El pasado miércoles 27 de marzo, el Consejo de Ministros para la sustentabilidad aprobó el decreto supremo que establece las metas de recolección y valorización del sector neumáticos en el marco de la Ley REP, las que entrarán en vigencia a partir del 1 de enero de 2021 y que se convierte así en el primer producto prioritario que iniciará formalmente las obligaciones establecidas en la Ley REP. Y la principal modificación respecto del anteproyecto es que ahora la meta de recolección no será solo nacional, sino que tendrá metas específicas para cada una de las regiones del país.

La razón de ello no es necesariamente técnica, sino que obedece más bien a la necesidad de garantizar que la aplicación de la Ley REP se extienda a todo el territorio nacional. Esto porque de existir una sola meta nacional, lo más probable es que se busque cumplir esta solo donde ya existe la capacidad instalada y una mayor población, es decir, Santiago, Valparaíso, Concepción y Antofagasta.

Considerando que el financiamiento de la recolección, transporte y almacenamiento de los residuos por parte de los sistemas de gestión implicará un aumento marginal del costo de los neumáticos en todo el país, se requería que los beneficios del reciclaje alcancen también a todos los habitantes.

Una lógica que también se replicará en el anteproyecto del decreto de metas para el sector de envases y embalajes, actualmente en proceso de elaboración. Si bien no está definido aún el mecanismo -no serán necesariamente metas regionales-, si habrá una exigencia para la recolección regional de estos.

“La meta regional viene de un cálculo que hicimos en base a una estimación de cuántos son los neumáticos que se dan de baja en cada una de estas regiones, y la cifra es aproximadamente la mitad de lo que se da de baja. Lo que queremos es dar la señal de que los sistemas de gestión tienen que ir y montar en todas las regiones sistemas de recolección”, explica Guillermo González, jefe de la Oficina de Economía Circular del Ministerio del Medio Ambiente (MMA).

Si bien el cumplimiento de las metas de valorización se puede cumplir donde los sistemas de gestión lo estimen más conveniente -es imposible tener capacidad instalada para ello en todas las regiones-, de acuerdo a la propuesta de decreto supremo que fue sometida a la aprobación del Consejo de Ministros ahora un 34,7% de todos los neumáticos que se recuperen en el país deben ser recolectados en regiones.

Esto con tasas que van desde un 4,7% del total para el caso de la Región de Valparaíso hasta un 0,5% del total nacional para la Región de Aysén. Tanto Biobío como el Maule tendrán tasas de un 4,2% de la recolección total en el país, y más atrás le siguen O´Higgins (3,5%), Los Lagos (2,7%), La Araucanía (2,6%), Atacama (2,5%) y Antofagasta (2,4%).

Estas metas regionales deberán cumplirse a partir del año 2023, dos años después de que entre en vigencia la primera meta nacional, que establece que para el año 2021 se debe recolectar al menos el 50% de los neumáticos puestos en el mercado el año anterior. A partir de 2024 esta aumenta al 80%, para llegar a un 90% a partir de 2028.

“Con esto le damos un tiempo al sistema de gestión para que monte el sistema y empiece a operar. Esto tiene su complejidad y necesitamos ir de a poco, dando pasos firmes pero seguros, y en ese sentido le damos dos años de plazo a la exigencia de la meta regional”, explica Guillermo González.

Cautelas a la libre competencia

Otras de las materias que se incorporó al decreto final fue explicitar un hecho clave para la cautela de la libre competencia en los sistemas de gestión. En su Artículo 7º, relativo a las obligaciones de los productores, el decreto establece que deberán “velar por que la información comercial sensible que sea compartida con ocasión de cumplimiento de la ley no pueda ser conocida por otros productores, dando cumplimiento a la normativa sobre libre competencia”. Por tanto, su plan de gestión deberá explicitar un mecanismo que garantice esta obligación.

La incorporación de esta materia surgió de conversaciones sostenidas entre el MMA y la Fiscalía Nacional Económica, ya que si bien la Ley REP establece que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) va a revisar los planes de gestión que se presenten, no estaba explícito el manejo de la información. Se trata además de una exigencia que sí se va a incluir en el resto de los decretos de metas de recolección y valorización para todos los restantes productos prioritarios.

Esta materia resulta clave, es un aspecto que ha generado preocupación en los regulados y que fue abordada tangencialmente en un estudio elaborado por el Programa de Sostenibilidad Corporativa de la Universidad Católica para la asociación gremial Supermercados de Chile respecto de la constitución de los sistemas de gestión.

La propia OCDE ha identificado los principales riesgos de libre competencia relacionados a los sistemas de gestión, entre ellos los acuerdos horizontales entre competidores para establecer uno o más sistema de gestión, posibles conductas anticompetitivas dentro el sistema de gestión, barreras de entrada a los mercados atendidos por el sistema de gestión y, en general, acuerdos para restringir la competencia entre productores; acuerdos verticales entre sistema de gestión y proveedores en la recolección y tratamiento de residuos que limite la competencia, y acciones anticompetitivas en el mercado del tratamiento de residuos.

Por ello, el manejo y cautela de la información sensible resulta fundamental para evitar prácticas de colusión, y por eso se determinó dejar una señal clara en ese sentido en el decreto final.

“Uno de los temas claves es el manejo de información sensible entre distintos competidores. Si bien eso es algo que va a precisar el TDLC, dejamos como lineamiento una obligación que le dice al regulado que al minuto de traer su plan de gestión debe tener un sistema de información que resguarde la seguridad de esa información, de tal manera que no se comparta entre competidores”, explica Guillermo González.

Adicionalmente, se incorporaron otros cambios que acogen algunas de las más de 100 observaciones al proceso de consulta pública del anteproyecto del decreto. Uno de ellos es la incorporación de aros específicos de la minería que son menores a las 57 pulgadas, medida de corte original. Ahora se establece una “Categoría A” de neumáticos con aro inferior a 57 pulgadas, y una “Categoría B” con aros mayores o iguales a 57 pulgadas pero que incorpora además a los aros de 45, 49 y 51 pulgadas, que corresponden al 10% de los neumáticos usados en la minería.

Junto con ello se establece como requisito para el recauchaje que los gestores que realicen estas operaciones cuenten con una certificación que acredite que cumplan con la Norma Chilena 3374 de 2015 para asegurar la calidad técnica de este tipo de valorización.

Y finalmente, en materia de valorización energética, se amplió a un rango más amplio. Mientras que en el anteproyecto se establecía únicamente a la pirólisis como alternativa en esta materia, ahora se permitirán todo tipo de alternativas de valorización energética para darle mayores alternativas de valorización a los regulados.

Preocupación de la industria del neumático

Para la industria del neumático, una de las preocupaciones principales que mantuvieron durante todo el proceso de elaboración del decreto final de metas, fue si se mantendría a la industria de venta de automóviles dentro de las obligaciones de la Ley REP, entendiendo que los neumáticos que se ponen en el mercado como parte de un vehículo o maquinaria también deben ser considerados. Y en ese sentido, el decreto final los deja tranquilos.

“Nosotros valoramos el trabajo que ha hecho el ministerio con este decreto ya definitivo. Encontramos que mantiene cosas que eran muy valiosas, fundamentalmente que los neumáticos de equipo original -que vienen incorporados en los vehículos- también se les aplique la responsabilidad extendida del productor. Eso para nosotros era fundamental, y nos alegramos que se mantenga”, dice José Browne, gerente general de la Cámara de la Industria del Neumático de Chile (CINC), que agrupa a los principales fabricantes y exportadores de neumáticos en el país.

Sin embargo, hoy la preocupación de la industria apunta a otro problema: el plazo de implementación de la ley. “Estamos totalmente dispuestos a hacer nuestro mejor esfuerzo para que en enero de 2021 los sistemas de gestión estén establecidos y pueda hacerse efectiva la ley, pero sí vemos los plazos con preocupación”, dice Browne.

Aunque no fue un tema respecto del que hayan hecho observaciones en la consulta pública, una vez que se fueron afinando los trámites -tras las conversaciones del MMA con la FNE y el TDLC- y requisitos para la constitución de los sistemas de gestión, la “Carta Gantt” de la industria empezó a mostrar estrecheces.

De aquí a enero de 2021, dice CINC, hay que establecer un sistema de gestión con todos los trámites legales, con los visados del TDLC, FNE y el MMA; después hay que formar el sistema de gestión propiamente tal, llamar a los adherentes, establecer las tarifas, firmar los contratos, establecer los dos procesos de licitación, primero el de valorización y luego el logístico. Estos no se pueden hacer en conjunto, ya que primero se requiere saber dónde se irán a dejar los residuos para valorización, para luego definir los requerimientos de logística. Cada una de estas licitaciones -estiman- podría tardar entre cuatro y seis meses.

“Para todo eso, aunque un plazo de dos años parezca razonable, es muy estrecho. Por ejemplo, bastaría que el TDLC se tomara seis meses para tramitar este tema y ya estaríamos fuera de plazo. Entonces, hay tiempos que no dependen de los productores, por mucho que tratemos de hacerlo lo más rápido posible, y vemos con preocupación que puedan hacer inviables estar listos para enero del año 2021”, dice Browne.

Así se lo hicieron saber al gobierno en algunas conversaciones que se han sostenido hasta ahora, aunque no mediante una presentación formal. A juicio de los productores, para que el sistema funcione bien y cumplir con todos los requisitos se requiere de al menos un año más.

Y otro de los grandes temas de preocupación en la industria es obligación de presentar una garantía para caucionar el cumplimiento de las metas. ¿El problema? Este monto está determinado por una fórmula establecida en el decreto, pero los valores de está fórmula aún se desconocen y el MMA tiene un plazo de tres meses después de la publicación del decreto para establecerlos.

“Podría llegar a ser, dependiendo del valor de estos parámetros, que el costo de la garantía sea igual al costo de gestión del sistema durante un año. Eso es simplemente inaplicable. Qué banco va a poner un monto tan significativo a una institución que no tiene historia, que es completamente nueva, bajo una figura además que hasta hora no existe. Y además puede ser de tal magnitud que simplemente no deje operar al sistema”, advierte José Browne.

La falta de esa información fundamental, agrega, ha impedido hasta hora tomar una decisión respecto de cómo se va a constituir el o los sistemas de gestión de la industria. Y los plazos siguen corriendo.

“Los socios de CINC esperábamos conocer con este decreto todos los detalles para constituir un sistema de gestión, que obviamente sería abierto para que todos los demás pueden ingresar a él también. Pero desgraciadamente, porque no están claros los parámetros para calcular las garantías, no sabemos bien aun que camino tomar porque no están todavía todas las reglas del juego sobre la mesa. Los parámetros fundamentales para tomar las garantías los deja para más adelante, y nosotros necesitamos saberlo ahora para tomar la decisión de hacer un sistema colectivo o ir individualmente cada uno. Esa decisión no está tomada. Mientras los parámetros no se aclaren, no podemos”, afirma.