El pasado jueves 4 de marzo la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados y Diputadas, presidida por el diputado Ricardo Celis, reanudó la votación de la ley que limita los plásticos de un solo uso en el comercio. Se trata de una iniciativa legal que ingresó en primer trámite constitucional al Senado el 22 de mayo de 2019 y que fue aprobado por la sala de la Cámara Alta en general y particular el 8 de julio de 2020, en pleno auge de la pandemia por el coronavirus.

Tras el receso parlamentario de febrero, el diputado Celis puso la discusión de la iniciativa legal en tabla de forma muy expedita. Para él, es prioritario que las indicaciones de esta ley sean votadas rápidamente para despacharla a su discusión en la sala de la Cámara de Diputados. Los plazos son ambiciosos, dice el parlamentario, que el 29 de diciembre de 2020 reemplazó en la presidencia de la Comisión al diputado Félix González.

En resumidas cuentas, el proyecto ingresado en moción por un grupo transversal de senadores y senadores, tras un reporte de las organizaciones Oceana y Plastic Ocean que dieron cuenta del grave impacto de los plásticos derivados del comercio en los océanos y playas, prohíbe a los establecimientos de comercio el uso, entrega y comercialización de envases, botellas plásticas y bolsas plásticas no reciclables, utensilios plásticos y productos de un solo uso o desechables.

Según datos de la Unión Europea, citados entre los fundamentos del texto legal, un 80 por ciento de la basura de los océanos es plástica. De ahí, según el diputado Celis, la importancia de agilizar el trámite final de la ley que, asegura, implicará un cambio cultural de largo aliento. Al menos ayer, en sesión telemática, los diputados y diputadas de la Comisión debatieron algunos artículos de la ley, con intervención también de la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt.

En rigor, lo propuesto por el proyecto es modificar la ley N° 21.100 que prohíbe la entrega de bolsas plásticas de comercio en todo el territorio nacional, e incluir una prohibición global de entrega de productos plásticos de un solo uso: vasos, platos, cubiertos, bombillas y todo envase que no sea reutilizable o biodegradable.

“Tenemos un compromiso de todos los diputados de la Comisión de que lo resolvamos ahora para que durante la primera quincena de marzo sea votado en sala y aprobado”, explica Celis a País Circular.

-Desde que se retomó la discusión en la Comisión, ¿cuáles han sido los puntos prioritarios a definir?

-Estamos haciendo la definición de los conceptos. Lo que se conoce como el glosario: qué es un plástico biodegradable, retornable. Es prioritario que lo votemos en sala pronto, idealmente en la primera quincena de marzo. Creo que esta ley es un gran aporte, es un avance importante como la de las bolsas plásticas. Limitar la cantidad de plástico en la alimentación tanto en restoranes como en el servicio delivery, que se ha expandido tanto en la pandemia, es un avance.

-¿Cuáles han sido los principales obstáculos en la discusión?

-Estamos viendo el daño ambiental que hay producto del plástico y uno quisiera una ley más amplia y que desapareciera el plástico. Pero en la práctica eso no es posible si no existe un proceso de gradualidad y trabajo colectivo y colaborativo entre la industria, la ciudadanía y el comercio. Es una cadena grande, y hay que abordarlo desde la alimentación, desde los restoranes, desde los delivery. En ese contexto, hay diputados que con justa aspiración piensan que deberían eliminarse todas las botellas desechables, el 100 por ciento. Pero existen otras opiniones de algunas ONG y académicos que dicen que, si bien es una buena aspiración, eso puede limitar la factibilidad de la ley.

-¿Qué se puede perfeccionar en esta votación antes de pasar a sala?

-Hay temores en la población de que el costo de la reducción del plástico se traslade al consumidor. Es lo mismo que pasó con las bolsas plásticas, donde inicialmente la industria y el comercio no asumió el costo de aquello. Probablemente haya algo de cierto en ese resquemor, pero creo que hay que transferir algunas responsabilidades a los productores, a las empresas. Yo confío en que la ley lo va a lograr específicamente con las botellas plásticas. La idea es también comenzar una campaña respecto del delivery, para que sea algo beneficioso. En el comercio ambulante se sigue usando mucha bolsa plástica. Probablemente demorará un tiempo el cambio cultural, pero con las bolsas hubo un avance significativo. Ocurrirá lo mismo en esta ocasión.

-¿Tienen alguna estimación numérica del impacto ambiental que producirá la eventual aprobación de esta ley?

-No lo hemos hecho, es una buena pregunta. Solamente nos hemos guiado por la intuición y el sentido común del uso que tienen los utensilios y botellas de plástico, pero no hemos medido qué impacto tendría ello en toneladas de reducción. Debo decir que el apoyo de Plastic Ocean ha sido central. Nos han ayudado bastante en temas técnicos, han sido un gran respaldo en esta materia. Lo hemos consultado y han aportado datos en la visión social del uso del plástico también.

-¿El respaldo a la iniciativa es transversal?

-Hay un respaldo transversal. Solo que la gente de Chile Vamos son más restrictivos con las limitaciones, y el mundo más de centro-izquierda quisiera avances un poco más radicales.

El SBAP: una de las batallas de su presidencia

Con menos de dos meses ungido como presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Baja, el diputado Ricardo Celis anunció tres objetivos prioritarios al momento de asumir su cargo, cuya duración es hasta julio: la aprobación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), la ley de regulación del carbón en las centrales termoeléctricas y la ley que regula el uso de suelo post incendios. Esta última impulsada por el diputado Diego Ibáñez.

“En el gobierno de Michelle Bachelet se avanzó mucho, pero en la práctica las áreas protegidas tienen un nivel tal de desprotección que se hace urgente contar con un servicio para la protección de la biodiversidad”, señala Celis.

-El cuestionamiento a la Conaf se acentuó tras la reciente tala ilegal de araucarias en Nahuelbuta, ¿cuál es su percepción al respecto?

-Conaf ha hecho una tremenda labor, ha sido colaboradora en el cuidado de la biodiversidad, pero es insuficiente, no es capaz de responder. Necesitamos un servicio distinto, con una lógica diferente, que se haga cargo de cuidados que históricamente ha tenido la Conaf.

-¿Cree que la Conaf debiese cumplir otra función ante una eventual aprobación del SBAP?

-Yo creo que la Conaf ya tuvo su gran momento en la historia de Chile y van a ser parte de una cuestión más limitada en lo que viene. Más enfocada al sector productivo quizás. Hoy la Conaf tiene más aprensiones de orden laboral más que de trabajo futuro.

-¿Es cuestionable que una corporación de derecho privado administre fondos públicos para el cumplimiento de sus funciones?

-Claro, eso tiene que cambiar. No puede estar al cuidado de la biodiversidad una corporación de derecho privado. Pensamos que debe cambiar su estatus. Espero sacar el SBAP durante mi período de presidencia.

-¿Se le dará el mismo nivel de prioridad a la ley de uso de suelo post incendios?

-Me pareció tan importante que lo pusimos en discusión de inmediato, apenas ocurrió el último incendio en Quilpué y Peñuelas. Lo vamos a comenzar a tramitar después de la ley de los plásticos. Nos parece de urgencia. Hay experiencias en España de que cuando se reguló el uso de suelo post incendio, hubo un cambio radical. Porque para las inmobiliarias es más barato comprar un suelo quemado que un suelo productivo.

-¿También se le dará celeridad al tema de las termoeléctricas?

-Me parece central. Creo que después del acuerdo del Gobienro con las termoeléctricas a carbón, las empresas han ido entendiendo lo que viene y han cambiado su generación de energía. Es urgente que de aquí al 2030 no tengamos más termoeléctricas que usen carbón para evitar las zonas de sacrificio y para combatir el cambio climático.