Opinión / Emergencia climática

Desafíos de la agenda medioambiental del nuevo gobierno

“El gran desafío del gobierno es equilibrar un adecuado crecimiento económico, el que requerimos con urgencia, con la protección de los ecosistemas, la buena gestión de los bienes comunes, el especial cuidado del agua, la producción, extracción y consumo sostenible”

Edición Especial País Circular: Expectativas ambientales sobre el nuevo gobierno
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Las expectativas en materias ambientales del gobierno que asume, son un tremendo desafío para Chile. Por una parte, se venía avanzando en políticas nacionales y compromisos internacionales, que ahora habrá que revisar, continuar y perfeccionar. Habrá que complementarlas con nuevas definiciones ambientales que marcarán un hito en la consolidación de cómo conviviremos con nuestro entorno, respetando el rol de la naturaleza y la biodiversidad. Claramente, el impacto de las propuestas de la Convención Constituyente, serán motivo de análisis profundo, en las instancias que siguen, cuando sabemos que los Derechos de la Naturaleza, los Bienes Naturales Comunes y el Modelo Económico se han transformado en los ejes de la discusión y de acuerdos al respecto, en el seno de la comisión a cargo, y en los 2/3 requeridos, del pleno.

Como muchos de los grandes problemas actuales, las soluciones urgentes a la crisis climática requieren de múltiples actores, y debemos estar conscientes que todos somos necesarios para lograr los objetivos medioambientales que nos hemos trazado como país y cómo esto afecta al resto del planeta. No hay que olvidar que la trayectoria actual del aumento de la temperatura, hacia los 2,6 grados Celsius para fin de siglo, a pesar de los acuerdos de la COP26, podría eliminar hasta el 14% del PIB de la economía mundial, pudiendo alcanzar para Chile, incluso un 21%.

Efectivamente, nuestro país, es uno de los más vulnerables a los impactos del Cambio Climático, y en el cual los científicos prevén una expansión de la superficie total expuesta a la frecuencia e intensidad de eventos de sequías, incremento en el número de incendios, extensión, aumento de olas de calor y condiciones extremas de temperatura, que ya están impactando a una amplia gama de sectores, como agricultura, silvicultura, salud, y ecosistemas, entre otros.

A lo anterior se suman las pérdidas en reservorios de agua, volumen de los glaciares y continuos deshielos en la Cordillera de los Andes, todo lo cual se ha traducido en la reducción en magnitud de los caudales y cauces de ríos.

De hecho, el último Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), señala que la vulnerabilidad de América Latina frente al cambio climático es mayor que la de países desarrollados, debido a que las condiciones de pobreza e inequidad, agudizan esos impactos. La falta de financiamiento, pero también de adecuada institucionalidad, son las principales razones que impiden que América Latina se encauce hacia la adaptación.

El nuevo gobierno deberá continuar con énfasis en el avance hacia la carbono neutralidad, la generación de inversiones en torno al hidrógeno verde y la innovación a gran escala en el recurso del litio. Hay que hacerse cargo del futuro de las denominadas zonas de sacrificio, áreas que han sufrido por décadas, en forma muy dura, los efectos de las actividades industriales o mineras, donde la acción del Estado resulta fundamental para encontrar soluciones e instaurar medidas, que vengan a paliar esos impactos.

En abril de 2020, Chile entregó a las Naciones Unidas la actualización de su Contribución Nacional Determinada (NDC, por sus siglas en inglés), que establece la meta de reducir en 30% las emisiones de gases de efecto invernadero al 2030, llegando a una reducción de 45% si se cuenta con mercados internacionales de carbono, lo que considera alcanzar el máximo histórico de emisiones al 2025. Esta meta corresponde a un punto intermedio en el camino a la carbono neutralidad al 2050, establecida en el Proyecto de Ley Marco de Cambio Climático, el que finalmente, después de más de 4 años, en un proceso donde se presentaron y subsanaron más de 800 indicaciones al texto legal, se encuentra recientemente aprobada en el Senado, en sus últimos pasos antes de ser promulgada.

El gran desafío del gobierno es equilibrar un adecuado crecimiento económico, el que requerimos con urgencia, con la protección de los ecosistemas, la buena gestión de los bienes comunes, el especial cuidado del agua, la producción, extracción y consumo sostenible.

No es para nada fácil, pero es la única forma de garantizar, a mediano y largo plazo, un Desarrollo Sostenible para nuestro país.

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