A partir de las 10.00 horas de hoy, el presidente Gabriel Boric encabezará la ceremonia de instalación del Consejo Constitucional elegido por votaciión popular el pasado 7 de mayo, es decir, hace exactamente un mes. En dicho evento, a celebrarse en la sede en Santiago del Congreso Nacional, la Comisión Experta hará entrega del anteproyecto de nueva Constitución a los 51 miembros del Consejo Constitucional para su debate y estudio. El 17 de diciembre, la propuesta será sometida a plebiscito.

En lo que respecta a la dimensión ambiental del anteproyecto, éste consigna en el artículo 14 del Capítulo I de los” Fundamentos del orden constitucional” que “es deber del Estado el cuidado y la conservación de la naturaleza y su biodiversidad, protegiendo el medio ambiente y promoviendo la sostenibilidad y el desarrollo”. En tanto, en el artículo 17 del Capítulo II sobre “Derechos y libertadres fundamentales, garantías y deberes constitucionales”, el documento declara el “derecho a vivir en un ambiente sano, sostenible y libre de contaminación”, y que promueva la existencia y el desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones. Asimismo, señala que “se podrán establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente”.

Dentro del mismo capítulo, el anteproyecto constitucional habla del “derecho al agua y al saneamiento”, y que “es deber del Estado garantizar ese derecho a las generaciones actuales y futuras. Un poco más adelante, respecto del mismo tema, el documento indica que “las aguas, en cualquiera de sus estados, son bienes nacionales de uso público”. Y aunque no señala explícitamente la propiedad privada en las concesiones de derechos de aprovechamiento de aguas, sí garantiza “el derecho de aprovechamiento de aguas” que confiere a su sitular “el uso y goce de ellas”, conforme a las reglas, temporalidad, requisitos y limitaciones que prescribe la ley.

Otro pasaje que es llamativo es el artíuclo 28 de los deberes constitucionales. En el punto 3, el texto dice que es un “deber de todos los habitantes de la República proteger el medio ambiente” y que, en el caso de que se produzca daño ambiental, “serán responsables del daño que causen, contribuyendo a su reparación”.

También se habla de la “libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, excepto aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas o que deban pertenecer a la Nación toda y la ley lo declare así”. Del mismo modo, cita el texto, “el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas.

País Circular contactó a cuatro analistas y expertos ambientales para analizar la dimensión ambiental de la propuesta constitucional: Ezio Costa, Camila Boettiger, Pamela Poo y Cristóbal de la Maza.

Ezio Costa: “Tenemos una desconfianza fundada en el actuar del Consejo”

“Es un avance respecto de la Constitución del 80, pero mucho menor de lo que uno podría esperar de una Constitución del año 2023”, dice de entrada Ezio Costa, abogado y director ejecutivo de la organización ambientalista FIMA. Lo dice centralmente por el primer capítulo en que se pone al mismo nivel en un mismo artículo la protección al medioambiente y la promoción de la sostenibilidad y el desarrollo.

Según Costa, “no creo que haya problema en que se mencione la palabra desarrollo”. El contratiempo, aclara él, “es sobre la comprensión del desarrollo” que prevalece en el país. “Hay personas que todavía creen que el desarrollo económico es destruyendo el medio ambiente, y eso es una visión preocupante”, comenta el representante de FIMA, ya que “cualquier persona que visualice un país desarrollado implica tener un ambiente más protegido”.

Sobre la incorporación de las palabras “sano” y “sostenible” al derecho a vivir “en un ambiente libre de contaminación” consagrado en la Constitución de Pinochet, Costa indica que es solamente una “actualización” de acuerdo a los parámetros de la ONU, de manera que ese cambio “es lo mínimo de lo mínimo”.

A Ezio Costa le parece relevante incorporar una defensoría de la naturaleza con rango constitucional, y no simplemente en las leyes posteriores: “La defensa de los derechos ambientales suele ser algo que no está en línea con los incentivos de corto plazo de los gobiernos. Entonces es importante tener un organismo que se preocupe de la estabilidad de largo plazo del medioambiente y que tenga cierto nivel de autonomía que le puede dar la Constitución. Se requiere una mirada despegada de los ciclos políticos”.

Sin embargo, la principal preocupación de Costa radica en la conformación del Consejo Constitucional que comienza a sesionar desde esta mañana. Lo señala por la mayoría que tiene el Partido Republicano en el órgano constituyente, cuya totalidad de representantes, a juicio de Costa, no tiene ninguna propuesta ambiental.

“Existe una desconfianza fundada en el actuar del Consejo, por las posiciones políticas de la mayoría de los miembros. Los representantes del Partido Republicano no tienen en sus programas propuestas ambientales, ni han manifestado preocupación por este asunto. Vamos a ver cómo procesan la necesidad de aumentar la protección ambiental”, comenta Costa, para quien, sin embargo, “el anteproyecto es parte de un acuerdo político de las fuerzas que están más representadas en el Comité de Expertos, y es de esparar que este documento sea una base, y que sobre esta base no se retroceda”.

Para él, sin duda, la clave está en el diálogo con las fuerzas de la derecha tradicional y de la centro izquierda que puedan evitar el atrincheramiento de la ultraderecha representada en el Partido Republicano.

Para Costa, otro hecho valioso, según él, es que el texto elimina la propiedad sobre los derechos de aprovechamiento de aguas, elemento que “la Constitución del 80 lo mencionaba explícitamente”. Eso, agrega el director ejecutivo de FIMA, mejora las posibilidades de regulación. No obstante, “el tratamiento general del tema agua es muy deficiente si lo comparamos con el nivel de discusión del proceso constituyente anterior. En esta propuesta no está considerada la gestión del agua, la protección de los ciclos hídricos, lo que es trascendental para proteger el agua para nosotros y las generaciones futuras”.

Costa anuncia, además, que FIMA y otras organizaciones ambientales presentarán iniciativas populares de norma, el mecanismo de participación ciudadana dispuesto para este nuevo proceso: “Ojalá que estas iniciativas de norma logren permear al Consejo y logren darle una mayor protección de los ciclos hídricos, de la salud de las personas relativos a la calidad del aire, lo que señalaba respecto de la defensoría de la naturaleza y la incorporación de ordenamiento territorial”.

Finalmente, dice Costa, “las iniciativas populares de norma son la única instancia en que la ciudadanía podrá esxpresar sus opiniones, en este proceso que ha sido cerrado, sin representantes de movimientos sociales ni independientes. Ojalá exista esa apertura democrática mínima en el Consejo”.

Camila Boettiger: “Este anteproyecto no debería sufrir muchas rectificaciones”

Muy optimista con el anteproyecto constitucional emanado del Comité de Expertos se declara Camila Boettiger, profesora de Derecho Ambiental y Recursos Naturales del Centro de Derecho Regulatorio y Empresa de la Universidad del Desarrollo. “Hay un uso de ciertas palabras que en derecho es súper importante. La Constitución vigente tiene una muy buena base de regulación de la protección al ambiente, que ha permitido armar institucionalidad y recursos de protección. Esta propuesta actualiza esa base de protección ambiental”, señala la académica de la UDD.

Por ejemplo, Boettiger considera un avance “el cambio en la garantía de vivir en un ambiente sano, más que solamente libre de contaminación”, como lo que se indica en el texto en el capítulo II. Otro aspecto positivo es, según ella, “la restricción de ciertos derechos específicos para proteger al medioambiente”, y celebra que se mantengan las causales “de conservación, preservación y protección del medio ambiente”.

Otro tanto destacable para Boettiger es el capítulo de los deberes de las personas, a través de cual se establece que los habitantes de la república deberían prevenir el daño ambiental. Para ella, hay otros conceptos como la regeneración de funciones de equilibro en la naturaleza, implícitos en el texto, que también son remarcables. “El texto recoge bien lo que teníamos”, resalta.

Con respecto a poner a la par la protección ambiental y el desarrollo sostenible, la académica de la UDD dice que instalar a ambas visiones en polos opuestos “es una visión antagónica no realista”. Ella valora que el desarrollo y la protección ambiental figuren en el mismo artículo, ya que “no estoy de acuerdo con esa visión que mira al desarrollo como opuesto al cuidado del medio ambiente”. De partida, agrega Boettiger, porque el texto habla de desarrollo, y no de crecimiento. “El desarrollo es un concepto cualitativo y no cuantitativo como el crecimiento. Los países de mayor desarrollo tienen mayor protección ambiental”, ejemplifica.

Tampoco cree Boettiger que sea un retroceso el mantener los derechos de aprovechamiento de agua concesionables, aun cuando en el proceso constituyente anterior se había garantizado la inapropiabilidad de las aguas. “El retroceso habría sido borrar toda la historia que tenemos en materia de derechos de agua, cuando los derechos de aprovechamiento de aguas existen desde la Colonia. No hubiera sido bueno borrarlo y empezar de cero”. Según ella, no porque el Estado administre directamente las aguas, avanzarán los derechos de las personas.

Esto, según ella, es positivo, porque eleva a rango constitucional el agua como bien nacional de uso público y, además, porque mantiene las concesiones de derechos de aprovechamiento de agua para poder obtener el recurso. Refutando las visiones que critican este punto, Boettiger dice que “mirar de nuevo la propiedad como un obstáculo o algo inconducente a una debida regulación y administración de las aguas por parte del Estado en su labor de tutela como bien público, lo creo artificial”.

Para Boettiger, este anteproyecto “es un trabajo más basado en nuestra tradición e historia” que el texto que fue rechazado en el proceso anterior. “Tiene más sentido de realidad anclado en la tradición, pero con toques de modernidad”, agrega la especialista, para quien este anteproyecto “no debería tener muchas rectificaciones ni debería generar demasiados problemas”. A ella no le preocupa tanto, a diferencia de Ezio Costa, la composición del Consejo Constitucional: “Ojalá que ellos lo tomen como un texto unitario y que no se retroceda respecto de lo que se ha avanzado en protección ambiental”.

En ese sentido, comenta Boettiger, “este anteproyecto les entrega a los consejeros una base sobre la cual empezar a discutir, ya que no es una visión de un solo sector”. Por lo tanto, añade, “es un avance. Se puede decir todo lo que uno quiera de este proceso, pero se hizo con equlibrio de fuerzas políticas y tiene más de lo que uno pensaba”.

Pamela Poo: “El anteproyecto sigue una lógica antropocéntrica”

Para la directora de Políticas Públicas e Incidencia de Fundación Ecosur, Pamela Poo, el anteproyecto constitucional representa un “avance”, ya que hay elementos que el mundo ambiental demandó durante mucho tiempo, pero “es un avance acotado”, aclara, mostrando su pesimismo por el proceso constituyente actual.

Al igual que Camila Boettiger, pero desde una perspectiva crítica, Poo cree efectivamente que el texto que hoy será entregado al Consejo Constitucional es una “actualización” que continúa con “una lógica antropocéntrica” que no se despega de la línea del “desarrollo sostenible”. Sin perjuicio de ello, “sabemos que el desarrollo no es suficiente para abordar la crisis climática y ecológica, y ésta no está reconocida en el tema constitucional”.

Con respecto a la promoción de la “sostenibilidad” y el “desarrollo” en el mismo artículo que la protección ambiental, Pamela Poo cree que es “algo preocupante”, porque los primeros conceptos pueden dejar muy abierta la interpretación a la institucionalidad sucesiva, y no entregando herramientas a la ciudadanía para velar por el cuidado al medio ambiente. Dice también extrañar los derechos de la naturaleza -consagrados en la propuesta rechazada el 4 de septiembre de 2022- y, al igual que Ezio Costa, la existencia de una defensoría de la naturaleza o ambiental.

Del mismo modo, a Poo le resuena mal el hecho de que las minas sean de dominio del Estado, porque, a juicio de ella, “esto implica que vamos a seguir con una lógica extractivista, a partir de este metabolismo socioeconómico, que ahora se amplía”. Y cierra: “Con las herramientas actuales se avanza, pero no lo suficiente para la magnitud de la crisis”. En tal sentido, agrega, “permanece esta lógica privatista del agua que se va a topar con la realidad de la crisis climática y la escasez de agua”.

Sobre el juego político que se prevé en el Consejo Constitucional, con una mayoría de miembros del Partido Republicano, Poo estima que hay un escenario complejo. Similar a Ezio Costa, la especialista cree que “la bisagra estará en la UDI, RN y Evópoli” para ver si están a favor de la protección ambiental o se unen a los representantes del Partido Republicano. Poo acusa “negacionismo climático” de parte de los miembros de esa colectividad, a la luz de unas declaraciones que dio ayer el diputado Johannes Kaiser, quien en la discusión en Sala de la Cámara por el proyecto de ley de “ecoblanqueo”, negó la existencia del cambio climático.

Para Poo, es importante que la Constitución reconozca explícitamente la crisis climática y ecológica, tal y como lo hacía la propuesta constitucional rechazada. Ella espera que también se puedan incorporar aspectos concernientes a soberanía alimentaria.

Para colmo, percibe Pamela Poo, las iniciativas de norma serán solamente “un saludo a la bandera” en vista y considerando la conformación del Consejo Constitucional. “La derecha tiene una mayoría aplastante. Ojalá que la UDI, RN y Evópoli se abran a estos temas. En otros temas en el Congreso la derecha de todos los colores se unió en contra de prohibir las concesiones sectoriales en el marco de la discusión del proyecto de ley del SBAP. Me da la impresión de que esa puede ser la tónica, pero hay que mirar el proceso primero”, concluye la representante de Fundación Ecosur.

Cristóbal de la Maza: “Es un avance sustantivo y sólido”

Para Cristóbal de la Maza, investigador del Centro de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián, hay muchos aspectos valorables de la propuesta de anteproyecto constitucional que se entregará hoy al Consejo Constitucional.

“Es un avance sustantivo y sólido especto a legislación: se avanza en gestión ambiental directa, hay mayores instrumentos para la ciudadanía en materia de protección ambiental; se consigna el derecho a vivir en un ambiente sano, con lo cual se avanza respecto a solo ser libre de contaminación, se permite ampliar la regulación. Hay varias cosas más allá de los mínimos”, considera el también ex superintendente de Medio Ambiente.

A juicio del académico de la USS, es muy destacable el capítulo de los deberes ambientales para los habitantes, ya que eso transforma a todos los ciudadanos que habitan en Chile en “defensores ambientales y nos genera responsabilidades ante daño ambiental”. De igual manera, también implica un salto cualtiativo la inclusión de las funciones de la naturaleza y el equilibrio. “Entiende que hay que recuperar las funciones de regeneración del medio natural”.

De acuerdo al ex superintendente de Medio Ambiente, este anteproyecto, al menos en materia ambiental, zanja cualquier disputa si se aprobara así, además, porque apunta a que el Estado debería hacer un esfuerzo mucho más robusto en territorios vulnerables ambientalmente, como puede ser la zona de Quintero, Ventanas y Puchuncaví.

Puesto que el anteproyecto, según él, tiene muchos elementos remarcables, De la Maza estima que “no va a generar tanta confrontación, ya que recoge lo que se había avanzado en la propuesta rechazada el año pasado: la restricción a derechos de propiedad para promover la protección ambiental”. Él dice mirar con optimismo el debate al interior del Consejo Constitucional, y descarta que pueda haber retrocesos, a pesar de la postura del Partido Republicano.

No obstante aquello, De la Maza extraña más “temas de información ambiental” en el anteproyecto de Constitución. Además, cree positivo que se hable de “desarrollo” y “sostenibilidad” en el mismo artículo que la protección ambiental, y no cree que los primeros prevalezcan sobre la segunda. “Puede ayudar a balancear y provocar un entendimiento entre la protección ambiental y el desarrollo”.

En definitiva, De la Maza cree que, así como está, el anteproyecto entrega mejores instrumentos de gestión ambiental, aunque aclara que “las constituciones no son leyes, sino que entregan un marco”. Para él también es importante no focalizarse solo en prohibiciones y restricciones como única forma de solucionar los problemas, en este caso, ambientales.