Este domingo, los dos candidatos presidenciales de Apruebo Dignidad y los cuatro postulantes de Chile Vamos se medirán en las urnas para determinar quién de ellos será el abanderado de su respectivo sector en la papeleta final de noviembre, para la elección que podría definir -de alcanzar la mayoría en primera vuelta- al próximo Presidente de Chile. Quien venza deberá también, casi con toda certeza, recoger muchas de las propuestas presentadas por su o sus contrincantes en sus respectivos programas de gobierno, lo que bien vale el ejercicio de comparar qué plantea cada uno de ellos en materia de desarrollo sostenible y medio ambiente.

Y al analizar las principales propuestas de cada uno de ellos, quizás el único tema en que todos han planteado alguna medida en este ámbito es en materia de agua y recursos hídricos.

El programa de Sebastián Sichel (Independiente) es uno de los que contiene una mayor cantidad de medidas en esta materia (16). Entre ellas, crear una Subsecretaría del Agua (lo que ya fue propuesto en un proyecto de ley ingresado por el gobierno); descentralizar la administración y gestión de los recursos hídricos; desarrollar infraestructura -de diversas escalas- para la captura y almacenamiento de aguas lluvias; desarrollar acueductos públicos para la inyección de agua desalada, y el reconocimiento del agua desalada en el Código de Aguas; el reconocimiento de otros usos del agua como turismo, recreación y conservación; y fomentar la protección de otras fuentes de agua como glaciares, mallines, aguas termales, salares o agua que alimenta turberas.

“Además de la visión de que el agua se debe declarar un bien nacional de uso público, dándole prioridad al consumo humano y la protección de las cuencas, es urgente solucionar la crisis, debemos mejorar la gobernanza de administración del agua, la infraestructura hídrica, el manejo de los caudales y la protección ambiental”, afirma en su programa.

El programa de gobierno de Daniel Jadue (Partido Comunista) también tiene una amplia batería de propuestas en esta materia (9). “El sistema actual de asignación del agua en Chile está diseñado como un mercado donde se transan derechos de aguas, que no solo está mal regulado, sino además no responde a ningún criterio científico de disponibilidad del recurso para su distribución, provocando un enorme impacto ambiental, social y económico”, afirma el candidato.

Entre sus principales propuestas se encuentran la creación de una Agencia Nacional del Agua que unifique las competencias del Estado en esta materia, así como la creación de consejos o comités de cuenca; crear un sistema nacional de información integrado para la gestión de cada cuenca; aumentar las capacidades de fiscalización y sanción; acelerar y ampliar los APR; subsidiar obras de riego solo a Agricultura Familiar Campesina, y priorizar soluciones basadas en la naturaleza e infraestructura verde para mejorar la cantidad, calidad y seguridad de los recursos hídricos. También desarrollar instrumentos que fortalezcan la protección de los glaciares.

Ignacio Briones (Evópoli) considera en su programa de gobierno seis medidas en esta materia, entre ellas establecer la cuenca hidrográfica como la unidad indivisible de planificación y gestión, administrada por organizaciones locales en coordinación con el Estado; alcanzar el 100% de cobertura de agua potable y saneamiento al 2025; crear la Subsecretaría de Aguas; invertir en tecnologías de la información para hacer más eficiente su uso y disponibilidad; y aumentar la disponibilidad del recurso hídrico promoviendo soluciones basadas en la naturaleza, embalses y desalinizadoras.

Por su parte, el candidato del Frente Amplio, Gabriel Boric, presenta una serie de propuestas en su programa respecto de esta materia (5). Entre ellas, asegurar el acceso a agua y la integridad de los ecosistemas claves del ciclo del agua a través de la reasignación de derechos de agua; el fortalecimiento de los sistemas de agua potable rural, del reúso de aguas y, sobre todo, frenar la destrucción de ecosistemas. También que la gestión de las aguas se base en un enfoque de cuenca y ecosistémico que apunte a asegurar la resiliencia y adaptación al cambio climático, y fortalecer el rol planificador y articulador del Estado, recuperando la participación en la provisión de agua potable y saneamiento; así como desarrollar la institucionalidad del agua.

Mario Desbordes (RN) propone en su programa dos medidas en esta área: establecer una política nacional del agua, orientada a resguardar la seguridad hídrica del país, garantizando el consumo humano y favoreciendo un desarrollo sostenible y equitativo de los territorios; y la inversión masiva en desalación y sistemas de irrigación para transportar agua dentro de cada cuenca y rellenar los acuíferos. Las bases programáticas de Joaquín Lavín (UDI), en tanto, incluye está temática en dos medidas concretas: alcanzar el 100% de cobertura de sistemas de agua potable en zonas concentradas y semiconcentradas a lo largo de todo el país, e implementar un Plan de Desalación Verde.

Ciudades y transporte sostenibles

En materia del futuro desarrollo de las ciudades, la única referencia al respecto en el programa de Lavín es el desarrollo de barrios integrados (integración social) y la construcción de mil plazas públicas de alto estándar en el país. En el caso de Desbordes, no hay mayor profundización al respecto. Briones, en tanto, propone avanzar en una red de parques urbanos interconectados. “El nivel de hacinamiento y precariedad de los barrios debe ser abordado no solo entregando más y mejores viviendas, sino que generando una red de parques urbanos interconectados para que toda la ciudadanía, independiente de su comuna, pueda acceder a un espacio amplio de áreas verdes, vida en comunidad y deporte”, plantea.

Sichel, en tanto, propone la creación de “ciudades y territorios inteligentes” que implican el uso de TIC y tecnologías disruptivas para un mejor uso de recursos y reducir las emisiones contaminantes. Esto también considera fomentar la sostenibilidad a través de transporte público más inteligente, instalaciones mejoradas de suministro de agua, eliminación de desechos, junto con formas más eficientes de iluminar y calentar edificios, así como una administración de la ciudad más interactiva y receptiva.

El programa de Jadue señala al respecto la necesida de promulgar la Política Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT) -recientemente promulgada por el gobierno-, la Metodología de elaboración de los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial (PROT) y el Reglamento PROT, los cuales deben incluir tres grandes fases: análisis territorial, planificación territorial y gestión territorial. También incorporar en la planificación comunal el concepto de “ciudad digna”, bajo la lógica del modelo de ciudad en 15 minutos.

Gabriel Boric, en tanto, propone la creación de una “Ley de Ordenamiento Territorial” que establezca prioridades de usos de suelo y su relación con la economía local, el medio ambiente y el patrimonio. También, la construccion industrializada de viviendas sustentables que priorice las nuevas tecnologías en madera con manejo sustentable y resiliente.

Pero en en transportes donde los candidatos tienen mayores propuestas, la mayoría orientadas a la electromovilidad y el potenciamiento del transporte público. Así, el mismo Boric plantea que “cambiaremos el paradigma de planificación de transporte urbano, buscando transitar hacia una movilidad sostenible. Para ello, se desarrollará una nueva Política Nacional de Movilidad Urbana, sentando las condiciones necesarias para incrementar el uso del transporte público y de los modos de transporte activos”.

Esto incluye un 20% de buses eléctricos de alto estándar en todas las capitales regionales, equivalentes a 2.900 buses, la construcción de 65 electroterminales de propiedad estatal, y un Plan Nacional de Infraestructura para Movilidad Activa que considera la construcción de 500 km de ciclovías.

Briones, en tanto, afirma que “aceleraremos la transición hacia la electromovilidad desplegando una red de estaciones de carga a través de alianzas público-privadas, adoptando vehículos eléctricos en el sector público y entregando incentivos para su adopción en el transporte privado”. A esto agrega que “promoveremos vehículos de combustible limpios, con más elementos de seguridad, de menor tamaño en zonas congestionadas, actualizando el esquema tributario del uso de los automóviles, considerando sus emisiones en vez de su cilindrada”, y el impulso al “reemplazo de estacionamientos para autos convencionales en los proyectos inmobiliarios por estacionamientos con cargadores para autos eléctricos, mediante incentivos normativos en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Desarrollaremos una red de carga por todo el territorio, de manera que la duración de la batería no sea un impedimento para la adopción de esta tecnología”.

Daniel Jadue, por su parte, afirma que promoverá el uso y comercialización de vehículos eléctricos, impulsando la implementación de electrocargadores en estacionamientos y espacios públicos, disponibilidad de estacionamientos exclusivos en áreas urbanas saturadas y rebaja del IVA por la compra de vehículos eléctricos. Lavín, en tanto, señala que se contará con buses eléctricos en todas las regiones del país. Ni Desbordes ni Sichel tienen propuestas específicas al respecto.

Economía circular, reciclaje

En su programa, Sebastián Sichel propone ampliar la Ley REP a la industria textil, así como avanzar a una normativa que permita desclasificar materiales que hoy son considerados como desechos para su reutilización por parte de la industria. También, avanzar hacia un “modelo eco-agroalimentario” basado en la economía circular que impulse el reciclaje de nutrienbtes, biomasa y agua en la producción.

Junto con ello, plantea una normativa integrada para los residuos de gestión y demolición, hacer efectiva la incorporación de materiales secundarios en la producción, e impulsar las compras públicas sostenibles.

Ignacio Briones propone impulsar la economía circular identificando las oportunidades de sinergia a lo largo de la cadena de producción y consumo, y potenciando la Hoja de Ruta de la Economía Circular, la Ley REP y la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos.

El programa de Daniel Jadue, se refiere al tema al hablar de “Reciclaje, conversión de materiales y servicios para la economía circular”, donde afirma que la transición energética es solo un pilar de la transición verde que debe acoger nuestro país en la construcción de un nuevo modelo de desarrollo. “La desmaterialización de la economía es también un objetivo central que proponemos”, señala.

Lavín, en tanto, propone implementar un plan de reciclaje en todas las comunas, potenciar la economía circular en diferentes sectores de la industria, y “extender las ventajas de la estrategia en energías limpias a los sectores financiero, turístico y agrícola, potenciando a Chile como una verdadera economía verde”. Desbordes no tiene referencias específicas al respecto.

Por su parte, Boric apunta a una estrategia de “basura cero”, considerando -entre otras medidas- quntuplicar los actuales $220 millones del Fondo para el Reciclaje, crear una empresa pública para que todas las regiones cuenten con plantas de tratamiento de residuos orgánicos e inorgánicos y profundizar la Ley REP a travé de una Ley Marco de Economía Circular y Gestión de Residuos, que incorporando enfoque de ciclo de vida y que permita -entre otros- la generación de modelos basura cero a escala municipal, reducción de los desperdicios de alimentos, regulación de uso de materia primas secundarias, políticas de ecodiseño, reutilización de aguas residuales, promoción de simbiosis industrial y regulación de la obsolescencia programada.

Medio ambiente y cambio climático

En materia de protección del medio ambiente, existe una amplia batería de propuestas de parte de algunos de los candidatos. Jadue, por ejemplo, propone gravar, de manera eficiente, fuentes contaminantes a través de una estructura de impuestos verdes que incentive procesos de cambio tecnológico, así como eliminar los beneficios tributarios asociados al diésel y los combustibles, y terminar con las zonas de sacrificio. También reconocer las semillas como patrimonio de los pueblos y de la nación, firmar y ratificar el Acuerdo de Escazú, incorporar el principio precautorio a la Ley General de Bases del Medio Ambiente y cambiar el Consejo y Comité de Ministros para la Sustentabilidad por un Instituto Nacional Medioambiental, triplicar la dotación de funcionarios de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y mejorar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), entre otros.

En materia de cambio climático y energías limpias, promete acelerar la transición energética para cumplir con los compromisos internacionales, impulsar proyectos de hidrógeno verde en el país e impulsar el desarrollo de redes de calefacción distrital basadas en energías renovables.

Gabriel Boric propone la protección, a gran escala, de los corredores biológicos de flora y fauna (dentro y fuera de las áreas silvestres protegidas); la creación de un Sistema Nacional de Centros de rescate y rehabilitación de fauna silvestre vinculado al Ministerio del Medio Ambiente; una agenda legislativa y reglamentaria de biodiversidad y bienestar animal; así como la firma del Acuerdo de Escazú.

También una serie de estrategias orientadas a enfrentar la emergencia climática, como el incorporar en la Ley de Cambio Climático la exigencia de que todos las políticas y planes, e instrumentos de planificación territorial que se sometan a Evaluación Ambiental Estratégica, incorporando la evaluación de riesgos y estrategias de adaptación para diferentes escenarios de la crisis climática. Además, que proyectos sometidos al SEIA declaren sus proyecciones de GEI y medidas de mitigación para ser consistentes con el objetivo de carbono neutralidad al 2050, como también la exigencia que en proyecciones de línea de base se consideren comportamiento futuro de componentes ambientales según diferentes escenarios climáticos.

Sebastián Sichel garantiza la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), poner fin a las zonas de sacrificio, y el traspaso de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático desde Corfo al Ministerio del Medio Ambiente. También avanzar en impuestos verdes, e impulsar el desarrollo del hidrógeno verde para alcanzar la meta de carbono neutralidad al año 2050.

Ignacio Briones, por su parte, también se compromete a la firma del Convenio de Escazú, a robustecer el alcance y la acción fiscalizadora de la Superintendencia del Medio Ambiente, a crear un Fondo Nacional de Recuperación Ambiental y Social para restaurar la calidad ambiental de zonas afectadas por alta actividad industrial, impulsar el proyecto de ley que crea el SBAP, y avanzar en cerrar la brecha de financiamiento que tiene la conservación en Chile a través de un Fondo Ambiental para la conservación de la biodiversidad”, entre otras medidas.

En materia de institucionalidad ambiental, propone aumentar la eficiencia en el otorgamiento de los permisos para proyectos de inversión, creando una ventanilla única y homologando permisos duplicados en distintas agencias del Estado para entregar mayor certeza jurídica, disminuyendo plazos y estableciendo reglas más claras y objetivas; también, abrir nuevas áreas de inversión privada sostenible en sectores donde la inversión tradicionalmente ha sido dominada por el sector público, como el riego agrícola y el agua para uso industrial y minero.

Joaquín Lavín busca que Chile se transforme en potencia exportadora de energía limpia, apalancando el uso eficiente y sustentable de los recursos naturales, de forma de potenciar el desarrollo para consumo interno como también para la exportación. Al mismo tiempo, el ser protagonistas del proceso de descarbonización global impulsando la estrategia de desarrollo de la industria del hidrógeno verde en nuestro país.

Desbordes, en tanto, se compromete a “seguir enfrentando el calentamiento global, continuando con la transformación de nuestra matriz energética para cumplir el compromiso del Estado de alcanzar la carbono neutralidad al año 2050, reduciendo a la mitad las plantas a carbón para el año 2025. Además, fomentaremos con fuerza las energías renovables -como la solar y la eólica- junto con dar continuidad al desarrollo de la producción de hidrógeno verde. En la producción de energías limpias y nuevas energías radica una condición eminente de nuestro desarrollo”.