Mañana, en el Congreso, se realizará la cuarta interpelación a un ministro de gobierno en los últimos siete días, y esta vez será el turno de la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt. Esto luego que la Cámara aprobara esta instancia a fines de diciembre, con 70 votos a favor y 55 en contra, para interrogar a la secretaria de Estado respecto de su rol en la presidencia de la COP25 realizada hace un mes en Madrid.

En ese tarea, a la cabeza de las negociaciones climáticas globales, la ministra Schmidt recibió una serie de cuestionamientos por la forma en que Chile ejerció el rol de liderazgo en las conversaciones, en una cumbre en que además no se alcanzaron los acuerdos esperados respecto de la implementación del Acuerdo de París.

Por ello la decisión de la Cámara de citar a la ministra para analizar su desempeño en la COP. “Quiero señalar que es importante rendir cuentas, creo que son instancias valiosas y si el Congreso solicita mi presencia, el 14 de enero, iré a explicar el proceso de negociación multilateral de la #COP25 y rol de la presidencia”, dijo la ministra vía Twitter tras aprobarse la interpelación.

En la interpelación, que se iniciará a las 16 horas, será interrogada por el diputado del Partido Ecologista Verde (PEV) y presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, Félix González, quien impulsó además su citación al Congreso. ¿Sobre qué materias será interrogada la ministra Schmidt? Según explica el parlamentario, “el requerimiento tiene diez temas, pero se pueden agrupar en dos: el primero tiene que ver con el rol del gobierno en la presidencia de la COP25, y el segundo tiene relación con las políticas públicas”.

“Esos son los temas, no hay trampa en esto, esos son los objetivos”, añade el diputado,  y asegura que no quieren que la instancia se transforme en un show, sino que buscan “reivindicar esta herramienta que tiene el parlamento para poder emplazar al gobierno a elaborar distintas políticas públicas”.

Además, señala González, esperan que esta interpelación sirva para que se vuelva a poner en relevancia la agenda ambiental de Chile, porque luego de la COP25, realizada del 3 al 15 de diciembre en Madrid, “el gobierno no se ha pronunciado más sobre estos temas”.

Rol en la COP25

¿En qué aspectos de la COP25 se centrarán las preguntas a la ministra Schmidt?

Sobre el rol en la presidencia de la COP25, que todo el mundo dio por fracasada, donde no se lograron los objetivos en gran parte porque el gobierno de Chile no cumplió en conducir los acuerdos. Vemos que el gobierno estuvo todo un año preparando un evento, al que compararon con el Mundial del 62, pero resulta que la COP25 no es el evento, sino que son los acuerdos a los que tenían que llegar los gobiernos y poner en práctica la COP21, que es el Acuerdo de París, y eso no pasó y hay muchas preguntas que hacerse respecto de eso.

Esto es como la diferencia entre la boda y el matrimonio, la boda es el evento y el matrimonio es lo que viene después de la boda, es el compromiso; y vimos al gobierno –sobre todo al presidente Piñera-  muy preocupado del evento y nada preocupado del compromiso.

Ella sostuvo que era “irreal pensar que una humilde ministra iba a solucionar el problema ambiental que el mundo no ha resuelto en décadas”

Espero que las respuestas ante la Cámara no sean las mismas que se pueden dar a veces es una cuña de prensa, de diez segundos en la televisión. Vamos a tener dos horas, que es el tiempo que nos asigna el reglamento, para que pueda dar una explicación un poco más larga, más consistente sobre el rol que se jugó allá. Nadie le ha pedido al gobierno que convenza al presidente Donald Trump (que retiró a EE.UU. del Acuerdo de París) o a Jair Bolsonaro (que ha puesto en duda la permanencia del Brasil en el pacto); nadie esperó jamás que ellos suscribieran el acuerdo (…) nadie esperaba que la ministra de Medio Ambiente de Chile los convenciera. Eso no está en discusión. Pero el resto de los países, el grueso de los países, los europeos sobre todo, que son economías grandes, muchos están disponibles para poner en práctica el Acuerdo de París, pero hubo un problema de conducción del proceso para poder consolidar el documento.

La ministra también dijo que las críticas por lo ocurrido en la COP25 se debían al desconocimiento sobre cómo funcionan esas instancias…

Eso no es cierto. Nosotros le preguntamos a los verdes en Europa, a la Global Green, cuál era la opinión de los que estuvieron en España, y nos respondieron de una manera muy simple: fue un gobierno débil, fue una presidencia de la COP débil. Creo que eso resume muy bien el interés que tuvo el presidente Piñera y el gobierno de Chile en hacer acá la COP25, creo que no les importaba que funcionara, sino más bien lo que le interesaba al presidente Piñera era su protagonismo internacional, de la misma manera que fue a Cúcuta (Colombia) a pegarse codazos para salir en una foto con Juan Guaidó (presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela), fue también a Nueva York a tratar de sacarse una foto con Greta Thunberg, todos lo vimos, y ella muy sabiamente se corrió para la segunda fila. Vimos un gobierno preocupado de las cámaras, de la prensa, de tratar de levantar la imagen pública del presidente y nada preocupado de poder avanzar en proteger el clima.

¿A qué cree ud. que se debe eso?

Creo que el presidente Piñera quiso traer la COP25 a Chile por ego personal, algo que ha quedado demostrado en la actual crisis social, donde fue incapaz de reconocer que salió un millón y medio de personas a la calle a pedirle la renuncia y él le dice a la prensa internacional que también andaba marchando; donde tampoco fue capaz de reconocer ante los medios internacionales que hay violaciones a los derechos humanos dentro de Chile y les dijo que son videos extranjeros. Esa personalidad narcisista del presidente Piñera es la que lo hizo traer la COP25 a Chile; nosotros creímos que era una oportunidad para avanzar en la agenda ambiental, pero pasó lo que pasó.

Vimos que en España los ministros de Medio Ambiente, Relaciones Exteriores, Hacienda, Economía y Energía no tuvieron la voluntad ni el interés para lograr el objetivo de la Cumbre. Por todo esto es que hemos hecho énfasis en que esta interpelación no es solo a la ministra Schmidt, sino que es al gobierno.

¿Se preguntará sobre los fondos usados para organizar la COP25?

Se aprobó un montón de dinero con esa finalidad, sabemos que se contrató a una entidad privada que se iba a hacer cargo de esto y que tenía que construir un recinto en Cerrillos, pero entendemos también que el cambio de país genera un cambio en los ítems, entonces es necesario que se transparente todo eso porque son dineros públicos. Sin embargo, hay plazos para rendirlos,  creo que hasta marzo o abril, entonces difícilmente van a llegar con una rendición de cuentas mañana. No vamos a pedir cosas que en la administración pública no son normales. Pero sí vamos a pedirle a la ministra que dé una explicación política al respecto, porque además es una de las preguntas que las ONG nos han pedido que hagamos.

Políticas públicas

¿Cuáles son los temas de políticas públicas que se van a abordar?

Necesitamos saber qué va a hacer el gobierno de Chile respecto de distintas materias, como el tratado de Escazú, la descarbonización y cómo enfrentamos la crisis hídrica.

Queremos saber si va a firmar el tratado de Escazú (sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe). El movimiento ambiental necesita que se firme ese pacto, que además nace desde Chile (Decisión de Santiago, 2014). Este acuerdo tiene varias virtudes, una de ellas es que el Estado estaría obligado a garantizar el acceso a la justicia ambiental; es cierto que tenemos tribunales ambientales, pero son solo tres y tenemos además un gobierno que propone cambiar el Sistema de Evaluación Ambiental quitando dos recursos administrativos. Entonces, con el acuerdo de Escazú si se llegara a aprobar una ley donde se quitan herramientas a las comunidades para defenderse, se puede recurrir a tribunales internacionales a decir que eso no puede ser, no podemos estar retrocediendo en acceso a la justicia ambiental. También está la protección de los defensores ambientales. Afortunadamente estamos en un país donde no pasa lo que está pasando en Centroamérica, donde hay más de cien muertos al año, sobre todo de comunidades indígenas que se enfrentan a proyectos de energía; acá también hemos tenido casos y tenemos un asesinato en el sur –Macarena Valdés Muñoz, encontrada muerta en agosto de 2016- acreditado que no se ahorcó, sino que fue ahorcada después de muerta (…) El tratado de Escazú obliga al Estado a proteger a los defensores ambientales y eso es algo que en Chile se necesita para que no lleguemos a la situación que ocurre en otros países.

¿Y respecto a la descarbonización?

El gobierno ha planteado una descarbonización al año 2040, donde las empresas deciden cuándo cierran, y lo que nosotros queremos es que sea el Estado, a través de una ley, quien determine cuándo se cierran esas centrales a carbón y tiene que ser pronto. Junto con otros ocho diputados y diputadas de oposición de la Comisión de Medio Ambiente presentamos el jueves pasado (9 de enero) un proyecto de ley para el cierre de termoeléctricas a carbón al 2025, o sea les vamos a dar cinco años para que cierren, y una de las preguntas de la interpelación va a ser si el gobierno va a patrocinar ese proyecto o lo va a torpedear. Este es un gobierno pro empresa, así que lo lógico, lo esperable, es que estemos en veredas distintas, pero como estamos en una situación especial del país uno esperaría un milagro y que el gobierno de Piñera aprobara ese proyecto. Por eso es una interpelación, por eso ellos tendrán que dar una respuesta.

¿Y en relación a la crisis hídrica?

Dentro de las cosas más importantes está lo tiene que ver con la crisis hídrica, que está cruzada con el cambio climático y también con el uso que se le da al agua da en Chile por parte de sectores productivos como las mineras, las forestales, los grandes regantes, como los palteros por ejemplo. Entonces la pregunta es cómo el gobierno va a enfrentar la crisis hídrica y si va a seguir protegiendo la propiedad privada del agua, si van a seguir perseverando en proteger los derechos de agua en el único país del mundo donde el agua es privada, algo que nos pone en una situación de fragilidad enorme frente a la crisis climática.

Creemos que es necesario que el agua deje de ser privada en Chile y queremos saber la posición del gobierno respecto a eso. El martes pasado se perdió un proyecto en el Senado, que era una reforma constitucional para consagrar el agua como bien de uso público, pero también se puede cambiar el Código de Aguas con un quorum más bajo.

¿Cree que la interpelación puede generar algún cambio en las políticas del gobierno?

Los parlamentarios tenemos tres funciones: legislativa, fiscalizadora y de representación. La interpelación, que formalmente está dentro de la función de fiscalización, aúna las tres facultades porque es el momento en que el parlamento llama al gobierno a tener un diálogo público, donde está el pleno de la Cámara de Diputados para poder emplazar al gobierno a distintas materias.

Por eso no es solamente fiscalizar lo que pasó en España, también queremos cumplir nuestro rol de representación y hemos pedido a algunas personas del movimiento ecologista, de las ONG, de las comunidades, que nos transmitan las preguntas que quieren hacer. Por ejemplo, en Quintero Puchuncaví la pregunta sería si el gobierno va a hacer cumplir el fallo de la Corte Suprema o no (fallo del 28 de mayo sobre la responsabilidad del Estado frente a los efectos de la contaminación en la población). La interpelación también es una forma de poder llevar las inquietudes que tiene la ciudadanía, de la gente que vive en las zonas de sacrificio, para demandar al gobierno que tome determinadas materias.

Y finalmente está el rol legislativo, que es el más conocido e importante porque hacemos las leyes, y la interpelación es un momento para emplazar al gobierno para que tome una posición pública respecto del proceso legislativo.