En Chile hemos desarrollado, de manera creciente en los últimos años, una conciencia transversal sobre la importancia del cambio climático y las problemáticas ambientales. Y nos hemos ido dando cuenta que es el trabajo conjunto el que permite acelerar los cambios. Por eso, hemos generado significativos acuerdos público-privados con el firme propósito de alcanzar la carbono-neutralidad. En el sector eléctrico, el desafío es grande. El futuro se nos muestra con una sociedad basada en la electrificación, donde las necesidades de consumo energético serán cada vez mayores.

¿Cómo aportaremos desde la transmisión? Somos un sector pequeño en términos de emisiones (aunque no por ello menos comprometido con disminuirlas al máximo posible), pero tenemos un rol fundamental para lograr la meta país: somos el principal habilitante de la descarbonización de la matriz energética. Como si de venas y arterias se tratara, las líneas eléctricas permiten llevar la energía renovable que se genera en diversos lugares hasta donde se requiere su consumo.

Nuestro deseo es que esta función esencial sea conocida y valorada por la ciudadanía. Para ello, no sólo se requiere que generemos los mejores proyectos de transmisión y comuniquemos su relevancia. Debemos involucrar en ellos a las comunidades vecinas de manera temprana, respetando su entorno y haciéndonos cargo de sus temores y aprensiones. En esto, la buena técnica debe ir de la mano con el fortalecimiento de nuestros procesos de participación ciudadana y consulta indígena.

Pero la clave —ya está dicho— está en avanzar de manera mancomunada. La transmisión es un sector altamente regulado, donde el liderazgo del Estado es vital, al menos en tres áreas.

Ante todo, debe planificar adecuadamente el desarrollo del sistema en el corto, mediano y largo plazo, teniendo como consideración primordial la seguridad y calidad del suministro, así como las crecientes necesidades de consumo de los ciudadanos. De igual manera, el Estado debe brindar las certezas necesarias para que las inversiones se concreten, de modo que los proyectos sean adjudicados a privados a precios competitivos que redundan en ventajas para los consumidores.

Otra clave es contar con una buena política de ordenamiento territorial, una deuda histórica en Chile. Como ha puesto de relieve la discusión constitucional, es importante confluir en una visión común del territorio, que permita orientar el desarrollo de las actividades productivas en las diferentes regiones. Esto, por cierto, sin perder de vista que la transmisión debe estar guiada por una mirada país, pues una excesiva compartimentalización puede redundar en resultados adversos.

Finalmente, otra gran tarea es mejorar los procesos de evaluación ambiental y entrega de permisos sectoriales. Es fundamental fortalecer la coordinación intersectorial, unificar criterios de evaluación —tanto entre servicios como dentro de ellos— y agilizar los plazos, que hoy están sobrepasando entre tres y cuatro veces lo establecido en la normativa, retrasando enormemente la construcción y entrada en funcionamiento de nueva infraestructura.

Las fórmulas perfectas no existen. Pero entre todos, sin héroes ni villanos, podemos escribir una historia sólida para Chile, con un programa energético a la altura de lo que legítimamente se nos demanda, compatibilizando las expectativas del respeto social y ambiental con las necesidades de crecimiento y bienestar que todos ambicionamos. Nuestro compromiso es colaborar activamente en la búsqueda del mejor camino.