El informe “Preparando la entrega del ‘testimonio’ en materia ambiental”, elaborado por el Observatorio de Políticas Públicas para la Sustentabilidad, del Instituto para el Desarrollo Sustentable de la Pontificia Universidad Católica (IDS UC), fue elaborado en atención a colaborar en el proceso de cambio de mando entre gobiernos, particularmente con las políticas públicas en materia ambiental. El objetivo del documento fue hurgar en aquellas buenas políticas públicas cuya implementación excede el período presidencial de cuatro años y que necesitan continuidad, así como también evaluar aquellas que necesitan algún grado de reformulación para garantizar su puesta en marcha de la forma más correcta y eficiente posible.

En ese marco, el informe, editado y coordinado por la académica de la UC Francisca Reyes, contó con la colaboración de un cuerpo de académicos expertos y expertas en 14 categorías ambientales. Una de ellas fue Energía, materia en la cual el gobierno saliente del Presidente Gabriel Boric trazó varios compromisos. En el documento quien fue invitado a participar en el análisis de esas políticas y en los desafíos del próximo gobierno de José Antonio Kast fue el académico de la Escuela de Ingeniería UC y director del Centro de Energía de la misma universidad, Álvaro Videla, quien, en términos generales, invita a la próxima administración que llegará a La Moneda el 11 de marzo a abordar la seguridad eléctrica como eje prioritario para los años sucesivos.

El primer tema tratado por Álvaro Videla en el informe de la UC fue la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, diseñada y elaborada durante el gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera y actualizada y revisada por el gobierno del Presidente Boric. En la presente administración, se lanzó un plan de acción con 81 medias estructuradas en 18 líneas de trabajo, con dos fases clave entre 2023 y 2026, y entre 2026-2030. Sin embargo, para Videla la política nacional de hidrógeno verde “ha sido un fracaso. Desde el punto de vista comunicacional funciona, hay mucho titular, mucha gente hablando, pero no se ha avanzado ni en el desarrollo ni en la concreción”.

En el informe se señala que una de las prioridades del nuevo gobierno será establecer indicadores objetivos respecto de una política de crecimiento de la estrategia, “que permitan medir de manera verificable los avances en materia de hidrógeno verde”. En conversación con País Circular, Videla ratifica la información extraída del documento: “No hay una meta de producción de hidrógeno verde, ni tampoco una meta de medición de capital humano, número de personas capacitadas en el ecosistema, no hay un montón de inversión en alguna actividad definida que habilite el desarrollo de la industria”.

El estado del arte actual de esta política pública, según Videla, es claro: sólo está funcionando un proyecto pequeño, el de HIF Global, para combustible verde, en Magallanes. “No se ha logrado insertar producción nueva de hidrógeno verde en la economía nacional, a pesar del voluntarismo, y es probable que las principales industrias no estén dispuestas a hacerlo aún, porque el consumo de hidrógeno verde es más caro que mantenerse con las actuales fuentes energéticas”, aduce el director del Centro de Energía UC. En cualquier caso, matiza el experto, “esto no sólo pasa en Chile, sino en el mundo entero: al principio hubo un gran boom y entusiasmo, pero se ha pegado un frenazo con la realidad, porque aún no se pueden bajar los costos de producción”.

Una solución que propone Videla para seguir sorteando los obstáculos en la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde -en tanto política pública transversal a todos los gobiernos- es realizar “una inversión en investigación y desarrollo mucho más fuerte, antes de que madure como una opción energética real”. En otras palabras, “instalar una capacidad productiva incipiente, en crecimiento, y no saltar a la producción de 1 millón de metros cúbicos al año de inmediato”.

El especialista apunta a “encontrar puntos donde el hidrógeno verde tenga un sentido económico sin subsidio, lo que no existe hoy, y ver la factibilidad de aquellos proyectos que aún no parten, pero que parecen ser una buena oportunidad. Si el Estado cree que es una política importante, ver cómo se podrían habilitar estos proyectos con subsidio. Si no, van a seguir siendo proyectos no más”.

Bajar las tarifas de las cuentas de la luz

El otro tópico abordado por Álvaro Videla fue el Plan de Descarbonización. Iniciado en el gobierno de Piñera y orientado a eliminar el carbón de la matriz eléctrica mediante alianzas público-privadas bajo el objetivo de cerrar centrales termoeléctricas a carbón, el gobierno de Gabriel Boric adelantó las metas y fortaleció el plan con marcos legales y facilidades para inversión y proyectos de energías limpias. Sin embargo, señala Álvaro Videla, el cierre progresivo de las centrales termoeléctricas a carbón no se ha traducido en menores tarifas ni para los usuarios ni para los industriales. La sugerencia concreta en el informe es “evaluar la implementación del plan de descarbonización”.

“El plan de descarbonización tiene que, en cierta medida, seguir una trayectoria que le permita realizarse sin afectar a la economía. La primera etapa ha estado súper bien: cerramos las plantas termoeléctricas y lo hemos logrado. Ahí hay un check. Eso no se ha traducido en menores tarifas, por lo que hay que evaluar el plan para ver si lo estamos haciendo muy rápido. Si no se traduce en menores tarifas para los usuarios, la transición socioecológica deja de ser justa, porque las empresas tienen la capacidad económica para ajustarse, pero las personas no”, analiza el experto.

En este tema, otro desafío que se abre para el nuevo gobierno de Kast es constituir un sistema integrado que permita movilizar esa energía renovable inyectada. Videla alerta sobre la necesidad de contar con una línea de transmisión confiable y segura, y con sistemas de almacenamiento eléctrico para guardar la energía generada que se pierde en momentos peak, de manera de usarla en horarios de mayor consumo. “Lo estamos haciendo de manera desintegrada”, observa el académico de la Universidad Católica.

Según Videla, si bien se ha penetrado el sistema eléctrico con energía solar, “nos hemos quedado atochados en la capacidad de transmisión”, así como también en sistemas de almacenamiento de energía solar. Lo que sucede, subraya el experto, es que “cada cual está sumando sistemas de almacenamiento en el lado que estiman que es más conveniente: donde hay más facilidades de permisos, por ejemplo”.

La solución propuesta, dentro del anhelo de un sistema integrado, es prever dónde le conviene a Chile instalar los sistemas de almacenamiento y con ello, propender a un doble impacto: propulsar la economía local y facilitar un lugar donde la línea base medioambiental está definida, de manera de construir un gran ecosistema. “Aquí la teoría de que cada uno va a instalar sus 10 megawatts donde quiera, no es integrado”, complementa Videla.

La otra barrera pendiente tiene ligazón con la reconversión laboral en esta estrategia de transición socioecológica justa. Y Videla propone una alternativa para el próximo gobierno, verificable en otros países como Alemania y España: ocupar las centrales termoeléctricas a carbón en desuso en nuevas centrales de almacenamiento térmico.

“Una forma de no perder estos activos es darles otro uso, y otro uso es que se preparen para ser lugares donde se almacena energía, como energía térmica, y no quedar con tres mamotretos muertos, por ejemplo, en Tocopilla. Reconvertir esos activos ayudaría a resolver un problema de almacenamiento, y le permitiría a la gente reconvertirse en otras fuentes de trabajo”, apunta Videla, para quien “no hemos incorporado esa dimensión del impacto social que tiene esta transición energética en la reconversión de las personas, nuevamente pensando en que el mercado va a operar solo y que estas personas encontrarán trabajo solas”.

Otra de las propuestas emanadas por el informe de la UC en esta materia es asegurar la tramitación del proyecto de ley que “Promueve la generación de energía renovable” (Boletín N°14652-08, estancado en la Cámara de Diputados desde 2022). Según Álvaro Videla, contar con un marco jurídico en esta materia no es sólo deseable, sino casi obligatorio, ya que “la generación de energía renovable ayuda a proporcionar un mejor lugar para vivir, disminuir los niveles de contaminación y los impactos negativos en el medioambiente y en las personas. Es una tecnología que hay que promover y facilitar, pero en un marco que nos permita una transición justa y segura”.

Y a Videla le parece relevante, bajo cualquier escenario, la palabra “segura”. Vale decir, “que llegue a todos y que no nos aumente el costo de la vida, pero que además los actores económicos puedan seguir operando sobre un marco de cierta confiabilidad. La ley debería fortalecer eso”.

Y como último punto en este acápite, Videla señala que el Mapa de Vulnerabilidad Energética, que identifica y visibiliza los lugares de Chile más vulnerables en términos de seguridad energética, debiese ser actualizado, porque no ha sido desarrollado in extenso. “El mapa nos permite identificar zonas que no son visibles para nosotros. El desafío es que la energía llegue a todos y de forma segura. Si vives más al sur de Puerto Montt, la energía es más cara, los sistemas eléctricos son más pequeños y hay gente que vive aislada y no tiene acceso al suministro eléctrico”, agrega.

Videla ilustra el caso de Porvenir: “Ahí hay pequeñas comunidades donde no tienes garantía de acceso a energía limpia. Entonces estos mapas requieren una profundización para identificar bien dónde están esos mayores desafíos, y elaborar estrategias de desarrollo que estén a la altura de esas necesidades. No hace sentido llegar a Porvenir con un sistema de distribución central, porque no se va a instalar un sistema eléctrico de transmisión por cientos de kilómetros para llegar a 200 personas. Lo que se necesita ahí es tener sistemas descentralizados de generación y distribución, hechos a la medida de las necesidades de las personas. Esto es muy necesario en Chile debido a su complejidad geográfica, su gran extensión y la poca densidad de población en algunas zonas”.

El transporte público no contaminante gratuito

En esta sección de la categoría Energía, el informe de la UC es más tajante. “Evaluar el impacto social y ambiental de la tarifa cero y la movilidad eléctrica y “revisar la pertinencia del compromiso ‘transporte público gratuito'”, son dos de las recomendaciones evacuadas en el informe, a modo de respuesta al compromiso de campaña del entonces candidato Gabriel Boric de implementar un sistema de transporte público sustentable gratuito.

“Todos estamos de acuerdo en que los sistemas de transporte público migren a la electromovilidad, pero no pareciera ser viable, factible ni real prometer que sea gratuito. El Estado no está en condiciones de asumir los costos de sistemas públicos de transporte, y que las personas colaboren con la tarifa ayuda a financiar estos sistemas. Que se financie en algunas partes permite el crecimiento de un mejor sistema público de transporte para otras localidades del país y no sólo para algunos. Eso produce una injusticia”, señala Videla.

Sin embargo, el experto valora el “liderazgo a nivel internacional que ostenta Chile en esta dirección. El hecho de cambiar los buses antiguos e instalar un sistema de buses eléctricos ha logrado descontaminar la ciudad de Santiago, y eso es mejorar la calidad de vida de las personas. Lo que no está bien es prometer que será gratuito”.

Otro punto que desvela a Álvaro Videla es que Chile promueva a escala mundial la marca Chile como un país ecológico y que, sin embargo, los hoteles tengan generadores diésel en su sistema energético. “Son hoteles alejados de los centros de consumo y por lo tanto la transmisión eléctrica no llega. Lamentablemente esos hoteles no van a salir de ahí porque no tienen el conocimiento. Transportar diésel es algo hecho de forma habitual y lo practican desde hace muchos años”, advierte.

Los ejes prioritarios en energía: hacia la seguridad eléctrica

Según Álvaro Videla, los ejes principales del nuevo gobierno de José Antonio Kast en materia de energía deberían, al menos, abordar tres temas: acelerar la ley de transmisión eléctrica, impulsar modificaciones a la ley de mercado eléctrico nacional e impulsar un plan de seguridad eléctrica.

Sobre el primer punto, la ley de transmisión eléctrica, indica el especialista, “permitiría desanudar las limitaciones que tenemos en capacidad de transmisión en el país. El cómo movemos las fuentes energéticas es uno de los grandes problemas que tenemos en un país tan largo como Chile”.

Por otra parte, según Videla, se hace imperativo impulsar una transformación en la ley de mercado eléctrico nacional, ya que éste “fue diseñado para promover el ingreso de fuentes energéticas convencionales, y hoy la matriz de generación eléctrica es mucho más renovable no convencional”. Esta situación, de acuerdo al experto, trae efectos en la forma de asignar tarifas y calcular los costos.

“Expertos han propuesto moverse de un mercado de demanda a oferta, donde las empresas generadoras puedan competir no basadas en costo marginal, sino en el costo que puedan ofrecer. Para ello debe haber muchos competidores, que tengan acceso y capacidad de transmisión, y podría ser que un mercado en ese estilo baje las tarifas y atraer a otros actores. La energía eléctrica es la sangre de una economía, y si no eres competitivo en el mercado eléctrico, no tendrás capacidad de ser competitivo en varias áreas más”.

Por último, sostiene Videla, existe una urgencia por implementar un plan de mejoramiento de la seguridad eléctrica. “Hoy en Chile la seguridad eléctrica no cumple estándares internacionales”, asevera el académico de la Escuela de Ingeniería de la UC. “Nos hemos quedado atrás con la renovación de los equipamientos y con la necesaria duplicidad de capacidades para darle mayor confiabilidad al sistema, la generación de reglamentos claros de instalación eléctrica”. Lo que ocurre, en cambio, es que “cada uno instala los equipos siguiendo una normativa internacional, no chilena”.

Según Videla, hay una necesidad de homogeneizar el sistema en el aspecto normativo para mantener la confiabilidad en el mismo. De lo contrario, Chile se arriesga a tener permanentes caídas en el sistema eléctrico, por algún tipo de mantención que se haga en cualquier parte del país. El problema de fondo pasa por que “hay una estructura de hace 30 años que ahora está llegando con piezas de lego nuevas: equipos fotovoltaicos con sus rectificadores, equipos eólicos con sus rectificadores”. Asimismo, existe una ley que les permite a pequeños generadores instalarse en cualquier lado, ingresar al sistema, conectarse y vender energía.

“Es como si a una piscina alguien pudiera sacar y meter agua a gusto con sus propios estándares. La piscina tendría una serie de ondulaciones. Lo mismo ocurre en el sistema eléctrico: se cae todo de inmediato”, grafica Videla, para quien “el tema de la seguridad es muy importante, porque garantiza la actividad económica de las empresas y es necesario en la vida moderna actual. Hay vidas que dependen de eso. Entonces es de la mayor prioridad mejorar los niveles de seguridad del sistema eléctrico para incorporar esas variaciones que han ocurrido en los últimos años y poder homogeneizar reglamentos, mantenciones y funcionamientos de ese sistema”.