impacto productivo”.
¿Y en materia de cuencas?
En cuencas el desafío es mayor y escapa un poco a las capacidades técnicas y financieras de la agencia, porque no hay estudios, por ejemplo, que indiquen cuánta agua ha perdido una cuenca en un período determinado, porque entre otras cosas hay 42 organismos públicos encargados del tema del agua, no hay coordinación entre ellos. Entonces, el tema pasa por una administración sustentable y una gestión del recurso. Nosotros hacemos acuerdos. A todo el mundo le interesa que haya más agua en el río Copiapó, por ejemplo, pero nadie está dispuesto a hacer algo porque eso tiene un costo. ¿Qué hace la agencia? Los sienta a todos para acordar los estándares y obligaciones mínimas que están todos dispuestos a asumir para mejorar la gestión de la cuenca.
¿Esa lógica de trabajar mediante acuerdos se va a mantener, o se piensa avanzar hacia aspectos más regulatorios?
El Estado se relaciona con los ciudadanos en la lógica de la regulación de una conducta, pero cuando se trata de bienes comunes, como es el caso del medio ambiente, no ha sido lo suficientemente eficiente. En cambio, la lógica de la voluntariedad, en que en el fondo transparentas los intereses que hay… en el caso del agua, por ejemplo, hay un interés individual en el uso del recurso, pero hay también un interés colectivo en su conservación. Entonces la pregunta es cómo administras esos dos polos para lograr la sostenibilidad en el tiempo. Desde ese punto de vista, vamos a seguir con la lógica de alcanzar acuerdos, primero porque no tenemos el mandato legal de organismo normativo, y porque además esa lógica ha sido exitosa y ha sido reconocida a nivel internacional.
Reorientación de la agencia
¿Cómo está enfocando el rol de la agencia, cuáles serán sus ejes estratégicos?
El problema es que la agencia está muy sumergida, no tiene una figuración pública, entonces el primer desafío es relevarla y darle una identidad ante la opinión pública, que los chilenos sepan que hay una Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. Después, introducir elementos de cambio climático y no solo de producción limpia en los instrumentos con los cuales nos relacionamos con las empresas y con las personas. Y en tercer lugar, productividad. Hay que reorientar los instrumentos piloto que estaban muy cuestionados, los acuerdos de preinversión y de gestión de cuencas. Yo he decidido mantenerlos, pero reorientarlos hacia lo productivo e introducirles indicadores de impacto. Lo que haga la agencia tiene que tener un impacto productivo.
¿Eso se está trabajando también a nivel interno?
Vamos a reorientar el funcionamiento de la agencia hacia el core del negocio, que son las operaciones, los negocios, los instrumentos. Acá había cuatro subdirecciones, una de estudios. La pregunta es por qué no externalizar esos estudios, para eso hay otras instituciones como el CR2 que tienen muchas más capacidades. Lo que se hizo fue reestructurar el funcionamiento, se eliminó un par de subdirecciones, se concentraron todos los instrumentos en la subdirección de operaciones, y se creó una subdirección de asuntos corporativos para generar las relaciones con los aparatos del Estado y con el mundo privado. Esto porque un eje fundamental es también fortalecer el funcionamiento de la agencia en regiones, con recursos y capacidad intelectual de las regiones.
También tendrán una presencia más activa en la COP24…
Por primera vez vamos a ir tres personas de la agencia, y vamos a estar en todo el proceso de negociación. La idea es poder tener un rol más protagónico en eso, ver también otras experiencias en temas de financiamiento, de tecnología.
¿Qué mensaje transmitirán en esa cumbre?
A nivel de principios, creemos que lo más importante es transparentar la información en materia de emisión de GEI y de disposición de repositorios. Hay que establecer mecanismos, me imagino que muchos van a ser legales y Chile tendrá que dictar leyes en esta materia, para que desde las contabilidades de ciertas industrias hasta los diseños de los proyectos, incluso en etapas muy primarias, pasen por algún tipo de filtros para asegurar su sustentabilidad.
¿Y cuál es el rol de la agencia en este tipo de instancias?
La agencia es el organismo técnico de apoyo a los negociadores chilenos, de la Cancillería y del Ministerio del Medio Ambiente, esa va a ser una primera línea y estamos realizando reuniones para definir tareas específicas en el proceso de negociación. En segundo término, la agencia es punto focal del tema de intercambio tecnológico. Como es un organismo de aplicación de políticas, tenemos conocimiento más específico en cuanto a las necesidades en esta materia. Vamos a buscar experiencias tecnológicas, pero también a generar los vínculos para generar un intercambio de tecnologías.
“Yo soy partidario de que la estructura, funcionamiento y funciones específicas de la agencia tengan reconocimiento legal, porque eso naturalmente le da más potencia a lo que hace. Aunque lo que haga sean acuerdos voluntarios, el hecho de que tenga asignada esa función por una ley es muy distinto a que lo tenga asignado por una resolución de Corfo”.
¿Hay proyectos concretos en materia de intercambio?
Hoy hay un proyecto en estudio para empezar a desarrollarlo, en que Chile va a ser el organismo coordinador para Colombia, México y Brasil en transferencia tecnológica, y también vamos a ser punta de lanza en materia de Banca Verde, porque ha sido imposible de desarrollar en Latinoamérica y Chile tiene las condiciones de mercado financiero y de desarrollo de tecnologías que permitiría ser el primer país con una iniciativa de este tipo.
Ley de Cambio Climático
Está por empezar la discusión respecto de la futura Ley Marco de Cambio Climático, ¿qué componentes debiera incluir, y cómo debiera insertarse la agencia en ella?
Primero, la agencia debiera tener un reconocimiento en esa ley y una función definida en materia de cambio climático, que hoy están prácticamente en el nombre y ni siquiera está reguladas a nivel de decreto. Segundo, lo que normalmente se hace en este tipo de leyes es regular institucionalidad, y ese es el principal interés del Ministerio del Medio Ambiente: tener una institucionalidad que le permita fortalecer ciertas acciones que realizan, y que como hoy no tienen reconocimiento legal de pronto quedan un poco en tierra de nadie. Entonces, quieren elevar a rango legal ciertas facultades que les permitan el fortalecimiento de esa institucionalidad.
¿Qué debiera considerarse?
Desde mi punto de vista, la ley debería ir más allá de la mera institucionalidad, debieran establecerse ciertos instrumentos de gestión ambiental concretos. Que la aplicación de la política pública a través de estos instrumentos quede claramente establecida en la ley, que no quede en lo declarativo. Si logramos hacer eso, nos adelantaríamos varios años a lo que normalmente ocurre con una ley. Un ejemplo es la Ley de Bases del Medio Ambiente, que en un inicio era casi declarativa y con instrumentos muy débiles, y nos tomó casi 20 años llegar a una institucionalidad más sólida y más eficaz en el cumplimiento de los propósitos. Esta ley ojalá no se quede solo en ese marco general, sino que vaya más a la aplicación de la política.
¿El rol de la agencia debiera ser el de articulador de los organismos del Estado?
Es uno de los roles que ha ejercido históricamente, y debiera formalizarlo. Yo soy partidario de que la estructura, funcionamiento y funciones específicas de la agencia tengan reconocimiento legal, porque eso naturalmente le da más potencia a lo que hace. Aunque lo que haga sean acuerdos voluntarios, el hecho de que tenga asignada esa función por una ley es muy distinto a que lo tenga asignado por una resolución de Corfo.
¿Debiera la agencia empezar a operar con cierta independencia?
Yo creo que la agencia tiene suficiente experiencia, ya son 20 años, particularmente en producción limpia. Tenemos un camino que recorrer todavía en el resto de los ámbitos de sustentabilidad y en el eje de cambio climático, pero tiene suficiente experiencia y validación en el mundo público y privado para tener cierta autonomía que le permita extender su acción, escalarla, a niveles que realmente sean eficientes para la consecución de los objetivos que se le plantean.