Entre los puntos más relevantes del plan de reactivación económica del gobierno, anunciado el pasado 14 de junio tras alcanzar un acuerdo político con la oposición, saltaron a la vista dos alcances que encendieron las alarmas en las organizaciones medioambientales. El primero refiere al paquete de inversiones públicas, a través de los Ministerios de Obras Públicas y Vivienda y Urbanismo, en infraestructura hídrica, logística y viviendas con “énfasis verde” y “mitigación del cambio climático acelerando cartera de inversión pública ligados a construcción de embalses, obras de regadío y agua potable rural, plantas desalinizadoras, inversión en energías renovables no convencionales (ENRC)”.
El segundo aspecto, el que más inquieta a sus críticos, es el que plantea “disminuir los plazos de respuesta del Estado” a las pymes e inversionistas, según recomendaciones del Consejo Nacional de la Productividad (CNP). Según dice el documento, estas tienen por objeto “reducir plazos y procedimientos regulatorios dentro del marco administrativo, así como disminuir tiempos en otorgamiento de permisos para inicios de inversión y reducir los plazos en evaluación ambiental de grandes proyectos por la misma vía, asegurando estricto cumplimiento de normativas ambientales”.
Este último punto en particular le merece dudas al abogado experto en derecho ambiental, Jorge Cash. Según él, el hecho de solo deslizar la palabra “disminuir” los plazos implica que el país y la clase política “no termina por comprender lo relevante que es incorporar la variable ambiental y la sostenibilidad en el desarrollo del país” por cuanto implica una flexibilización en las exigencias medioambientales de los proyectos que se encuentran detenidos por la pandemia.
Sin embargo, desde el Gobierno han salido a defender el acuerdo ante las críticas que han surgido desde sectores ambientalistas sobre una supuesta política de “fast track” para relajar los permisos. La ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, dijo a La Tercera el 27 de mayo pasado que las metas de descarbonización y de carbono neutralidad siguen vigentes, pero que “el Presidente Sebastián Piñera ha sido muy claro en que no quiere flexibilizar ninguna medida ambiental”.
En tanto, el subsecretario de Medio Ambiente, Javier Naranjo, dice al respecto a País Circular que la “recuperación tras el COVID estipula que la necesaria reactivación económica, la generación de empleos e ingresos para las familias deberá ser siempre ser sustentable con énfasis verde y cuidado al medioambiente” y que “cualquier iniciativa deberá ser siempre manteniendo los altos estándares en materia ambiental” y “permita asegurar la adecuada participación ciudadana”.
Lo mismo opinan en la SOFOFA, cuyo director de políticas públicas, Rafael Palacios, asegura terminantemente que “nadie está pidiendo fast-track” para los proyectos de inversión que, según él, necesitan aprobación para alcanzar las metas del país en lo que respecta a la lucha contra la crisis climática. Lo que a cambio plantea Palacios es que “nunca se han cumplido los plazos establecidos en la ley para revisar los proyectos, siempre se han dilatado mucho más de lo que la propia ley establece”.
Por lo tanto, asegura Palacios, “lo que se pide es que los trámites de los sectores públicos se ajusten a los plazos establecidos en la ley, con eso basta”. Esto para “alcanzar las metas que el propio país se ha propuesto en materia de adaptación, residuos, resiliencia climática y cumplimiento de las metas de los decretos de la Ley REP”.
Sin embargo, de acuerdo al abogado Cash, este énfasis verde del acuerdo se estanca en el mero plano declarativo. “Me falta una bajada”, acota él, exhibiendo que “el énfasis de Chile está en mitigación, pero nosotros emitimos muy poco a nivel global”. Cree, en cambio, que las inversiones de obras públicas deberían enfocarse a la adaptación, para absorber medioambientalmente los impactos asociados a las grandes obras como puentes y carreteras.
A Cash le duele particularmente que desde la clase política, a la que él dice pertenecer, no haya sido capaz siquiera de hacer una reforma al Servicio de Impacto Ambiental, algo que se encuentra en veremos desde 2010. “No hemos sido capaces de alcanzar los acuerdos mínimos para atender las inquietudes de las empresas y las comunidades que exigen mayor certidumbre”.