Con la suspensión de la COP25 en Chile y ante la urgencia de abordar las demandas socioeconómicas que se han gritado en las calles las últimas semanas, como la mejora de las pensiones y del sueldo mínimo, se podría temer un rezago de las iniciativas tendientes a proteger el medio ambiente. Sin embargo, esto no debiera ocurrir, debido a que detener la degradación ambiental es también una de las exigencias de la ciudadanía en torno a lograr mayor equidad, igualdad y dignidad. Así lo plantean los presidentes de las comisiones de Medioambiente de la Cámara de Diputados y del Senado, Félix González y Guido Girardi, respectivamente.

Si bien ambos ven como una calamidad que no se realice en el país la principal cumbre climática mundial, que estaba programada para diciembre próximo, consideran que eso obliga a reforzar la agenda ambiental interna. “La caída de la COP25 es un daño para el planeta, para la humanidad. (…) Tal vez era la última oportunidad de los ciudadanos del mundo de exigir un mayor compromiso, especialmente de los países desarrollados, que no están haciendo los esfuerzos suficientes, y que van a condenar a una parte muy importante del planeta a una situación desastrosa, con migraciones, falta de agua, pérdida de alimentos, de hambre, de sufrimiento, de zonas de sacrificio en todo el mundo”, sostiene Girardi. Agrega que, aunque la cumbre se realice en otro país (España), probablemente no se hará con tanta fuerza y tanta importancia como iba a ser acá.

Para el senador PPD, Chile tomaba el liderazgo en materia ambiental al ser sede de la COP, y eso abría la puerta para avanzar más profundamente en demandas ambientales. Pero ante el cambio de escenario, se tendrá que fortalecer internamente esa agenda.

A su vez, el diputado González, presidente del Partido Ecologista Verde, consideró “doloroso” que el presidente haya decidido suspender la cumbre ambiental. “Las petroleras deben estar muy contentas de que se haya cancelado la COP25”, denunció González en relación a las grandes empresas contaminantes. Agregó que “el mundo enfrenta una crisis climática que va a azotarnos sí o sí (…) Necesitamos empujar los cambios necesarios a nivel mundial, como se está haciendo en Chile, como ciudadanía, obligar a los gobiernos y a los parlamentarios a hacer las modificaciones que se requieren”.

El mejor lobby

Esa presión ciudadana es, a juicio del diputado ecologista, la mejor forma de lograr el avance legislativo de los proyectos destinados a proteger el medio ambiente.

A partir del estallido social, en el Congreso “hay mucho mejores condiciones, y es una de las demandas que la gente está haciendo en las calles, que sus comunidades no se transformen en zonas de sacrificio o, en las mismas zonas de sacrificio, que no los sigan llenando de proyectos contaminantes”, dice el presidente de la comisión de Medio Ambiente de la Cámara.

En ese sentido, comenta que están en pleno proceso de poder aunar voluntades en torno a proyectos que puedan resolver la contaminación de manera drástica. “Creo que esta coyuntura genera una oportunidad de abrirle camino a proyectos que habíamos presentado para poder fijar posiciones, pero que han tenido la resistencia de distintas bancadas, sobre todo las bancadas de gobierno. Son proyectos con los que nos dimos contra el muro para poder empujarlas, pero creo que ahora están las condiciones para que distintas bancadas se allanen a poder aprobarlas”.

“Esperamos contar con la Democracia Cristiana (DC) y el Partido Radical (PR), que han estado votando un poco de manera diversa. Confiamos en que se alineen con los cambios que se requieren para darle garantía a las comunidades y poder ir resolviendo el problema de las zonas de sacrificio”, añadió González.

Consultado respecto a la resistencia de algunos sectores económicos y del lobby que puedan ejercer para frenar esos proyectos, González considera que “sin duda, el mejor lobby es un millón 200 mil personas marchando en el centro de Santiago y otras decenas de miles en el resto del país”, en referencia a la masiva marcha del viernes 25 de octubre.

“Veo en el Congreso una disposición muy distinta. En el mismo caso de la acusación constitucional, partimos solo dos, y en este momento vamos como en 40 o 50 diputados que quieren firmarla”, comentó en referencia a la imputación que presentarán hoy con el objetivo de que el presidente Sebastián Piñera y su ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, respondan por las acusaciones de violación a los derechos humanos.

Por otra parte, el diputado ecologista le resta relevancia al protagonismo que pudiera darse a la ley de pensiones o al aumento del sueldo mínimo. “Lo importante es que hay personas que están afectadas en su salud, producto de las zonas de sacrificio, entonces, si podemos darle solución a eso, tenemos que hacerlo. Veo en esto una oportunidad para avanzar en la agenda ecologista con mucha fuerza y vamos a utilizar las herramientas que tenemos, igual que con la acusación constitucional ¿Para qué vamos a inhibirnos?, vamos a poner estos temas en tabla y si hay que llevar alguna sesión hasta total despacho, lo haremos”.

Una forma de violencia

Una opinión similar manifiesta Girardi: “Esta inmensa demanda ciudadana de un país más justo y más equitativo hace que el tema ambiental pueda avanzar (…) porque justamente el tema ambiental es un tema social. Son los más pobres los que están afectados por la erosión, la falta agua, la contaminación; las zonas de sacrificio están en comunas pobres, ahí están los basureros, los depósitos de basuras peligrosas, ahí están las cárceles”.

El presidente de la comisión de Medio Ambiente del Senado considera que los temas ambientales son tan urgentes como otros que se están mencionando como parte de la llamada agenda social, debido a que afectan las condiciones básicas para la vida. “Para las personas que viven, por ejemplo, en Paipote, Huasco, Mejillones, Tocopilla, Coronel, para la gente que vive en zonas degradadas, sin áreas verdes, sin agua, es indistinguible, es una violación de derechos humanos, un elemento que afecta su dignidad y que es una forma de violencia”.

En este sentido, el senador PPD subraya la necesidad de cambiar la Carta Magna, porque “los daños ambientales se han producido en gran parte como consecuencia de esa Constitución, que establece una primacía de la propiedad privada por sobre la vida y la salud, por sobre los ecosistemas y el medio ambiente. Claramente fue la Constitución la que privatizó el agua, Chile es el único país del mundo donde el agua es propiedad privada”.

“Es la Constitución la que da todo el poder a los privados y jibariza al Estado”, explica Girardi en relación a uno de los motivos que lo llevaron, junto a otros senadores de oposición, a presentar un proyecto de reforma constitucional que permita convocar a un plebiscito que podría dar inicio a un proceso constituyente.

A corto plazo

Por lo pronto, entre los proyectos que se encuentran en tramitación, el gobierno le puso suma urgencia al que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y urgencia simple al que modifica el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Respecto al primero, el senador PPD subraya que “es una iniciativa del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet; no es un gran proyecto, pero es algo y por lo tanto tenemos que avanzar”. En cuanto al SEIA, considera que es “peor a lo que hay hoy día”.

“Los únicos proyectos que el actual gobierno ha enviado hasta ahora al Congreso son para ir en sentido contrario, para favorecer más los intereses económicos en desmedro del medio ambiente”, agrega Girardi.

En esa línea, el diputado González comenta que previo a la suspensión de la COP25, “el gobierno estaba haciendo como que hacía algo. Si uno ve la descarbonización, se anunció que se cerraban las termoeléctricas, pero en realidad se trataba de que las termoeléctricas cerraban cuando quisieran, de aquí a 2040. (…) El gobierno no tenía mayor intención de avanzar de verdad en una agenda ambiental como la queremos los ecologistas, sino que era más bien un maquillaje verde y poder posicionar a Piñera como un líder verde internacional solo por hacer la COP25 en Chile, sin que ninguna política pública estuviera a la altura de eso”.

En este mismo sentido, el diputado agrega que el proyecto del SEIA, que el gobierno buscaba aprobar antes de la cumbre ambiental, es una iniciativa “bastante garantista para las empresas y sin darle garantías a las comunidades”. Para subsanar esa situación, González, junto al diputado PC Amaro Labra, ingresaron una indicación al proyecto para que se puedan plebiscitar los proyectos de inversión, es decir, “para que cuando una comunidad se sienta vulnerada por algún proyecto contaminante pueda autoconvocarse a un plebiscito vinculante”. Si bien la indicación fue ingresada en junio, el parlamentario ecologista cree que “hoy están las condiciones para que sea aprobada”.

Propiedad del agua

Otro tema urgente que a juicio del diputado ecologista debiera avanzar es lo referido a los derechos de agua. Explica que el proyecto está actualmente en el Senado y lo están esperando en la comisión de Recursos Hídricos de la Cámara, a la cual él también pertenece. “Yo esperaría que se modifiquen los derechos expropiados y la propiedad del agua (…) Es un proyecto largo, extenso, que tiene muchas variables, pero aquello es lo medular y es lo que el gobierno se ha resistido a hacer”, comenta González en relación a un proyecto de reforma constitucional ingresado en 2008, sobre dominio y uso de las aguas, refundido en 2016 con otros ocho proyectos y actualmente en primer trámite constitucional.

“Creo que con la fuerza de los hechos, de la manifestación profunda de la gente, que no va a aceptar otra cosa, esos cambios van a terminar ocurriendo”, dice González y, ante la consulta sobre la resistencia de quienes hoy poseen los derechos de agua, señala que “ya veremos si la gente tiene más fuerza que las empresas”

Sobre el tema del agua, Girardi -autor del proyecto ingresado en 2008- considera que “lo más importante es avanzar en establecerla como bien nacional de uso público”.

El senador considera también muy relevante progresar en proyectos como los que buscan establecer el delito ambiental, la protección de glaciares, la regulación del uso de antibióticos en carnes para consumo humano, los que permitan la reforestación y que aumentan el impuesto al carbón. “Que pasemos de 5 dólares por tonelada de CO2 a por lo menos 35-40 dólares por tonelada de CO2 emitido y avancemos a la carbono neutralidad. Es muy importante progresar en una ley que prohíba el uso de carbón después del año 2030, en las leyes que incentivan la electromovilidad y el desarrollo de energía solar y el hidrógeno, creo que es muy importante tener leyes para desarrollar, por parte del Estado, la desalación de agua con energía solar, que va a ser mucho más barata”.

Ante la pregunta de si existirán suficientes votos en el Congreso para aprobar todos estos proyectos, Girardi responde que “en la medida en que haya presión ciudadana, el gobierno va a estar obligado, porque los temas ambientales tienen que ser parte de esta agenda social que exigen los chilenos y chilenas”.