“No vamos a ser el futuro de Chile, porque nos van a matar lueguito”, dice una niña de 12 años de Puchuncaví a los monitores de la Defensoría de la Niñez que durante seis meses realizaron un trabajo de campo en la zona para realizar el estudio “Afectación de niños, niñas y adolescentes por contaminación en Quintero y Puchuncaví”, presentado hoy en la zona por defensora de la niñez, Patricia Muñoz.

No es el único testimonio de este tipo recogido en la investigación. “Se pudieran poner en nuestro lugar y empatizar con nosotros”, “Expresarnos por las redes sociales para así poder llegar a muchas más personas y unirnos como país, para que el Estado no haga vista ciega a este suceso”, “Nunca voy a poder salir a jugar porque desde mi ventana veo todo el humo y mi mamá no me deja jugar”. Frases como estas muestran el nivel de vulnerabilidad y de fragilidad permanente que viven los niños de la zona, en particular desde los masivos episodios de intoxicación registrados en agosto de 2018, y que motivaron la realización de este estudio.

Una situación que adquiere mayor gravedad cuando se aborda en un contexto territorial con historial de pobreza, como es la zona de Quintero-Puchuncaví. Por ello, la Defensoría de la Niñez inició este estudio en que se revisaron 54 documentos emanados desde fuentes como Salud, Educación, INDH, diversos ministerios, el Poder Legislativo y los municipios, para evaluar la situación en la zona de niños, niñas y adolescentes.

A esto se sumó -entre otros análisis y estudios- un trabajo en terreno con 50 menores que fueron atendidos por la emergencia de agosto de 2018, quienes relataron a los investigadores como era para ellos un día común y corriente, y cómo afecta la contaminación a su vida diaria. También se les pidió que tomaran fotografías de sus recorridos cotidianos, lo que ven por los lugares donde suelen pasar, para que luego contara lo que veían en esas imágenes, con el objetivo de ver cómo perciben cotidianidad.

“Vivir en un entorno tóxico”

“La experiencia de vivir en un entorno tóxico marca el relato y sensaciones que expresaron los niños, niñas y adultos cercanos a quienes se vieron afectados el año 2018 por los eventos de contaminación”, afirma el estudio. “El fenómeno de sufrimiento ambiental -agrega-, que los autores vinculan con la desigualdad social y la vulnerabilidad, considera tanto la exposición a los elementos tóxicos, como a la débil respuesta y baja esperanza de cambios por la invisibilización del conflicto a escala pública”.

El informe del estudio afirma que en este trabajo fue posible apreciar la naturalización de un sentimiento prematuro a la enfermedad, y la sensación de fragilidad permanente en los niños y adolescentes por elementos tan esenciales como el aire que respiran.

“En esto emergen autodenominaciones como ‘hijos de la contaminación’ o ‘los caídos’, connotando ese imaginario de afectación y al mismo tiempo cierta normalización de la situación, algo con lo que convivir. Lo paradójico es que al mismo tiempo que esto está normalizado, es fuente de preocupación por la propia salud y la de sus cercanos”, agrega el estudio.

Insuficiencia de normas ambientales

El estudio de la Defensoría de la Niñez también realiza un análisis de las fuentes normativas. Entre otras cosas, señala que “el examen del ordenamiento jurídico nacional permitió observar que de las 7 normas primarias de calidad ambiental que tiene nuestro país, 5 de ellas no cumplen con los estándares propuestos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las únicas que cumplen son las normas de CO2 y de plomo en el aire.

A esto se suma, agrega, deficiencias en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). En ello se idetifican tres aspectos principales: que la normativa no obliga a los proyectos que ingresan al SEIA a determinar con precisión y de forma diferenciada los efectos sobre los niños, niñas y adolescentes, en particular desde una perspectiva de enfoque de derechos interrelacionados; que la mayoría de las evaluaciones existentes corresponden a RCA, “por lo que los efectos ambientales que el complejo industrial provoca en el territorio y la población son inciertos”, y que existen ámbitos de la actividad del parque que nunca fueron sometidos a una evaluación ambiental.

Adicionalmente, el estudio entrega una serie de recomendaciones para implementar en la zona en pos de dar garantías y cumplimientos a los derechos de los niños y de los habitantes de la zona. La principal, y “en lo inmediato”, señala el informe de la Defensoría de la Niñez, es que los organismos públicos con competencia ambiental “deben desarrollar las acciones necesarias para dar cumplimiento a cada una de las 14 medidas ordenadas por la Corte Suprema en el fallo del 28 de mayo de 2019, en orden a restablecer el imperio del derecho tras el episodio de contaminación de la Bahía de Quintero-Puchuncaví”.