El pasado viernes, en el auditorio de la Sofofa, se realizó el primero conversatorio -de un ciclo de cinco encuentros- organizado por la Universidad Adolfo Ibáñez, Sofofa, Consejo Minero y País Circular, que bajo el título “Carbono neutralidad y negocios sostenibles en el marco de la COP25” tiene por objetivo abordar los desafíos que enfrenta el país para alcanzar la meta de carbono neutralidad definida para el año 2050, y el rol que cumplirán en ello los distintos sectores industriales, la academia y el Estado, así como los distintos actores de la sociedad.

Y en este primer encuentro, se abordó el rol que tiene el sector energético alcanzar este objetivo, considerando que cerca de un 35% de las reducciones necesarias debieran venir desde este sector. “Las universidades, la sociedad civil, las empresas y los gobiernos tenemos que trabajar en conjunto para avanzar en este desafío”, dijo Harald Beyer, rector de la Universidad Adolfo Ibáñez. “Chile no es un gran jugador en la emisión de gases de efecto invernadero, pero por ello mismo tiene la posibilidad de convertirse en un centro de ensayo y error de tecnologías y políticas eficaces para lograr soluciones creativas”, agregó.

Ante la meta de la carbono neutralidad, los desafíos son mayores, y están determinados por una serie de factores que fueron abordados en esta conversación, donde Bernardo Larraín, presidente de la Sofofa, y Joaquín Villarino, Presidente del Consejo Minero, pusieron en la mesa los principales temas que hoy marcan el debate en esta materia, y posteriormente un panel compuesto por el subsecretario de Minería, Ricardo Irarrázabal; el presidente ejecutivo de Collahuasi, Jorge Gómez; y el gerente general de Colbún, Thomas Keller, debatieron en profundidad sobre sus alcances y necesidades.

Una estrategia costo-eficiente para la transición energética

La realización de la COP25 en Chile ha instalado una preocupación adicional a la normal en los temas ambientales, dijo Villarino, y uno de los riesgos de ello es que hoy existen es que la discusión pública en estas materias quede en frases hechas y carentes de contenido.

“Nos arriesgamos a tener políticas públicas que en el largo plazo le van a costar carísimo a Chile sin que tengamos una conversación seria y profunda, por ejemplo, de cómo se debe financiar. El cambio climático requiere tomar una serie de medidas que son importantes para el país, muchas de las cuales requiere necesariamente que tengamos en cuenta tres aspectos del desarrollo sostenible: cuidado del medio ambiente, crecimiento económico y desarrollo social”, dijo el presidente del Consejo Minero.

Una posición similar sostiene Bernardo Larraín, quien afirmó que como Sofofa “apoyamos la meta ambiciosa de carbono neutralidad al 2050”, pero que al mismo tiempo “vemos con mucha preocupación que la retórica de la meta nuble o desplace discusiones relevantes, como desarrollar una estrategia climática a nivel país que sea costo-eficiente y que tengamos que emprender para cumplir la meta”.

“Hay una gran oportunidad de ser sede de la COP25 -agregó Larraín-, pero también puede haber un riesgo y un amenaza si no le ponemos contenido. Es importante introducir contenido, para entrar también en tensiones y zanjar diferencias que están vigentes y que son fundamentales”.

Esto, señaló el presidente de la Sofofa, porque existen en la discusión una serie de controversias e incoherencias. Entre ellas cita la discusión en torno al Artículo 6 en la COP25, donde básicamente su objetivo final es que exista un solo mercado de carbono, con un precio único. Y esto, a su juicio, debiese estar vinculado con la Contribución Nacional Determinada (NDC) de Chile, el compromiso de reducción de emisiones del país ante la ONU.

“Me parece que está muy vinculado lo uno con lo otro, porque si la estrategia es -por ejemplo- ser exportadores de reducciones de emisiones, porque tenemos un potencial tremendo en nuestros bosques y en nuestras energías renovables, obviamente eso incide en la meta porque solo serán consideradas en el mercado internacional aquellas acciones climáticas que excedan las metas que se puso el país. Entonces a ratos vemos que se antepone la meta, pero no tenemos una estrategia de desarrollo previa que defina, por ejemplo, si queremos ser un actor relevante como exportador de reducción de emisiones, lo cual condiciona la meta que nos pongamos”, explica Larraín.

El subsecretario de Minería, Ricardo Irarrázabal, recordó que la idea de una meta para la carbono neutralidad en el país surgió a partir del acuerdo entre el gobierno y las empresas generadoras para el cierre de las centrales a carbón, lo que finalmente gatilló una discusión no solo ambiental, sino también sobre los impactos económicos y sociales de este proceso.

En ese escenario, agregó, es importante entender las consecuencias económicas y sociales del retiro, qué efectos tiene en la tarifa eléctrica y qué infraestructura se requiere en líneas de transmisión, entre otras. Por eso en vez de hablar de descarbonización, llama a acuñar el concepto de transición energética y que esté basada además en el contexto chileno, el de un país en vías de desarrollo.

“Eso nos lleva a una discusión importante de qué significa esta transición energética en relación a la costo efectividad de las medidas. Del mayor o menor impacto de las medidas, y también de cuáles se pagan solas y cuáles requieren recursos o incentivos del Estado. Hablamos del camino propio chileno, que es distinto a la transición energética de otros países, como Alemania. El llamado es que la construcción de esa transición energética es de todos, es un desafío a la gestión ambiental. Es la compatibilización, pero ojalá al menor costo posible para avanzar mucho más rápido”, dijo Irarrázabal.

Entre las medidas que “se pagan solas”, ejemplificó Irarrázabal, se encuentran la electromovilidad, la eficiencia energética, la electrificación y la incorporación del hidrógeno como combustible en la industria minera.

“Para las medidas que no se pagan solas -agregó- es fundamental establecer mecanismos de costo efectividad, y ahí sí hay un rol del Estado. Tenemos un tema pendiente con un proyecto de ley de permisos de emisiones transables, la lógica de la compensación. Con Sofofa firmamos, desde en Ministerio de Energía, un convenio para llevar adelante un mecanismo o un banco de compensación de emisiones”.

Según el subsecretario de Minería, existe un trabajo privado importante en esta materia, pero también desde el sector público que sea habilitante para que se generen reglas claras y en consonancia con lo que debiere ser el Artículo 6 en la discusión de la COP25.

“El legado de la COP debiera ser la costo efectividad, y lo que se va a discutir, que es el artículo sexto, tiene que ver con eso. Es clave entender qué es una transición energética, donde también entra el gas y muchos otros factores. Si no entendemos la lógica de la gestión ambiental, o de la costo efectividad, llevada a energía o minería, estamos hipotecando la posibilidad de llegar a la carbono neutralidad. Elementos de compensaciones son sustanciales en los compromisos del país, y eso requiere una habilitación del Estado y un compromiso del sector privado”, afirmó.

Falta de señales regulatorias

Para evaluar oportunidades de negocios en la transición energética, en el camino a la carbono neutralidad, se requiere de señales de precio que impulsen el cambio. Para ello, dijo Bernardo Larraín, primero hay que zanjar algunas discusiones regulatorias. Y entre ellas, quizás una de las más complejas.

“Cuando nos llenamos la boca con la electromovilidad, al mismo tiempo no miramos de frente los enormes privilegios que tiene el transporte con diésel que nunca hemos querido enfrentar. Si no somos capaces de enfrentar esas asimetrías regulatorias tributarias que tiene el transporte con diésel en el contexto de la COP25, ¿cuándo lo vamos a hacer? Siempre está la excusa de que no es posible políticamente, y el proceso político nunca da el ancho en responder ese desafío”, dijo Larraín.

Y agregó: “Es una vergüenza: no puede ser que un bus a gas natural pague un 60% más de impuesto específico que uno a diésel. Eso no puede ser en el contexto de una COP25. Si no lo enfrentamos ahora, no sé cuándo.Muchas veces nos concentramos en el destino final, un transporte 100% eléctrico al 2050, pero las transiciones son casi más relevantes que los destinos finales. El gas natural será un componente esencial de esa transición”.

Otra incoherencia, dijo el presidente de la Sofofa, es que mientras se celebra el enorme potencial de Chile en energías renovables de base variable, “no queremos mirar de frente que día a día, entre las seis de la tarde y las once de la noche se pongan en marcha motores diésel, como nos mostró el caso Essal. Hay muchas empresas que echan a andar motores diésel viejos, ineficientes, contaminantes, y no lo queremos ver”.

“En Chile -agregó- tenemos más señales regulatorias para seguir instalando motores diésel que para instalar generación renovable de base continua que otorga respaldo y almacenaje. O para instalar baterías, hidroelectricidad, geotermia, biomasa, termosolar. El mercado no aprecia esas fuentes de generación porque la regulación no establece incentivos (…) Se están instalando nuevos motores diésel y no una hidroeléctrica, o gas natural, porque no hay señales de precio para ello”.

En esa misma línea, y tal como lo esbozó también Joaquín Villarino, Larraín afirmó que con una minería llamada a ser protagonista de la electromovilidad, y de la reducción de Gases de Efecto Invernadero (GEI), “hay discusiones legislativas en Chile que impiden el desarrollo de parte importante de las reservas mineras de la zona central. Hay que hacer un llamado a enfrentar estas tensiones con sustento técnico, con contenido, y no quedarnos en la retórica de la meta de la carbono neutralidad. Si nos quedamos en esa retórica, el espacio que se va a generar para activar este debate climático se va a llenar con malas políticas públicas”.

Para el presidente ejecutivo de Collahuasi, Jorge Gómez, el rol que tendrá la minería en la transición energética será fundamental, no solo a nivel nacional sino también a nivel global. “Parte de la descarbonización y de la mejor condición que el mundo quiere, necesita también más minería, más cobre, litio, cobalto. Y ahí viene el equilibrio, no vaya a traspasarse esto finalmente en un costo social que no tiene relación con los justos equilibrios que al final del día son los que permanecen en el tiempo”, señaló.

“Para nosotros -agregó- muchas veces es una contradicción, porque por un lado se hace un esfuerzo por hacer una descarbonización y por otro lado se requiere producir más. Para que haya una reducción de GEI en el mundo se requiere más de la minería. Por lo tanto, es un esfuerzo que no es menor”.

¿Qué oportunidades abre este proceso para la minería? Hoy el sector consume cerca de un tercio de la energía del país -dijo Gómez- y esto tiene un costo de entre un 7% y un 15% del costos de las compañías. En ese escenario, las mineras ya están comenzando a suscribir contratos de energía cien por ciento verde. El primero en hacerlo fue el propio Collahuasi, y comenzará a regir en 2020. A esto se suma el desarrollo de tecnologías en base al hidrógeno como combustible principal, donde ya se trabaja en algunos avances junto a Corfo.

“El gran hito de esto, y que ayuda naturalmente, tiene que ver con que el negocio de las energías renovables es un buen negocio, de lo contrario podríamos estar en una problemática no menor. Y eso es concordante con el impacto que tiene la generación sobre las emisiones, y por ende en el impacto que a nosotros nos produce en forma indirecta. La incorporación de energías renovables a costos que sean competitivos es una gran ayuda en nuestra línea de negocios”, dijo Gómez.

Desafíos de descarbonización: un marco regulatorio coherente

“Para poner las cosas en perspectiva”, dijo Thomas Keller, gerente general de Colbún, “en Chile la generación de CO2 atribuible a la generación eléctrica alcanza a un 30%. Aproximadamente un 25% asociado a las centrales de carbón y el resto a los ciclos abiertos y ciclos combinados que funcionan con gas natural. Y por lo tanto cuando hablamos del desafío de la carbono neutralidad ciertamente que el sector de generación eléctrica tiene un rol muy importante que jugar. Pero también no podemos perder de vista que el desafío es transversal, y las cifras que acabo de indicar así lo sugieren. Hay, por lo tanto, un 70% de generación de GEI atribuibles a sectores de la economía distintos a la generación eléctrica propiamente tal”.

Y si bien, dijo, el sector eléctrico está a la vanguardia y es protagonista de transición hacia la carbono neutralidad a través de la generación eléctrica en base a fuentes limpias, y se ha hecho cargo del desafío de avanzar hacia una sociedad menos intensiva en emisiones de GEI, aún hay aspectos relevantes de los que hacerse cargo.

“Nos preocupa que todavía no tenemos un marco regulatorio coherente, donde por una parte se incentiva la mayor participación de estas tecnologías limpias, y por otra parte se fomentan directamente la incorporación de tecnologías que no son consistentes con este primer objetivo”, dijo Keller.

Y si bien hoy existe un desarrollo virtuoso -agregó- por el lado de la oferta, que a su vez está amparado por los menores costos de desarrollo que tienen las nuevas tecnologías, también lo es por el lado de la demanda.

“Hoy día en Chile la gran mayoría de nuestros clientes nos están exigiendo que el suministro eléctrico esté basado en tecnologías limpias. El sector minero hoy yo no conozco ninguno de los contratos que se han licitado o negociado en los últimos dos años que no tengan ese atributo como condición fundamental. Esa misma exigencia también la estamos viendo en varios otros sectores de la economía, como el retail”, dijo.

No obstante, Keller afirmó que hoy preocupan en la industria algunos aspectos sistémicos para hacer sustentable esta transición, como los desafíos y la problemática que plantea el carácter intermitente de muchas de estas tecnologías limpias, en particular la solar y en alguna medida también la eólica. Por ello, citó un estudio realizado por Colbún y Valgesta que examina los requisitos para una incorporación mucho más masiva de las tecnologías solar y eólica al sistema.

“Y la conclusión es bien interesante: señala que ya a la cuadra del año 2025 o 2026, el sistema va a requerir del orden de los 3 mil megas de respuesta automática y en pocos minutos a la intermitencia, especialmente de las tecnologías solares. Qué significa esto: que el poder cumplir la meta de descarbonización, de la carbono neutralidad, pasa por tener un sistema eléctrico que sea consistente en el sentido de poder alojar estas mayores tecnologías intermitentes”, afirmó.

“Entonces -dijo Keller- cuando hablamos de una transición sostenible nos tenemos que hacer cargo de que la introducción de estas nuevas tecnologías requiere mantener ciertos atributos que tienen las carboneras, y que tienen las tecnologías de base, y ahí es donde entra la problemática de la falta de señales y una regulación insuficiente para que se realicen las inversiones que tienen que acompañar esta transición. Sea esta baterías, sean centrales hidro con capacidad de regulación, sea el perfeccionamiento y la sofisticación de las centrales de ciclo combinado que den respuesta en tiempos muy limitados a las intermitencias de las energías renovables de fuente variable”.

“Eso lo echamos de menos -agregó-, y en eso estamos permanentemente insistiendo y tocando todas las puertas como empresa y como sector. Este es un diagnóstico que tenemos como sector en general, y ojalá podamos avanzar en eso en forma urgente.

Uno piensa que el año 2025 o 2026 está muy lejos, pero hemos visto que en materia de regulación, de adaptación, y las inversiones mismas tienen un período de maduración tal que hacen urgente que empecemos a legislar, que empecemos a regular, que empecemos a dar las señales de precio desde ya”.

Y otro de los desafíos importantes en esta materia, dijo el gerente general de Colbún, es la expansión del sistema de transmisión. “Para poner en contexto esto: hay algunas discrepancias respecto de cual es la magnitud del esfuerzo, pero por lo menos hay que entre duplicar y triplicar el sistema de transmisión chileno en los próximos 15 años para que los objetivos de descarbonización sean viables y factibles”, afirmó.

Una visión que fue compartida por el subsecretario Irarrázabal, quien agrega que uno de los temas complejos en esta materia serán los estudios de franja para las líneas de transmisión, donde un término medio podría ser aplicarlos para los grandes proyectos, y al mismo tiempo ver como sacar adelante los restantes en el menor tiempo posible.

“Ese va a ser -y entendiendo que tienen que haber señales de precio respecto de la generación- el gran tema respecto a la transición. No es factible una transición como la que está planteada ahora, adelantarla, si no podemos apurar los temas de líneas de transición. Hay un desafío que nadie sabe muy bien como llevarlo, tanto desde el punto de vista público como privado, pero se requiere poner mucha cabeza al tema de la línea de transmisión”, aseguró.

“La generación de electricidad implica un 30% de las emisiones, pero al final el sector energía, incluyendo transporte e industria, representa el 78%. Cómo electrificamos a ese resto del porcentaje para reducir el 78% es efectivamente el gran desafío: la electrificación de la sociedad en base a energías renovables. Muchas de ellas son variables, cómo le damos base y por otro lado cómo podemos transmitir esa energía desde donde se genera hasta donde se consume. Hay muchas otras condiciones habilitantes, pero esos son los dos temas esenciales de la transición energética”, aseguró Irarrázabal.

Ver galería de fotos https://bit.ly/2m6BLFb

Ver video https://youtu.be/63ehRqFec4Y