Ha sido un comienzo de año intenso para la diputada Catalina Pérez (RD). La legisladora, quien está ad portas de cerrar su primer año en la Cámara, se encuentra en medio de una carrera electoral para conquistar a los militantes de su tienda en la búsqueda de presidir Revolución Democrática, donde el 25 y 26 de enero se enfrentará a la ex agregada cultural del gobierno de Michelle Bachelet, Javiera Parada.
Con grandes posibilidades de suceder a Rodrigo Echecopar a la cabeza de su partido, Pérez está también cerrando su primer año como parlamentaria y como presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara. Esta experiencia, dice esta abogada de Antofagasta, implicó “un desafío tremendo de acelerar la tramitación legislativa” en materia ambiental, en un año que se registró un cambio en el liderazgo del Ministerio del Medio Ambiente a 24 horas de haberse pesentado a la comisión el proyecto de ley que busca reformar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Para la diputada Pérez, “es apremiante que la ministra Carolina Schmidt logre consolidar la agenda medio ambiental a la misma altura que la agenda económica del gobierno de Sebastián Piñera”.
¿Cómo evalúa la tramitación de la agenda legislativa de 2018 en materia ambiental?
Fue una comisión muy activa en el período legislativo. Partimos el año presentando dos proyectos de ley: una reforma constitucional para asegurar el derecho al agua, y otro que tenía que ver con la incorporación de criterios de cambio climático y participación ciudadana en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Después tramitamos y finalizamos el proyecto de bolsas plásticas y continuamos con glaciares, y logramos sacar esa tramitación de ahí. Luego entramos de lleno con la reforma al SEIA, así que ha sido un año súper frenético.
Este último proyecto ha implicado gran parte del tiempo del trabajo de la comisión, pero aún siguen en audiencias y no se logra avanzar hacia la discusión del articulado ¿Por qué ha tardado tanto la discusión de fondo?
Hubo trabas administrativas, y trabas políticas. A nivel administrativo, este proyecto fue presentado por la ex ministra del Medio Ambiente, Marcela Cubillos, 24 horas antes de renunciar a la cartera. Eso produjo una desconexión entre la relevancia que el ministerio de Medio Ambiente le estaba poniendo, en sus palabras, a “la mayor reforma ambiental chilena”, y lo que se veía en la práctica, que era una ministra renunciando a las 24 horas de haber presentado el proyecto en comisión. Luego asume la ministra Schmidt, que no concurre a las primeras citaciones que le hace la comisión, lo que dificulta la tramitación del proyecto, sin duda. Recién comenzamos la tramitación en serio a mediados de septiembre de este año.
Hay varias críticas desde distintos sectores a este proyecto, ¿ve efectivamente viable su aprobación en el Congreso?
Este proyecto tiene grandes problemas estructurales. Uno de ellos es la participación ciudadana, porque establece o entiende la participación ciudadana como un proceso que tiene a las empresas con las comunidades sin absolutamente ninguna injerencia del Estado, y que mantiene por tanto los tremendos niveles de asimetría que existe a la hora de evaluar un proyecto ambiental, lo que impide poder evitar que el interés de los titulares sea el que prime a la hora de establecer un proyecto. Otro gran problema que de este proyecto es el nivel de centralización que establece. Hoy buscamos avanzar hacia fortalecer las unidades regionales, y este proyecto justamente lo que busca es crear las unidades macrozonales y reemplazar con eso la poca actividad que tenemos en cada una de las regiones. Esos han sido dos grandes pilares que no han permitido que nos pongamos de acuerdo respecto a las bases estructurales de ese proyecto.