A las 10 de la mañana de ayer, en la sede de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) en Vitacura, la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, se reunió con el Consejo Asesor Presidencial para la COP25 por primera vez desde el estallido de las movilizaciones. El objetivo de la convocatoria, se señalaba, era buscar la forma de conectar la cumbre con las demandas de la ciudadanía ante el “fuerte remezón” que se registra en el país y bajo la premisa de que el desarrollo sustentable es un requisito esencial para avanzar en equidad y justicia social.

Se trata de la primera señal de un giro en el relato con que hasta ahora se había enfrentado la realización de esta cumbre climática por parte del gobierno, orientado a mostrar el liderazgo de Chile en materia de desarrollo sostenible, y que surge además cuando se escuchan varias voces pidiendo que se cancele la realización de esta cita en Santiago. Primero fue el parlamentario francés Alexis Corbière, quien pidió al ministro de Asuntos Exteriores galo no participar de la COP25 que se desarrollará en Santiago. En Chile, le siguieron en la misma línea Ximena Rincón y José Antonio Kast, entre otros.

Sin embargo, aunque no de forma rotunda, las señales que ha dado el gobierno hasta ahora son de que la organización de la cita se mantiene. Así lo dijo el pasado 24 de octubre el Canciller Teodoro Ribera, quien afirmó que “seguimos adelante con la planificación de ambas cumbres (COP y APEC), lógicamente adecuándonos a las circunstancias”. Al día siguiente, la Oficina de Cambio Climático de Naciones Unidas (UNFCCC) afirmó que “ha recibido las garantías de que el gobierno de Chile ha tomado las medidas para restablecer el orden en Santiago y en otras partes del país”, por lo que “continuamos con nuestra planificación para la COP25, con la seguridad y protección para todos los participantes como prioridad máxima”.

Sin embargo, si bien la tensión en el país ha disminuido, está lejos de un restablecimiento del orden. Ayer, tras el cambio de gabinete realizado por el gobierno, se mantenían las protestas en Santiago y regiones. Pero si bien surgen voces pidiendo que la cita se traslade de sede, desde las organizaciones ambientales apuntan en sentido contrario: que se mantenga en el país.

“La COP25 no debe suspenderse. Es una herramienta -aunque limitada-, la mejor que tenemos hoy día a nivel de tratados internacionales para la lucha climática. La COP25 nos viene muy bien como parte de un proceso reparatorio, lo que hay que hacer es hacerla bien y no como parte de un show mediático”, dijo este domingo el director de Greenpeace, Matías Asun, a radio Cooperativa.

Invitación a organizaciones ambientales

Y esto fue, precisamente, lo que se recogió ayer en el encuentro convocado por la ministra Schmidt: la necesidad de dar un giro hacia la justicia ambiental. “Hablamos de que algunas de las injusticias sociales mas potentes que hay son los efectos del cambio climático, que activan las desigualdades de forma profunda. Es parte de la agenda social, no hacerla en Chile no tiene sentido, se justifica mucho más que antes. Le propuse que la COP25 tenga un nuevo pilar estratégico, la justicia ambiental, y estábamos todos en la misma línea. Aquí hay un objetivo nuevo y tenemos que tomarlo con urgencia, probablemente este va a ser el tema de la COP”, dijo el diputado Sebastián Torrealba, uno de los miembros del consejo asesor presentes en la cita.

En esa línea, el gobierno había invitado a esta reunión extraordinaria convocada por la ministra Schmidt a representantes de organizaciones sociales. Entre ellos, a actores como la presidenta del gremio de recicladores de base, Soledad Mella, y Alejandra Mustakis, presidenta de la Asociación de Emprendedores de Chile. Desde el mundo ambiental, entre los convocados se encontraban Matías Asun, el director ejecutivo de FIMA Ezio Costa, y la directora ejecutiva de Chile Sustentable Sara Larraín.

Estas tres últimas ong’s forman parte de la Sociedad Civil por la Acción Climática (SCAC), nueva plataforma que reúne a más de 130 organizaciones del mundo ambiental, movimientos territoriales, colegios profesionales, sindicatos, organizaciones políticas y académicas, que entre sus metas tiene la organización de una Cumbre Social Por la Acción Climática. En conjunto, como parte de SCAC, decidieron declinar la invitación tras consultarlo con la asamblea de la organización.

Pese a que las razones tras la decisión no han sido explicitadas, el mensaje que se transmitió al gobierno fue que para ellos la realización de la COP25 en Chile es extremadamente relevante, principalmente porque se trata de un espacio de visibilización de los problemas ambientales del país y donde se debate el futuro del planeta. En contrapartida, ofrecieron hacer gestiones para que la COP25 se mantenga en el país, pero siempre que exista un escenario de respeto a los Derechos Humanos.

Una señal en ese sentido puede haber sido la que quiso dar por Twitter la ministra Carolina Schmidt tras la realización del encuentro en la Cepal: “Hoy juntos en la Cepal con representantes de la sociedad civil hicimos un minuto de silencio por fallecidos en la crisis social. En Chile NO se tolera ninguna violación a los DD.HH. TODA denuncia será debidamente investigada y sancionada según corresponda. Fuerte y claro”, tuiteó ayer.

¿En qué pie queda la COP en Chile?

Respecto de qué pasará con la realización de la COP en Chile, las señales no han sido contundentes ni desde el gobierno ni desde Naciones Unidas. Tampoco hacia el equipo negociador de Chile, aunque se han transmitido señales de que se trata de un momento complejo que debiera estar superado para la fecha de la realización de la cumbre, que se inicia el próximo 2 de diciembre. En seis semanas.

Por ahora, los miembros del equipo negociador de la Cancillería sigue con la planificación de sus viajes, que en estos días tiene en agenda una ronda de conversaciones con los países de África del Norte -particularmente Egipto, un actor importante en las negociaciones por el Artículo 6- y posteriormente continúan hacia Bonn. Ese equipo seguiría funcionando sin alterar su diseño original.

Respecto de la realización de la cita propiamente tal, hasta ahora no hay señales de cambio, aunque algunos actores de las negociaciones señalan que han surgido rumores de la posibilidad de realizar la cumbre en la sede del Fondo Verde del Clima (GCF, por sus siglas en inglés), que tiene su sede en Songdo, Corea del Sur. Por ahora, se trata solo de un rumor, sin ninguna confirmación ni voz oficial apuntando en ese sentido.

En el peor de los escenarios, si se decidiera cambiar la sede, Chile mantendrá la presidencia de la COP25, la que mantendrá también durante el próximo año, por lo que continúa con el rol de encabezar y encausar las negociaciones que se den en la cumbre. Por ello la agenda de negociaciones se mantiene en pie y sin variaciones.

Lo que si podría variar, dicen quienes siguen de cerca el tema, es el tono y el alcance. La negociación más técnica de la Conferencia de las Partes se mantendrá inalterable, con el objetivo de sacar el Artículo 6 y avanzar con la implementación del Acuerdo de París de cara a la próxima COP, en que se deben entregar los nuevos compromisos nacionales (NDC) de los países firmantes del acuerdo.

También podrían cambiar, afirman, las políticas nacionales que se estaba buscando implementar, los posibles acuerdos y negociaciones paralelas que podría haber alcanzado el país, así como la mayor ambición que se buscaba proyectar desde la presidencia de Chile en la COP25. Sería también una cumbre menos multitudinaria, ya que los equipos negociadores no superan las 2.000 personas, mucho menos de las más de 20 mil que -al menos- se esperaban para esta cita.

Desde el extranjero, las preguntas hacia sus contactos en Chile muestran preocupación por el clima de agitación que se vive en el país, y por el impacto en los sistemas de transporte, lo que estaría derivando en cancelaciones hoteleras y en plataformas como Airbnb. Si bien las cumbres climáticas siempre se rodean de manifestaciones ciudadanas, una de las preocupaciones es que ante el escenario actual, esto sobrepase lo que ocurre normalmente en torno a las discusiones de los equipos negociadores y autoridades nacionales.

Otro de los aspectos que podría verse afectado es la discusión por la Contribución Nacional Determinada (NDC) de Chile, el compromiso país de acciones climáticas actualmente en consulta pública tras ser presentado por el gobierno hace dos semanas.

De hecho, el pasado 25 de octubre la Sociedad Civil por la Acción Climática (SCAC) solicitó formalmente al Ministerio del Medio Ambiente que suspenda el plazo estipulado para la consulta, “considerando la situación de agitación que atraviesa el país”. Una medida similar a la que ya aplicaron la Superintendencia del Medio Ambiente y el Servicio de Evalluación Ambiental con sus respectivos procedimientos administrativos.