Cristián Delpiano Lira es fanático de la banda Rush y del rock progresivo en general, le gusta jugar pádel pero una reciente operación a la rodilla lo ha tenido fuera de las canchas, en el fútbol es cruzado de corazón y en literatura le encanta George Orwell “por la genialidad con la que logró representar los totalitarismos; esa crítica e ironía, a veces gruesa a veces fina, hacia los totalitarismos vengan de donde vengan”. Últimamente también le ha tomado el gusto a los libros sobre gestión organizacional aunque, reconoce, “queda poco tiempo para leer. Leo sentencias todo el día”. Es que Delpiano, abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Diego Portales y doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, es actualmente el ministro presidente (s) del Segundo Tribunal Ambiental (2TA), con asiento en Santiago y jurisdicción en la macrozona central (Valparaíso hasta Maule).

Por estos días, Delpiano y todos los integrantes del 2TA celebran los diez años de vida de la institución: el 28 de diciembre pasado se cumplió una década desde que los primeros ministros -titulares y suplentes- juraron ante el presidente de la Corte Suprema, y el próximo 4 de marzo se cumplirá el décimo aniversario desde que el tribunal inicio sus actividades jurisdiccionales.

El 2TA fue el primer tribunal ambiental en funcionamiento en el país, en virtud de la Ley 20.600 (junio 2012), y en el marco del rediseño de la institucionalidad ambiental, que se inició en enero de 2010 con la promulgación de la Ley N°20.417.

“Como un balance de los 10 años, diría que la decisión de crear los tribunales ambientales como parte del acceso a la justicia ambiental ha sido acertada. Esto desde el un punto de vista de la evolución del número de ingresos de causas y desde el punto de vista de la jurisprudencia del tribunal”, sostiene el ministro Delpiano desde su oficina en pleno centro de Santiago, a un costado del Palacio de Tribunales.

Agrega, no obstante, que el diseño institucional puede ser mejorado, en especial la forma en la que se nombran los ministros, un proceso largo que incluye a los tres poderes del Estado y que ha ocasionado largas vacantes en los tres tribunales ambientales del país. Sobre este punto, sobre los temas que se van imponiendo, la percepción ciudadana, los próximos desafíos y otros tópicos de la justica ambiental se refiere el ministro Delpiano en esta entrevista con País Circular.

 -¿Cuál es su balance de estos diez años del Segundo Tribunal Ambiental?

Creo que con el correr de los años se ha ido asentando la idea en la comunidad jurídica, que los tribunales ambientales han sido una gran contribución al desarrollo de la interpretación de las normas que rigen o que gobiernan la cuestión ambiental.

Si uno revisa la historia en general de los tribunales ambientales en el mundo, han tenido diversas suertes. Hay países en que se han creado y han sido efectivamente una solución exitosa, como creo que es este caso. Hay otros países en los cuales, por distintas razones, se han creado y luego eliminado, o países donde se han creado, están en la ley, pero no funcionan. Han tenido distinta suerte y creo que en Chile, si bien el diseño institucional es mejorable, ha sido una decisión acertada.

Ha sido un proceso exitoso porque los tribunales ambientales, en general, han sido reconocidos por su labor tanto por el Estado, como por las comunidades y por las empresas, es decir, ha habido un reconocimiento más allá de las discrepancias propias y naturales que se puede tener sobre una decisión en concreto. La valoración general que se tiene de los tribunales ambientales desde las tres institucionalidades del concepto de desarrollo sostenible -Estado, comunidades y empresas-, ha sido una valoración positiva. Ese creo que es un gran indicador.

-¿Cómo miden esa valoración, hay sondeos?

Al hilo de la elaboración de nuestro plan estratégico, hace unos años, identificamos diversos stakeholders, para lo cual buscamos personas representativas de los tres ámbitos -estatal, empresarial y de las comunidades- y tuvimos algunas reuniones con ellos. En esos encuentros, por ejemplo, con la Superintendencia de Medio Ambiente, el Ministerio del Medio Ambiente, el Consejo de Defensa del Estado,  ONGs, abogados de empresas, la valoración siempre fue muy positiva. Ahora estamos haciendo seguimiento, realizando encuestas de percepción, de cómo ha ido la gestión del tribunal.

Además hemos hecho encuestas -que no tienen valor estadístico porque son encuestas piloto- a ciertas personas que seleccionamos, también representativas aunque más vinculadas al tribunal, para captar la percepción de las preguntas que estamos haciendo y qué sugerencias tienen respecto a  los aspectos que estamos abordando en los sondeos. Eso ya quedó validado y durante el primer semestre vamos a hacer una encuesta más formal.

La opinión que se tiene de este tribunal, y de alguna manera por extensión a la institucionalidad de los tribunales, ha sido positiva.

-Es interesante esa preocupación por la percepción ciudadana…

Nuestro fundamento es siempre la base legal de nuestras competencias y las cosas que estamos mandatados por ley, pero no quita que dentro de ese marco queremos tener una visión de cómo queremos ser reconocidos en la sociedad.

Los tribunales tenemos un rol social, y en esa perspectiva buscamos saber cómo  la sociedad ve nuestra labor, no tanto en relación al conocimiento de la institución, sino cómo se perciben los fundamentos de nuestras sentencias, cómo se percibe la eficiencia del tribunal -hemos tenido temas relativos a retrasos y estamos haciendo toda la gestión para que eso vaya mejorando-,  la eficacia de nuestras sentencias, más allá de si se está de acuerdo o no.

Año récord de causas y sentencias

-¿Cómo ha sido la evolución del tribunal en relación a la cantidad de causas?

El 2022 fue un año de récord para el Segundo Tribunal Ambiental, el año que más reclamaciones (causas contra la Administración del Estado) han ingresado, más demandas por daño ambiental han ingresado, y mayor cantidad de sentencias se han dictado en reclamaciones.

Si uno mira las sentencias, entre demandas y reclamaciones, llegamos a 32 y superamos el mayor número que se tuvo en 2017 en sentencias (28), y eso dejando fuera dos o tres causas de daño ambiental que formalmente se cerraron por conciliación -no se cuentan propiamente como sentencia, pero son equivalente-.

Es el año en que más causas han terminado por sentencia -entre reclamaciones y demandas- considerando que una sentencia puede involucrar una o más causas, por acumulación.

-¿A qué se debe eso?

La mayor cantidad de ingresos estuvo fuertemente influida por la entrada en vigencia y los procedimientos administrativos por la Ley de Humedales Urbanos (Ley 21.202), eso explica un mayor número de reclamaciones ante este tribunal (contra el Ministerio del Medio Ambiente).

En el caso de las demandas por daño ambiental es una cosa curiosa porque el año pasado ingresaron 16, el número más alto que se tenía antes de eso era el 2016, con 13, y luego entre 7 y 9. No hemos hecho el análisis de porqué están ingresando más demandas por daño ambiental; la percepción que tengo, pero muy por instinto, es que una de las razones se debe a que el tribunal ha promovido los mecanismos alternativos de resolución de controversia, especialmente la conciliación, entonces, creo que las demandas por daño ambiental también han ido sirviendo para resolver ciertos conflictos socioambientales que no son estos grandes conflictos, sino que pueden ser conflictos vecinales que tienen incidencia ambiental. Esto da la señal de que el 2TA puede ser útil para resolver controversias de un nivel no tan macro -no las que aparecen en la prensa-, pero sí por ejemplo del proyecto o la actividad que genera ciertos efectos indeseados en una población determinada, y que han encontrado en el 2TA que la conciliación permita compatibilizar la residencia con las actividades que están cercanas. Creo que eso ha influido, más que un aumento de conflictos.

-¿Eso hablaría de una validación del tribunal ante la comunidad?

Creo que habla de un mayor grado de confianza y una reducción en los costos de transacción de la justicia ambiental. Esto, porque el abogado de la comunidad -que es probablemente el que va a demandar por daño ambiental- dice ‘sabe qué, en realidad no tenemos que presentar grandes ni caras pruebas para acreditar el daño ambiental, no tenemos que incurrir en demasiados gastos para el procedimiento, sino que vamos a ir a un tribunal que lo primero que va a hacer es llamar a conciliación y eso nos va a permitir tener un amigable componedor’. Ahí cumplimos dos roles, somos amigable componedor y velamos porque se cumpla un estándar de lo que dice la ley, que es reparación, un estándar que tenga un sentido ambiental.

-Resolver una controversia por conciliación también debe tener un impacto en los ánimos…

Es difícil de medir. Sin embargo, hemos logrado percibir en muchos casos, especialmente en inspecciones personales en conflictos de nivel local, donde están las comunidades incluso con las pancartas afuera, que al inicio parte como una cosa muy conflictiva y después terminamos reunidos todos en un círculo, fijando las posiciones o planteando cosas que antes no se planteaban, o no se escuchaban. Se facilita mucho el diálogo entre las comunidades y quienes administran los proyectos y no me refiero solo a empresas, pueden ser entidades públicas,

Creo que ha sido una muy buena instancia que ha ido más allá del solo resolver el conflicto socioambiental sometido a la competencia, que es lo que dice la ley.

Nuevas leyes, nuevos desafíos

-¿Cuáles son los desafíos para los próximos 10 años?

En los próximos 10 años tenemos diversos desafíos que van asociados a la ampliación de competencias. Creo que lo que hemos logrado ha habilitado para que en las leyes que se van discutiendo se determine principalmente cuál es la competencia que tenemos; desde el punto de vista de acceso a la justicia que los tribunales ambientales seamos quienes resolvamos las controversias asociadas a la ley. Por ejemplo, la reforma tributaria de 2017 fue de las primeras que amplía nuestras competencias; algunas actuaciones de la Superintendencia respecto de lo que se llama el impuesto verde entran en vigencia, así que este año podríamos empezar a tener algunas controversias.

También las controversias asociadas a la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP, 20.920); ya tenemos una y probablemente lleguen otras, y después vienen las fiscalizaciones, las propias de humedales urbanos, las propias competencias asociadas a la Ley Marco de Cambio Climático y van a venir más.

Se viene una nueva discusión constitucional, y en la discusión anterior una de las cosas buenas que tuvo es que la institucionalidad de los tribunales ambientales estuvo siempre presente, no fue cuestionada, eso fue una gran cosa.

Requiere reforzarse la institucionalidad de los tribunales ambientales. Todas las leyes, cuando ya ha pasado un tiempo de implementación y aplicación requieren ser revisadas, es un proceso natural que tiene que ocurrir, esta no es la excepción, la Ley 20.600 creo que requiere una revisión.

-¿Hay causas que requieran más tiempo o más dedicación?

Hemos logrado, en los temas generales que nos llegan, ir teniendo un ritmo o cierto bagaje en los criterios que hemos ido adoptando; tenemos ciertos criterios asentados. Evidentemente hay casos que son más complejos y requieren una atención particular. Cuando se refieren a temas científicos, que muchas veces son súper complejos; por ejemplo, en este momento estamos conociendo una causa de la Superintendencia de Medio Ambiente que tiene que ver con vibraciones, nos hemos tenido que meter en temas de vibraciones que no se suelen ver en el tribunal, nos ha tocado estudiarlo y son temas tremendamente complejos pero que nos permiten ir avanzando.

Nos va a pasar seguramente con la Ley Marco de Cambio Climático, con las controversias que nos lleguen asociadas a esa ley, creo que nos va a exigir también un estudio mucho más profundizado de los elementos considerados en los decretos que se dicten y en otros aspectos.

Tenemos cierto ritmo pero claramente eso no quita que tengamos que enfrentar temas nuevos desde nuestra perspectiva jurídica y científica. La demanda por daño ambiental de Quintero y Puchuncaví es una demanda que tiene muchísimas variables, muchísimas cosas que tenemos que abordar [Este mes el 2TA comenzó a escuchar los testimonios de más de 100 personas en este caso, donde el Sindicato de Trabajadores Independientes, pescadores artesanales, buzos mariscadores y ramos similar de caleta Horcón demanda, entre otros, al Ministerio del Medio Ambiente, Codelco y empresas como Puerto Ventana S.A., Enel, GNL Quintero, Empresas COPEC, AES Gener, NDR]

-Una de las características de los tribunales ambientales es que incluye a ministros científicos, no solo abogados, ¿Cuál es su evaluación al respecto?

Creo que es un acierto. Siempre ha estado la discusión y creo que finalmente ha sido un acierto, no solamente porque tengan la mirada científica de la cuestión debatida, sino que además creo que tienen un gran activo. Esto siempre lo explico en las clases cuando me toca abordar el punto,  con abogados y gente del mundo de la ciencia en la misma sala. A los abogados les digo “¿usted dejaría que una persona que no es abogada falle conforme a derecho?”, dicen “obvio que no, evidentemente”, y a los científicos les digo “¿usted dejaría que alguien que no es del mundo de la ciencia resuelva un conflicto sobre bases científicas?”; es lo mismo.

Entonces, cuando la ley nos exige resolver conforme a derecho por una parte, y conforme a los elementos técnicos científicos, creo que está bien delimitado cuál es nuestro campo de acción; yo voy a estar más enfocado en las cuestiones jurídicas y un ministro científico va a estar más enfocado a las cuestiones científicas.

Creo que es una muy buena garantía de que la sentencia esté bien fundamentada en los dos aspectos que la ley nos exige. Ese es el gran activo que tiene a mi juicio la incorporación de los ministros científicos.

Mejorar el diseño institucional

El procedimiento para nombrar a los ministros de los tribunales ambientales es complejo e incluye a los tres poderes del Estados. Primero, el Consejo de Alta Dirección Pública (ADP) recibe las postulaciones y selecciona a un máximo de ocho candidatos que presenta a la Corte Suprema. Esta hace una selección y envía una lista de cinco aspirantes al Presidente de la República, quien propone uno de esos nombres al Senado, que debe aprobarlo por 3/5. Según un informe del centro de estudios Observatorio Jurídico, el promedio de tiempo desde que la Suprema envía la quina hasta la aprobación legislativa es de 1,4 años. Esto demoró varios años la entrada en operaciones del Primer Tribunal Ambiental (macrozona norte) y ha implicado que las tres cortes funcionen largos periodos sin su dotación completa.

-¿Cuál es la situación del Segundo Tribunal Ambiental en cuanto al nombramiento de sus ministros?

Hay 2 vacantes. El ministro titular de ciencia está vacante desde julio de 2020; el ministro renunció y por ley el concurso se hace para completar su periodo, que vence a mediados de este año, entonces ese concurso ya no se nombró. Estamos pidiendo que se abra el nuevo concurso para el nuevo periodo completo de 6 años.

En el caso del ministro titular abogado está vacante desde agosto 2022; ese concurso ya está con quina enviada al Ejecutivo durante el pasado mes de mayo, o por ahí. Nosotros pedimos con harta antelación que se abriera el concurso para tratar de evitar ese fenómeno, y ya estaba la quina presentada antes del vencimiento del plazo del ministro titular abogado pero hasta ahora no se nombra.

-Ud. ha dicho que es necesario mejorar el diseño institucional, ¿hay propuestas concretas al respecto?

En lo relativo a este tribunal no hay una propuesta concreta. Entre los tres tribunales estuvimos intentando trabajar una propuesta, pero no logramos consensuar entre los ministros cuál era la propuesta que estábamos todos por defender. Hay diferentes visiones de cómo mejorar el sistema de nombramiento en los TA.

Lo que hemos detectado es que los nombramientos se entraban en la discusión política, entre el Ejecutivo y el Senado, y ha pasado en distintas ocasiones que otras contingencias han ido sacando de la agenda este tipo de nombramiento, que son muy vulnerables al surgimiento de otros problemas de agenda. Por ejemplo, actualmente hay nombramientos pendientes en este tribunal ambiental, pero estuvo el tema del nombramiento del Fiscal Nacional, el Congreso ha estado viendo acusaciones constitucionales…

Si bien la reforma a una ley debe ingresar por el Ejecutivo o el Legislativo, nosotros tenemos algo que decir porque estamos directamente implicados, es algo que atañe a la gestión de las causas. Hay distintas visiones, por ejemplo, reducir la institucionalidad involucrada en los procesos de nombramiento, o definir plazos de nombramiento y efectos en caso de incumplimiento de plazos.