Medio Ambiente / Entrevista

Natalia Greene, experta en la Constitución ecuatoriana: “Me encantaría que Chile fuera el segundo país del mundo en reconocer los derechos de la naturaleza”

La actual vicepresidenta de la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (CEDENMA) trabajó en incidencia política ambiental en la discusión de la Asamblea Constituyente de esa república entre 2007 y 2008. La carta magna ecuatoriana fue la primera del planeta -y hasta ahora la única- en consagrar los derechos de la naturaleza, pero su aplicación ha afrontado varias dificultades. En esta entrevista, Greene analiza las ventajas y desafíos pendientes sobre este particular, pensando en el debate que se avecina en la inédita Convención Constitucional chilena.

Entre 2007 y 2008, la ecuatoriana Natalia Greene pertenecía a la Fundación Pachamama y desde esa vereda se involucró en el proceso constituyente convocado por el entonces presidente de esa nación, Rafael Correa. Desde esa fundación en particular logró hacer incidencia política ambiental en la Asamblea Constituyente para que el tema de los derechos de la naturaleza en la Constitución fuera, cuando menos, discutido.

Sin embargo, para gran satisfacción de ella y Fundación Pachamama, la Constitución ecuatoriana -una de las últimas cartas magnas latinoamericanas creadas tras la conformación de una Asamblea Constituyente- se convirtió en la primera en el mundo en reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos. Adicionalmente, Greene, en su rol de presidenta de la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (CEDENMA), abordó otras temáticas ambientales a través de una especie de agenda dirigida a los 130 asambleístas.

A casi 13 años de ese hito, Greene -ahora vicepresidenta de CEDENMA y fundadora de la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza o Global Alliance for the Rights of Nature (GRAN)- sigue siendo una activista por los derechos de la naturaleza en la Constitución, un contenido que ha sido una de las banderas de varias y varios constituyentes chilenos que comenzaron a trabajar el domingo 4 de julio en la Convención Constitucional.  Citada por algunos representantes chilenos como un modelo a seguir, la Constitución ecuatoriana ha tenido varias dificultades en su aplicación a la realidad. En esta entrevista, Natalia Greene -quien es mitad chilena por su lado paterno- analiza las ventajas y deudas de la carta magna de su país en materia ambiental en conversación con País Circular desde las Islas Galápagos.

-Muchos constituyentes en Chile ponen a la Constitución ecuatoriana como una especie de modelo, al menos en términos ambientales. ¿Qué virtudes dirías que tiene la carta magna de tu país?

-Bueno, primero que todo, felicitamos a Chile por este proceso. En algún momento organizamos un tribunal de derechos de la naturaleza en diciembre de 2019 pensando en que podría haber una Constituyente. Nosotros estamos súper prestos en apoyar a Chile en lo que más se pueda en este proceso por dos temas: la inclusión de la naturaleza como sujeto de derechos, siguiendo los pasos de Ecuador; y el otro es el reconocimiento al derecho al agua, porque Chile es el único país que tiene sus aguas privatizadas. Es importante incidir en esos puntos y sean incluidos. Yo estuve en 2008 participando desde la sociedad civil para incluir estos derechos de la naturaleza en Ecuador, además de varios temas ambientales, sobre el petróleo, la minería, la pesca. Pretendíamos que este tema lo discutiera la Asamblea, lo veíamos lejano. Pero hicimos bastante lobby en que se reconociera como persona jurídica y 109 de los 120 asambleístas aceptaron. A partir de ese reconocimiento constitucional, he dedicado más de 12 años de mi vida a esto. Me encantaría que Chile se convirtiera en el segundo país que reconoce los derechos de la naturaleza en su Constitución. Esto lo veo desde el lado activista y litigante. Ya estamos litigando varios casos. Si alguna vez se discutió la abolición de la esclavitud, el reconocimiento de los derechos civiles de las mujeres a partir del feminismo y los derechos colectivos de los indígenas, ahora es tiempo que se pueda dar el paso hacia el reconocimiento de la naturaleza, en virtud de esta crisis climática. Esto tiene un efecto multiplicador y es bueno además tener la opción de litigar por derechos de la naturaleza, algo muy diferente a litigar por derechos ambientales.

Natalia Greene dice que la elección de Elisa Loncon como presidenta de la Convención puede acercar el tema de los derechos de la naturaleza y la plurinacionalidad.

“En Ecuador se reconoce que la naturaleza tiene derecho a existir y eso es muy importante. No en todo el mundo se reconoce que la naturaleza tenga el derecho a existir; nadie entiende por qué los seres humanos sí tienen ese derecho, y la naturaleza no. Nuestra Constitución nos da el paso a cómo exigir los derechos de la naturaleza”.

-¿Por qué tan diferente?

-Porque, por ejemplo, si tocáramos el tema de la esclavitud, los derechos ambientales verían cuántas veces le puedo pegar a mi esclavo o cuánto puedo contaminar el río. Los derechos de la naturaleza, en cambio, es decir: ese esclavo no es tu esclavo y no tienes que pegarle. Cambia la forma de relacionarte con esa persona jurídica. El derecho a la naturaleza permite que ésta se proteja y se respete, y no sea un objeto que se explota, destruye y contamina.

-¿Qué implica en concreto dotar de derechos a la naturaleza? ¿Cómo el ciudadano común y corriente que siente vulneración en este particular puede exigir ese derecho? ¿De qué manera puede recurrir a la justicia de tal suerte que ese derecho sea consagrado?

-Ecuador tiene una Constitución bastante amplia, es un muy buen texto. No obstante, tiene 444 artículos y algunos son hasta un poco contradictorios y dan paso al extractivismo. Yo la veo como una Constitución de transición: quiere dar ese paso a los derechos de la naturaleza, pero todavía está inmersa en otro paradigma de desarrollo. En Ecuador se reconoce que la naturaleza tiene derecho a existir y eso es muy importante. No en todo el mundo se reconoce que la naturaleza tenga el derecho a existir; nadie entiende por qué los seres humanos sí tienen ese derecho, y la naturaleza no. Nuestra Constitución nos da el paso a cómo exigir los derechos de la naturaleza. También se puede plantear el cómo en una norma jurídica procedimental, pero hay que ver el tema político, si está el escenario. Yo vi que en la Convención Constitucional chilena hay una presidenta mapuche, lo cual es bueno. Lo más recomendable, si se llega a reconocer, es que en la Constitución quede plasmado el cómo exigirlo, y no dejárselo al poder legislativo. Si no, puede minimizarse el reconocimiento de la naturaleza en la Constitución. Lo que logró Ecuador es que esa misma Constitución plantee qué pasos a seguir.

-¿Pero la entrada en vigor de la Constitución ecuatoriana ha derivado en una mayor protección a la naturaleza?

-Yo creo que sí. Obtuvimos ese reconocimiento constitucional en la época del presidente Correa, quien estaba a favor de los derechos de la naturaleza. Pero realmente durante los 10 años del gobierno de Correa, los ecologistas fuimos perseguidos. Fue muy difícil aplicar los derechos de la naturaleza, porque teníamos un gobierno muy en contra. Los primeros 10 años fueron súper complejos, porque el gobierno promovía la minería a gran escala y la explotación; no le interesaba el tema. Pasado este gobierno, hay más independencia en la justicia. Lo bueno es que Chile tiene una institucionalidad fuerte, y Correa cooptó todo el poder judicial, no había nada que no pasara por él. En Chile hay más facilidad de exigir los derechos esté quien esté en el poder. En un observatorio que tengo, sabemos que hay 56 casos en Ecuador donde se litigaron derechos de la naturaleza. No hemos logrado cambiar el modelo de desarrollo, peleamos mucho contra la minería, pero no ha habido una decisión política para hacerlo. Sin embargo, esto nos da una herramienta importante para litigar por la naturaleza. Un abogado argentino me decía: “Ustedes en Ecuador pueden exigir que una mina que tenga permiso no se lleve a cabo si afecta la vida de una especie; en Argentina, en cambio, se puede solamente decir: “Por favor, traten de no contaminar tanto”. Hay mucha tela para cortar aún. Se podría hasta defender la vida de los tiburones en nombre de la vida de los tiburones, por lo que dio paso a litigar de forma súper creativa.

-¿Qué errores cometidos por ustedes en el diseño de la Constitución no debería cometer Chile en su proceso constituyente, con respecto a la temática ambiental en el texto?

-A ver, yo diría varias cosas ahí. Llevamos 70 años con el reconocimiento a los derechos humanos y todavía no te puedo decir que en el mundo se garantizan todos los derechos humanos, ¿o sí? Todos los días hay violaciones a los derechos humanos. No hay una garantía de que lo que pongas en la Constitución, al otro día se cumpla y esté todo maravilloso. Ese cambio no ocurre de la noche a la mañana. Que Ecuador tenga 56 casos en litigación es fantástico. Deberíamos contar con esta herramienta en este momento de crisis climática y ambiental donde no tenemos tiempo. Diría que los errores pasan por la falta de coherencia, porque da paso a la explotación abierta en parques nacionales y la acción de las petroleras. Chile debería ser coherente respecto del derecho al agua y que eso se vea reflejado transversalmente. La Constitución ecuatoriana es transversal, pero tiene artículos contradictorios. Chile debe tener muy claro el modelo de desarrollo que busca, entonces tiene que reflejarlo en todos los artículos de la Constitución.

Natalia Greene tiene toda la voluntad en colaborar en el proceso chileno para intentar incluir a la naturaleza como sujeto de derechos.

“Diría que los errores de nuestra Constitución pasan por la falta de coherencia, porque da paso a la explotación abierta en parques nacionales y la acción de las petroleras. Chile debería ser coherente respecto del derecho al agua y que eso se vea reflejado transversalmente. La Constitución ecuatoriana es transversal, pero tiene artículos contradictorios. Chile debe tener muy claro el modelo de desarrollo que busca, entonces tiene que reflejarlo en todos los artículos de la Constitución”.

-Ese es un punto importante, porque dentro del debate se ha planteado que lo ambiental debiese cruzar todo el texto constitucional para impulsar lo que han llamado “Constitución ecológica”.

-Sería lo ideal. Tiene que ser transversal, no solo un artículo y un capítulo. Tú hablas del cuidado de la naturaleza cuando se habla de endeudamiento público, de desarrollo sostenible. El mundo está yendo en un tren hacia el abismo y tenemos poco tiempo para cambiarlo de dirección.

-En la Constitución ecuatoriana también se incluye ese concepto indígena del “sumak kawsay”, cuya traducción aproximada al español es “buen vivir”. ¿Crees que el hecho de que una mujer mapuche dirija la Convención podría orientar la discusión hacia la incorporación de este concepto y, de alguna manera, superar el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación que aparece en la saliente Constitución chilena?

-Creo que sí. El “buen vivir”, eso sí, fue muy tergiversado en Ecuador. Hablaban de la minería para el buen vivir y yo decía (ríe): no, no va por ahí. El “sumak kawsay” es la visión de un modelo de vida armónico con la naturaleza, los hermanos y familiares. Te plantea un nuevo modelo de desarrollo. No es un vivir mejor que los vecinos, sino vivir bien. El “sumak kawsay” es nuestro paraguas, y se logra con dos patitas: reconocimiento de la naturaleza y reconocimiento de la plurinacionalidad, la cual entiendo que ha sido también un tema de debate en Chile. El reconocimiento de que somos una nación donde coexisten diferentes nacionalidades, y ser una nación donde la naturaleza tiene derechos, puede llevar a un modelo diferente de desarrollo. Quizás en Chile haya otra manera de llamar al “sumak kawsay”, tal vez los mapuches o los kawésqar tengan otra forma de decirlo.

-¿Cuánto ha crecido en el mundo el tema de los derechos de la naturaleza?

-Ecuador fue el primer país, pero ahora son 37 los países que de alguna manera reconocen a la naturaleza como sujeto de derecho a través de algún tipo de legislación, ciudad o ecosistema. Pero todavía Ecuador sigue siendo el primer país que lo tiene en su Constitución, y Chile sería el segundo. Pero el movimiento ha crecido muchísimo, cuando en 2008 nos creían locos. En el 2006 Tamaqua Borough, un pueblo estadounidense del estado de Pensilvania, reconoció en una ordenanza municipal que la naturaleza es sujeto de derechos. En 2008 trajimos a Ecuador a esa gente que logró este reconocimiento para mostrarles a los constituyentes que sí se podía, que sí había antecedentes. Ahora hay muchos más. Nos gustaría ver si podemos enviar una delegación para ir a Chile y fomentar más el tema.

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