Ha sido un comienzo de año intenso para la diputada Catalina Pérez (RD). La legisladora, quien está ad portas de cerrar su primer año en la Cámara, se encuentra en medio de una carrera electoral para conquistar a los militantes de su tienda en la búsqueda de presidir Revolución Democrática, donde el 25 y 26 de enero se enfrentará a la ex agregada cultural del gobierno de Michelle Bachelet, Javiera Parada.

Con grandes posibilidades de suceder a Rodrigo Echecopar a la cabeza de su partido, Pérez está también cerrando su primer año como parlamentaria y como presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara. Esta experiencia, dice esta abogada de Antofagasta, implicó “un desafío tremendo de acelerar la tramitación legislativa» en materia ambiental, en un año que se registró un cambio en el liderazgo del Ministerio del Medio Ambiente a 24 horas de haberse pesentado a la comisión el proyecto de ley que busca reformar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Para la diputada Pérez, “es apremiante que la ministra Carolina Schmidt logre consolidar la agenda medio ambiental a la misma altura que la agenda económica del gobierno de Sebastián Piñera”.

¿Cómo evalúa la tramitación de la agenda legislativa de 2018 en materia ambiental?

Fue una comisión muy activa en el período legislativo. Partimos el año presentando dos proyectos de ley: una reforma constitucional para asegurar el derecho al agua, y otro que tenía que ver con la incorporación de criterios de cambio climático y participación ciudadana en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Después tramitamos y finalizamos el proyecto de bolsas plásticas y continuamos con glaciares, y logramos sacar esa tramitación de ahí. Luego entramos de lleno con la reforma al SEIA, así que ha sido un año súper frenético.

Este último proyecto ha implicado gran parte del tiempo del trabajo de la comisión, pero aún siguen en audiencias y no se logra avanzar hacia la discusión del articulado ¿Por qué ha tardado tanto la discusión de fondo?

Hubo trabas administrativas, y trabas políticas. A nivel administrativo, este proyecto fue presentado por la ex ministra del Medio Ambiente, Marcela Cubillos, 24 horas antes de renunciar a la cartera. Eso produjo una desconexión entre la relevancia que el ministerio de Medio Ambiente le estaba poniendo, en sus palabras, a «la mayor reforma ambiental chilena», y lo que se veía en la práctica, que era una ministra renunciando a las 24 horas de haber presentado el proyecto en comisión. Luego asume la ministra Schmidt, que no concurre a las primeras citaciones que le hace la comisión, lo que dificulta la tramitación del proyecto, sin duda. Recién comenzamos la tramitación en serio a mediados de septiembre de este año.

Hay varias críticas desde distintos sectores a este proyecto, ¿ve efectivamente viable su aprobación en el Congreso?

Este proyecto tiene grandes  problemas estructurales. Uno de ellos es la participación ciudadana, porque establece o entiende la participación ciudadana como un proceso que tiene a las empresas con las comunidades sin absolutamente ninguna injerencia del Estado, y que mantiene por tanto los tremendos niveles de asimetría que existe a la hora de evaluar un proyecto ambiental, lo que impide poder evitar que el interés de los titulares sea el que prime a la hora de establecer un proyecto. Otro gran problema que de este proyecto es el nivel de centralización que establece. Hoy buscamos avanzar hacia fortalecer las unidades regionales, y este proyecto justamente lo que busca es crear las unidades macrozonales y reemplazar con eso la poca actividad que tenemos en cada una de las regiones. Esos han sido dos grandes pilares que no han permitido que nos pongamos de acuerdo respecto a las bases estructurales de ese proyecto.

Respecto a la participación anticipada, desde algunos sectores han presentado inquietudes sobre este tema. El Consejo Minero, por ejemplo, ha dicho que esperan que no sea finalmente un saludo a la bandera o una ley para la foto. 

El problema de la participación anticipada cuando se establece, como lo está estableciendo hoy el proyecto del gobierno, es que deja completamente sin ningún acompañamiento al proceso en su conjunto y en particular la incidencia de las comunidades en el proceso. Se establece un período previo de consulta a las comunidades donde supuestamente tendrían capacidad de tener injerencia en la elaboración del proyecto que se presentaría con posterioridad, sin embargo en ese proceso no participa el Estado, ese proceso no es vinculante y en ese proceso no hay ningún organismo público que garantice que esto no finalmente no sea un espacio de compra de las comunidades de parte de las empresas, acompañado de un profundo desconocimiento y de una falta de herramientas jurídicas para hacerle frente a la expertise técnica de los titulares de los proyectos. Si bien valoramos que se abran espacios  de participación, como la participación temprana, lamentablemente si no establecemos un buen marco regulatorio de esa participación, en realidad es incluso un factor de riesgo. Y, por otro lado, el gobierno dice que queremos fortalecer la participación ciudadana con la participación temprana, pero en el proceso institucional que si está normado, donde sí participa el Estado, se reducen los plazos de participación. Entonces, no se entiende cuál es la real intención ahí.

¿Ve disposición del gobierno a empujar este proyecto, o espera que el gobierno lo retire este para presentar modificaciones?

Espero que el gobierno retire este proyecto, porque tiene problemas estructurales. Este proyecto, en estas condiciones, no pasa de la idea de legislar. Y se lo hemos dicho en esos términos a la ministra. Es un proyecto que además nunca ha contado con urgencia más allá de la urgencia simple, que nos permite ponerlo en tabla, pero ahí sentimos que hay un doble compromiso de hasta dónde al gobierno le interesa que este proyecto salga con altos estándares. Este es un proyecto que en su presentación señala al Acuerdo de Escazú como un piso mínimo y el gobierno no lo firma; este proyecto en su presentación señala la participación ciudadana como principal eje, pero tiene su mayor conflicto ahí; este proyecto habla de despolitizar la evaluación ambiental cuando tenemos en estas macrozonas a designaciones directas del Presidente de la República. Entonces, es un proyecto muy incoherente, y lamentablemente tiene incoherencias estructurales que no nos permiten poder trabajar en base a él.

¿Ha tenido conversaciones con la ministra Schmidt o el ministro Blumel respecto a retirar el proyecto?
Hemos tenido conversaciones con la ministra Carolina Schmidt respecto a retirar el proyecto. Es algo que no se ha definido aún, nosotros hemos mantenido el proceso constantemente, de hecho hemos doblado las sesiones de la comisión de Medio Ambiente para poder recibir a todos los actores en el proceso. Pero mientras más actores recibimos, más se devela la incoherencia normativa en el proyecto y más riesgos vemos a la tramitación.

En paralelo la Cámara aprobó la Ley Pro Inversión 1, que entre sus contenidos venían algunas reformas al SEIA. ¿La Comisión de Medio Ambiente conoció este proyecto? 

Nosotros fuimos reiterativos  tanto con la ministra Marcela Cubillos como con la ministra Carolina Schmidt, en que intercedieran para que ese proyecto Pro Inversión no pasara solamente por las comisiones por las que estaba pasando – en particular Hacienda- sino que fuera visto por la comisión de Medio Ambiente, porque interfería y modificaba directamente de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente. Hubo compromisos, de hecho fue el mismo día, 24 horas antes que la ministra Cubillos renunciara, que la ministra se compromete, pero no ocurre nunca. Luego la ministra Carolina Schmidt también se compromete, y no ocurre nunca. Le ponen urgencia en Hacienda, y ese proyecto termina aprobándose en sala sin haber pasado por la comisión de Medio Ambiente o sin haber pasado por la comisión de Recursos Hídricos. Ambas comisiones tenían muchísimo que decir al respecto, eso se solicitó en sala también y hubo negativa de parte de los partidos oficialistas. Producto de eso no pudimos revisarlo en la comisión de Medio Ambiente y este proyecto pasó sin revisión de estándares socioambientales. Entonces, nuevamente, cuando se ponen en la balanza la agenda económica de La Moneda con los supuestos compromisos medio ambientales del gobierno, lamentablemente lo que hemos visto que prima siempre es la agenda económica de La Moneda.

El año pasado también se presentó la reforma tributaria del gobierno y en RD usted estuvo a cargo de ver el tema de los impuestos verdes, ¿qué puntos más le preocupan en esta reforma sobre estos tributos?

Es un tema muy incipiente, en el que todavía no hemos decidido cuáles van a ser los esfuerzos que vamos a priorizar en ese sentido. Hay mucho interés en revisar la regulación que estamos pidiendo respecto de las Empresas B, hay interés también ahí de revisar qué pasa con la Responsabilidad Extendida del Productor y algún correlato en materia impositiva. Lamentablemente, es algo que no hemos revisado en específico respecto de cuáles van a ser las metas que nos vamos a poner.

¿Tienen algún plazo?

El primer semestre del 2019 debiésemos estar trabajando en esa materia.

¿Está de acuerdo con los mecanismos de compensaciones al impuesto verde que se están planteando en el proyecto de reforma?

En general, y esa es una discusión que hemos sostenido, creemos que la compensación hoy no es la solución para tratar conflictos socioambientales; si bien es una herramienta que ha sido utilizada por parte de los estados, creemos que no puede ser el método central. Hoy comprar espacios para contaminar no se sostiene cuando tienes zonas de sacrificio desplegadas a lo largo de todo el país, y somos el país de la OCDE con más conflictos socioambientales dentro de la organización; tenemos más 171 conflictos ambientales diagnosticados por el INDH. Desde esa perspectiva, continuar sosteniendo conceptos como la compensación, que no contribuyen a solucionar el problema de fondo, más bien en comprar espacios para contaminar o determinar quién puede contaminar más o menos, creemos que no es la solución ante la crisis.

En materia de conflictos ambientales, el año pasado estuvo marcado por la crisis en Quintero. Usted, siendo de Antofagasta, ¿cómo ve la relación que existe entre las zonas portuarias que concentran gran actividad industrial, las comunidades, y el medio ambiente?

Lamentablemente un diagnóstico que hacíamos a principio de año era que los conflictos socioambientales tienen un carácter muy territorial, lo que es bueno, porque permite la articulación del tejido social en cada territorio y el levantamiento de la organización frente a un proyecto que se inicia. Pero también tiene sus desventajas en que es difícil generar coordinaciones nacionales. Nos pusimos como objetivo durante octubre generar un encuentro nacional por no más zonas de sacrificio, abordando este como uno de los principales ejes. Armamos encuentros regionales y terminamos con un gran encuentro nacional. Creo que eso obedeció a ese claro desafío de articular a las distintas zonas, porque si bien cada uno tiene conflictos socioambientales determinados -en el sur tenemos el tema de la leña, tenemos la industria salmonera, tenemos las forestales; en el norte tenemos la minería, tenemos las termoeléctricas- todos aquellos problemas tienen una misma matriz, que tienen que ver con el modelo de desarrollo, que tienen que ver con cómo hoy dejamos que ciertos territorios sean completamente sacrificables en pos de un mal entendido desarrollo.

¿Ve futuro a la tramitación del proyecto que prohíbe el acopio de concentrado de metales pesados en zonas urbanas?          

Yo espero que sí, porque es completamente irrisorio que hoy tengamos este riesgo inminente, real y concreto a la salud de las personas a metros de jardines infantiles, a metros de centros hospitalarios y a metros de circulación permanente de habitantes. Creo que es un proyecto al que hay que ponerle piso. Ha logrado concitar apoyo y espero que el próximo año logre finalizar.

Se ha planteado, así como surgió una ley de polimetales a raíz de episodios de contaminación por metales pesados, establecer una ley de compensación por daño ambiental ¿Está de acuerdo con esta postura?

Tuvimos una discusión ahí, porque cuando logramos tramitar la evaluación de estándares socioambientales para la evaluación de proyectos en zonas declaradas latentes o saturadas, el sector oficialista planteaba que la forma de solucionar esto era estableciendo criterios de compensación. Sin embargo, hoy en materia de compensaciones no tenemos capacidad, incluso si quisiésemos, incluso si estuviésemos de acuerdo con la compensación como mecanismo de solución -cosa con la que yo tampoco estoy-, incluso si estuviésemos de acuerdo con ello, hoy la institucionalidad ambiental es tan débil que no tenemos cómo garantizar que esos procesos de compensación sean efectivos, no tenemos cómo garantizar que una empresa busque comprar su espacio para contaminar modernizando las instalaciones de la empresa de al lado, no tenemos capacidad de medición, de control o de fiscalización de parte de los organismos públicos hoy en materia medio ambiental. Aprobar la compensación es de una tremenda irresponsabilidad, hoy aprobar la compensación es echar basura donde ya no cabe más, y eso no se puede permitir hoy en Chile con la crisis que tenemos.

¿Cuál es su evaluación -en general- del manejo que ha tenido el gobierno en temas ambientales durante este primer año?

Creo que el gobierno tiene un profundo desconocimiento respecto de la profundidad del problema socioambiental en Chile. Hoy, si bien era súper necesario -por ejemplo- avanzar en materia de bolsas plásticas, si bien era súper necesario comenzar con la primera compra de buses del Transantiago eléctricos, creemos que no pueden ser esas las soluciones a los conflictos socioambientales en Chile cuando hay gente muriéndose, cuando hay niños envenenados fuera de los colegios de Quintero y Puchuncaví, cuando tenemos las tasas más altas de cáncer en la Región de Antofagasta, cuando tenemos los más altos índices de termoeléctricas y todavía no tenemos un compromiso de cierre de éstas; cuando no nos hemos comprometido con la transición justa; cuando no tenemos un cambio en la matriz energética en el sur; cuando las salmoneras no pasan siquiera por evaluación de impacto ambiental. Cuando tenemos ese nivel de crisis, la respuesta del gobierno no puede ser comprar buses eléctricos para el Transantiago y legislar en materia de bolsas plásticas. Yo valoro que en palabras la agenda ambiental del gobierno sea una prioridad, pero mientras no vea que eso se traduzca en hechos concretos, lamentablemente esto no es sino pura demagogia.

¿Y cómo evalúa el rol que han desempeñado los tribunales ambientales?

Creo que los tribunales ambientales son una tremenda herramienta de la institucionalidad, una herramienta necesaria, pero sin embargo la pregunta es quién utiliza hoy los tribunales ambientales, y lamentablemente hoy la mayor utilización de tribunales ambientales está dada por los titulares de proyectos y no necesariamente por las comunidades. Ahí donde las comunidades buscan interferir, también hay menor tasa de finalización de los procesos en tribunales ambientales. Entonces, hay cosas dentro de los tribunales ambientales que tenemos que mejorar. Por ejemplo, su establecimiento en macrozonas, que es algo que se busca repetir en el SEIA. Hoy los tribunales ambientales están alejados de las comunidades donde se producen los conflictos socioambientales y eso produce una distancia importante, y además se produce una distancia importante por las faltas de mecanismos efectivos de acceso a la justicia ambiental, que de hecho era uno de los principios que buscaba garantizar el Acuerdo de Escazú.

¿Ve un cambio en la gestión de la ministra Schmidt respecto de su antecesora?

Creo que la ministra Carolina Schmidt tiene mucha más voluntad de llegar a acuerdos con distintos sectores y darle más apertura a que las organizaciones sociales puedan participar de los procesos, y eso yo lo agradezco. Sin embargo, aún queda mucho por ver, la ministra Carolina Schmidt atraviesa sus primeros seis meses de designación, ha sido una buena primera experiencia, pero creo que el gran desafío para ella y el ministerio está en iniciar el proceso de la agenda socioambiental como un proceso prioritario desde lo político y lo financiero. Recordemos que en esta Ley de Presupuesto, mayores avances en la agenda ambiental tampoco hubo; hay compromisos del gobierno con el cambio climático que no se manifiesta en la ley de presupuesto en una glosa para cambio climático. Tuvimos que ser nosotros los que pusimos un aumento de presupuesto para la Superintendencia de Medio Ambiente para poder contratar más de diez fiscalizadores. Si la ministra no logra que la agenda ambiental sea una agenda que se ponga al mismo nivel de la agenda económica de La Moneda, al mismo nivel del conflicto del no entendimiento de la política internacional que tiene el Ejecutivo, lamentablemente no va a lograr consolidar un liderazgo político importante.

Este año se realizará en Chile la COP25, ¿cuáles son sus expectativas respecto a la realización de esta cumbre climática en el país?

La COP25 es una tremenda oportunidad para que las organizaciones socioambientales puedan presionar para generar compromisos concretos de parte del gobierno, y también para visibilizar la situación socioambiental en Chile ante la comunidad internacional. Yo creo que este es un bonito acto de propaganda por parte del gobierno, que tiene que servirnos para lograr que eso se traduzca en compromisos concretos. En la última visita de la ministra Schmidt a la comisión, donde la invitamos el pasado martes, le preguntamos cuáles iban a ser los compromisos concretos, y al menos el gobierno se ha comprometido con dos, que esperamos que se mantengan. En primer lugar, anunciar con miras a la COP25 cuál va a ser la meta temporal que establezcamos para llegar a una economía de carbono neutral. Hoy Suecia dice que en 2045 podría pasar a una economía de carbono neutral, mientras en Chile seguimos aumentando la emisión de gases de efecto invernadero Entonces ese compromiso que está haciendo Suecia, poder hacerlo en Chile, creo que es uno de los grandes desafíos. En segundo lugar, el gobierno se ha comprometido también, con miras a la COP25, con cuál va a ser el nuevo compromiso de disminución de los gases de efecto invernadero. Las contribuciones nacionales determinadas que hoy varían entre un 30% y 45% según si se tiene o no apoyo internacional, pero que creemos que tienen que ser mucho más alta, y es un compromiso internacional que se ha llevado por varios países en la COP24. Si cada uno de los países mantiene su meta, el planeta se va a calentar por sobre los 3º C y en realidad no va a haber mucho que hacer.

En esta materia, se está empezando a elaborar una Ley de Cambio Climático, ¿ a su juicio qué aspectos mínimos debería considerar una legislación de este tipo?

Primero, tiene que ser una ley que debe tener un correlato sectorial. Hoy tenemos que ser capaces de evaluar la responsabilidad a nivel sectorial, por ejemplo la industria forestal, la agricultura y la pesca, y generar medidas concretas a nivel sectorial para que podamos avanzar en materia de cambio climático. En segundo lugar tiene que tener un correlato de fortalecimiento institucional, hoy tenemos que tener una institución que esté preocupada a nivel público del cambio climático, y no la tenemos en Chile. Y en tercer lugar debe haber un correlato presupuestario. La ley de cambio climático sin presupuesto, sin medidas sectoriales y sin fortalecimiento de la institucionalidad no es una ley de cambio climático en serio.