El Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2) de la Universidad de Chile presentó ayer un informe que identifica 87 instrumentos normativos, económicos y de planificación necesarios para alcanzar la meta de carbono neutralidad en Chile, definida en el proyecto de Ley Marco de Cambio Climático enviado al Congreso por el Ejecutivo. A esto se suman otros 31 instrumentos de información, cooperación y fiscalización para ayudar en la tarea de cumplir con las metas establecidas en el Acuerdo de París, de mantener el alza de la temperatura global por debajo de los 2ºC.
“El Acuerdo de París tiene que obligarnos, tiene que impactar en nuestra legislación y en el quehacer no solo normativo sino también de compromisos que asume el Estado de Chile, de quienes desarrollan actividades productivas, tienen responsabilidades políticas, académicas o sociales. Los compromisos que deberá adoptar Chile no solo se deben traducir en reformas legales, sino también en el marco de la discusión constitucional que esperamos que se abra en octubre, donde tendremos que tener una visión y compromiso en estas materias”, dijo ayer el presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, Alfonso de Urresti, durante la presentación de informe.
El estudio, denominado “Identificación de Reformas Legales para alcanzar la meta de carbono neutralidad en Chile al 2050” tiene por objetivo dejar en evidencia cómo el marco legal puede constituirse en límites para el cumplimiento de los objetivos y compromisos internacionales en esta materia, puesto que si no existe voluntad de las partes no se podrá avanzar en la implementación de políticas que sean coherentes con este objetivo, dijo Pilar Moraga, investigadora responsable del proyecto.
En el contexto actual -agregó Moraga-, en que estamos inmersos en una crisis donde la prioridad es salvar vidas humanas, y ante el anuncio de una nueva crisis económica, “no debemos olvidar que cualquiera sea el escenario futuro, pasada la pandemia, va a estar marcado por el fenómeno del cambio climático y sus impactos sobre la población. Por eso, cualquier proceso va a necesitar enmarcarse dentro de esta realidad”.
En ese sentido, entre las principales conclusiones del informe se establece que el tránsito hacia una economía baja en carbono requiere de una modificación de tipo transversal a las distintas jerarquías normativas (constitucional, legal y normativa), lo que además está relacionado con distintos sectores, “lo que adquiere una dimensión especial en momentos en que se discute la posibilidad de elaborar una nueva Constitución”.
También señala que la adopción de medidas para alcanzar la carbono neutralidad no puede seguir siendo entendida como una mitigación sectorial vinculada exclusivamente a la acción humana. “Al contrario -dice el informe-, se precisa una mirada holística que requiere de la implementación de una gobernanza idónea y de medidas que busquen proteger los sumideros naturales de carbono (soluciones basadas en la naturaleza)”.
Según explicó Pilar Moraga, el estudio buscó incorporar una mirada más integradora, más amplia que la habitual cuando se habla de mitigación. Por ello se busca rescatar el aporte que realizan los ecosistemas en la captura y secuestro de carbono, así como un ámbito de control de emisiones de CO2 a nivel nacional que ayude a alinear a las actividades productivas del país con miras a alcanzar el objetivo de la carbono neutralidad.
Pero todo esto supone, agregó, “un ámbito que es esencial para poder implementar todas las medidas, que es el contar con una gobernanza idónea. Qué queremos decir: no estamos hablando del marco institucional del Estado, sino de la forma en que se adoptan las decisiones por parte de los distintos actores, y los mecanismos a través de los cuales esto se realiza”.