Un concepto que suele tener amplia aceptación en las sociedades modernas del mundo, sobre todo, en las más desarrolladas, es el denominado “El que contamina, paga”, el cual se basa en la concepción de que existe una obligación moral de parte de un sujeto que genera contaminación, de reparar los daños que dicha contaminación provocó.

En Chile, este concepto se ha ido implementando de manera progresiva, con aplicación, fundamentalmente, en empresas y ciertas actividades productivas. Mecanismos como el Impuesto Verde, que grava determinadas emisiones atmosféricas, pero también las multas que impone la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) o los tribunales en caso de eventos de contaminación y daños ambientales son ejemplos que tienen su fundamento ideológico en el concepto “El que contamina, paga”. Sin embargo, y a pesar de suscitar un amplio consenso en la sociedad la idea de que las empresas y actividades productivas deban pagar por la contaminación que generan, poco ha querido la política, en Chile, avanzar en aplicar este concepto también a la ciudadanía y las personas en general.

La contaminación más evidente que se genera diariamente y por causa directa de cada ciudadano y por cuya reparación este debería pagar, es la basura. En los países desarrollados es práctica común que los ciudadanos paguen por la adecuada gestión de sus residuos, independiente de que la responsabilidad de la gestión la tenga el ente público, ya sea que la haga por la vía directa o la tercerizada, similar a como es en Chile. El ente público, finalmente, traspasa los costos al ciudadano a través de tarifas de aseo que pueden estar moduladas o diferenciadas según las distintas fracciones de residuos que le corresponde gestionar, con el fin de, adicionalmente, poner incentivos para mejorar la calidad de la segregación de los residuos en origen y propiciar la valorización.

En Chile, en cambio, la única fracción de los residuos sólidos domiciliarios (RSD) cuya gestión estará plena y sosteniblemente financiada será la de los Envases y Embalajes, constituyente de aproximadamente un 20-25% del total de los RSD y que, por haber sido definida por la Ley REP como Producto Prioritario, pasará a ser responsabilidad de los Productores, es decir, del sector privado. Las demás fracciones de los RSD, fundamentalmente, la fracción orgánica y la fracción resto, continuarán siendo de responsabilidad del ente público, a través de los municipios, los cuales suelen históricamente tener serios problemas en poder financiar su, en muchos casos, aún deficiente gestión de residuos.

La razón es la siguiente: Según el Ministerio del Medio Ambiente, el 27% de los hogares en Chile está exento por ley del pago de la tarifa de aseo. A esto se le suma que el 77% de los hogares del país está exento del pago de contribuciones, a través del cual típicamente se cobra la tarifa de aseo. Eso deja un muy bajo porcentaje de hogares que, en definitiva, sí pagan la tarifa de aseo, teniendo como consecuencia que de los 345 municipios en Chile solo 29 municipios logran cubrir sus costos de la gestión de residuos con los ingresos de la tarifa de aseo, es decir, apenas un 8%.

Si se hace el cálculo, se obtiene que una adecuada gestión de los residuos sólidos domiciliarios, esto es, tener un sistema que realice el reciclaje de los envases y embalajes, el compostaje o la digestión de la fracción orgánica y la valorización energética de la fracción no reciclable, podría costar en el orden de los 100 pesos chilenos por kilo de residuos. Este costo de 100 pesos por una adecuada gestión y valorización de 1 kilo de residuos parece marginal, comparado con los varios miles de pesos que se pagaron por los productos de consumo que, luego de consumirlos, terminaron generando el kilo de residuos. Proyectado a un hogar de tres personas, resulta que el costo de una adecuada gestión ascendería a alrededor de 10.000 pesos mensuales, un monto de similar orden de magnitud al de otros servicios básicos, como luz, agua o internet, en cuyos casos ni siquiera se cuestiona la obligación de pagarlos.

Pareciera, entonces, no solo moralmente adecuado, sino que también razonable desde el punto de vista del impacto financiero, traspasar el costo de la gestión de residuos al ciudadano, lo que permitiría mejorar sustancial y sosteniblemente el estándar medioambiental de ésta.

Queda, por lo tanto, una vez más, la pelota en la cancha de la política, que deberá probar si es capaz de avanzar en la dirección correcta, aunque esto signifique asumir costos por hacer pagar al ciudadano que hoy no paga, porque, claro está, este siempre preferirá no pagar.

*El autor es Ingeniero Civil Mecánico UTFSM; B.Sc. Ingeniería Mecánica RWTH Aachen, Alemania, Gerente de proyecto WTE Araucanía.