Nuestro país se encuentra en medio de un proceso político y social que tiene como fin buscar un nuevo contrato social, es decir, qué tipo de modelo de desarrollo tendremos para los próximos 30 o 50 años.

Esta no es una definición trivial, muy por el contrario, marcará el destino de nuestro país, por lo que debe ser tomada con la mayor seriedad, prolijidad y rigurosidad necesaria, lo que permita poner sobre la mesa las variantes de desarrollo para una correcta toma de decisión de todos aquellos que tengan esa gran responsabilidad sin importante la mesa donde se encuentren.

A partir de esto, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), adheridos por nuestro país desde el 2015, marcan una hoja de ruta sumamente relevante y útil, que muchos de los países más desarrollados los están tomando como base en la planificación e implementación de sus políticas públicas. Esto se ve reflejado, por ejemplo, en el caso de la Comisión Europea, quien ha manifestado su firme compromiso para ser pionera en la aplicación de la Agenda 2030, donde los ODS figuran en cada una de las diez prioridades para el periodo 2019-2024, que incluyen temáticas como Acuerdo Verde, Economía que trabaje para las personas, Un nuevo empuje democrático, entre otros.

En contraste, hemos visto una ausencia de los ODS en la agenda pública del actual Gobierno, lo que ha sido evidente y preocupante. En el periodo 2018-2021 no se entregaron señales claras respecto a la influencia que los ODS y la Agenda 2030 tendrían en la realización e implementación de políticas públicas en Chile. Esto es alarmante, ya que estamos frente a una de las crisis económicas más complejas de nuestra historia reciente, que requiere de una estrategia y planes de trabajo que permitan afrontarla con herramientas y experiencias comparadas relevantes para surfearla.

Esta crisis socio-sanitaria, ha generado pérdidas de empleos, y una disminución en la calidad de vida en diversos ámbitos. Según la Encuesta CASEN, la pobreza asociada a ingresos de los hogares subió de 8,6% de la población en 2017 a 10,8% en 2020, lo que significa que 2.1 millones de personas están en situación de pobreza, de los cuales, 831.000 se encuentran en pobreza extrema, que representa un aumento desde el 2,3% de los hogares al 4,3% en el periodo 2017-2020. Nuestro índice de Gini llegó al 0,527 el peor valor desde el año 2006, lo que nos debe encender todas las alarmas respecto a que el modelo en tiempos de crisis no debe replicar desigualdades. El ODS 1: “Fin de la pobreza”, entrega metas que de haber sido aplicadas con anterioridad, colaborarían en aminorar los efectos descritos.

Las políticas públicas son mejores cuando se hacen en comunidad, por lo tanto, los esfuerzos no deben hacerse desde las trincheras de cada país, sino que debe procurarse una integración socio-económica Latinoamericana que permita de mejor manera el logro de los Objetivos. El lema “Que nadie quede atrás” debe estar más vigente que nunca, y nuestro llamado y esfuerzo debe ser a que nuestro país lidere genuina y decididamente las conversaciones y eventuales negociaciones que desencadenen en mayores recursos, capacidad instalada y humana para avanzar hacia un desarrollo sostenible. Para esto será fundamental que los tomadores de decisión, públicos y privados, puedan comprender que involucrarse sólo traerá beneficios, y que entre antes lo hagan mejor en términos personales y colectivos. Pero para esto es fundamental que los Gobiernos de turno tengan la voluntad y entreguen los incentivos necesarios, cosa que estos últimos cuatros años, han estado preocupantemente al debe. Desde el Estado se deben entregar las señales claves a la ciudadanía y al mercado.

Ahora bien, no debemos olvidar que entendemos por desarrollo sostenible: “Satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas propias”. Esto es relevante para entender que el modelo de desarrollo que tendremos en los próximos años no es trivial.

El modelo de desarrollo extractivista está agotado, por lo que aquel modelo que no incorpore en su base a la economía circular, entre otros factores, no propiciará un desarrollo sostenible, y no logrará un bienestar social inclusivo, lo que puede, perfectamente, llevar a descontentos sociales profundos, tal como el que comenzó en Chile en octubre de 2019. Es clave que los tomadores de decisión comprendan e internalicen que un desarrollo sostenible trae consigo beneficios para todos los involucrados.

Para continuar será clave que tengamos muy claro que crecimiento no es lo mismo que desarrollo, pero que no podemos lograr desarrollo sin crecimiento. Es por esto, que debemos actuar con sentido de urgencia en promover y difundir los ODS, procurando una estrecha colaboración entre el mundo público y privado, de lo contrario corremos el riesgo de cometer errores que la ciudadanía y el medio ambiente no estarán en condiciones de soportar. De todos depende.