Analizar el rol que tendrán los bosques y el sector silvoagropecuario en la captura de carbono, un aspecto clave para alcanzar la meta de carbono neutralidad en el país propuesta para el año 2050. Ese fue el desafío que convocó el segundo conversatorio del ciclo de encuentros organizado por la Universidad Adolfo Ibáñez, Sofofa, Consejo Minero y País Circular con el objetivo de analizar el rol que cumplirán en esta materia los distintos sectores industriales, la academia y el Estado, así como los distintos actores de la sociedad.

Bajo el título “Oportunidades para Chile con la carbono neutralidad: el rol de las compensaciones”, este encuentro reunió en un panel de debate a María Emilia Undurraga, directora nacional de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) del Ministerio de Agricultura; Juan José Ugarte, presidente de la Corporación Chilena de la Madera (Corma); y a Antonio Lara, ingeniero forestal experto en cambio climático e investigador del CR2.

Actualmente Chile emite el 0,26% de las emisiones globales del mundo, lo que equivale a 111 millones de toneladas de CO2, pero captura el 60% de esas emisiones, principalmente por el sector silvoagropecuario. Hoy el 95% de las capturas corresponden al sector forestal, mientras que el 5% restante es capturado por las praderas.

En este contexto, para llegar a emisiones netas cero -o la carbono neutralidad- las compensaciones jugarán un rol fundamental. Los bosques, como entidades que capturan o secuestran carbono, también van a contribuir a esa reducción, y se espera que la captura a través de compensaciones y bosques sea de 65 millones de toneladas de CO2 al año 2050.

Para alcanzar esa meta, hoy se sume como fundamental el rol que cumplirán en esta materia la agricultura y los bosques. Y en este último ámbito, el rol que le cabrá en esta materia a las plantaciones productivas y al bosque nativo es un tema que está en permanente debate.

Por ello, es necesario alcanzar un consenso en esta materia, y a juicio de Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, es necesario que en este ámbito -y en la discusión de las políticas climáticas en general- el mundo privado sea parte de la discusión que se está tomando la agenda pública nacional e internacional.

“La celebración de la COP25 en Chile ha hecho que el tema se transforme en un tema noticioso, cotidiano, prácticamente diario, que se ha tomado la agenda política pública, y que está afectando definitivamente la elaboración de políticas públicas en el país, y la toma decisiones que tienen impactos económicos relevante en el país y en el mundo”, dijo Villarino.

Hasta ahora, agregó, el sector privado a estado ajeno a esta discusión pública y no ha participado activamente, pese a que desde hace 25 años que se vienen tratando estos temas en el marco de las COP, y pese a que el sector productivo es un actor relevante en esta materia no ha tenido parte en esta conversación de manera seria, en un escenario en que ni el sector público, ni las ong’s ni los privados por si solos han logrado encontrar una solución.

“La primera y más importante conclusión que debemos sacar de cara a la COP25 es que a menos que cambiemos la forma de trabajar, es decir, aislada, parapetadamente, y de manera beligerante, y la cambiemos por una colaborativa en que bajemos un poco nuestras perspectivas y las pongamos en común, y busquemos acuerdos y consensos, es muy probable que no seamos capaces de enfrentar los desafíos que nos está poniendo el cambio climático”, dijo Villarino.

Soluciones basadas en la naturaleza

¿Cuáles son esos desafíos en materia de captura de carbono? Para María Emilia Undurraga, directora nacional de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) del Ministerio de Agricultura, el sector silvoagropecuario es quizás uno de los sectores más afectados por el cambio climático, principalmente desde el punto de vista de la adaptación. “Es un sector que se va a tener que adaptar a las nuevas condiciones de escasez de agua, de nuevas temperaturas, de eventos climáticos extremos, y ese es un desafío relevante”, afirmó.

Esto en un escenario donde al año 2050 se deberá emitir menos gases de efecto invernadero con 50% más de demanda y doble PIB per cápita, en un escenario donde la población mundial llegaría a las 10 mil millones de personas.

“Aquí hay un consenso en las soluciones basadas en la naturaleza, ese es un aporte de nuestro sector. Esa es la verdadera tecnología que nos va a permitir adaptarnos al cambio climático para poder reducir las emisiones. No estamos hablando solo de bosques, tenemos que hablar también de suelos, y hemos abandonado la discusión de cómo protegerlos para que ayuden a capturar carbono”, afirmó.

Hoy, dijo, el Ministerio de Agricultura está desarrollando una estrategia de sustentabilidad, que no se ha centrado solo en un listado de programas y proyectos, “sino también ha entendido que necesitamos proyectos de ley que incentiven aquellas prácticas que van a promover este desarrollo sustentable. A esto se suman líneas de trabajo en cambio climático, bosques, agua, suelo, biodiversidad y sistemas productivos sustentable. Tenemos ser un país que promueva un sector silvoagropecuario sustentable”.

Y en el marco de la COP25, agregó, las metas se pueden resumir en dos: la carbono neutralidad y la acción climática. Esto implica metas más ambiciosas, que deben quedar establecidas en los NDC de Chile, los compromisos de mitigación que actualmente están siendo actualizados. En el compromiso asumido por el NDC de Chile en 2015 y hoy vigente, las metas para el sector son la forestación de 100 mil hectáreas -principalmente con bosque nativo- y el manejo sustentable y recuperación de 100 mil ha de bosque nativo al año 2030.

Sin embargo, el avance de este compromiso ha sido lento. En materia de manejo sustentable y recuperación de bosque nativo, al año 2018 había 14.350 hectáreas de bosque manejado. Y en cuanto a la forestación, solo alcanzan las 8.050 ha. De seguir con este ritmo, al año 2030 solo se alcanzaría el 70% de la meta del primer compromiso, y apenas un 22% del segundo.

“Hoy estamos en conversaciones internas para ser más exigentes respecto de los NDC que comprometimos en 2015, entonces no es solo poner una meta, hay que ver cuál es el ritmo de crecimiento que hemos logrado, y cuáles son los incentivos que tenemos que cambiar para que esto realmente pueda tener otro ritmo”, dijo María Emilia Undurraga.

“Tenemos que ver cómo lo hacemos -agregó Undurraga-, si queremos fomentar el manejo sustentable de los bosques, fomentar la forestación, pero al ritmo que vamos no vamos a lograr los NDC y tenemos que discutir qué acciones extra tenemos que hacer para lograrlo”.

Bosque nativo y legislación

Para el presidente de Corma, Juan José Ugarte, la combinación del potencial de Chile para las energías renovables y un territorio con más de 16 millones de hectáreas de bosques es lo que le permitirá alcanzar la carbono neutralidad, “y por lo tanto equilibrar esa capacidad de desarrollar la matriz energética y el potencial de los bosques es clave. Chile tiene el potencial de capturar el 100% de sus emisiones”.

Esto está determinado -entre otros aspectos- por la existencia de 3.500 millones de hectáreas de terrenos en erosión, sin cobertura vegetacional, que pueden ser forestados. “Teníamos una meta súper modesta de forestación, y el nivel de cumplimiento que llevamos es de 8% en bosque nativo y 14% en plantaciones. Tenemos que ser mucho más ambiciosos en estas metas, proyectar la capacidad de nuestro país de hacer una parte muy importante en términos del cambio de la matriz energética, y por otra generar las capacidades de mitigación y absorción del bosque, y generar una economía circular basada en estos bioproductos”, dijo Ugarte.

Al respecto, Antonio Lara, ingeniero forestal experto en cambio climático e investigador del CR2, recordó el informe emitido en agosto por el IPCC respecto del cambio climático y uso del suelo “que muestra que hay que abrir las opciones, tanto de mitigación como de adaptación, eso es absolutamente necesario”.

“Pero cuando entramos al área chica -agrega Lara- es donde empiezan las diferencias. Joaquín Villarino habla de parapetarse, y es una muy buena palabra, eso es lo que ocurrido. Nos hemos atrincherado cada uno en sus posiciones y eso no conduce, sí la necesidad de colaborar, de entendimiento, porque hoy nos estamos poniendo de acuerdo sobre la NDC que compromete Chile, pero otra cosa es decir cómo la vamos a implementar. Para eso se necesita un acuerdo social, evidencia científica pero con un acuerdo entre los sectores”, dijo Lara

Respecto de cómo enfocar esa meta forestal afirmó que si bien por un lado es bueno aumentar la ambición, hay una diferencia: la cobertura forestal está compuesta por bosque nativo y plantaciones forestales, que en el caso de Chile son exóticas “que tienen un montón de ventajas”, pero “otra cosa es cuanto podemos esperar que esas plantaciones nos ayuden en la mitigación”.

“En la mesa científica de la COP25 planteamos que esa forestación en el ámbito del cambio climático tiene que ser hecha -y los subsidios que haya- con especies nativas de restauración, que no se cortan, que son para recuperar bosques que se han perdido y promover paisajes heterogéneos, cambiar usos de suelo. Eso las empresas lo han estado haciendo, tienen programas serios de restauración de bosque nativo, y eso hay que potenciarlo mucho más”, agregó.

Al respecto, María Emilia Undurraga planteó que el problema del cambio climático no lo puede solucionar solo el gobierno a través de leyes o de los NDC, sino que “los que van a hacer eso son los actores del territorio. De las 14 millones de hectáreas de bosque nativo de Chile, el 70% está en manos de privados. Si queremos mejorar el manejo del bosque nativo, no son ni los parques nacionales ni el gobierno el que lo va a hacer”.

Esto, agregó, convoca también a la academia en el sentido de entender que este balance, y este análisis, es necesario hacerlo seriamente y con una discusión integral. “Si bien vamos a hacer políticas públicas para proteger el medio ambiente, tienen externalidades. Quizás históricamente se hicieron políticas públicas para un objetivo específico, por ejemplo, durante mucho tiempo se promovió exclusivamente la economía, y tuvimos muchas críticas porque se desentendió lo que pasó con el medio ambiente. Que no nos pase ahora lo otro, que por solo tener un objetivo medio ambiental descuidar el impacto en el sector social y en la economía”, afirmó.

En esta línea, dijo, hoy se está pensando en una política de forestación para los pequeños y medianos productores de madera para favorecer el desarrollo regional y local, para que estos productores tengan la posibilidad de decidir en que pueden aportar a este desafío.

Según señaló Ugarte, en Chile hay 70 mil propietarios de bosque nativo, y 30 mil propietarios de plantaciones, que dan empleo a 460 mil personas. A esto se suma que el 70% de los miembros de la Corma son pequeños y medianos propietarios.

“Los países colocan incentivos a la forestación porque tiene un beneficio social notable, porque tiene este beneficio ambiental y genera capacidad de desarrollo. Nueva Zelandia lanzó un programa en 2017 para plantar un billón de arboles en diez años. Canadá, Australia, con fuerte desarrollo forestal, han colocado una visión de desarrollo país con recursos públicos dirigida únicamente a los pequeños y medianos productores. Las grandes empresas tiene capacidad de proyectar su desarrollo a futuro, pero estos pequeños y medianos productores necesitan de estas tres políticas anunciadas por el Presidente”, dijo Ugarte.

Entre ellas se encuentra la Ley Arbolado Urbano, que ayudará a disminuir la temperatura de las ciudades, y una ley que fomente la forestaciones. “Desde 2013 no existe el incentivo para forestación a pequeños y medianos propietarios, y la forestación cayó a cero. Si restamos el efecto de los incendios, por primera vez en 110 años Chile retrocede cada año en 35 mil hectáreas de patrimonio forestal”, dijo Ugarte.

En ese sentido, agregó, una buena medida ha sido la ley de recuperación de bosques quemados orientada a reforestación de pequeños y medianos propietarios, con opción de hacerlo con bosque nativo. “Esta ley permite plantar con cobertura permanente, donde el Estado bonifica a ese propietario por los servicios ambientales que presta ese bosque. Plantar bajo ese protocolo permite tener plantaciones productivas, y tener plantaciones permite también defender el bosque nativo”, señaló Ugarte

La gran deuda, agregó, es la ley de bosque nativo, que se demoró 18 años en salir del Congreso y lleva 13 años operando “con cero impacto. Apunta en la dirección correcta de hacer un manejo sustentable del bosque nativo, pero la manera en que fue construida, en el conflicto, parapetados, desde trincheras, la hizo una ley con tres reglamentos que la hacen inaplicable. El gobierno destina cada año US$8 millones para manejar el bosque de forma sustentable, y cada año se ejecuta solo el 16% de los recursos, por una mala ley y tres pésimos que inhabilitan su aplicación”.

Diversificación del paisaje y riesgo de incendios

Según Antonio Lara, para enfrentar los puntos críticos del sector una de las propuestas que se ha desarrollado en el CR2 y en la mesa científica de la COP25 es como generar paisajes que provean distintos bienes y servicios ecosistémicos. “¿Cómo se llega a paisajes más heterogéneos? Restaurando áreas. Si hay poco bosque nativo, aumentándolo. Hay cuencas donde hay espacio aún para la plantación de especies exóticas, no somos enemigos de las plantaciones ni de la industria forestal, eso sería absurdo”.

La importancia de crear paisajes más diversificados, donde convivan la agricultura, ganadería, bosque nativo y plantaciones, está determinada por sus impactos positivos, planteó Lara.

“Si tienes un paisaje con un 90% de plantaciones homogéneas, continuas, con altas cargas de combustible, eso genera alto riesgo de incendio pero además menos oportunidades para población local que trabaja en otros rubros, en la agricultura, por ejemplo (…) No nos podemos permitir tener paisajes homogéneos que van a generar esos riesgos. Para reducir las emisiones, la medida número uno es reducir riesgo de ocurrencia de incendios, porque es la principal fuente de emisiones”, explicó Lara.

Según recordó Juan José Ugarte, desde la llegada de los españoles Chile perdió 26 millones de hectáreas de bosque nativo, y hoy talarlo es absolutamente ilegal y no está en las proyecciones de nadie.

“Nosotros queremos alcanzar un pacto social en que el mundo privado represente cuales van a ser en concreto sus NDC en restauración, en bosque nativo y en metas de plantación bajo el nuevo esquema de protocolo de defender los cursos de agua y manejar corredores biológicos como parte de su integración (…) Estamos en una visión integrada del bosque, de las 26 millones de hectáreas que Chile perdió de bosque nativo, hay que recuperarlo con planes agresivos de forestación y de volver a recuperar bosque nativo para desarrollar e incrementar el patrimonio de bosque natural que tenemos”, dijo Ugarte.

En materia de incendios, agregó, la industria ha creado 12 mil kilómetros de fajas de protección, equivalente a tres veces la distancia entre Arica y Punta Arenas. A esto se suma la creación de una interfaz entre los bosques y los centros poblados, y el bajar la carga en villorrios rurales para estar mejor preparados

“Vamos a invertir $66 mil millones esta temporada de incendios, hemos duplicado la cantidad de recursos aéreos y de brigadistas, y hemos apoyado redes de prevención comunitaria rurales, y por lo tanto generar una cultura de convivencia con el bosque es la principal medida de conservación”, afirmó.

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