Gabriel Boric Font ha asumido como presidente de la República. Altas expectativas y anhelos descansan sobre sus hombros. Un nuevo gobierno comienza sus funciones y el pueblo de Chile, en quien descansa la soberanía, le ha entregado un mandato de cuatro años para cumplir su programa. En síntesis, la República continua su curso y las nuevas autoridades deberán servir y trabajar por nuestro país.

Uno de los aspectos sobre los cuales el país hará un escrutinio estricto a la gestión del actual gobierno, será el medio ambiente. El presidente ha optado por Maisa Rojas, una destacada científica y experta en cambio climático, para dirigir el Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Se trata de una apuesta intuitivamente correcta, considerando el escenario de escasez hídrica y deforestación que hoy enfrentamos en el país producto de una transformación global del clima.

No obstante, más allá de hacer frente a este desafío, el que precede a este gobierno y probablemente seguirá siendo un aspecto que toda administración deberá abordar con innovación y eficacia, no debemos olvidar los desafíos que la gestión ambiental tiene. Para ello, hay materias en las cuales se requerirá continuidad, otras un cambio y lo más importante: una acción eficaz para avanzar urgentemente en soluciones a problemas ambientales que hoy nos aquejan. El gobierno que asume deberá combinar adecuadamente esas tres dimensiones.

Continuidad. La institucionalidad ambiental puesta en marcha hace más de diez años ha avanzado sostenidamente. En materia regulatoria, se avanzó fuertemente en la regulación de las bolsas plásticas; los humedales urbanos; los plásticos de un solo uso; la electromovilidad; las oportunidades que hoy ofrece el hidrógeno verde; en nuevos planes de descontaminación; en la dictación de la norma que regula la contaminación lumínica; en más áreas protegidas; en la modificación del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (actualmente en consulta pública); y, la reciente ley de cambio climático, entre otras. A ello se suma la gestión realizada por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), servicios públicos que, tecnificando sus procedimientos, han y deberán seguir evaluando, fiscalizando y sancionando, respectivamente, según sea el caso, las actividades, proyectos y normas bajo su competencia. Indispensable será también seguir teniendo una coordinación estrecha con otros ministerios y órganos de la Administración del Estado que cumplen una función esencial también en la protección ambiental, tales como la DGA, la CONAF, el CMN, la DOH. y el SAG. Por otra parte, los esfuerzos estratégicos que tanto el MOP, el Ministerio de Energía, de Agricultura, Minería, Salud, Vivienda y Urbanismo y las Municipalidades hacen en protección ambiental, será trascendental. Se los debe seguir tomando en cuenta y el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, como órgano coordinador de la política ambiental general, debe seguir cumpliendo su rol. Más allá del legítimo enfoque de todo gobierno, no podemos olvidar la contribución que se ha hecho por décadas, el marco normativo hoy existente y la importancia que cumplen las instituciones y los procedimientos, garantes, al final, de nuestra libertad. Seguir confiando en ello, tomar la posta y seguir nuevos rumbos desde lo construido, no solo es sensato, sino recomendable ante la incertidumbre económica, social y ambiental.

Cambio. En paralelo a la gestión ambiental que el actual gobierno llevará adelante, la Convención Constitucional seguirá avanzando en una propuesta de nueva Constitución para Chile. El trabajo en comisiones y de pleno seguirá su curso y un nuevo marco institucional deberá ser propuesto al país para que este, democráticamente, pueda ser aprobado o rechazado.

Si bien todavía es prematuro evaluar un texto, lo cierto es que la comisión de medio ambiente y nuevo modelo de desarrollo, no ha tenido, hasta ahora, éxito en persuadir al pleno de su propuesta, originalmente de cuarenta artículos. De lo que finalmente se resuelva en esta instancia, dependerá de lo que las políticas públicas ambientales pueden diseñar y ejecutar. Si la futura Constitución es o no ecológica, no es lo relevante, más allá de lo que esto implica para los distintos convencionales. Lo importante, es habilitar a la política y a los poderes públicos (especialmente al poder ejecutivo y legislativo), más allá de la forma de Estado y de gobierno, a ejecutar más y mejores políticas públicas que tengan por objeto proteger nuestro medio ambiente en sus diversas dimensiones y hacer frente a la crisis climática que hoy nos depara. Es este eventual futuro texto, el que esperamos habilite y no restringa, a la política, el que debe dar amplitud a los futuros gobiernos y congresos para que regulen de la mejor manera posible los desafíos que hoy y mañana, el país enfrentará. No rigidicemos el texto. Permitamos que este y los futuros gobernantes puedan definir autónomamente el rumbo que a la política ambiental quieran dársele.

Por eso, dependiendo del texto que eventualmente se apruebe, este debiese facultar al actual gobierno a modificar, si así lo estima, su agenda, en función de un nuevo marco, cuya complejidad aun se desconoce, pero que, a presumir por el debate hoy en curso, desconcentrará muchas de las decisiones que hoy están radicadas en el gobierno central. Esto podrá, en ciertos casos, dependiendo de cómo cada región se organice, fragmentar los esfuerzos del gobierno actual, diluyendo su acción y debilitando su gestión ambiental.

Por lo anterior, lo que disponga la eventual futura Constitución podrá cambiar, ya sea debilitando o fortaleciendo, la gestión ambiental que pretende llevar adelante este gobierno. Confiamos en que un eventual futuro texto no debilite o disperse esta trascendental función pública, cambiando décadas de avance regulatorio. La política ambiental requiere conducción y la actual institucionalidad ambiental lo permite. Mantengamos eso.

Acción. Los símbolos son importantes. Dan contenido y orientan un porvenir. Permiten conectar con la ciudadanía y fijar un horizonte colectivo. Pero ser joven, de Magallanes y hacer campaña desde un árbol, no es suficiente. Se requiere, como en todo gobierno, gestión y acción, tanto administrativa como legislativa, sujeta al control de entes externos: el Consejo para la Transparencia, la Contraloría General de la República y los tribunales de justicia (ambientales y generales). A eso se suman los medios de comunicación, una ciudadanía activa, organizaciones sin fines de lucro (ONG) y las implacables redes sociales. Todos los gobiernos han lidiado con la burocracia administrativa, siempre necesaria e impersonal, pero también, a ratos, agobiante. El gobierno actual no será la excepción a la toma de razón, a los recursos de protección en contra de sus decisiones, a los requerimientos de información y a las largas y extenuantes horas en el Congreso a la espera de que una comisión del Congreso se digne en recibir a la ministra.

Pese a todo, hay materias que ya no pueden seguir esperando y el nuevo gobierno deberá enfrentarlas y ojalá resolverlas. Requerimos con prontitud un nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP); una ley de glaciares moderna; y, cambios al SEA, redefiniendo las competencias de la SMA. A ello se añade la implementación efectiva de la REP, la mejora en los procedimientos de definición de humedales, hoy crecientemente impugnados, cuyas guías tanto el MMA como el SEA aún no han dictado. Mejoras en la participación ciudadana también son esenciales, cualquiera sea el instrumento de gestión ambiental cuya decisión esté siendo tomada. Por último, pero no menos importante, el actual gobierno, que ha sido muy crítico de administraciones anteriores en cuanto al manejo de las zonas de sacrificio, deberá también proponer una solución que, bajo criterios de sustentabilidad, permita abrir un camino de solución respecto a la remediación en la que éstas se encuentran.

Como dice el refrán, “otra cosa es con guitarra”. Es de esperar que la continuidad de ciertas políticas, a esta altura de Estado, se mantengan; se ajuste lo que corresponda en función de lo que disponga un eventual nuevo texto constitucional; y, se le de urgencia, tanto en la gestión como en la acción política, a materias que el país anhela hace muchos años y que este nuevo gobierno prometió resolver. Es de esperar que las esperanzas no se derrumben, pues como nos recuerda Gabriel García Márquez, “…recordar es fácil para quien tiene memoria, olvidar es difícil para quien tiene corazón”. Nuestros compatriotas tienen memoria y corazón, por lo que no olvidaran los compromisos que el gobierno fijó.