Entre los puntos más relevantes del plan de reactivación económica del gobierno, anunciado el pasado 14 de junio tras alcanzar un acuerdo político con la oposición, saltaron a la vista dos alcances que encendieron las alarmas en las organizaciones medioambientales. El primero refiere al paquete de inversiones públicas, a través de los Ministerios de Obras Públicas y Vivienda y Urbanismo, en infraestructura hídrica, logística y viviendas con “énfasis verde” y “mitigación del cambio climático acelerando cartera de inversión pública ligados a construcción de embalses, obras de regadío y agua potable rural, plantas desalinizadoras, inversión en energías renovables no convencionales (ENRC)”.

El segundo aspecto, el que más inquieta a sus críticos, es el que plantea “disminuir los plazos de respuesta del Estado” a las pymes e inversionistas, según recomendaciones del Consejo Nacional de la Productividad (CNP). Según dice el documento, estas tienen por objeto “reducir plazos y procedimientos regulatorios dentro del marco administrativo, así como disminuir tiempos en otorgamiento de permisos para inicios de inversión y reducir los plazos en evaluación ambiental de grandes proyectos por la misma vía, asegurando estricto cumplimiento de normativas ambientales”.

Este último punto en particular le merece dudas al abogado experto en derecho ambiental, Jorge Cash. Según él, el hecho de solo deslizar la palabra “disminuir” los plazos implica que el país y la clase política “no termina por comprender lo relevante que es incorporar la variable ambiental y la sostenibilidad en el desarrollo del país” por cuanto implica una flexibilización en las exigencias medioambientales de los proyectos que se encuentran detenidos por la pandemia.

Sin embargo, desde el Gobierno han salido a defender el acuerdo ante las críticas que han surgido desde sectores ambientalistas sobre una supuesta política de “fast track” para relajar los permisos. La ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, dijo a La Tercera el 27 de mayo pasado que las metas de descarbonización y de carbono neutralidad siguen vigentes, pero que “el Presidente Sebastián Piñera ha sido muy claro en que no quiere flexibilizar ninguna medida ambiental”.

En tanto, el subsecretario de Medio Ambiente, Javier Naranjo, dice al respecto a País Circular que la “recuperación tras el COVID estipula que la necesaria reactivación económica, la generación de empleos e ingresos para las familias deberá ser siempre ser sustentable con énfasis verde y cuidado al medioambiente” y que “cualquier iniciativa deberá ser siempre manteniendo los altos estándares en materia ambiental” y “permita asegurar la adecuada participación ciudadana”.

Lo mismo opinan en la SOFOFA, cuyo director de políticas públicas, Rafael Palacios, asegura terminantemente que “nadie está pidiendo fast-track” para los proyectos de inversión que, según él, necesitan aprobación para alcanzar las metas del país en lo que respecta a la lucha contra la crisis climática. Lo que a cambio plantea Palacios es que “nunca se han cumplido los plazos establecidos en la ley para revisar los proyectos, siempre se han dilatado mucho más de lo que la propia ley establece”.

Por lo tanto, asegura Palacios, “lo que se pide es que los trámites de los sectores públicos se ajusten a los plazos establecidos en la ley, con eso basta”. Esto para “alcanzar las metas que el propio país se ha propuesto en materia de adaptación, residuos, resiliencia climática y cumplimiento de las metas de los decretos de la Ley REP”.

Sin embargo, de acuerdo al abogado Cash, este énfasis verde del acuerdo se estanca en el mero plano declarativo. “Me falta una bajada”, acota él, exhibiendo que “el énfasis de Chile está en mitigación, pero nosotros emitimos muy poco a nivel global”. Cree, en cambio, que las inversiones de obras públicas deberían enfocarse a la adaptación, para absorber medioambientalmente los impactos asociados a las grandes obras como puentes y carreteras.

A Cash le duele particularmente que desde la clase política, a la que él dice pertenecer, no haya sido capaz siquiera de hacer una reforma al Servicio de Impacto Ambiental, algo que se encuentra en veremos desde 2010. “No hemos sido capaces de alcanzar los acuerdos mínimos para atender las inquietudes de las empresas y las comunidades que exigen mayor certidumbre”.

De Urresti: letra chica

El presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, Alfonso De Urresti, indica que “la rapidez no tiene que implicar una rebaja de los estándares ambientales ni debe ser excusa para no ser rigurosos en las normas. Si pasara lo contrario, sería incorporar una letra chica que no nos parece”.

De Urresti, impulsor de la Ley de Humedales, piensa que “siempre hay sectores que quieren aprovechar oportunidades para rebajar normas ambientales; son sectores que no entienden que la reactivación debe ser con pleno respeto al medioambiente. Eso no es comprender la magnitud de la crisis ni la sociedad que va a surgir después de la pandemia”.

Esa crítica, en la óptica de Rafael Palacios, de la SOFOFA, “no tiene ningún fundamento”, ya que los proyectos en los que se busca hacer un trámite más expedito “son de infraestructura de valorización de residuos, se trata de plantas de 60 millones de dólares. Lo otro son planes de reciclaje, centrales de desalinización que permitan incorporar agua a la minería y a las comunidades del norte”. De manera que, dice Palacios, “estos son los proyectos que necesitamos para cumplir las metas”. Y agrega: “Nadie está hablando de hacer centrales termoeléctricas a carbón: sabemos que no es viable ni social ni medioambientalmente”.

No obstante, por ejemplo, el ex ministro de Medio Ambiente en el Gobierno de Michelle Bachelet, Marcelo Mena, criticó el enfoque de estos proyectos ya que “no son equivalentes a ser sustentables”, dijo a CNN Chile. “Un embalse no es sustentable por sí solo. Una desalinizadora no significa resiliencia. Una obra de regadío es sustentable solo si se emplazan en determinadas zonas”.

Ese mismo argumento ofrece Jorge Cash, para quien las conclusiones de la Comisión Nacional de Productividad son las mismas y se vienen discutiendo hace bastante tiempo. “¿Hasta cuándo hacemos el mismo diagnóstico?”, levanta la voz Cash. “Estamos deliberando sobre lo mismo, pero nadie ejecuta nada”, agrega.

Lo que propone Cash no es otra cosa que obtener los permisos “con pleno apego a la normativa ambiental”. E insiste sobre el punto anterior: “Este Gobierno no ha sido capaz de sacar ni una sola ley ambiental. Lo lógico es que si tanto le preocupa la cuestión económica, debió haberse empeñado en presentar una reforma al SEA con amplio acuerdo”.

Palacios dice que no se está pidiendo “sustraerse al ordenamiento jurídico”, sino que “la propia institucionalidad debe canalizar los desafíos”. Es más, al representante de la SOFOFA le sorprende el alcance del acuerdo con la oposición, al que califica como un “hito histórico” ya que “en un momento de mucha polarización frente a la emergencia se acuerda invertir en los próximos dos años unos 12 mil millones de dólares y muestra que a veces la política puede hacer su pega”.

Es una percepción diametralmente opuesta a la de Cash, quien cree que la clase política no ha estado a la altura del desafío ambiental. “La variable ambiental no es un capricho ni para entorpecer un camino: es un requisito indispensable para diseñar cualquier política pública en términos económicos”, avisa el experto en derecho ambiental.

Además, enfatiza Cash, una de las barreras que limitan la capacidad de diseñar políticas ambientales de largo plazo es el período presidencial de cuatro años. “Chile no puede permitirse más eso, si no el estancamiento será definitivo”, advierte el jurista.

“Nuestro país no tiene una cultura de política pública larga y menos en materia ambiental: eso es un golpe mortal. El período presidencial de cuatro años mata todo. Se aprueban normas chiquitas, pero llega un gobierno de signo distinto y cambia todo”, reprueba Cash.

Se extraña una “bajada”: Gobierno se defiende

En el Ministerio del Medio Ambiente se alistan a implementar la “bajada” del acuerdo, es decir, qué implica en términos concretos, porque lo que hay, según el abogado Cash, es una indefinición en varios elementos, lo que lleva a la confusión en lo que realmente se pretende tras bambalinas. En esa línea, el senador De Urresti, presidente de la Comisión de Medio Ambiente, sostiene que el acuerdo tuvo “poca especificidad” y eso puede ser caldo de cultivo “para meter la cola y sacar provecho. Eso no puede permitirse”.

Rafael Palacios, de SOFOFA, si bien reconoce que al texto le falta aterrizar algunos conceptos, el siguiente es “crear los instrumentos de la reactivación, entonces el acuerdo da pasos potentes en privilegiar el empleo a través de la intermediación laboral”. A juicio del director de políticas públicas de la agrupación empresarial “falta mucho camino por recorrer, pero el acuerdo es lo que uno esperaría de la política en un momento como éste. Ahora tenemos que dar el segundo, tercer, cuarto y quinto paso”.

El otro instrumento que a Palacios le parece prudente implementar, en el escenario actual de expansión sin freno del coronavirus, es ocupar un dispositivo de emergencia contenido en la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Éste, según el representante gremial, “puede ser aplicado a través de una reforma legal y se aplica, por ejemplo, si se cae un puente y hay que reconstruirlo; si explota una central eléctrica y hay que reconstruirla ya”. Hoy, argumenta Palacios, “hay una emergencia de la misma naturaleza, por lo cual no me parece descabellado plantear el uso de este dispositivo de emergencia que está contemplado en la ley”.

Desde la ONG FIMA, en tanto, rechazan la parte ambiental del acuerdo en tanto la reducción de plazos es “a costa de la protección del medioambiente” y “de la participación ciudadana”, dijo su director ejecutivo, Ezio Costa, a El Desconcierto. Del mismo modo, fundamentó que “si vemos las evaluaciones ambientales, las mayores demoras se producen porque los titulares de proyectos ingresan información incompleta que luego debe ser completada a propósito de las preguntas que hacen los servicios públicos”.

A Rafael Palacios, en cambio, esta sugerencia emanada del Consejo Nacional de Productividad no derivará en mayor laxitud en los permisos. Y ahí atribuye responsabilidad tanto a las empresas que presentan proyectos y al sector público. “Hay que procurar que el estudio de impacto ambiental sea lo más completa posible y contenga toda la información y modelación para que las preguntas de los servicios se limiten a aquellas cosas que están. Hay servicios públicos, eso sí, que se extralimitan de su competencia”, asegura Palacios.

Más profundamente, el senador Alfonso de Urresti cree que esta pandemia debe ser aprovechada como una oportunidad para debatir qué modelo queremos seguir, aparte de solicitar la inclusión de los ciudadanos en el proceso de participación. “¿Qué si debemos repensar nuestro modelo extractivo y exportador de materias primas? Claro. Debemos discutir sobre el estrés sobre los recursos naturales en materia de minería, salmonicultura y minería”, cierra De Urresti.