A un ritmo intenso se está desarrollando en la Comisión de Medio Ambiente del Senado la discusión en particular del proyecto de ley que fija la Ley Marco de Cambio Climático, aprobado en la sala de la Cámara Alta el 6 de octubre de 2020, y que busca crear un marco jurídico para afrontar los desafíos del cambio climático, alcanzar la carbono neutralidad y aumentar la resiliencia del país a los efectos adversos de la crisis climática.

Desde enero de 2021, sin contar el receso legislativo de febrero, la referida Comisión ha analizado artículo por artículo las indicaciones propuestas por los senadores y senadores para mejorar el proyecto de ley. En el debate parlamentario el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2 de la Universidad de Chile ha jugado un papel principal, en tanto forma parte del comité técnico que evalúa la ley junto a asesores parlamentarios y miembros del Ministerio de Medio Ambiente.

En enero se han debatido el tema de los principios y fundamentos del cuerpo legal. Durante marzo, el debate se ha concentrado en los artículos que versan sobre los instrumentos de gestión del cambio climático, los planes sectoriales y el involucramiento de los gobiernos regionales y locales en la implementación de la futura ley. A falta de 120 indicaciones por discutir en la Comisión, la ley debiera estar en condiciones de ser votada nuevamente, aprobada y promulgada en un plazo cercano. “La discusión ha sido muy positiva y acorde a los desafíos que plantea el cambio climático”, dice Pilar Moraga, investigadora del (CR)2 e invitada permanente a participar de las sesiones de la Comisión.

-¿Qué imagen tiene acerca del tenor del debate que se está desarrollando en la Comisión?

-Bueno, primero que todo es una modalidad de trabajo inédita en la Comisión: acercar el conocimiento científico a la toma de decisiones. Esto de incorporar a un centro científico como asesoría científica es muy coherente con la problemática del cambio climático. Esto ha permitido abordar temas que son bastante técnicos. En toda ley hay cuestiones más técnicas y otras más políticas. En ese sentido, el (CR)2 ha sido bien facilitador en la comprensión del alcance de las disposiciones que se están proponiendo. Ha sido importante en establecer la meta de carbono neutralidad; la relación de los distintos instrumentos de gestión del cambio climático con los NDC; los planes sectoriales. Se nota un trabajo fluido. Se nota la celeridad en la discusión.

-¿Cómo evalúa la inclusión de términos como equidad y justicia climática?

-Es algo muy destacable incorporar temas de equidad y justicia climática respecto de grupos vulnerables. Los principios de la ley tienen que ver con elementos más políticos. También valoro que se haya incorporado el enfoque ecosistémico como principio, el principio precautorio y preventivo, la consagración del principio de no regresión. Éste tiene una lectura acorde con el principio de progresividad. El problema es que éste último muchas veces implica avanzar lento, de modo de no perjudicar a los sectores productivos o al sector privado. La lectura articulada que se hizo implica que ese principio de progresividad no va a significar no avanzar. No puede atentar contra el principio de no regresión, es decir, no se pueden bajar los estándares ambientales. El quedarse estancado hoy puede significar un retroceso. Hay un desafío mayor en la interpretación de los principios porque si pensamos que los compromisos de los Estados nos están llevando a un aumento de 4 grados, quedaremos en la misma situación, significaría retroceder

-¿Siente que el proyecto se ha ido fortaleciendo en la discusión en particular?

-Sí, se ha ido fortaleciendo respecto del proyecto original. Hay un marco institucional de cambio climático que implica reconocer la institucionalidad vigente agregando la creación de un Comité Científico Asesor. Lo otro interesante es la definición más detallada del rol de los gobiernos regionales y locales. En la distribución del poder eso sí hay discusiones que no son simples. Algunas se han dejado para el final como por ejemplo la existencia de un delegado presidencial. Ha sido complejo de aceptar dentro de la institucionalidad regional. Como que no se justifica sobre todo cuando ahora viene la primera elección popular de gobernadores. También incorporó estándares de participación ciudadana en grupos vulnerables; organizar la participación con enfoque de género y multiculturalidad también es un avance muy grande hacia la comprensión más amplia de este proceso en un proceso de diversidad cultural y social. No hay temas de gran controversia; hay temas en los que podemos estar más tiempo discutiendo, son posiciones o visiones que requieren encontrarse en un punto.

-¿Cómo se ha zanjado la discusión por los planes sectoriales de adaptación y mitigación?

-A ver, el proyecto de ley tiene un enfoque sectorial; hay una meta nacional de mitigación de gases; y hay que distribuirla entre los sectores productivos que generan más gases de efecto invernadero en el país; al ojo se ve que son energía y transporte. Esa meta sectorial, ese porcentaje que va a asumir cada uno, se define en la Estrategia Climática de Largo Plazo (ECLP). Una de las complejidades es que no está zanjada es cómo se articulan esas acciones sectoriales con el nivel regional y local, e hicimos el ejercicio.

-¿Ya está aprobada la obligación de los municipios de contar con un plan local de cambio climático?

-Sí, se aprobó. Originalmente no contemplaba a los municipios con planes locales de cambio climático. Luego se incorporaron pero en términos muy laxos y ahora quedó establecido de que el municipio hace el plan de acuerdo a sus capacidades. El problema es la real capacidad de los municipios para hacer instrumentos de política pública como éste; no es solo financiamiento, sino capacidad humana.

-¿Por qué los parlamentarios de la Comisión se oponían a la participación del Ministerio de Hacienda en los instrumentos de gestión del cambio climático?

-Primero que todo, la OCDE hizo una crítica a la gobernanza climática en Chile; la crítica pasaba por que los sectores no se involucraban en las políticas climáticas porque no estaban dentro de su mandato. El peor ejemplo era Hacienda. El MMA, en el ánimo de hacer partícipe a Hacienda, de integrarlo, lo consideró para la firma de varios decretos, lo cual es bastante discutible, por lo que en el debate en la Comisión se sacó a Hacienda de varios reglamentos que tenía que firmar en planes sectoriales

-¿Qué otros elementos no estaban en el texto original?

-El principio de territorialidad, por ejemplo, que dice que los planes, las políticas y los programas deben tener en consideración la diversidad del territorio a nivel local y regional. Esto debe ser coherente con los instrumentos de gestión de cambio climático a nivel nacional. Los planes de acción regionales y comunales debieran contemplar índices de vulnerabilidad, medidas con plazos e indicadores de monitoreo, reporte y verificación.

-Finalmente, ¿con qué sensación queda luego de cada discusión, ¿qué queda por discutir?, ¿en cuánto tiempo más podríamos tener la ley?

-La celeridad del MMA y de la Comisión de Medio Ambiente del Senado la califico de extraordinaria por poner en la mesa medidas como éstas que son del todo justificables. Habla muy bien de las prioridades del MMA y la Comisión. Esta ley, así como está, va a permitir realizar un cambio transformador hacia una economía baja en carbono. Cuánto antes lo hagamos, mejor para todos. Se han revisado 847 indicaciones; quedan 120 en la Comisión. Uno no conoce las lógicas del Congreso, pero uno podría igual hacer las proyecciones. Faltaría revisarlo de nuevo en sala y debería estar. Pero el trabajo en realidad ha sido extraordinario. Mi diagnóstico es optimista y además existe articulación con el Acuerdo de París. Este proyecto es la bajada del Acuerdo de París en Chile. Eso es positivo porque permite implementar la ley en coherencia con los acuerdos internacionales. Eso ha sido una constante en todas las modificaciones: a la luz de París, de los informes del IPCC, eso ha sido muy destacable.