El dilema actual de las problemáticas ambientales en Chile está dado, entre otros factores, por los notables avances alcanzados en materias como depuración de aguas residuales, ampliación de áreas protegidas marinas y terrestres, y transición energética, así como los avances hacia una institucionalidad ambiental más robusta, que se contrastan con el  aumento de conflictos cuyo origen se relaciona con actividades económicas, los efectos del cambio climático y la mayor sensibilidad de la población en materias ambientales.

En dicho contexto, el nombramiento de la nueva ministra, Maisa Rojas, destacada científica, participante del comité de cambio climático global, líder de Chile en la COP y directora de uno de los núcleos de investigación más relevantes en la materia, el (CR)₂ de la Universidad de Chile, se hace cargo de una de las principales problemáticas actuales, como es el cambio climático.

En Chile la mitigación del cambio climático es una materia ya en curso, dada la transición energética puesta en marcha y manifestada en una nueva política energética hacia el 2050, lo que permitirá al país avanzar hacia la carbono neutralidad, más allá de que el aporte nacional a nivel global es poco significativo. No obstante, la condición geográfica de esta larga y angosta faja de tierra con una gran costa transforma al país en uno de los más vulnerables en relación a los efectos del cambio climático, los cuales se comienzan a apreciar incluyendo la modificación de los patrones meteorológicos, aumento del nivel del mar, y mayor recurrencia de eventos que generan daños o desastres socio-naturales. En ese contexto, el foco de su gestión debería estar dado por la adaptación hacia estos fenómenos.

Es importante mencionar que la nueva ministra asume una cartera compleja, en la cual se requiere de muchas habilidades políticas para el desarrollo de sus tareas, dado por su modelo de autoridad (que mandata las políticas ambientales), pero también de coordinación (que tiene que trabajar con otros ministerios) que se diseñó a través del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, lo que requiere que las propuestas que se lleven a cabo cuenten con la colaboración de otras carteras. Así las cosas, el principal desafío que se vislumbra será traspasar sus habilidades técnicas hacia la negociación política, en un símil a lo que en su momento fue la gestión de Adriana Hoffmann en la CONAMA o la primera experiencia de Marcelo Mena como Zar de la contaminación, quienes naufragaron al no entender el funcionamiento del sector público y la posibilidad de tareas que la normativa les permitía hacer.

La gestión del ministerio presenta, además, otra gran dificultad, que es su desconcentración territorial, ya que, para ejercer su función, actualmente solo llega al nivel regional, pero no así al comunal, al no tener oficinas o influencia en los municipios, pese a lo relevante del rol que juegan estos últimos. Por lo anterior, otro de los grandes desafíos es lograr esa bajada que le permita incidir en el rol activo que debe tener la población en materias de cambio climático, ya que existe mucho desconocimiento debido a que no se ve como un tema cotidiano y más bien es de expertos. Por lo mismo, trabajar en convenios de colaboración y el traspaso de experiencia resultará fundamental.

Adicionalmente en el contexto comunal, el foco en las personas debería ser clave, ya que gran parte de las problemáticas emergentes provienen del aumento en los patrones de consumo de las personas. Más compras, más basura, más autos, más congestión, más contaminación atmosférica (emisiones y ruido), más crecimiento urbano, más deforestación y pérdida de biodiversidad, entre otros. Demostrar que la modificación de las actuaciones a nivel individual es clave para lograr un cambio de paradigma hacia la sostenibilidad debe estar dentro de las tareas a promover y desarrollar. Lo anterior toma más fuerza en un escenario post pandemia, que trajo como consecuencia el masivo traslado de población hacia comunas que no tienen la capacidad de acogida para hacerse cargo de todas las problemáticas asociadas.

Finalmente, desde la perspectiva de la institucionalidad ambiental, será clave comprender la importancia del trabajo del Servicio de Evaluación Ambiental y de la Superintendencia del Medio Ambiente, como partes de un sistema para promover inversión sustentable y dar tranquilidad a la población de que existirá cumplimiento normativo, así como responsabilidad respecto de sus impactos. Por lo mismo, sus estructuras deberían ser fortalecidas. En ese mismo contexto, se debería lograr la aprobación en el Congreso de la creación del Servicio de la Biodiversidad y Áreas Protegidas, un tema pendiente y latamente debatido, para su implementación urgente, que, de lograr realizarlo, sería un logro histórico.