Los esfuerzos por una mayor protección ambiental en Chile han sido enormes. En un repaso rápido podemos mencionar:

• los planes de descontaminación de fundiciones,
• el tratamiento de aguas servidas incluidas en la privatización de las empresas sanitarias,
• las inversiones de ENAP en desulfuración de gasolinas y diésel,
• los sistemas de tratamiento de partículas y gases para cumplir normas de termoeléctricas,
• las inversiones en generación con ERNC,
• el cumplimiento de normas para vehículos nuevos,
• el control de emisiones de plantas de celulosa para cumplir norma de TRS,
• y las inversiones en cumplimiento de norma de RILES.

A estas inversiones se agrega un gasto muy importante en tramitación y seguimiento de autorizaciones a través de EIAs, DIAs, estudios de pertinencia, y programas de monitoreo, los cuales representan un monto mayor a los US$ 400 millones por año.

En un cálculo preliminar, el gasto del sector productivo en medio ambiente es superior a los US$ 2.000 millones al año, lo que corresponde aproximadamente al 0,6% del PIB. Comparándolo internacionalmente, este es un monto no despreciable (consideremos que, por ejemplo, la industria en España tuvo el 2012 un gasto ambiental equivalente al 0,5% del PIB).

Por otra parte, el gasto público en protección ambiental ha crecido en forma importante durante las últimas dos décadas, estimándose en US$ 230 millones el 2016.

Todos estos esfuerzos han significado una reducción muy importante del impacto de la actividad económica en la salud de nuestros habitantes, que era, por lejos, el mayor problema ambiental cuando se aprobó la Ley de Medioambiente hace treinta años.

Lamentablemente, este enorme esfuerzo no ha sido capaz de generar confianza en que nuestro desarrollo económico es ambientalmente sustentable  Esta situación implica mucha incertidumbre para las nuevas inversiones, incentiva la judicialización y crea una oposición en las comunidades que habitan en zonas que son relevantes para el desarrollo productivo.

Veo dos explicaciones para este fenómeno. Primero, el modelo productivo nacional aún descansa fuertemente en la explotación de recursos naturales, lo que implica que existe una tensión entre territorio, comunidades y el cuidado del medioambiente. Segundo, las instituciones públicas con competencias ambientales no basan su gestión en el conocimiento del estado real en que se encuentra el medioambiente. El SEIA es el ejemplo extremo de esto, debido a que se impone la lógica absurda de exigir en términos teóricos todo lo posible a un proyecto por ejecutarse, cuando en esencia, si existieran sistemas de monitoreo modernos que caracterizaran el estado de los distintos medios más relevantes pre y post inversión, el titular del proyecto sabría con certeza que su mal comportamiento será observado y sancionado por la autoridad.

A 30 años de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente estos son los puntos centrales por resolver. La solución es posible. Se requiere con urgencia una visión compartida que compatibilice desarrollo económico, social y medioambiente. La oportunidad es hoy más que obvia: Chile es un país clave para la producción de insumos para la descarbonización global, lo que puede aportar un crecimiento de la economía que solucione las demandas sociales que se han hecho muy evidentes los últimos cinco años. Para legitimar este proceso de desarrollo se requiere objetivar la discusión ambiental en base a información confiable y accesible a los organismos públicos, los titulares de los proyectos y las comunidades.  Para esto, debemos entender que tenemos que llevar la gestión ambiental al estándar de la industria 4.0.

Hoy es posible monitorear el estado de la calidad del aire y de las emisiones mediante IoT, ciencia de datos e inteligencia artificial, con una cobertura espacial y temporal muy significativa, a un costo impensable hace dos décadas, La misma tecnología se puede emplear en el monitoreo de caudales y calidades de aguas superficiales y subterráneas, así como en la caracterización de los efluentes industriales. En monitoreo de flora y cobertura vegetal se dispone de información satelital y por drones. En fauna se cuenta con monitoreo en base a cámaras que con inteligencia artificial pueden reconocer especies y llevar un registro actualizado. Ya existen en el país startups, centros de investigación y universidades trabajando en estas tecnologías.

El país debe potenciar esta industria tecnológica local, redestinando parte del enorme gasto actual en el SEIA, para crear un sistema de información y vigilancia que obligue a los titulares y a los servicios públicos a entender que la única gestión ambiental eficiente es la que se realiza en base al estado del medioambiente en el período de explotación de los proyectos.

Esta es la única forma de reemplazar la aprehensión de los titulares de las actividades productivas de la aprobación inicial de su proyecto por la aprehensión sobre su comportamiento real en el día a día.

Por otra parte, la disponibilidad de esta información también ayudará a hacer más objetiva la posición de las comunidades.

Más y mejor información permitirá demostrar que el enorme esfuerzo en protección ambiental que se está haciendo en Chile realmente rinde frutos, lo que se traducirá en una mayor confianza en la sostenibilidad de nuestro desarrollo como país.