A fines de mayo se cumplió un hito relevante de la Ley REP: los Sistemas de Gestión presentaron sus primeros informes de cumplimiento de metas en los dos productos prioritarios vigentes, Neumáticos Fuera de Uso (NFU) y Envases y Embalajes (EyE). Desde entonces, la mirada de los actores involucrados en la implementación de esta normativa ha estado puesta en la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), entidad que tiene competencias fiscalizadoras, sancionatorias y normativas en esta materia.

La semana pasada, la Superintendenta del Medio Ambiente, Marie Claude Plumer Bodin, participó en la inauguración del Segundo Foro REP, donde adelantó que “muy pronto”, darían a conocer los resultados del análisis de dichos informes y, ahora, en esta entrevista con País Circular, la autoridad confirma que este nuevo hito se concretará el próximo mes o, “a más tardar”, en diciembre.

Plumer comenta que en estos momentos están en pleno proceso de revisión, y subraya que no se debe perder de vista que “el elemento sustantivo, fundamental, es el cumplimiento ambiental, no solamente para quienes ya están dentro del sistema de la REP, sino sobre todo para quienes están fuera del sistema y que tienen, tarde o temprano, que ingresar a él”.

Asimismo, la titular de la SMA destaca que el organismo se ha estado preparando para cumplir su rol en la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento al Reciclaje, o Ley REP (N°20.920), desde que fue promulgada en 2016 pero, como era de esperar, el trabajo se intensificó a partir de 2023. Esto se ha notado, entre otras cosas, en las labores de asistencia al cumplimiento: previamente habían tenido unas cinco reuniones de asistencia, mientras que en 2024 ya han realizado 15 reuniones, además de dos talleres abiertos a la comunidad que suman cerca de 250 participantes.

También en el marco de sus funciones de asistencia al cumplimiento, en 2024 la SMA dictó una instrucción general sobre cumplimiento de la Ley REP, y habilitó en su página web un espacio dedicado exclusivamente a este tema. “Ahí están todas nuestras instrucciones, preguntas frecuentes que hemos ido levantando a partir de las inquietudes que han surgido, y toda la documentación vinculada a la REP. Eso lo vamos a seguir alimentando paulatinamente”, comenta Plumer, abogada de la U. de Chile, máster en Derecho Ambiental de la Universidad de Paris I-II Panthéon-Sorbonne.

-¿Qué desafíos ha implicado para la SMA su rol fiscalizador de la Ley REP y cómo los han enfrentado?

El desafío ha sido bien intenso. Si bien desde 2016 se iniciaron una serie de etapas de preparación, en la práctica todo se acelera a partir de 2022 con la inminencia de la entrada de los primeros plazos de metas.

La REP ha implicado un desafío bien importante porque ha significado un cambio en la forma de abordar la fiscalización por parte de la Superintendencia que, por su propia ley orgánica, fiscaliza instrumentos -como las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA), normas de emisión, etc.-, asociados a una unidad fiscalizable. Todo nuestro modelo está pensado así y la Ley REP cambia esa modalidad. Acá el énfasis está más bien en el producto, en una serie de etapas, en varios actores que tienen distintas responsabilidades.

En ese contexto, la fiscalización va fuertemente al análisis de volúmenes importantes de información; información contable, económica, que también es algo especial para la Superintendencia, y que exige ver cómo generar capacidades para abordar ese tipo de información y, también, sobre todo, para hacer su trazabilidad.

Por lo tanto, los desafíos son muy importantes, y son permanentes, porque es una ley que partió este año con la obligatoriedad asociada a dos productos prioritarios, pero continúa, y nosotros en ese proceso hemos ido construyendo capacidades y definiendo cómo entender esta ley.

-¿Con qué otros organismos públicos han estado trabajando para la adecuada fiscalización de esta ley?

Junto con fortalecer de manera permanente el trabajo coordinado con el Ministerio del Medio Ambiente (MMA), que es un actor evidentemente clave, iniciamos fuertemente una línea de trabajo y de coordinación con el Servicio Nacional de Aduanas (SNA) y con el Servicio Impuestos Internos (SII).

Esto tiene una lógica vinculada a la fiscalización, porque necesitamos disponer de información que nos permita hacer la trazabilidad, comparar información. Esto lo hemos ido consolidando con Aduanas y con Impuestos Internos para hacer esa trazabilidad de datos y ese intercambio de información, que nos va a permitir -no en forma excluyente, pero sobre todo- identificar a los actores y a los obligados, independientemente que hayan entrado al sistema o que estén fuera del sistema y deben ingresar.

Esta área -de la información, la trazabilidad, la comparación de datos- es bien importante respecto a nuestro foco de trabajo. Esa información nos permite priorizar y focalizar nuestros esfuerzos.

-Ud. menciona a los regulados que aún no han adherido o conformado un Sistema de Gestión, ¿además de recopilar esa información, qué más puede hacer la SMA con ellos?

Este es un tema importante. A todos nos interesa que se aplique esta ley, que ha sido progresiva respecto a su aplicación. Tiene una lógica de adaptabilidad a este nuevo diseño regulatorio y, por lo tanto, hay un universo de Sistemas de Gestión, de actores, que de distintas formas han ido ingresando a esos sistemas.

Pero hay un universo que no ha ingresado y buscamos la forma para identificarlo de la mejor manera posible; de ahí la necesidad de coordinarnos y requerir esta colaboración con otros organismos de la Administración del Estado, para identificarlos y poder actuar bajo esa lógica. Estamos en ese proceso.

He comentado en distintos espacios que estamos focalizados en instalar, en fortalecer la Superintendencia, en prepararla para recibir toda la información de los Sistemas de Gestión y actuar a partir de esa información, pero también respecto de todo este universo que está afuera.

Ahora, una herramienta importante que puede colaborar en este trabajo de fiscalización es la denuncia. La posibilidad que nos puedan hacer llegar denuncias respecto de actores que están fuera y que deben ingresar. Como SMA tenemos permanentemente en nuestra página web una dirección de denuncias ciudadanas, que pueden hacer personas jurídicas o personas naturales; recibimos muchas denuncias en el año, muchas de ruido, pero también hay de otras materias. Y en la Ley REP también puede ser un espacio de colaboración y de orientación a la fiscalización.

Estamos en plena actividad, con un trabajo muy fuerte con Aduanas para poder ir espejando, identificando, comparando información y, sobre todo, ir identificando a quienes no han ingresado al sistema debiendo hacerlo.

-¿Es posible esperar en el corto o mediano plazo sanciones para esos actores que no han ingresado aún a los Sistemas de Gestión?

Como usted comprenderá, no puedo comprometer plazos en ese aspecto.

Hoy día estamos en dos focos paralelos. Uno es cerrar el análisis de información respecto al cumplimiento de metas. Durante el mes de noviembre -como máximo- vamos a tener toda esa información cerrada. En paralelo, estamos haciendo este levantamiento y trabajo con Aduanas. Por lo tanto, estamos trabajando a full, de acuerdo a nuestras capacidades y priorizaciones para poder abordarlo.

-¿Cuándo harán público ese análisis sobre el cumplimiento de metas?

Esperamos hacerlo en noviembre o, a más tardar diciembre. Pero dentro de este año calendario.

-Desde la SMA informaron que recibieron 24 informes de cumplimiento de metas, y que en 16 casos debieron hacer requerimientos de información, ¿a qué se deben esos requerimientos?

Así es, de los 24 informes que recibimos, 16 fueron con requerimientos de información. Hubo  muchos casos de inconsistencia de la información entregada; se decía algo en el sistema y en el papel se señalaba otra cosa, o las unidades de medida eran erróneas, por ejemplo, se reportaba kilogramos en vez de toneladas. También había información duplicada. Recibimos el requerimiento, hemos procesado la información y vamos a ir resolviendo cómo continuamos.

Podemos decir que esto es parte de la etapa de aprendizaje de los distintos Sistemas de Gestión y, por lo tanto, se da ese espacio para su corrección; ese fue uno de los objetivos de hacer el requerimiento.

Además, en el requerimiento solicitamos que los Sistemas de Gestión informaran a la Superintendencia cuál había sido el problema que enfrentaron en el cumplimiento de la meta, sea cual sea. Dimos ese espacio y son bien interesantes las respuestas que recibimos. Ahí nos damos cuenta de las complejidades, ya sea del diseño regulatorio, de cómo a veces la cadena no funciona como reloj y se van generando algunas fallas, que es importante identificar, ya sea para corregir una regulación, mejorar un sistema, o promover una mejor información.

Esas respuestas sobre los problemas las estamos procesando para canalizarlas correctamente y hacernos cargo de este levantamiento de dificultades que han tenido los distintos regulados.

-En el Foro REP Ud. dijo que esperaba “que las señales y actuaciones [de la SMA] sean efectivas y cumplan la finalidad perseguida” ¿Cuál es esa finalidad y cuáles podrían ser las señales y actuaciones?

La Superintendencia, como organismo fiscalizador, tiene múltiples obligaciones, y esta es una más. Para dimensionar un poco la envergadura de nuestra labor, solo en el instrumento de RCA tenemos más de 17.000 Resoluciones de Calificación Ambiental. Entonces, la Superintendencia no puede estar en el 100% de todos esos instrumentos. Es inviable. Así que lo que la SMA debe fijar lineamientos, priorizaciones, estrategias. Y eso no es distinto a lo que sucede con la REP, considerando además que es una ley que partió formalmente -desde un punto de vista de la obligatoriedad- con dos productos prioritarios este año, con la serie de complejidades que hemos ido conversando.

Una actuación de la Superintendencia, como por ejemplo el requerimiento de información, también es un mensaje. En decir, cuando requerimos información, estamos diciendo, ‘mire, usted entregó esta información, es un error, confírmelo’. Ese es un mensaje que tiene una línea bien clara. Estamos diciendo: ‘sabemos que estamos en una ley que es nueva, hay que cumplirla, pero hagamos este espacio de corrección en este tipo de inconsistencia. Sobre eso, veamos si cumplimos la meta’.

La fiscalización es también una forma de actuar por parte de la Superintendencia. No es sólo el inicio de un procedimiento sancionatorio; la fiscalización tiene un componente esencialmente preventivo y correctivo. Y acá se hizo en esta etapa.

Luego, si el día de mañana se hace un procedimiento sancionatorio, también hay un mensaje. Se tendrá que priorizar y focalizar dónde se quiere colocar la señal en un comienzo, en qué tipo de actuaciones para efectos de que esa decisión -como toda actuación de la Superintendencia y de todo organismo fiscalizador- tenga una consecuencia positiva. Es decir, que haya sido, por un lado disuasiva, tanto a ese sujeto como para todo el resto, y que se pueda, paulatinamente, llegar al cumplimiento que es el objetivo de la REP.

En ese proceso estamos, y a eso me refiero cuando digo que ojalá demos las señales correctas y que se entiendan en el sentido que queremos que lo haga la comunidad regulada.

-Para lograr ese efecto positivo, ¿han definido cuál señal es más relevante en el aspecto sancionatorio?, ¿sancionar el no cumplimiento de metas o la no adhesión a un Sistema de Gestión?

Mire, uno puede plantear ambas. Ahora estamos focalizados al incumplimiento de la meta y a los que están fuera del sistema REP ¿Cómo vamos a abordar eso? Es lo que iremos definiendo.

No quiero adelantar una postura, porque puedo generar un espacio de mayor incertidumbre. Las instituciones tienen que expresarse a través de sus decisiones formales.

-Entiendo, entonces, que no me puedo adelantar si va a haber cierta flexibilidad ante los incumplimientos de metas…

Esa es una definición que tiene que ir adoptando la Superintendencia y, cuando la adopte, la tiene que ir motivando, para efectos de la transparencia, la trazabilidad también de las propias decisiones. Por eso no quiero decir si la Superintendencia va a tener o no una flexibilidad, porque sería adelantar elementos en materias que solo tienen que ser resueltas a través de definiciones formales por parte de la SMA.

-¿Es mucha la presión cuando hay tanta expectación -como en este caso- sobre las decisiones que toma la Superintendencia?

La Superintendencia, como institución, en general está siempre con muchos ojos mirándola.   A veces un tema es más mediático, pero la Superintendencia tiene que trabajar más allá de las presiones, más allá de la ansiedad que a veces genera alguna materia.

Así que quiero dar ese mensaje de tranquilidad, estamos trabajando fuertemente en este caso, todo el equipo REP, que es un equipo bien acotado, pero estamos muy bien organizados para avanzar con un cronograma que nos permita ir cerrando procesos con la eficiencia y eficacia que tratamos de dar como Superintendencia del Medio Ambiente. Estamos plenamente en ese proceso (…) Esta es una ley que a todos nos interesa, que nos va a mejorar la calidad de vida y, como toda ley, nos exige a cada uno, en los sectores público y privado, cumplir con nuestra labor, compromiso y responsabilidad.