Como una decisión que permitirá una mejor implementación de la Ley REP. Así fue catalogada, de manera transversal por los distintos actores del sistema, la determinación del Ministerio del Medio Ambiente de establecer una mayor gradualidad en el cumplimiento de las metas de recolección y valorización del sector envases y embalajes, tras la aprobación del decreto definitivo por parte del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Una decisión que era esperada, ya que es el primer reglamento que afecta a productos de consumo masivo, que implica altos volúmenes de residuos y -por lo mismo- con una alta complejidad de implementación de las cadenas de reciclaje.

En lo esencial, el decreto establece que la meta final de un 60% de reciclaje -en promedio- para las cinco categorías de empaques (cartón para líquidos, metal, papeles y cartones, plástico y vidrio) ya no se cumplirá en 2030 sino al año 12 de implementación de la ley, tres años después del plazo original. Esto, a la vez, permite que el incremento de las metas anuales sea más gradual en el tiempo, al igual que la implementación de los sistemas de recolección de residuos domiciliarios, que también tendrán el mismo plazo de 12 años para alcanzar al 80% de los hogares del país.

“En términos generales -porque aún no hemos podido estudiar a fondo el decreto- el que haya una mayor progresión nos parece muy bien, sobre todo en un sistema nuevo donde los productores tienen que ajustarse a nuevos sistemas logísticos, mejorar la capacidad instalada, generar la organización del sistema y también a sus aspectos legales. Entonces, que sea progresivo está bien”, plantea Alejandro Navech, gerente general de la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje (ANIR), que agrupa a las principales empresas valorizadoras de residuos del país.

“ANIR -agrega Navech- siempre ha tenido una posición: en la cuantía de las metas apoyamos a los productores, porque sabemos que ellos tienen el problema y son ellos los que tienen que resolverlo, por lo tanto nos ajustamos a sus requerimientos aunque siempre con la consideración ambiental. No podemos exigir tampoco que esto sea más si no se va a poder cumplir, porque lo principal es que este sistema resulte”.

Y en ese sentido, para Marcos Segal, presidente del Comité de Economía Circular de la Asociación de Industriales del Plástico (ASIPLA), la decisión del ministerio es muy valiosa porque ayuda a facilitar la implementación de la Ley REP en el país.

“La autoridad hizo lo correcto en escuchar los fundamentos de la industria, porque realmente hay una experiencia internacional que valida lo que la industria estaba pidiendo; se estaba planteando un fundamento técnico -no económico- que fue validado, que es ver cómo se desarrollaron los sistemas de gestión y sus metas en otros países. Fue muy razonable en acoger esto, y nos parece que va en la dirección correcta porque al final la ambición de la meta, que es muy importante, no cambió, sino que la curva de progresión y los plazos. Eso es positivo”, afirma Segal.

“Todos queremos que el sistema se exitoso, y nosotros como industria del plástico somos los más interesados en que esta ley funcione bien y sea un éxito, porque creemos que el mundo y la industria van hacia la economía circular, y la Ley REP va a empujar mucho en esa dirección”, agrega.

Desde la industria también se valoró la extensión de plazos para implementar los sistemas de recolección domiciliaria del reciclaje, ya que, dice Marcos Segal, eso “también da un plazo a la industria para adaptarse, para que surjan más proyectos pilotos -como es el deseo de la autoridad- de tal manera de ir acumulando más experiencia y educando a la gente en cómo preparar los envases para recolección. Y también para que la industria haga las inversiones necesarias y pueda producir material reciclado de mejor calidad, de tal manera que pueda ser usado en una gama más amplia de productos de lo que se hace hoy día”.

Para Alejandro Navech, de ANIR, “es muy importante que la cobertura nacional domiciliaria exista, pero también entendemos que es el problema más grande que tiene Chile por un modelo obsoleto de recolección para la basura y los rellenos sanitarios, y tiene que pasar a una recolección y recuperación de materiales para la especialización del reciclaje. Entendemos que eso es difícil de llevar a cabo, por lo tanto está bien que haya progresividad”.

No obstante, agrega, no hay que olvidar que las metas se deberán revisar cada cinco años, lo que permitirá ir haciendo los ajustes necesarios al sistema. “Si vemos que un producto, por ejemplo cartón, ha crecido mucho más y que la meta de un 70% era poco, entonces hay posibilidad de reajustarlo. De hecho, yo aún lo considero bajo y creo que podría haber sido un 80%. El vidrio también lo considero bajo si en lo domiciliario se consideran todos los restaurantes. Es un material cuyo reciclaje es clarísimo, y podría tener una recolección diferenciada en hogares y restaurantes solo para vidrios. Eso es posible, entonces quizás la meta es un poco baja”, plantea.

“Ahora es el turno de las empresas”

Para Marcela Godoy, presidenta de la Asociación de Consumidores Sustentables de Chile (AdC Circular) la gradualidad en las metas era parte del proceso de elaboración del decreto, “y es súper positivo que el ministerio haya escuchado y se haya tomado el tiempo de leer todas las observaciones -que fueron multisectoriales-, a mí me parece bien. Hay que ceder de todos lados en el fondo, y no es de extrañar que con la consulta se modificaran algunas cosas”.

Por ello, agrega, “lo veo como una oportunidad, porque he conversado con el sistema de gestión, he hablado con todos los actores involucrados, y había problemas con el cumplimiento de metas y con la infraestructura necesaria para ello en el período que se había planteado en el anteproyecto. Creo que esto le da un respiro al sistema de gestión para prepararse, y sobre todo será una oportunidad para educar a la ciudadanía sobre consumo circular. Entendemos que esto es un cambio cultural, entonces ahora hay más tiempo para hacerlo. Por un lado para que el Estado y las empresas inviertan en educar a la ciudadanía, y para que las mismas empresas se preparen”.

Y ya con el decreto final conocido, afirma Marcela Godoy, “ahora la pelota queda en la cancha de las empresas y del sistema de gestión, porque ahora hay más tiempo para hacer las cosas bien. Y al mismo tiempo es una súper buena oportunidad para hacer educación, porque se ha visto que en los pilotos de reciclaje que ya se han implementado se podría mejorar sustancialmente la recolección incorporando educación. Eso va a ser clave”.

Una opinión similar tiene Verónica De La Cerda, CEO de TriCiclos, para quien el hecho de que se apruebe el reglamento ya es sumamente relevante, “porque independientemente de si faltan dos o tres años, le pone el acelerador a las empresas para que empiecen a pensar efectivamente en qué están poniendo en el mercado, y cómo ponerlo de una manera que sea más sostenible cuestionando la cantidad de residuos que generan una vez que sus productos ya son consumidos. El repensar los envases, rediseñarlos, y si algo es desechable hacer que sea reciclable, es un desafío que requiere de tiempo para las empresas, y ahora van a tener más tiempo para ponerse al día”.

Sobre todo, agrega, es una muy buena señal que avance el proyecto porque lo hace cada vez más real, sin perjuicio de que “ojalá la industria vaya más allá de las metas que se le están imponiendo”. Y a nivel de infraestructura, afirma, también hay más tiempo para montar sistemas más robustos y con una cobertura apropiada.

“Lo que nosotros hemos observado -dice Marcela Godoy- es que las empresas están un poco a la espera de la reacción del Estado para ver qué pueden hacer, están teniendo una mirada más reactiva que propositiva”.

“Hay cosas esenciales- agrega- que no han hecho, como la correcta rotulación de sus envases y embalajes, que con Ley Rep o sin ella debieran estar haciéndolo ya. Es un mínimo que cada envase diga de qué esta hecho y dónde se puede reciclar. Llevamos diez años hablando de Ley REP, y ahora es tiempo de tomar las cartas en el asunto y empezar a trabajar en serio. Lo mínimo es comunicar bien, educar a la ciudadanía, que las mismas empresas se eduquen sobre consumo circular, y lo mismo sus departamentos de publicidad y de marketing”.

Lo importante, dice Verónica De La Cerda, es acelerar los avances en materia de residuos en general, más aún en el escenario actual. “Hoy estamos viendo cómo para contener la propagación del Covid estamos utilizando muchos elementos de protección personal que son desechables, que no son fáciles de reciclar, y que tampoco es fácil que sean compostables o biodegradables. Es importante dar énfasis al repensar la manera que tenemos de darle solución a las cosas, para alinearlas con el cuidado del medio ambiente”, afirma.

Y en este nuevo escenario, plantea, la gradualidad de las metas también podría significar una ayuda. “Estamos en un momento en que hay que repensar algunas cosas, hay actividades en las que -dependiendo de cuán rápido se recuperen- nos vamos a demorar en alcanzar los niveles que tenían el año pasado, por lo tanto se va a generar un efecto de uso de recursos y generación de residuos que tal vez compensa esta gradualidad de las metas, porque probablemente vamos a estar generando menos residuos en el corto plazo”, afirma.

Municipios: “Se aplicó un criterio de realidad”

El decreto final también fue bien recibido en las asociaciones de municipios que están trabajando en la implementación de la Ley REP a nivel comunal, donde se ve la nueva gradualidad en las metas como “un plazo razonable para poder implementar la ley”, dice Jaime Cataldo, secretario ejecutivo Asociación de Municipios MSUR.

“No veo falta de ambición”, afirma. “La ambición debe tener una vinculación con la realidad, porque si no pasa a ser solo un sueño. En el tema de la separación de origen, recolección segregada y valorización de residuos domiciliarios estamos bien en pañales. Hay mucho por hacer aún. La ambición se mantiene, pero está temperada por una realidad que todos la vemos. Me parece algo positivo, porque si queremos correr y no sabemos correr, nos podemos caer”.

Por ello, afirma, y pese que es un escenario más realista que el que estaba planteado en el anteproyecto del decreto, sigue siendo un tremendo desafío si se considera que se deberá reciclar cerca del 60% de todo lo que se genera como residuos de envases y embalajes. “Estamos tratando de llegar al 4% en las comunas que tenemos programas piloto, y sabemos cuán difícil es ello. Hay que mirar el vaso medio lleno en este decreto. Por último, si nos va bien y superamos estas metas, tanto mejor”.

En esa misma línea Alejandro Smythe, secretario ejecutivo de Asociación de Municipalidades para la Sustentabilidad Ambiental (AMUSA), celebró la aprobación de un decreto que era muy esperado, y el hecho de que se haya aplicado “un criterio de realidad”. “Las metas se flexibilizan, el mundo ha cambiado. No es para lanzar fuegos artificiales, porque lo hemos venido esperando durante mucho tiempo” agrega.

A su juicio, en la implementación de la ley también es importante hablar del financiamiento estructural que tienen los municipios para poder cumplir con la recolección. “Hay mucha discusión en torno al déficit municipal, y en eso naturalmente la especialidad de la casa es basura y jardines. Esta área está siendo muy necesaria desde el punto de vista sanitario, pero tiene problemas estructurales de financiamiento. Culturalmente es indispensable, pero no resuelve el problema estructural de los municipios.  Es importante que la gente empiece a pagar por sus residuos. Si queremos estimular el reciclaje, botar la basura no puede ser gratis. Se da un desincentivo muy perverso y negativo, de que botar es gratis y reciclar es caro”, afirma.

En los municipios también se valoró el incremento en el número de municipios que tendrán puntos de reciclaje financiados y operados por los sistemas de gestión, los que deberán instalarse en un 75% de las comunas del país en un plazo de cuatro años. Para ello se consideró no solo la población estable de las comunas, sino también la población estacional.

“Es una buena noticia, especialmente para las comunas turísticas, en el sentido de que todo este proceso de reciclaje va a tener que verse desde el punto de vista de las estaciones, igual que en la recolección domiciliaria (…) Lo interesante será entender que un punto limpio no es solamente un lugar donde se hace disposición voluntaria de los ciudadanos, sino que un punto limpio integral es también donde se hace selección de los residuos, se enfardan, se transforman en pequeños centros operacionales para facilitar el proceso en su conjunto. Ayudará al éxito de la implementación de la Ley REP”, afirma Cataldo.

Para Smythe, también se trata de una buena medida. “Lo que sí nosotros siempre hemos considerado que, en lo que refiere a infraestructura en puntos limpios, es una cuestión complementaria a la recogida selectiva y a la separación en origen. Esto tiene que tender principalmente a que tú tengas la posibilidad de separar en tu domicilio. Hay una constatación un poco más fina acerca de la carencia de infraestructura y condiciones para exigir un salto tan relevante; por lo tanto, los análisis de costoeficiencia han recomendado esta flexibilidad”.

Importancia de inclusión real de los recicladores de base

“Una de las cosas que más me parece destacable de la ley es el énfasis que se está poniendo a la inclusión de los recicladores de base como gestores”, afirma Verónica De La Cerda. Esto porque el decreto final establece la incorporación de un “Plan de Formalización de los Recicladores de Base”, que deberá asegurar, al menos, que un 50% de las instalaciones de recepción y almacenamiento de residuos reciclables manejadas por los sistemas de gestión incorporen a recicladores de base, y que se cree un programa de capacitación para estos.

Pero quizás los más importante es que los sistemas de gestión podrán contratar directamente a los recicladores de base, y si lo hacen, deberán pagarle el precio de mercado por el trabajo de recolección, no solo por la venta del producto que recuperan.

“Creo que en el anteproyecto había quedado un poco más vago, y me parece bien ser más concretos en cómo los vamos a apoyar para que efectivamente puedan actuar como gestores. El pago por el servicio es algo que hace mucho tiempo ellos vienen peleando, nosotros los hemos apoyado en eso, y es una buena noticia que quede plasmado en este reglamento”, dice Verónica De La Cerda.

Para Marcela Godoy, de AdeC Circular, es una muy buena medida porque los recicladores siempre están viviendo al día y no se está valorado su trabajo. “Ellos están en contacto con los residuos, y también funcionan como agente de cambio y de ir educando a la ciudadanía. Hacen harta pega que no era valorada, entonces que se les pagara solamente por los kilos de material que recolectan -desde mi punto de vista- no era un incentivo, porque finalmente prefieren solamente el material que se está pagando bien en el momento. Ahora, con un sueldo base por recolección va a permitir que ellos puedan hacer otras actividades, como educación, y que recuperen todos los materiales”.

Desde la industria, Alejandro Navech, de ANIR, los recicladores de base son un eslabón fundamental en la recolección y abastecimiento de materias primas, principalmente para las empresas de reciclaje de PET y cartón. “Es importante que se valorice a los recicladores de base en la condición histórica que han tenido, eso es muy importante. Y está bien que se diferencie lo que es recolección de la valorización. Nosotros siempre hemos sostenido que tienen que haber licitaciones separadas de lo que es la recuperación y la valorización, de manera que no haya subsidios cruzados. Separarlo tiene toda la lógica”, plantea.

Para Marcos Segal, de ASIPLA, también se trata de un avance importante. “Uno asumía correcta o incorrectamente que en el precio de venta estaban todos los costos que el reciclador de base tenía, incluido también su costo de recolección. Pero eso es una verdad a medias, porque al final tenía que competir contra productos importados -de hecho todavía lo hacen- y vendía al precio que le daba el mercado, y en ese precio tiene que cubrir todos sus costos incluida la recolección, que es el más alto. Me parece bien que ahora ese costo esté claro. Esto también los formaliza mucho más que antes, ellos sí tienen que capacitarse y certificarse, va por ambas partes. Será una incorporación más formal al sistema, y en la medida que ellos lo quieran y vean ventajas, lo van a hacer”, señala.