La vocación ambientalista de buena parte de los 155 constituyentes electos el 15 y 16 de mayo pasados empuja el sueño de construir una Constitución con enfoque ecológico o derechamente ecológica. Mucho antes de que se supieran los resultados de la votación, varios grupos de académicos, ambientalistas y científicos se aglutinaron para incidir con ideas y contenidos que -según ellos- son necesarios de consagrar en la nueva carta magna que se empezará a escribir a más tardar desde la primera semana de julio, cuando se celebre la sesión inicial de la Convención Constitucional en la sede del ex Congreso Nacional.

Es el caso, por ejemplo, de la Sociedad Civil por la Acción Climática (SCAC), plataforma que reúne a más de 130 organizaciones de diferentes intereses por la defensa del medioambiente; de la Red de Constitucionalismo Ecológico, conformada en agosto del 2020 por un equipo multidisciplinario de profesionales; el movimiento Recicla La Política, que elaboró un “decálogo para un constituyente verde”. También desde la orgánica de los Independientes No Neutrales, que lograron aunar voluntades para presentar varias candidaturas, están trabajando para trasvasar algunas de sus propuestas ambientales a sus constituyentes electos y a otros cuya prioridad quizá no es el tema medioambiental.

La SCAC se anotó un gran triunfo en los pasados comicios, ya que lograron instalar a cinco constituyentes en la Convención Constitucional: Gloria Alvarado, Francisco Caamaño, Cristina Dorador, Juan José Martín y Elisa Giustianovich, agrupados en distintas listas. Pero más allá de tener convencionales electos, la SCAC pretende ser un reservorio de ideas con las cuales aportar a la discusión constitucional dentro de la asamblea.

“La mirada de Constitución Ecológica que existe desde SCAC ha sido difundida de diferentes formas hasta ahora, tanto a las personas en general como a los constituyentes en su proceso de elección. Ahora estamos muy contentos de que haya 5 constituyentes que provienen de organizaciones del SCAC y varios más de organizaciones con las que compartimos una visión”, apunta el abogado Ezio Costa, vocero de la SCAC y director ejecutivo de la ong FIMA.

De igual manera, en agosto de 2020 se conformó la Red de Constitucionalismo Ecológico, la que está integrada por un equipo multidisciplinario que aborda las problemáticas socioambientales en Chile desde el conocimiento y la evidencia, y que intenta incidir con algunas propuestas dentro de la Constituyente. Está integrada, entre otras personalidades, por el poeta Leonel Lienlaf; la ex ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte; el sociólogo Manuel Tironi; y las abogadas Valentina Durán y Liliana Galdámez, entre otros.

Aunque la Red también logró incorporar a la Convención a tres constituyentes (la misma Cristina Dorador, Amaya Alvez y Manuela Royo), “nuestro objetivo no era ese, sino tener un espacio donde unirnos de manera audaz, incidir en contenidos ambientales y llamar la atención sobre algunas formas de trabajo sobre lo ambiental. Intentar buscar que la Constitución contenga el deterioro del medioambiente y conservar la naturaleza y el entorno”, plantea Liliana Galdámez, cofundadora de la Red de Constitucionalismo Ecológica, doctora en Derecho y académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

Al fragor del proceso constituyente también se conformó Recicla La Política, un grupo de profesionales y ex autoridades que configuraron un “decálogo para el constituyente verde”, con 10 propuestas mínimas que debiesen discutirse en la Convención Constitucional. Algunas candidaturas a convencionales se comprometieron con el decálogo -se cuentan el derecho a justicia ambiental, principio de equidad intra e inter generacional, entre otros- y se les asignó un “sello verde”. Ahora, con los delegados ya escogidos, se aprontan para traspasar esos conceptos a través de distintas plataformas de difusión.

“Ahora con los constituyentes electos, nuestra idea es seguir conversando en profundidad sobre los temas, involucrar a más académicos, a más universidades. Y, sobre todo, apoyar con evidencia científica para que los convencionales tengan más insumos al contribuir en la discusión. Las soluciones tienen que ser respuestas integrales, estratégicas, con horizontes de mediano y largo plazo”, dice Verónica Delgado, integrante de Recicla La Política, doctora en Derecho y académica de Derecho Ambiental de la Universidad de Concepción.

Desde la lista de Independientes No Neutrales, que lograron un hito tras incluir a 11 convencionales en la asamblea, también hay una preocupación por impulsar las temáticas ambientales desde su orgánica interna. “Desde noviembre a enero elaboramos los contenidos de una Constitución con perspectiva ecológica y en torno a eso se fue generando la adhesión de los que conformamos este colectivo. Como independientes uno puede adherir o disentir, pero dentro de esos nueve lineamientos, hay principios rectores y propuestas a concretar para este tipo de Constitución, y los constituyentes hicieron compromisos con esa Constitución ecológica”, comenta Miriam Henríquez, responsable de la comisión de contenidos de Independientes No Neutrales.

Seminarios, libros y hasta entrevistas personales

Para las agrupaciones, la distribución de la Convención post votación configura un cuadro auspicioso de cara a la Constitución ecológica, por lo que “es importante seguir con todas las actividades de difusión en torno a la Constitución ecológica, que ahora se ve más cerca y más posible de volverse una realidad, pero requiere por supuesto del trabajo colectivo para que se concrete”, apunta el vocero de la Sociedad Civil por la Acción Climática, Ezio Costa, cuya organización irá definiendo sus formas de participación durante las semanas venideras, aunque esperarán cómo quede el reglamento de la Convención para “ver las vías formales”. Además, existirán canales para que la asamblea de la SCAC esté en contacto con los convencionales electos.

Entre tanto, la Red de Constitucionalismo Ecológico resumirá su parrilla de propuestas en un documento conjunto que presentarán el 29 de junio, a las 12.00 horas, en un seminario en conjunto con la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Para Liliana Galdámez, integrante de la Red y académica de dicha facultad, un aspecto clave que debería contemplar la nueva Constitución es “la relación indisoluble entre el ser humano y la naturaleza”.

Según la académica, en aras de evitar lo que ha ocurrido en constituciones recientes como las de Bolivia y Ecuador -en que a la naturaleza fue definida como titular de derechos y sin embargo eso no se ha reflejado en mayor protección ambiental-, hay que fortalecer lo que se denomina la “fuerza normativa” de las constituciones. “Es la capacidad del texto para orientar el desarrollo y ciertas políticas. Lo que está en la Constitución no baja en línea recta, sino que orienta y dirige el acontecer en relación con la naturaleza. Hay que traspasar ese conocimiento con una visión sistémica y de futuro. Si uno habla de la naturaleza y no habla del agua, no sirve. Hoy el agua está en manos privadas y tiene que ser un bien nacional de uso público. Yo, en lo particular, soy partidaria de que los derechos de aprovechamiento de agua se tienen que terminar”, explica Galdámez.

En Recicla La Política también piensan dejar un documento tipo resumen descargable y en un lenguaje cercano a los constituyentes y a toda la población. Fuera de ello, ya han celebrado seminarios virtuales para hacer el trasvase de contenidos hacia los delegados y delegadas electas, con participación de quienes adoptaron el “sello verde”, pero con invitación abierta a todos quienes quieran adoptar los lineamientos del decálogo.

Lo importante como concepto general, para Verónica Delgado, integrante de Recicla La Política, “es también poder ver las experiencias comparadas y adaptar lo que en los últimos 40 años pasó en otras constituciones a la nuestra, a nuestra cultura, a nuestra realidad”. En ese sentido, esa Constitución ecológica a largo plazo debe adoptar el cambio radical que experimenta nuestro país en cuanto a la “realidad climática, hídrica, ambiental. Se necesitan nuevos modelos y paradigmas para tener una discusión interdisciplinaria y que tenga reflejo en otras temáticas. Por ejemplo, no se entiende adoptar políticas ambientales sin pensar en la descentralización. Es necesario una mirada integral”, remarca la también directora del Programa en Derecho, Ambiente y Cambio Climático de la U. de Concepción.

Por su parte, desde la organización interna de Independientes No Neutrales dicen que sus convencionales electos tienen, en mayor o menor medida, al medioambiente entre sus cinco prioridades programáticas. Sin perjuicio de ello, y para profundizar el debate al interior del conglomerado, Miriam Henríquez dice que esperarán cómo quedan conformadas las comisiones de la Convención para imitar el formato a nivel interno y trabajar ahí las temáticas.

“La próxima semana comenzaremos a trabajar con grupos de comisiones internas. Nos dividiremos por temáticas: derechos humanos, distribución del poder, etcétera. Cuando se sepan las comisiones que habrá en la Convención, las emularemos a nivel interno. Por supuesto que tendremos una comisión de expertos en conocimientos específicos en lo ambiental”, dice Henríquez, quien agrega que los mismos convencionales electos podrán participar de estas comisiones para recoger insumos y viceversa.

Al igual que Recicla La Política, Independientes No Neutrales apostará por las experiencias comparadas para que la Constitución tenga una real traducción a través de la legislación. Entre los principios rectores que se intentarán comunicar destaca otro punto que a Liliana Galdámez, de la Red de Constitucionalismo Ecológico, le parece relevante: remarcar la relación interdependiente entre el ser humano y la naturaleza.

“Aparte de esos principios rectores, nos parece importante un Estado solidario, plurinacional, que recoja la igualdad. El derecho humano es compartido por todos los convencionales electos de Independientes No Neutrales. Algunos tendrán lo ambiental en el primer lugar dentro de sus definiciones, otros no, pero la mayoría los tiene entre los cinco primeros”, remarca Miriam Henríquez, responsable de la comisión de contenidos de Independientes No Neutrales.

A Henríquez, doctora en Derecho y profesora de derecho constitucional, también le inquieta que la Constitución sea tan robusta que permita las transformaciones requeridas por el pueblo chileno, en este caso, referente a lo ambiental. Tal como opina Verónica Delgado, una de las alternativas sería crear mecanismos de protección de la naturaleza para que no ocurra lo de Ecuador y Bolivia, donde prosiguen las actividades extractivas. Ambas opinan que la creación, dentro del texto constitucional, de una defensoría del medioambiente podría ser una solución para garantizar una prolífica bajada legislativa de la carta magna en la realidad misma

“Algunos expertos de Ecuador nos han dicho que tengamos cuidado, que no basta con lo que ellos dejaron en la Constitución. Se considera que al final fue regresivo. La naturaleza fue titular de derechos, pero estos países no fueron capaces de dictar leyes o normas que permitieran una implementación efectiva. Ahí surge como opción una defensoría del medioambiental, que sería un organismo como la defensoría de la niñez, independientemente de ampliar la legitimación activa a cualquier persona o cualquier ong”, se explaya Verónica Delgado, quien también ha tenido reuniones y entrevistas con dos o tres constituyentes, vía Zoom, para asesorarlos si necesitan apoyo.

“De todas maneras, resaltamos que los textos resultantes de nuestros aportes deben ser en un lenguaje comprensible, sin tecnicismos y sin claves jurídicas”, cierra Delgado.