La entrada en vigencia hace 30 años de la Ley N°19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente (LBGMA, constituyó, en mi opinión, un hito fundamental para el desarrollo de nuestra institucionalidad ambiental. Sin perjuicio que se mantuvieron vigentes las normas sectoriales existentes, se creó una institucionalidad ambiental novedosa, con un rol muy importante de la CONAMA y de las COREMAs, estableciéndose (además de las normas sobre responsabilidad por daño ambiental) la regulación de la función ambiental en tres ámbitos: i)En materia de política y regulación, se pretendió desarrollar la garantía constitucional que asegura a toda persona el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación a través de una ley marco que debía guiar las normas ambientales futuras; ii) en materia de gestión ambiental, se establecieron algunos instrumentos específicos, destacando la relevancia del sistema de evaluación de impacto ambiental (SEIA) y de las normas de calidad y emisión, los planes de prevención y las áreas protegidas (junto a los procedimientos de dictación y ejecución de ellas); y, iii) en relación a la fiscalización, se estableció la posibilidad que los organismos sectoriales solicitaran a la autoridad ambiental la aplicación de sanciones.

Adicionalmente, desde el año 2010, Chile se encuentra en un proceso de modernización de su institucionalidad ambiental[1]. En este marco, ha implementado reformas tales como la Ley N°20.417, que estableció el Ministerio del Medio Ambiente como entidad encargada de diseñar e implementar los planes y políticas en materia ambiental, coordinando la generación e integralidad de la regulación y normativa ambiental; el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), como administrador del SEIA; y la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), como única institución competente para coordinar y ejecutar el seguimiento y fiscalización de los instrumentos de gestión ambiental. A lo anterior se suma la creación de los Tribunales Ambientales (TTAA), mediante la Ley N°20.600, cuya función es resolver las controversias medioambientales de su competencia. Finalmente, el año 2023 entró en vigencia la Ley SBAP (que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas), la cual, entre otras materias, contiene una serie de instrumentos de conservación ambiental que pueden ser muy útiles para proteger la biodiversidad en tiempos de crisis climática. En suma, nuestra institucionalidad ambiental por fin cuenta con una “mesa de 4 patas” en materia ambiental: SEA, SMA, TTAA y SBAP.

Nuestra institucionalidad ambiental es sin duda perfectible. De hecho, el Congreso Nacional está actualmente tramitando el proyecto de ley[2] que busca “fortalecer la institucionalidad ambiental y mejorar su eficiencia”, el cual espero sea objeto de varias modificaciones (que por razones de espacio[3] no alcanzo a desarrollar). Espero que los parlamentarios estén a la altura y aprueben una ley que ayude a fortalecer el carácter técnico del proceso de evaluación y calificación ambiental de los proyectos o actividades que se someten al SEIA.

En suma, sin perjuicio de las falencias existentes y de los enormes desafíos que debemos enfrentar, valoro positivamente los avances que hemos tenido en materia ambiental durante los últimos 30 años, los cuales constituyen una base fundamental para seguir avanzando en la senda del desarrollo sustentable.

[1] Fecha en que Chile ingresó como miembro a la OCDE.

[2] Iniciado en Mensaje Presidencial.

[3] Por razones de espacio tampoco alcanzo a desarrollar los enormes desafíos que se presentan en la implementación de la Ley Marco de Cambio Climático y de la Ley SBAP.

• El autor es Profesor de Biodiversidad y Conservación Ambiental en LLM UC y en Magíster en Derecho Ambiental de la UDD. Ex Presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Senado.