La implementación de la Ley REP para envases y embalajes se acerca rápidamente, y pese a que el decreto de metas de valorización y obligaciones asociadas se encuentran definidas, el gran desafío para este Gobierno será lograr que funcione, ¡y no se le viene nada fácil! A la falta de capacidades técnicas instaladas en nuestro país se le suma el bajo o nulo conocimiento a nivel territorial de cómo funcionará, donde tanto municipio como ciudadanía desconocen el rol y corresponsabilidad que deberán afrontar.

En STGO SLOW, trabajando como consultoras de campo para empresas, levantado información en regiones sobre los programas de reciclaje municipales, nos hemos encontrado con una realidad muy distinta a la esperada a tan poco tiempo que inicie la Ley REP; donde se esperaría que el punto crítico fuese principalmente la falta de infraestructura, el problema es mucho más de base. Algunos municipios no cuentan aún con información o manejo de herramientas sobre cuál será su rol en la implementación de la Ley 20.920 ni cómo deberían diseñar sus programas para responder a los requerimientos de los sistemas de gestión.

Si bien uno de los mayores obstáculos a nivel territorial es la falta de recursos para financiar la implementación de programas de reciclaje (equipamiento, educación ambiental, gestión, transporte, entre otros), es el funcionamiento basado en prácticas irregulares dentro de la cadena, normalizados a partir de vacíos legales y una mala interpretación de prácticas inclusivas, uno de los principales puntos críticos a tener en cuenta. Ya que a través de convenios “colaborativos” con recicladores de base y/o empresas, los municipios externalizan la responsabilidad de la gestión de los residuos reciclables de la comuna en ellos, traspasándoles la mayor parte de la cadena, incluyendo la gestión, la instalación de infraestructura y el transporte. Convenios en que, en el mejor de los escenarios, obtienen información sobre la trazabilidad de los residuos, pero en la mayoría de los casos la realidad es otra, ya que al no contar con contratos de por medio, no existe la obligación por parte de los gestores de entregar certificados de trazabilidad, desconociendo el destino final de los residuos o confiando en la información que les entregan.

Dado este contexto, pensar en una relación con los sistemas de gestión no se ve posible, considerando que los SIGs privilegiarán establecer convenios con municipios donde además de infraestructura y una ciudadanía conscientizada, cuenten con una cadena regularizada, sistematizada y que asegure tasas de materiales que les ayude a cumplir las metas.

La buena noticia en este escenario es que la Ley 20.920 contempla la regularización de este modelo a través de los SIGs, obligándoles a establecer una relación con los recicladores de base y empresas, con contratos y permisos formales municipales.

En nuestro trabajo, como consultoras de campo para empresas, debemos articular la cadena para aumentar las tasas de reciclaje de algunos materiales, vinculando a los distintos actores, donde en muchos casos debemos informar el alcance de la Ley REP y el rol que cada uno tendrá que cumplir, detectando que el problema de base no es la irregularidad de la cadena, sino la falta de información, capacitación técnica y legal del funcionamiento de la Ley REP en los territorios, que implica que los municipios no cuenten con las herramientas e información para la implementación de la Ley. Lo que se traduce en programas diseñados de manera aislada, desvinculados de esta nueva política pública, algo que ReSimple, como GRANSIG está intentando cambiar, informando a los municipios sobre las posibilidades de colaboración y convenios posibles, pero no es suficiente, por lo que se necesitará que el Gobierno refuerce la bajada de información a través de capacitaciones formales que realmente dejen capacidades instaladas según los requerimientos de cada localidad.

Por lo que el desafío principal de este Gobierno será transmitir la información y corresponsabilidad a los organismos públicos en los territorios para dar cumplimiento a la Ley REP, que además de enfrentar la falta de recursos, las prácticas actuales y la desinformación municipal, deberá asumir la responsabilidad de educar a la ciudadanía sobre su rol, ya que sin su participación activa no se podrá transitar hacia un consumo circular que cumpla las metas de esta Ley.