El gobierno acaba de anunciar la suscripción de un acuerdo público-privado, a través del cual las empresas se comprometen a instalar una mayor red de carga de vehículos eléctricos, en distintas ciudades y carreteras, llegando a casi 200 puntos el próximo año.

Se trata de un acuerdo positivo que permitirá seguir avanzando en la incorporación de la electromovilidad y es la prueba fehaciente de que cuando los procesos técnicos y operativos se abordan como tal, es posible trascender y continuar seriamente, como corresponde, con el camino ya iniciado.

En efecto, si bien existieron intentos anteriores, en el año 2017 logramos asentar el concepto de electromovilidad en nuestro país, lo que da cuenta de una política pública, bien diseñada e implementada con el trabajo previo de todos los equipos. Generamos un marco intersectorial que incluyó a los ministerios de Energía, Medio Ambiente y Transportes y Telecomunicaciones, resultado que dio origen a la Estrategia Nacional de Electromovilidad, con ejes y metas claras. Los ejes estratégicos contemplados en ella son: regulación y estándares; transporte público como motor de desarrollo; fomento de la investigación y desarrollo en capital humano; impulso inicial al desarrollo de la electromovilidad; transferencia de conocimiento y entrega de información.

Este texto se desarrolló con la gradualidad como principio y, paralelamente, se desarrollaron acciones concretas, como la incorporación de los primeros buses eléctricos en el transporte público, la licitación de taxis eléctricos, entre otras. Medidas que permitieron poner a prueba la electromovilidad en la ciudad de forma operativa, lo que logró derribar mitos como la falta de autonomía, capacidad y carga, entre muchos otros.

En esa línea, también se elaboró el primer reglamento con los requisitos técnicos, constructivos y de seguridad de los vehículos eléctricos y suscribimos un acuerdo público y privado.

Adicionalmente, en el marco de la Estrategia Nacional de Electromovilidad, se suscribió un acuerdo con más de 20 entidades, incluida la academia y la sociedad civil, para aunar los esfuerzos y los objetivos trazados en electromoviidad.

En el acuerdo quedaron plasmados esfuerzos tan relevantes como el de la Universidad Santa María que trabaja en el “Laboratorio de investigación y desarrollo avanzado en tecnologías habilitantes para Movilidad Eléctrica” para Chile, con equipamiento y expertos que podrán trabajar en sistemas de conversión de energía, como cargadores y sistemas de tracción de vehículos eléctricos y regulación e integración de la electromovilidad en la red eléctrica, entre otros.

También consta el compromiso de empresas por implementar red de puntos de carga y el uso de tecnología que se recoge y amplia en el reciente acuerdo suscrito; desarrollo en general de tecnologías en eficiencia energética, redes inteligentes, automatización y robótica, entre otros temas a desarrollar; así como financiamiento, educación, capacitación, evaluación y múltiples acciones de fomento de esta tecnología.

El impulso que dimos a esta política pública, se basa en argumentos múltiples y sólidos: el transporte es el responsable de un 22% del total de emisiones de Gases Efectos Invernadero (GEI) en nuestro país. Chile ha adquirido y ratificado acuerdos internacionales en materia de emisiones de GEI y cambio climático, en base a los cuales nos hemos comprometido a reducir al 2030 la intensidad de emisiones en un 30% respecto a los niveles observados en 2007 al 2030.

Gatillamos el cambio de paradigma que se requería para incorporar esta tecnología y si hoy hablamos de más buses y más puntos de carga, es porque existe el convencimiento técnico y político de que los resultados han sido positivos y de que esta política pública incorporó en nuestro lenguaje el concepto de electromovilidad, que ha logrado trascender.

Los desafíos no son menores, hay que capacitar, llegar a regiones, mantener la seguridad en los desplazamientos y las cargas, fomentar el uso de la tecnología y multiplicar los modos. Ya lo adelantaba la estrategia de electromovilidad en que se indicaba que no solo buses y automóviles, sino bicicletas y otros modos, se sumarían a la tendencia. Sólo así será posible alcanzar la meta que nos trazamos y que el 40% de los vehículos livianos y el 100% del transporte público ocupen tecnología sustentable al 2050.

Este es un trabajo mancomunado en el que debe continuar actuando el sector público y las empresas, también la academia, los especialistas, la sociedad civil y la opinión pública, que bien informada debe dar cuenta de estos avances. La consolidación de este modelo dependerá de las acciones presentes y futuras, pero se sustenta en cimientos firmes construidos con visión de futuro y con innovación, todo ello al servicio de una mejor calidad de vida para las personas en nuestras ciudades.

*Paola Tapia Salas es ex ministra de Transportes, directora de Red Ciudad Futura y consejera del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI).