Actualmente, el decreto definitivo que establece las metas de recolección y valorización de neumáticos fuera de uso, el primero que se crea para un producto prioritario en el marco de la Ley REP, se encuentra en sus trámites finales en Contraloría para su publicación en el Diario Oficial. En el se establece una primera meta de recolección de 50% de los neumáticos que se pongan en el mercado a partir del año 2021, la que posteriormente se va incrementando para llegar a un 90% el año 2028.

Para que ello se cumpla, resulta fundamental la constitución de un sistema de gestión constituido por la industria, que entre sus obligaciones establece el financiamiento de la cadena de recolección, transporte, almacenamiento y valorización de estos. Para José Browne, gerente general de la Cámara de la Industria del Neumático de Chile (CINC), que agrupa a los principales fabricantes de neumáticos (Goodyear, Bridgestone, Michelin y Pirelli) y que comercializa entre un 20% y un 30% de los neumáticos de vehículos no mineros, para que la Ley REP tenga éxito es indispensable que existan sistemas de gestión colectivo, algo que hoy -afirma- no están en condiciones de poder realizar.

“En todos los países de la OCDE donde hay responsabilidad extendida del productor, y donde en casi todos ellos los neumáticos son uno de los productos prioritarios, hay sistemas colectivos, no individuales. Hay uno o dos, en países desarrollados donde el mercado de neumáticos es más grande que el de Chile. Acá debiera haber uno, o a lo más dos sistemas colectivos para que esta política tenga éxito”.

¿Por qué esto resulta fundamental para que funcione?

Porque si no existen sistemas colectivos, la gran mayoría de los productores o importadores de neumáticos más pequeños no tendrían economías de escala, y además de dedicarse a vender neumáticos tendrían que dedicarse a ser empresas recicladoras. Si no existen sistemas colectivos los grandes productores van a poder arreglárselas de forma individual estableciendo contratos con los recicladores directamente, pero no se va a pasar con lo más chicos. Nosotros vemos que el éxito de esta política pública está supeditado a que existan sistemas colectivos.

¿Y que esa decisión aún no se haya tomado pasa por que no existe un acuerdo aún para ello, o hay otras razones?

Lo que vemos, y que está haciendo difícil que existan los sistemas colectivos, es que tal como está hoy el decreto supremo propuesto, que está siguiendo su trámite administrativo, tiene elementos que no incentivan a los productores a hacer sistemas colectivos. No tiene ninguna ventaja para los grandes productores para hacerlo, al revés, tiene puras desventajas que desincentivan la constitución de sistemas colectivos de gestión, que es lo que nosotros creemos que debiera haber.

¿Cuáles son estas razones que desincentivan a ello?

Hay varias razones. Primero, que en el plazo que establece el decreto supremo para partir con el manejo de estos residuos en enero del año 2021, la tramitación que hay que hacer para formar un sistema de gestión colectivo tiene plazos que son muy estrechos, depende de instituciones que no son los productores, como la Fiscalía Nacional Económica, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, el mismo MInisterio del Medio Ambiente que tiene que aprobar un plan de gestión, y todos los otros trámites necesarios para crear una corporación sin fines de lucro que se haga cargo de esto. Una vez constituido el sistema hay que adherir a todos los demás productores, y después hay que llamar a licitaciones -de valorización y de logística- y cada una toma varios meses. Si todo eso uno lo pone en una carta Gantt se ve difícil tenerlo en la fecha establecida en un decreto.

Ese es un problema de plazos, ¿hay temas más de fondo?

Otro tema es que en el decreto hay cosas fundamentales para decidir la constitución de este sistema de gestión colectivo que no están establecidas en el decreto supremo. Por ejemplo, este establece una fórmula para calcular la garantía que debe poner un sistema colectivo, pero los parámetros para calcular esa forma se van a emitir en un plazo que puede ser hasta 30 días después de que la Contraloría apruebe y publique el decreto. O sea, pueden pasar muchos meses antes de que sepamos siquiera cuánto nos va a costar, entonces cómo vamos a tomar hoy día la decisión de constituir el sistema de gestión colectivo si no sabemos cuál va a ser el monto de esa garantía.

¿Y cuál es la principal complicación de ello?

Esa garantía podría ser, bajo la fórmula que establece el decreto supremo, tan alta que ningún banco nos va a dar un instrumento de caución para cumplir este requisito, y este instrumento de caución debe adjuntarse a la carpeta con el sistema con el plan de gestión. Ese es un tema, no está sobre la mesa cuánto va a costar la garantía y ese es un dato relevante para poder decidir si hacer o no un sistema colectivo. Además, el mismo decreto establece que los contenidos de los informes que tiene que entregar un sistema de gestión colectivo al ministerio se determinarán también en un decreto exento en una fecha no especificada. Cómo constituirlo si no sabemos cuál va a ser el diseño y cómo van a ser los sistemas informáticos para poder cumplir con ese requisito que hoy no se conoce en detalle. Entonces, sobre la mesa no están todos los antecedentes para poder iniciar hoy la constitución de un sistema de gestión colectivo.

¿Pero es solo un problema de plazos para las definiciones, no se podría avanzar en paralelo en la constitución del sistema de gestión mientras se resuelven esas dudas?

Las empresas asociadas a CINC van a cumplir con la Ley en 2021. Lo que no saben es si lo van a cumplir en forma individual o a través de un sistema de gestión colectivo. Con los antecedentes que tenemos hoy no podemos tomar la decisión de hacerlo de manera colectiva. Lo que tu planteas es iniciar los trámites para estar preparados para cualquiera de las dos eventualidades, pero esos trámites tienen costos, y no estamos dispuestos a incurrir en esfuerzos que son considerables para que después no resulte. Tenemos que tener todas las cartas sobre la mesa para tomar la decisión. Y no es solo un problema de plazos, el decreto supremo en sí tiene inconsistencias graves que no permitirían ponerlo en práctica.

¿Cuáles son estas inconsistencias?

En el decreto supremo se establece que todos los comercializadores de neumáticos, pensemos en una serviteca, tienen la obligación de recibir tantos neumáticos fuera de uso como aquellos que venden, sin cargo, lo cual está muy bien. Pero al mismo tiempo, establece que el sistema de gestión tiene la obligación de retirar todos esos neumáticos. Eso quiere decir que desde el primer día que parta la ley el sistema de gestión se hace cargo de recolectar el cien por ciento de los neumáticos que se venden. Y los está recolectando en todo el territorio nacional. O sea, el artículo 24 establece una recolección del cien por ciento desde el primer día, y eso invalida todo lo que dice el artículo que establece metas de aquí al 2028, todos esos números en realidad no tienen relevancia porque en términos prácticos hay que recoger todo. Lo cual está muy bien en principio, pero eso viola el principio de gradualidad que siempre se estableció en la ley, que no se va a recolectar lo que no se pueda a valorizar, esto va de a poco en la medida que se desarrolla la industria del reciclaje.

Y el problema en eso es que no hay capacidad de valorización para todos los neumáticos

Hoy día no hay industrias, no hay recicladoras capaces de absorber esa cantidad de neumáticos. Nosotros calculamos esa diferencia en 400 mil toneladas entre 2021 y 2028, que no van a tener destino. Va a haber que recolectarlas por ley pero no hay donde llevarlas.

¿Hay conversaciones con la industria de valorización de neumáticos para poder hacer frente a este problema?

Las opciones de valorización actuales y futuras, como las cementeras y otras, están trabajando para poder reciclar los neumáticos, pero eso no se logra de la noche a la mañana. No va a estar todo listo para valorizar todos los neumáticos el año 2021. Entonces, el decreto actual nos obliga a recolectarlos pero no va a haber dónde valorizarlos.

¿No es posible exportarlo para valorización?

Uno podría calcular los costos de exportar todo eso para tener esa opción de salida, pero el reglamento para el movimiento transfronterizo de residuos está pendiente en el Ministerio del Medio Ambiente, no ha salido por razones que desconocemos, entonces tampoco sabemos si esa opción va a existir. A esto se suma que hoy existe un decreto del Ministerio de Salud que prohíbe llevar neumáticos a un relleno sanitario. O sea, qué vamos a hacer con 400 mil toneladas de neumáticos que hay que recolectar y que no se pueden valorizar ni tampoco sabemos en qué condiciones los podríamos llegar a exportar.

¿Y esto lo han conversado con el ministerio?

Estos problemas se plantearon cuando se abrió el proceso para recibir antecedentes, se plantearon en el comité operativo ampliado, y se volvieron a plantear cuando se abrió una consulta pública del anteproyecto, pero no se ven reflejados en el proyecto oficial. Entonces, lo planteamos oficialmente por los canales formales a lo largo del proceso, pero en la propuesta final del decreto que está en tramitación final no se han visto reflejadas estas inquietudes nuestras. Pero me refiero a estos puntos, que para nosotros son muy relevantes para saber cómo proceder, porque hay otros que si fueron acogidos

¿Y en qué situación se encuentran hoy?

Los socios de CINC, que son empresas grandes, obviamente están dispuestos a cumplir la ley, pero si no se puede a través de un sistema colectivo por estos temas que están pendientes, lo cumplirán de manera individual haciendo tratos directos con los gestores.

Pero no hay una definición al respecto

No, para nosotros el ideal sería contar con un sistema colectivo, pero hoy no estamos en condiciones de constituirlo. Eso va a depender de tener los antecedentes que faltan en este decreto.

¿Es una dificultad para el cumplimiento de la ley que sean sistemas individuales?

El sistema de gestión colectivo es fundamental porque permite economías de escala, y porque permite a los productores dedicarse a su negocio, que es comerciar neumáticos y no constituirse en empresas de recolección y tratamiento de residuos. Ahora, el problema si no hay sistemas de gestión colectivos es más crítico -desde nuestro punto de vista- para las empresas más pequeñas. Las empresas de CINC pueden llegar a un acuerdo con los valorizadores que existen hoy, porque desde hace muchos años, por requerimientos corporativos, están recolectando y valorizando neumáticos. De hecho, Polambiente nació bajo el alero del primer APL que hicimos nosotros. Por lo tanto, para nosotros sería formalizar lo que siempre hemos hecho, pero va a seguir siendo individual. ¿Cuál es el problema de eso? Que las miles de empresas chicas que importan neumáticos, incluidos los que importan vehículos, van a tener que constituirse en recolectores y valorizadores de neumáticos y los va a desviar mucho de su foco, y lo más probable es que terminen con unos costos tremendos o simplemente van a terminar como outlawyers que no van a poder cumplir la ley. Entonces, el peso del principio de la ley que es el que contamina paga, van a terminar pagando solo los productores más grandes y no los más chicos.

¿No es posible ayudar a acelerar la constitución de una industria de valorización?

Nosotros no somos recicladores, lo que sí hacemos es entregar toda la información y datos técnicos que nos pidan los eventuales inversores que se van a dedicar a ser gestores de la Ley REP. Pero el criterio nos indica que para el año 2021 no va haber instalada en Chile una industria capaz de procesar 150 mil toneladas de neumáticos fuera de uso al año, eso va a tomar un tiempo. Por el hecho de que todo el mundo sabe que va a tomar un tiempo, la Ley REP tiene el principio de gradualidad. Cuando el mismo decreto establece metas progresivas, que cada vez son mayores para llegar al cien por ciento al año 2028, pero te pone en otro artículo que tienes que recolectar todo desde el primer día, entonces el principio de gradualidad se pierde completamente. Hay una incompatibilidad ahí muy grave. Hoy la valorización de neumáticos no pasa del 10% de lo que se recupera, el otro 90% nadie sabe dónde va a parar.

En definitiva, hoy ven difícil llegar a cumplir los plazos para la constitución de un sistema de gestión colectivo para el año 2021

Creemos que con todas las operaciones que hay que hacer para constituir un sistema de gestión, vemos muy difícil poder cumplir con tener un sistema con la aprobación de la FNE, que debe darnos la luz verde para siquiera empezar a perfeccionar esta entidad y que es un trámite con bastante papeleo; después hay que conseguir el visto bueno del TDLC que garantice que no van a haber obstáculos a la libre competencia; luego hay que presentar un plan de gestión al ministerio que debe tener incluido el instrumento de caución para a garantía cuyo monto desconocemos, y que es muy posible que sea muy difícil conseguirlo en el mercado financiero actual, hay que tener en cuenta que la ley de cierre de faenas mineras aún no se cumple porque las empresas mineras no han podido obtener una garantía adecuada. Teniendo todo eso, va a ser necesario iniciar dos licitaciones que no son simultáneas, y cada uno tomara cuatro o seis meses. Entonces, los plazos no dan. No queremos decir que sea imposible, pero lo vemos difícil porque las fechas de las que dependen todos estos procesos dependen de terceros.

¿Por dónde ven la solución a este problema entonces?

Por cumplir la ley en forma individual nomás, o tener un sistema de gestión colectivo no en la fecha de aplicación de la ley sino de manera posterior. No nos queda otra, pero no es nuestra primera opción. Nosotros consideramos que para el éxito de esta política pública consideramos que debiera haber sistemas de gestión colectivo, pero aún si haciendo nuestro máximo esfuerzo no lo logramos lo tendremos que hacer de forma individual, porque tendremos que cumplir la ley. Nadie aquí está pensando en no cumplir la ley. Las empresas de CINC están perfectamente preparadas para cumplir la ley en forma individual, y no hemos de ninguna manera abandonado la intención de constituir un sistema de gestión colectivo, pero cuando conozcamos todos los antecedentes que se necesitan para ello.

Hacerlo a futuro, entonces

Si, la posibilidad que veríamos es partir con sistemas individuales y continuar con el proceso para constituir un sistema colectivo en la medida que se aclaren los puntos que el decreto supremo actual no contiene: cuáles son los parámetros para calcular la garantía, cuáles son los contenidos que van a tener los informes, el reglamento del movimiento transfronterizo de residuos, cómo va a ser la recolección del cien por ciento desde el primer año. Hay muchas cosas que el ministerio podría hacer y flexibilizar para que se pueda cumplir, pero tal como está planteado el decreto hoy -porque la ley nos parece buena, con principios muy buenos- desincentiva el que los productores cumplan la ley a través de un sistema de gestión colectivo. Tal como esta hoy, está incentivando que optes por el sistema individual. Sin embargo, como CINC, en el largo plazo, como estrategia y como algo indispensable para que esta política tenga éxito, estimamos que son necesarios los sistemas de gestión colectivos, pero el decreto no está dando las facilidades para que ello se haga.