Europa sigue liderando la ruta global hacia la economía circular y el desarrollo sostenible. Primero fue la decisión del Parlamento Europeo de declarar en forma simbólica la “emergencia climática”, transformándose en el primer continente en adoptar esta denominación con el objetivo de instar a los líderes europeos a moverse a la acción. Luego, durante la COP25, la presidenta de la Comunidad Europea, Úrsula von der Leyen, presentó una nueva estrategia de crecimiento del bloque denominada Pacto Verde (Green Deal), para alcanzar la carbono neutralidad en 2050 y que propone la creación de un mecanismo de “transición justa” que permita la movilización fondos públicos y privados de hasta 100.000 millones de euros entre 2021-2027.

Ahora, el Parlamento Europeo dio un nuevo paso en esta dirección, al acordar nuevas reglas para determinar qué inversiones son verdes. Esto incluye lo que se define como una “taxonomía” para la Unión Europea, una etiqueta que proporcione a los inversores claridad sobre qué actividades se consideran ambiental y socialmente sostenibles.

Con esto se busca contar con credenciales transparentes para productos financieros para desviar flujos financieros hacia actividades económicas sostenibles, y al mismo tiempo ayudar a alcanzar el objetivo de una UE climáticamente neutral.

“La taxonomía para la inversión sostenible es probablemente el desarrollo más importante para las finanzas desde la contabilidad. Será un cambio de juego en la lucha contra el cambio climático”, afirmó la negociadora principal del Comité de Medio Ambiente del Parlamento Europeo (PE), la finlandesa Sirpa Pietikainen. Y agregó: “Estoy satisfecha de que hayamos alcanzado un acuerdo equilibrado, pero esto es solo el comienzo. Ecologizar el sector financiero es un primer paso para hacer que las inversiones fluyan en la dirección correcta, por lo que sirve a la transición hacia una economía neutral en carbono”.

Por su parte, el relator del Comité de Asuntos Económicos del PE, el holandés Bas Eickhout, señaló que “todos los productos financieros que afirman ser sostenibles deberán demostrarlo siguiendo criterios estrictos y ambiciosos de la Unión Europea. El compromiso también incluye un mandato claro para que la Comisión comience a trabajar en la definición de actividades perjudiciales para el medio ambiente en una etapa posterior. Eliminar esas actividades es inversiones es tan importante para lograr la neutralidad climática como apoyar las actividades descarbonizadas”.

Criterios para la “etiqueta verde”

La llamada “regulación de taxonomía” estipula cinco objetivos ambientales que deben ser considerados al momento de evaluar qué tan sostenible es una actividad económica. Estos son la adaptación y mitigación al cambio climático; el uso sostenible y protección del agua y los recursos marinos; la transición a una economía circular, incluida la prevención de residuos y el aumento de la absorción de materias primas secundarias; la prevención y control de la contaminación; y la protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas.

Según el acuerdo, para obtener la etiqueta verde, una actividad económica debe contribuir a uno o más de los objetivos anteriores y no dañar significativamente a ninguno de ellos. Además, su sostenibilidad ambiental debe medirse utilizando un sistema de clasificación unificado, ya que si bien actualmente existen algunas etiquetas nacionales que van en esta línea (como la etiqueta TEEC de Francia, FNG Siegel de Alemania, Luxflag de Luxemburgo o Nordic Swan Ecolabel de los países nórdicos), las interpretaciones respecto de una inversión sostenible difieren entre los países creando dificultades en los inversores, además de disuadirlos a invertir más allá de sus fronteras.

En concreto, el acuerdo clasifica las inversiones en base a los criterios ya señalados y establece tres categorías de etiquetas: la cien por ciento verde, que está referida a las actividades con muy bajas o nulas emisiones de carbono, como los vehículos eléctricos y la energía solar; una segunda categoría para las actividades de transición, como la renovación de edificaciones o transporte urbano de bajas emisiones; y la tercera etiqueta es para las actividades de habilitación que, aunque sean contaminantes, facilitan el desarrollo de sectores sostenibles.

En el caso de las actividades de transición, el acuerdo establece que los criterios de taxonomía deben garantizar que aquellas que sean necesarias para avanzar hacia una economía climáticamente neutral, pero que al mismo tiempo sean incompatibles con la neutralidad climática, deben tener niveles de emisiones de gases de efecto invernadero correspondientes al mejor desempeño del sector o la industria respectivas.

Junto con ello, las actividades de transición no deberán obstaculizar el desarrollo de actividades bajas en carbono ni contribuir a los efectos de bloqueo intensivo de carbono, dice el texto. Se aplicará una regla similar a las actividades que permiten directamente a un sector mejorar su desempeño ambiental (habilitación), como -por ejemplo- la fabricación de turbinas eólicas para la producción de electricidad.

Freno al “green washing”

Según lo acordado por el PE, la regulación de la taxonomía, y por tanto de la etiqueta, permitirá a los inversores identificar actividades económicas ambientalmente sostenibles que contribuyan sustancialmente a la mitigación del cambio climático con base a evidencia científica, incluida la evidencia de las evaluaciones existentes del ciclo de vida (producción, uso, final de vida útil y reciclaje), impactos ambientales y riesgos a largo plazo.

Con ello, uno de los objetivos de esta nueva etiqueta verde para las finanzas es, como se ha señalado, establecer un criterio unificado que entregue las señales apropiadas a los sectores económicos sobre qué actividades se consideran sostenibles, y al mismo tiempo protegerlos evitando riesgos de “green washing”, relacionado con el marketing engañoso que presenta como verdes productos que no son tales.

En este sentido, la etiqueta permite también la comparación entre proyectos de inversión y empresas, ya que obliga a proporcionar una información detallada de cómo la inversión cumple con los objetivos ambientales.

Por otro lado, el texto del acuerdo no excluye ni incluye en la lista negra ninguna tecnología o sector específico de las actividades “verdes”, aparte de los combustibles fósiles sólidos, como el carbón o el lignito. El gas y la producción de energía nuclear no están explícitamente excluidos de la regulación, y estas actividades pueden etiquetarse como habilitadoras o de transición en pleno respeto del principio de “no hacer daño significativo”.

La Comisión Europea deberá pronunciarse dentro de dos años sobre en qué categoría incluir al sector nuclear, pero también el gas (defendido por alemanes, polacos e italianos). Así, para el 31 de diciembre de 2021 se deberán revisar los criterios de selección y definir los criterios respecto de cuándo una actividad tiene un impacto negativo significativo en la sostenibilidad.

El acuerdo alcanzado por el equipo negociador del Parlamento Europeo debe ser aprobado primero por los dos comités involucrados y posteriormente por votación plenaria. Finalmente, la Eurocámara deberá aprobarlo en enero próximo para entrar en vigencia en 2022.