En 2015, un estudio global elaborado por el World Resources Institute señaló a Chile como una de las naciones con mayores probabilidades de enfrentar una disminución en el suministro de agua, debido a los efectos combinados del alza de las temperaturas y el cambio de los patrines de lluvias. De acuerdo al listado, nuestro país se encuentra en el lugar 24 en la lista de los países que enfrentarán un estrés hídrico extremadamente alto al año 2014, el único país latinoamericano en esta condición.

“El 70% de la superficie del planeta está cubierta por agua, 2,5% corresponde a agua dulce y 0.62% al agua disponible para consumo humano, agrícola e industrial. Seremos más de 9 mil millones de habitantes para el 2050, y eso resume el tamaño del desafío”, afirmó Yolanda Martínez, representante del BID en Chile .

Por ello, la necesidad de cambiar el enfoque actual de la gestión del agua aparece como urgente para el país ante los posibles impactos en la disponibilidad del recurso y en nuestro desarrollo económico. En ese escenario, Fundación Chile presentó ayer el estudio “Transición Hídrica: El futuro del agua en Chile”, que en base a un análisis en profundidad se seis cuencas del país (Copiapó, Aconcagua, Maipo, Maule, Lebu y Baker) identifica las causas de los problemas en esta materia y propone 212 medidas, acciones y soluciones para disminuir las brechas identificadas.

En estas cuencas se levantaron y analizaron las distintas realidades de los territorios, identificando los factores clave que pueden poner en riesgo al recurso hídrico.

“Este es un hito luego de tres años de trabajo, inspirados en la positiva experiencia en Escenarios Energéticos. El agua supone mayores complejidades de coordinación, es más ambigua y hay una carga política de por medio. Tenemos la convicción de que existe una necesidad país de generar trayectorias de desarrollo circular, que se desacoplen del uso de recursos y que sean de bajo impacto en el medio ambiente; es decir, que sean de crecimiento sostenible. La crisis del cambio climático se expresa de forma nítida en el agua”, dijo Andrés Pesce, gerente de Sustentabilidad y Nuevos Negocios de Fundación Chile, durante la presentación del estudio.

Gestión y gobernanza, principal problema

De acuerdo al informe, el 44% de los problemas de brechas y riesgo hídrico en las cuencas se originan en fallas en la gestión del agua y su gobernanza. Esto incluye la falta de transparencia del mercado del agua a nivel de cuenca, la descoordinación de las instituciones a nivel de cuenca restringida a la gestión del recurso hídrico por secciones, una limitada fiscalización a los usuarios y una información limitada, fraccionada y contradictoria sobre los recursos hídricos que genera desconfianza entre los actores.

Otro 17% es provocado por el crecimiento de las actividades productivas y el sobreotorgamiento de derechos de aprovechamiento de aguas, mientras que un 14% de los problemas detectados tienen como causas el uso de productos químicos en agroindustria, los pasivos ambientales mineros, la carencia de tratamiento de aguas servidas en zonas rurales y la disminución de calidad por disminución de niveles del acuífero e intrusión salina.

Las causas eminentemente naturales, como la disminución de precipitaciones de agua y nieve, y el derretimiento de nieve y retroceso de glaciares por aumento de temperaturas, aparecen recién en un cuarto lugar, con un 12%.

¿Cuál es el escenario al 2030-2050 de mantenerse las tendencias actuales? De acuerdo al estudio de Fundación Chile, entre los escenarios pronosticados se visualiza que el crecimiento urbano y agrícola tendrá un impacto negativo en los recursos hídricos por un aumento de la erosión e impermeabilización del suelo, mientras que se incrementará el riesgo de exposición a aluviones e inundaciones por la expansión de las ciudades.

“El escenario tendencial es la trayectoria futura si seguimos con un modelo de gestión histórico, delatando una falta de mirada de entorno y sin involucrar a los actores del territorio. La planificación territorial sigue sin integración y la información es dispersa y poco accesible, demostrando descoordinación de usuarios que compiten en el territorio y aumentan los conflictos, con una lenta estrategia de inversión”, explicó Ulrike Broschek, líder del proyecto Escenarios Hídricos 2030 de Fundación Chile.

En este escenario tendencial, esto se sumará un incremento en los precios del agua potable en los territorios, producto del déficit hídrico y de eventos críticos. En búsqueda de soluciones, señala el informe, el Estado debe invertir en sistemas de provisión de agua potable alternativos, como la desalación y otros. Las zonas rurales serán las más vulnerables, ya que carecen de infraestructura hídrica adecuada para enfrentar la variabilidad climática.

Según el director general de aguas, Óscar Cristi, la proyección de déficit de agua potable rural en la Región Metropolitana es de un 83% al 2050, lo que -afirmó- sirve de ejemplo para demostrar que en nuestro país transitamos desde la abundancia a la escasez creciente. “Al menos 70 áreas de restricción actual pasarán a ser áreas de prohibición. La importancia está en cómo transitamos en condiciones de mayor sequía”, señaló.

¿Qué tan preparados estamos para enfrentar esta transición?, Según Cristi, “tenemos falencias por enfrentar, como la data disponible -no siempre confiable y consistente-, y para ello trabajamos potenciando la hidrometría y la modelación de acuíferos para evaluar su estado efectivo. Como país hemos pasado discutiendo lo legislativo en los últimos ocho años, pero eso no ha generado una gota adicional para familias rurales, y el foco está en decidir en dónde ponemos nuestros esfuerzos”.

Propuestas para la transición

Además de diagnosticar los principales problemas existentes en la gestión del agua en Chile, y los posibles impactos de seguir con las tendencias actuales, el estudio propone realizar un cambio de enfoque que ayuden a generar un escenario distinto y sustentable en el manejo de los recursos hídricos. Esta propuesta es el resultado de un proceso de diálogo multisectorial de poco más de dos años y medio, construido desde la mejor información disponible, el conocimiento, la experiencia, las necesidades y realidades de diversos actores, sectores y territorios.

“Lo relevante en este ejercicio es cómo proyectar la gestión y que puedan ver un escenario distinto y sustentable, que requiere de acciones y miradas que hoy se pueden aplicar y hacer cambios profundos. Surgen varios consensos relacionados con definir institucionalidad, modificación de gestión y acceso a información, gestión integrada de recursos hídricos, eficiencia de agua y uso estratégico de recursos, entre otros. La invitación es avanzar en estos puntos de consenso”, dijo Broschek al presentar el estudio.

De las 212 medidas, acciones y soluciones propuestas por este trabajo, agregó, “el 93% cuentan con marco regulatorio vigente para ser implementadas, un 84% de las mediadas generan un aporte ambiental, y un 80% de las medidas tiene bajo impacto social”. Además, un 52% de ellas pueden ser implementadas en el corto plazo, y un 41% en el mediano plazo.

Algunas de las medidas que se consideran son la protección de las zonas naturales para recarga de acuíferos, forestación con especies nativas, reparación de las riberas de los ríos, pavimentos permeables y plazas de agua para recarga de acuíferos en zonas urbanas, tecnificación de riego y recambio a cultivos con menor requerimiento hídrico, entre otras.

Por otra parte, existe un grupo de medidas dentro del portafolio que son menores en número (16%), que tienen alta visibilidad en diferentes espacios de toma de decisiones y medios de difusión, como desalinización, embalses y trasvase de agua por tierra y mar, que permiten incorporar agua para reducir brecha hídrica. Sin embargo, presentan impactos negativo ambiental y social, necesarios de mitigar y compensar para su adecuada implementación.

Estas se distribuyen en cuatro ejes estratégicos. El primero es la gestión e institucionalidad del agua, como el engranaje fundamental que moviliza y habilita soluciones en el corto, mediano y largo plazo.

Plantea el reconocimiento y la priorización del agua como un eje estratégico para el desarrollo del país, donde se defina una Política Hídrica Nacional de largo plazo, construida por el conjunto de los usuarios del agua, la que considere planes de acción, con directrices, indicadores y metas claras, que guíen las intervenciones en los territorios.

En segundo lugar, señala el informe, se deben tomar las medidas necesarias para proteger y conservar nuestros ecosistemas hídricos, dado que son la base fundamental para la vida y cualquier desarrollo posible.

Contempla como base de la gestión del agua el desarrollo de políticas, programas y planes que garanticen la protección, recuperación y conservación de ecosistemas hídricos, como: cabeceras de cuenca, glaciares, acuíferos, lagunas, riberas, humedales, turberas, ríos y otros cuerpos de agua relevantes, que son aportantes naturales de agua, reguladores de flujo y depuradores de su calidad del agua, otorgando resiliencia al territorio ante los efectos del cambio climático.

Luego, un tercer eje para la transición hídrica es la eficiencia y el uso estratégico del recurso, donde se debe manejar la demanda de agua en forma responsable. Esto implica que el recurso se use estratégicamente, asegurando los caudales ecológicos, el consumo humano a nivel urbano y rural, así como el uso del recurso por parte de pequeños productores, quienes son más vulnerables a la escasez de agua y mantienen un desarrollo productivo diversificado, con múltiples externalidades positivas, sociales y económicas.

El último eje es la migración e incorporación de nuevas fuentes de agua, donde los usuarios intensivos de agua se desacoplan de las fuentes de agua natural en la cuenca, dejándola disponible para otros usos vinculados a la conservación y mantención de procesos vitales. Esto incluye introducir nueva agua fresca para mantener los procesos productivos, generando sinergias en los territorios e impulsando proyectos multipropósito, con el fin de maximizar los beneficios y oportunidades para el desarrollo del entorno en su conjunto. Al mismo tiempo, se reducen los riesgos hídricos al mitigar y compensar los potenciales impactos ambientales y sociales negativos.

“El propósito de las medidas y ejes propuestos está en poner la problemática hídrica en agenda país y movilizar las soluciones concretas para reducir brechas que viven los territorios, con visión de desarrollo de economía circular, sostenibilidad y equidad social. No necesitamos más diagnósticos, sino avanzar en soluciones. Hacemos un llamado a crear una política pública robusta para avanzar en la problemática, comprendiendo las complejidades propias de los territorios”, dijo Ulrike Broschek.