Casi 36 años lleva vigente la ley N° 18.450 que aprueba normas para el fomento de la inversión privada en obras de riego y drenaje. Publicada originalmente el 30 de octubre de 1985, la norma legal permite a la Comisión Nacional de Riego (CNR), del Ministerio de Agricultura, subsidiar obras privadas de riego en las tres áreas que comprende: obras civiles, tecnificación y drenaje.

Hasta la fecha, la ley ha sufrido varias modificaciones y prórrogas. La última extensión ocurrió el año 2009, cuando se aprobó su vigencia hasta diciembre de 2021, vale decir, por 12 años. Actualmente la normativa se está discutiendo con suma urgencia en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados por otros 12 años más.

Sin embargo, en la Fundación Terram -abocada a la justicia ambiental, resguardo de la naturaleza, la democracia participativa, entre otros fundamentos- tienen una lectura crítica de la prórroga de esta iniciativa legal. A partir de esa reflexión, la geógrafa de Terram, Fernanda Miranda, elaboró un documento de análisis sobre la aplicación del subsidio entre los años 2010 y 2020, para luego hacer una serie de propuestas a incorporar en la ley.

“En la Comisión de Agricultura pretenden prorrogarla 12 años, pero estamos viviendo un escenario muy distinto por la crisis hídrica y el tema del agua, y en medio de un proceso de discusión constitucional. Desde nuestro punto de vista, creemos que es un período bastante largo y va a ser difícil evitar que se apruebe, pero ojalá sea por tres años, que es nuestra aspiración. Consideramos desde Terram que hay puntos que no están abordando de la manera correcta. A la ley hay que darle ciertos matices y no se puede prorrogar en las mismas condiciones en que se prorrogó hace 10 años”, dice Fernanda Miranda a País Circular.

Desmenuzando el documento

Según el texto escrito por la geógrafa de Terram, las obras privadas de riego figuran en tres categorías: obras civiles, tecnificación y drenaje. Por obras civiles se entienden las construcciones de acumulación de agua -embalses- y de conducción de agua, como los revestimientos y entubamientos de un canal de riego. Las obras de tecnificación comprenden los sistemas de riego por goteo, presentadas casi íntegramente por empresas agrícolas o personas naturales. El 99 por ciento de las obras privadas de riego refieren a las dos primeras categorías; las de drenaje tienen una participación marginal.

Lo primero que se desprende del análisis es que el subsidio emanado de la Comisión Nacional de Riego ha aumentado ostensiblemente con el correr del tiempo. Si entre 1990 y 1999 se entregaron 51 mil millones de pesos en subsidios de riego, entre 2010 y 2020 aumentó a casi 509 mil millones de pesos. Sin embargo, según Terram, estos aportes se han entregado de forma desigual según sean grandes, medianos, pequeñas empresas agrícolas o personas naturales. Adicionalmente, los subsidios se han concentrado en regiones específicas (Maule, Coquimbo y O’Higgins representan el 57 por ciento de los aportes públicos para riego).

En cuanto a las obras de tecnificación, en los últimos 10 años, la CNR ha otorgado 7.587 bonificaciones que han recaído en 5.969 beneficiarios. Y he aquí una de las asimetrías: mientras el 83% de los beneficiarios recibió un solo subsidio de obras de tecnificación, la mayoría correspondiente a personas naturales, el 17% restante que recibió dos o más bonificaciones pertenece a empresas agrícolas. De ese 17%, solo tres -señala el documento- recibieron tres o más subsidios:  Viña Concha y Toro (23), Sociedad Agrícola y Comercial San Javier de Lihueimo Ltda. (10) y la Sociedad Agrícola El Porvenir S.A. (10).

“Si uno revisa a grandes rasgos la información disponible, es indiscutible que la gran mayoría de los recursos se los ha llevado la mediana y gran agricultura. Concha y Toro además lo ha hecho por un monto bastante alto”, comenta Fernanda Miranda, para quien es necesario que la ley revierta esta tendencia y apoye a la pequeña agricultura.

En la bonificación para obras civiles, que representan el 61% del total de los recursos otorgados, se cuenta como principales beneficiarios a las Organizaciones de Usuarios de Aguas (OUA), tales como las Asociaciones de Canalistas, Comunidades de Aguas, Juntas de Vigilancia, empresas agrícolas y personas naturales. Por último, en el área de obras de drenaje, que representan el 1% del total, se concentra en aquellos trabajos de construcción de sistemas de drenaje subsuperficial.

Las propuestas de Terram a incluir

Pese a que Miranda cree que finalmente la prórroga será aprobada en el Congreso, puesto que es bien recibida por todos los sectores agrícolas, ella cree que debiese incorporar la dimensión ambiental como factor de ponderación al momento de adjudicar los proyectos, en vista y considerando la crisis climática e hídrica que afecta al país. Asimismo, en Terram plantean que la ley debería fomentar el consumo interno, ya que las actuales bonificaciones fortalecen el modelo agroexportador chileno, afectando la seguridad y soberanía alimentaria.

“La ley debiera dar herramientas para fomentar una producción agrícola diversificada destinada al consumo interno y que tenga el menor impacto ambiental posible. El actual proyecto del Ejecutivo no lo aborda. El modelo agroexportador que ha fomentado la ley de riego ha provocado la disminución de los cultivos destinados al consumo interno como, por ejemplo, las leguminosas. El 70 por ciento del consumo interno se importa, porque ha habido una reconversión del suelo para cultivar frutales para exportación. Eso provoca que, ahora con la pandemia, se haya producido un quiebre de stock de legumbres a raíz de que los mercados internacionales se vieron afectados y no hubo importación de estos productos. Eso afecta la seguridad alimentaria a nivel país”, explica la geógrafa Fernanda Miranda.

El documento refuerza el argumento de la representante de Fundación Terram, ya que “si hace si hace 45 años existían 211.505 hectáreas cultivadas con leguminosas, hoy solo existen 55.312, cifra que no se condice con el crecimiento y demanda de la población”. Eso trae aparejada la crítica de que el enfoque de la normativa haya sido el incremento de la superficie de riego, “sin tomar en consideración las disponibilidades hídricas existentes por cuencas, impactos cualitativos y cuantitativos en las aguas subterráneas, o en cuerpos de agua superficiales, la diversidad biológica y los ecosistemas, así como la agudización de la sequía y la escasez hídrica”, se lee en el texto de Terram.

Por esta razón, además de priorizar el consumo interno, Terram propone establecer “porcentajes mínimos y máximos de subsidios por grupos de cultivos (frutales, leguminosas, hortalizas, vides viníferas), con el objetivo de promover una mayor diversificación de cultivos en el país”. Adicionalmente, el documento sugiere preferir cultivos con una huella hídrica menor, y favorecer un tipo de producción o método de cultivo que reduzca el impacto ecológico, tales como labranza cero, orgánica, no utilización de quemas, entre otras.

Otra propuesta de Terram, que va en directa relación con el cuidado del medioambiente en medio de la emergencia climática, es que la ley establezca una obligatoriedad de restitución o renuncia del caudal y/o agua ahorrada por obras de tecnificación. Sugiere que este aporte sea entre un 75-100% a las zonas afectadas por la sequía. Según explica Fernanda Miranda, el proyecto actual del Ejecutivo no obliga a las empresas beneficiarias a donar este caudal de agua ahorrado o donarlo a la Dirección General de Aguas (DGA) para destinarla a consumo humano o a conservación de los ecosistemas.

“Gran parte de los subsidios de tecnificación produce que se riegue la misma cantidad de superficie con menos agua; el problema es que esa agua que se ahorra no necesariamente está pasando a otros usos, como a consumo humano o a conservación de los ecosistemas. No hay nada en la ley que obligue a estos titulares a cambiar el uso del agua de ese ahorro: la usan para ampliar la superficie regada”, dice Miranda, para quien “no puede seguir pasando que estos mecanismos de restitución sean solamente voluntarios”.

Adicionalmente, un aspecto en que Terram es muy categórico es en la sugerencia de prohibir la bonificación a proyectos de riego en laderas o cultivos agrícolas que impliquen cambio de uso de suelo y afectación de vegetación nativa.

Miranda clama por reducir el tiempo de prórroga de la ley viéndose Chile en un proceso de discusión constitucional. Detecta una controversia, ya que “puede haber presiones del sector agrícola para que la ley se apruebe por un período de tiempo amplio y queden asegurados los subsidios para ellos. Porque aquí se está hablando de agua; y el agua será uno de los temas más controversiales en el debate constituyente. Ellos tienen mucho que perder cuando se discuta el tema del derecho humano al agua, y tal vez quieran tener una ley segura de riego por 12 años más”, dice la experta, cuya organización no ha sido invitada a la Comisión de Agricultura a exponer su punto de vista. “Hasta ahora ha sido invitada gente que está contenta con la ley, que no van a hacer muchos reparos. Las organizaciones que tienen puntos como los nuestros no han sido invitadas”, critica.