Seis áreas de trabajo prioritarias y la elaboración de un Acuerdo de Producción Limpia (APL). Esos son los desafíos que se planteó el sector productor e importador de Artículos Eléctricos y Electrónicos (AEE) para el próximo año, en el marco de la preparación para la entrada en vigencia de la Ley de Reciclaje y de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP) para este producto prioritario.

La identificación de las seis áreas prioritarias surgió a raíz de un estudio encargado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) a la Consultora Regenerativa, con el objetivo de conocer el actual estado de este rubro, tomando en cuenta la necesidad de elaborar una hoja de ruta para el mediano plazo en un sector que, junto a los envases y embalajes, será uno de los más difíciles de poner en marcha en la Ley REP, no solo por la complejidad y la masividad que tiene el uso de este tipo de productos, sino también por la falta de información que existe de algunos aspectos como, por ejemplo, a la vida útil de los artículos.

La idea de este insumo presentado ayer es que el sector de artículos eléctricos y electrónicos avance a la firma de un APL en 2019, donde intentarán resolver varias de las inquietudes que dejó este diagnóstico. “La culminación de este estudio marca un hito para este trabajo colaborativo que hemos venido desarrollando. Creemos que para este tipo de iniciativas se requiere un trabajo entre empresas, pero también con todo el ecosistema en torno a cada uno de los productos prioritarios. Este trabajo permite relevar ciertos datos que nos interesaba conocer como industria, constatar cómo opera la trazabilidad de estos productos desde que se generan, pero también conocer cómo funciona el entorno”, explica Verónica Torres, secretaria ejecutiva del Comité de Sostenibilidad de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS).

De acuerdo a las cifras que entregó el estudio, actualmente existen casi 30 mil empresas y personas naturales que importan artículos eléctricos y electrónicos cada año a Chile, de los cuales casi 25 mil son empresas de distintos tamaños cuya principal fuente de productos es China, que tiene una cuota de mercado del 39%.

Por ello, la importancia de tener los datos de la industria es un elemento crucial ya que, agrega Torres, permite “identificar falencias y desafíos, y si bien los productos eléctricos y electrónicos no son los número uno en la agenda creemos que se requiere una hoja de ruta de mediano y largo plazo para resolver las brechas que se han identificado. Esto es una marca de bandera para las actividades de 2019, donde probablemente vamos a estar abocados al Acuerdo de Producción Limpia que va a generar mejoras en el sector”.

Los puntos identificados como prioritarios para 2019 en el estudio son: la necesidad de mejorías en la información, tanto de las empresas al momento de declarar sus operaciones como desde los organismos públicos; un mapeo de recolección y valorización de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos que involucre al sector público y algunas iniciativas privadas, dado que hay muchas iniciativas segregadas entre sí; una gestión adecuada de los residuos peligrosos y su recolección por parte de los recicladores base; la implementación de plan comunicacional para generar un cambio cultural, donde además esperan invitar al Ministerio de Educación con el fin de acercar estos contenidos a los escolares; la constitución del Sistema Integrado de Gestión, cuya figura jurídica sin fines de lucro estiman que se demora al menos un año; y el fomento de otros instrumentos asociados a la Ley REP, como el ecodiseño o el ecoetiquetado.

Claudia Guerrero, profesional de la Oficina de Implementación Legislativa y Economía Circular del Ministerio de Medio Ambiente, valora el avance que ha tenido este rubro al iniciar el diagnóstico y avanzar en el trabajo conjunto para adaptarse a los cambios que impone la Ley REP. “Para nosotros es una oportunidad, porque los acuerdos de producción limpia generan una instancia para que podamos estar todos los actores para avanzar en el desarrollo y en la implementación normativa. Este acuerdo de producción limpia se gesta con bastantes avances, porque tenemos dos proyectos de Naciones Unidas que están en curso, enfocados directamente en avanzar tanto en el desarrollo normativo como en apoyar a los productores para que se organicen a través de los sistemas de gestión. Y además viene un tercero, que tiene que ver con el manejo medioambientalmente racional especialmente de refrigeradores, porque como aparatos eléctricos y electrónicos de intercambio de temperatura se consideran como residuos peligrosos”, destaca.

El estudio de Regenerativa muestra además que el volumen de artículos eléctricos y electrónicos que llegan al país es altamente dinámico, y que ha tenido un aumento exponencial en los últimos años pasando de 156.080 toneladas en 2014 a 238.727 toneladas en 2017, lo que significa un aumento de más de 50% en solo tres años. Esto implica una cantidad considerable de residuos, de los que -para mayor complejidad- actualmente solo se valoriza entre un 2% y un 7% al finalizar su vida útil. A esto se suma la falta de capacidad instalada para su valorización y la necesidad de levantar datos sobre la recolección en el post consumo.

Con esos antecedentes, Ximena Ruz, subdirectora de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático (ASCC), afirma que “esta fase de diagnóstico es la etapa previa para hacer un APL. El modelo de producción limpia considera este diagnóstico, que lo que nos permite es establecer las metas y las acciones con que se compromete el sector. Para nosotros es clave -para apoyar la Ley REP- que el sector eléctrico y electrónico esté junto, armando y viendo los desafíos que vienen, que son enormes para el sector, porque estamos atrasados respecto a los otros productos prioritarios. Estamos muy contentos con el avance y esperamos que se termine el acuerdo en 2019, que se logre un buen acuerdo para que se trabaje en 2019 y 2020”.

Respecto al avance que ha visto en el sector privado en la adaptación de medidas para hacer frente a la normativa, Ruz añade que “la Ley REP pone un desafío a las empresas de productos prioritarios, porque lo primero que tienen que hacer es organizarse, cada una por sí sola no resulta eficiente para recolectar y valorizar, tanto por volumen como por logística, en relación a sus residuos. Por lo tanto, los obliga a crear un sistema de gestión y ese es el gran desafío para las empresas, entender que por sí solas es muy difícil y que juntas pueden generar economías de escala y eficiencias para el proceso, con menores costos”.