Como una decisión que permitirá una mejor implementación de la Ley REP. Así fue catalogada, de manera transversal por los distintos actores del sistema, la determinación del Ministerio del Medio Ambiente de establecer una mayor gradualidad en el cumplimiento de las metas de recolección y valorización del sector envases y embalajes, tras la aprobación del decreto definitivo por parte del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Una decisión que era esperada, ya que es el primer reglamento que afecta a productos de consumo masivo, que implica altos volúmenes de residuos y -por lo mismo- con una alta complejidad de implementación de las cadenas de reciclaje.
En lo esencial, el decreto establece que la meta final de un 60% de reciclaje -en promedio- para las cinco categorías de empaques (cartón para líquidos, metal, papeles y cartones, plástico y vidrio) ya no se cumplirá en 2030 sino al año 12 de implementación de la ley, tres años después del plazo original. Esto, a la vez, permite que el incremento de las metas anuales sea más gradual en el tiempo, al igual que la implementación de los sistemas de recolección de residuos domiciliarios, que también tendrán el mismo plazo de 12 años para alcanzar al 80% de los hogares del país.
“En términos generales -porque aún no hemos podido estudiar a fondo el decreto- el que haya una mayor progresión nos parece muy bien, sobre todo en un sistema nuevo donde los productores tienen que ajustarse a nuevos sistemas logísticos, mejorar la capacidad instalada, generar la organización del sistema y también a sus aspectos legales. Entonces, que sea progresivo está bien”, plantea Alejandro Navech, gerente general de la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje (ANIR), que agrupa a las principales empresas valorizadoras de residuos del país.
“ANIR -agrega Navech- siempre ha tenido una posición: en la cuantía de las metas apoyamos a los productores, porque sabemos que ellos tienen el problema y son ellos los que tienen que resolverlo, por lo tanto nos ajustamos a sus requerimientos aunque siempre con la consideración ambiental. No podemos exigir tampoco que esto sea más si no se va a poder cumplir, porque lo principal es que este sistema resulte”.
Y en ese sentido, para Marcos Segal, presidente del Comité de Economía Circular de la Asociación de Industriales del Plástico (ASIPLA), la decisión del ministerio es muy valiosa porque ayuda a facilitar la implementación de la Ley REP en el país.
“La autoridad hizo lo correcto en escuchar los fundamentos de la industria, porque realmente hay una experiencia internacional que valida lo que la industria estaba pidiendo; se estaba planteando un fundamento técnico -no económico- que fue validado, que es ver cómo se desarrollaron los sistemas de gestión y sus metas en otros países. Fue muy razonable en acoger esto, y nos parece que va en la dirección correcta porque al final la ambición de la meta, que es muy importante, no cambió, sino que la curva de progresión y los plazos. Eso es positivo”, afirma Segal.