Con su extensa costa, para Chile la desalación de agua de mar ha sido vista desde hace un tiempo como una alternativa interesante frente a la escasez de agua continental, tanto en zonas naturalmente áridas como para hacer frente a la disminución de oferta hídrica por la sequía y por la sobreexplotación. Pioneros en la construcción de desalinizadoras han sido las grandes empresas mineras que operan en el norte del país, pero cada vez más se la analiza como una opción para proveer de agua potable a la población.

Sin embargo, especialistas en la materia subrayan que no se trata de una solución milagrosa y que la escasez hídrica debe ser enfrentada de manera integral, abordando la gestión del agua, conservación de ecosistemas, eficiencia en el uso, y también nuevas fuentes como el reúso, además de la desalinización. Asimismo, diversos análisis indican que los altos costos económicos y ambientales de esta tecnología obligan a evaluar muy concienzudamente su implementación masiva.

A continuación, presentamos un panorama de la situación actual y las proyecciones de la desalinización en Chile.

La Asociación Chilena de Desalación y Reúso (ACADES), en conjunto con el Consejo Minero y el Comité Asesor Ministerial Científico para el Cambio Climático, realizaron el “Primer Catastro Nacional de Plantas y Proyectos de Desalinización de Agua de Mar”, que mostraba la situación hasta marzo de 2023. Actualmente, según informó ACADES, ya están trabajando en un nuevo catastro, debido a que se trata de una industria bastante dinámica.

El primer catastro incluye a las plantas con una capacidad igual o superior a los 20 litros por segundo (l/s), de las cuales existen 22 en operación, 6 en construcción, 3 con aprobación ambiental y 12 en evaluación preliminar.

De las 22 en operación, 9 desaladoras tienen como objetivo proveer agua para operaciones mineras. Con una capacidad total de 5.801 l/s, estas plantas repartidas entre las regiones de Atacama y Antofagasta buscan reducir el uso de aguas continentales y así mitigar el impacto negativo de la minería en poblaciones y ecosistemas aledaños. Para otro tipo de actividades industriales existen 10 plantas en operación, con una capacidad total de 476 l/s y se encuentran en las regiones de Antofagasta, Atacama, Valparaíso, Concepción y Magallanes.

Además, hay 3 plantas operando para producir agua potable, ubicadas en Antofagasta, Tocopilla y Atacama. Con una capacidad de 2.221 l/s, se busca ofrecer seguridad hídrica a la población que está en zonas más afectadas por la megasequía.

Oportunidades y desafíos

Respecto al uso de la desalinización para proveer de agua potable a la población, si bien es un tema que ha ido tomando fuerza producto de la creciente escasez hídrica, también debe ser evaluada detalladamente.

En esta línea, hace dos meses entró en vigencia una ley promovida por el actual gobierno y que permite al Ministerio de Obras Públicas (MOP) -de manera directa o por vía de concesiones- la construcción de desaladoras con fines de consumo humano. En virtud de esta nueva ley, el gobierno anunció en enero pasado la inversión de más de 300 millones de dólares para una planta desalinizadora con el fin de beneficiar a más de 540.000 personas en las zonas urbanas de la región de Coquimbo, así como una inversión por 209 millones de dólares para tres plantas desaladoras para abastecer a los Servicios Sanitarios Rurales (ex APR) de la misma región.

Aunque esta tecnología se vuelve una opción frente al contexto, plantea varios desafíos. Elizabeth Soto, bióloga marina e investigadora de la Fundación Terram apunta a la necesidad de una normativa específica para plantas desaladoras y de avanzar en una ley para la protección y gestión de la zona costera. Asimismo, hace énfasis en que es indispensable “complementar con un trabajo multisectorial, en pro de soluciones para enfrentar la sequía”, haciendo -entre otras cosas- un análisis del uso y optimización en procesos que requieran de agua.

¿Qué pasa con la evaluación ambiental?

Actualmente en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) no existen filtros específicos para la evaluación de plantas desaladoras, por lo que se consideran como tipologías cercanas los acueductos, embalses o tranques y sifones; proyectos de desarrollo minero sobre los 5.00 ton/mes; proyectos de desarrollo minero de petróleo y gas y productos de saneamiento ambiental.

Según datos facilitados por el SEIA, considerando estos parámetros y las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA), de 28 proyectos presentados entre 2013 y 2022, producto de la calificación 25 fueron aceptados (y 3 rechazados), todos asociados a la industria minera, y se trataría de proyectos para la actualización, ajustes o continuidad operacional, además de la explotación de minas.

Además, se cuenta con 20 iniciativas cuyo ingreso al sistema fue aprobado y que tienen fines de actualización, aumento, estimulación y fracturación hidráulica.

Debido a que no existe el filtro específico en el SEIA, dichos proyectos no están calificados como plantas desalinizadoras, pero sí se trata de iniciativas que están directamente ligadas a actividades mineras e hídricas, por lo que ofrecen un panorama del avance de estos proyectos en Chile.

Plantas en desarrollo

Según detalla el catastro de ACADES, hay 6 plantas en construcción y que podrían entrar en operaciones: 4 de ellas tienen fines mineros (Desaladora Collahuasi, Quebrada Blanca Hipógeno, Fase inicial ampliación IV Pelambres, y Expansión Mantoverde), una es multipropósito (Aconcagua) y la otra tiene como objetivo obtener agua potable (Desaladora Antofagasta).

Asimismo, se precisa que hay 15 desaladoras en fase de proyecto, las cuales se desglosan en dos categorías: aquellas en evaluación preliminar (12) y las que tienen evaluación ambiental aprobada y con perspectivas de licitación (3). Para las primeras aún se debe determinar la viabilidad técnica y financiera del proyecto, mientras que las segundas tienen los permisos necesarios y ya pueden ser licitadas y ejecutadas.

De estos 15 proyectos, 5 están destinados a la minería, 5 serían multipropósito, 3 industriales y otros 2 para agua potable. Estas iniciativas se concentran en el centro-norte del país y si todas llegasen a realizarse significaría un aumento desde la capacidad actual, de 8.200 l/s, a 25.000 l/s.

Respecto a la proyección de esta industria, el director jurídico de ACADES, Jorge Bofill, manifiesta que “este 2024 se vislumbra como un año clave en Chile para la gestión de recursos hídricos, marcado por importantes desarrollos regulatorios y proyectos (…). En respuesta al cambio climático y la expansión de zonas áridas, Chile enfrenta la necesidad de adoptar soluciones como la desalación y el reúso de agua, especialmente en regiones con escasez hídrica extrema”.