Hace una semana, los ambientalistas en Ecuador y a nivel internacional celebraban el resultado de un plebiscito realizado el domingo 20 de agosto, donde el 58,97% de los ecuatorianos respondió Sí a la pregunta: “¿Está de acuerdo con que el gobierno ecuatoriano debería mantener los campos petroleros de ITT, conocidos como Bloque 43, indefinidamente bajo tierra?”. Sin embargo, el festejo se transformó en alerta y desazón el miércoles 23, cuando el ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite, señaló que tenían dudas sobre la constitucionalidad de la votación, que se seguirá extrayendo petróleo del mencionado bloque, ubicado en el Parque Yasuní, y que eventualmente un futuro gobierno podría decidir el cese de las extracciones.

Los cuestionamientos a la explotación petrolera en el Bloque 43-ITT (ITT por los campos de Ishpingo, Tambococha y Tiputini) son de larga data, debido a que se encuentra en el Parque Nacional Yasuní, en la región amazónica nororiental del Ecuador, cerca de las fronteras con Perú y Colombia.

El Yasuní es el parque nacional más grande del Ecuador, con un millón de hectáreas de bosque tropical amazónico y uno de los sitios con mayor diversidad del planeta. Según datos de la BBC, es el lugar más diverso del planeta por metro cuadrado. En su interior han sido identificadas al menos 150 especies de anfibios, 121 de reptiles, 610 de aves, 250 de peces, 204 de mamíferos y 2.113 de flora. Además, es el hogar de las últimas comunidades indígenas no contactadas de la Amazonía ecuatoriana, los Tagaeri y los Taromenane.

Debido a esas características, en 1989 la UNESCO declaró al Yasuní como “reserva de la biósfera”. Asimismo, en 1998, para proteger a las comunidades y al medio ambiente, el gobierno ecuatoriano encabezado por Jamil Mahuad decretó como “zona intangible” casi el 74% del parque, en la cual no se podría realizar ningún tipo de exploración petrolera. En ese momento ya existían tres bloques (16, 31 y 67) de explotación petrolera en el parque.

A comienzos de los años 2000 se descubrió en Yasuní, justo en el límite con la zona intangible, un enorme yacimiento de petróleo, la mayor reserva de crudo del Ecuador, con una estimación del equivalente a 850 millones de barriles de petróleo. Fue entonces cuando se instaló entre los ecuatorianos la disyuntiva entre la actividad extractiva y la conservación de la zona que hoy se conoce como el Bloque 43-ITT.

En lo concreto, en 2013, el gobierno de Rafael Correa anunció que se realizaría la explotación del yacimiento, la que finalmente comenzó en 2016 a cargo de la estatal Petroecuador, en el Bloque 43-ITT, también llamado Yasuní-ITT.

El mismo 2013, el grupo ambientalista Yasunidos pidió que la decisión se sometiera a una consulta popular. Sin embargo, la iniciativa enfrentó una serie de trabas jurídicas y solo en mayo pasado, diez años después, la Corte Constitucional autorizó el plebiscito y validó la pregunta que se haría a la ciudadanía.

La Corte determinó que la consulta sería de alcance nacional, que se definiría por la mayoría de los votos y que, en caso de ganar el Sí, el gobierno tendría un plazo de un año -a partir de la publicación oficial de los resultados -para el retiro progresivo de la infraestructura y, además, no podrá firmar más contratos de explotación petrolera en esa zona.

Fue así como finalmente la consulta sobre la explotación del petróleo en Yasuní-ITT se realizó a nivel nacional el pasado 20 de agosto, junto con la primera vuelta de la elección presidencial ecuatoriana.

En la campaña previa al plebiscito, quienes están a favor de continuar con la producción de petróleo en esa zona -entre ellos los gremios industriales y mineros-, argumentaron que se requiere del dinero proveniente de ella para financiar al Estado y una serie de políticas públicas. Según cálculos del gobierno, al cesar las operaciones el Estado dejaría de obtener al año 1.200 millones de dólares; una cifra que los ambientalistas desestiman, pues señalan que fue elaborada sobre un precio más alto que el real. Actualmente el campo de ITT  produce cerca de 58 mil barriles de petróleo al día, lo que se traduce en una producción anual que ronda los US$140 millones.

Por otra parte, Yasunidos y los promotores del Sí denunciaron una campaña sucia en su contra, con difusión de información falsa y amenazas a los trabajadores del Bloque 43 para que votasen No, entre otras maniobras.

Uno de los líderes de Yasunidos, Pedro Bermeo, insistió en varias entrevistas que no buscaban detener la producción petrolera de Ecuador, sino solo del bloque “que está en una de las zonas medioambientales más importantes del mundo”. Asimismo, el grupo ambientalista propone compensar la reducción de esos ingresos petroleros con un impuesto a la riqueza y el fomento de otras actividades productivas, particularmente el turismo.

Ministro de Energía pone en duda el fin de la extracción

Pasados tres días desde el plebiscito, el ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite,  desató la alarma entre los ambientalistas y entregó un argumento a quienes quieren continuar con la explotación en el Bloque 43-ITT.

El ministro dijo que la Constitución indica que son los lugareños los que deben decidir sobre una actividad extractiva y en este caso, añadió, aunque el Sí ganó a nivel nacional, en la provincia amazónica de Orellana -una de las más pobres del país-, donde se ubica el Bloque 43-ITT, el No ganó con el 58%.

Santos explicó que el Gobierno se ha acogido al artículo 57 de la carta magna para aducir que “los que tienen que decidir si se inicia o termina una operación de explotación de recursos naturales son los habitantes del territorio”. “Queremos que el país esté consciente de este problema constitucional”, agregó.

“Es un golpe gravísimo para la economía del país, y se crea un pésimo precedente. Hay contratos firmados y compromisos a largo plazo. La seguridad jurídica del país queda en entredicho ¿Qué compañía va a venir si a alguien se le ocurre hacer una consulta y se para el contrato?”, se cuestionó Santos Alvite e incluso mencionó el “derecho a resistencia” de las comunidades.

Asimismo, dijo que el actual gobierno continuará operando el Bloque 43 con normalidad y dejará listos los planes de desmantelamiento de las instalaciones por si el siguiente gobernante decide detener la explotación. El actual gobierno, encabezado por el presidente Guillermo Lasso, dejará el poder de forma adelantada en noviembre, luego que convocara a elecciones anticipadas que se dirimirán en segunda vuelta el 15 de octubre, entre la candidata de Revolución Ciudadana (correísta, izquierda), Luisa González, y el postulante de Acción Democrática Nacional (conservador), Daniel Noboa.

Al día siguiente de las declaraciones del ministro Santos, el gobernó difundió un comunicado donde “reafirma su compromiso de respetar la decisión democrática de los ecuatorianos manifestada en las urnas este 20 de agosto de 2023, respecto a dejar el crudo del ITT, conocido como Bloque 43, indefinidamente en el subsuelo”. Sin embargo, el argumento del artículo 57 de la Constitución comenzó a ser replicado por diversos sectores favorables a la continuidad de las operaciones de Yasuní-ITT.

Frente a lo anterior, Yasunidos indicó que las declaraciones de Santos Alvite “ponen en riesgo la democracia, e hizo un llamado” a la ciudadanía, a que esté vigilante y defienda su voto por el Sí el pasado 20 de agosto. “Si de algo podemos estar seguros luego de 10 años de luchar por la consulta del Yasuní, es que iremos hasta las últimas consecuencias, ¡destituiremos a todo funcionario que pretenda violar la voluntad popular y les haremos retirar hasta la última tuerca de esa selva!”, dijo el dirigente Pedro Bermeo.

Diversas organizaciones se manifestaron de forma similar, entre ellas la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) que, mediante un comunicado rechazó las declaraciones del ministro de Energía y anunció que estará “vigilante para defender los resultados y exigir al Estado ecuatoriano el cumplimiento de la voluntad popular”.

La Conaie agrega que “el gobierno de Lasso no tiene calidad moral para hablar del derecho a la consulta previa, libre e informada, cuando lo ha violentado en todo su periodo militarizando los territorios indígenas. Ahora maliciosamente pretende confundir a la ciudadanía y usar a conveniencia este derecho para favorecer al capital petrolero”.

El diario El Mercurio de Ecuador consultó a varios constitucionalistas, que coincidieron en una confusión del ministro Santos. El abogado constitucionalista Ismael Quintana explicó que “hay una confusión del ministro en el alcance de la consulta previa, libre e informada, que se aplica antes de realizar cualquier actividad relacionada con la extracción de recursos naturales y en la que se requiere del consentimiento de las poblaciones cercanas, pero ese es un mecanismo de participación muy diferente, lo que la Corte Constitucional ordenó es una consulta plebiscitaria de carácter nacional”.

El intento de Correa de no explotar el Bloque 43

Luego que se descubrió el enorme yacimiento de ITT, en 2007 el entonces presidente Rafael Correa propuso a la comunidad internacional evitar su explotación y así ahorrar al planeta la emisión de unos 400 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono (cálculo que estimaba el impacto de la extracción y uso del petróleo).

Para que Ecuador pudiera desistir de la explotación, la comunidad internacional debía compensarlo con un US$3.600 millones, los que se reunirían mediante donaciones a un fondo que sería administrado por Naciones Unidas. Ese monto, que correspondía a una estimación del 50% de lo que Ecuador obtendría con la explotación, debía ser recaudado en 12 años.

Sin embargo, pasados 5 años, en 2013, solo se había recibido US$13,3 millones en depósitos concretos y US$116 millones en compromisos, fundamentalmente de países europeos y diversos grupos ambientalistas. Frente a esto, Correa por fracasada la iniciativa y dio luz verde a la exploración, señalando que se haría con “técnicas de extracción de última generación”, para minimizar el impacto.

“No era caridad lo que pedíamos, era corresponsabilidad en la lucha contra el cambio climático. El mundo nos ha fallado”, dijo Correa.