Mientras Chile ya cuenta con una taxonomía verde, el gran desafío está en los obstáculos que supone su implementación. Entre ellos, la falta de mecanismos de acreditación, los altos costos para las pymes y la escasez de incentivos regulatorios. Es lo que concluye el estudio encargado por el Ministerio de Hacienda y patrocinado por el Banco Interamericano (BID), elaborado por los abogados Clemente Pérez y Vicente Palma, socios del estudio Guerrero Olivos.

Fue en mayo de 2025 cuando Chile presentó oficialmente su Taxonomía de Actividades Económicas Medioambientalmente Sostenibles (T-MAS), desarrollada en el marco de la Mesa Público-Privada de Finanzas Verdes, con apoyo de organismos multilaterales y activa participación de diversos actores.

Se trata de una herramienta que aporta certidumbre y transparencia; a la vez que busca orientar las decisiones de inversión pública y privada, así como la alineación del sector financiero y productivo con los objetivos ambientales y compromisos climáticos del país.

Sumándose a una necesidad global de definir criterios y un lenguaje común en torno a la sostenibilidad en los mercados, la T-MAS se diseñó acertadamente en concordancia con la taxonomía europea, precursora en la materia.

“La taxonomía verde o T-MAS, como le llaman en Chile, es un conjunto de requisitos o normas que permiten distinguir actividades que son sostenibles, de aquellas que no lo son. Estamos hablando de actividades que son legítimas, que pueden funcionar. Pero lo que se persigue es que, cuando tú digas que tu empresa o tu proyecto es sostenible, efectivamente lo sea”, expone Clemente Pérez, coautor del informe técnico.

“Es decir, que no basta el marketing, sino que es importante que seas capaz de demostrar que cumples con ciertos estándares. Esto lo que busca es evitar el greenwashing [o lavado verde de imagen]. Es como para sacarse un 6 o un 7 en el examen; la RCA (Resolución de Calificación Ambiental) es para aprobar, para sacarse un 4 y poder funcionar. Pero cumplir con la taxonomía es para sacarse un 6 o un 7”, ejemplifica el abogado.

-¿Cómo hace una empresa para certificarse?, ¿ya está definido ese proceso?

Ese es el gran punto. A nosotros nos contrató el Banco Interamericano de Desarrollo para que propusiéramos una hoja de ruta. Porque tenemos este documento de taxonomía que es muy completo, elaborado con mucha colaboración de los gremios, son 400 páginas. Pero que hoy día corre el riesgo de que no se utilice mucho, que quede como un elemento teórico o que solo lo manejen consultores especializados. Y esa no es la idea.

Por lo tanto, como esto es voluntario, la primera pregunta es: ¿Cómo lo hacemos para que se utilice y se certifiquen quienes lo quieran hacer? Frente a eso, una de las medidas que estamos proponiendo es que sea obligatorio, no para funcionar, pero sí para definir a una empresa como sostenible.

El segundo tema tiene que ver con los sellos que hay en  prácticamente todas las industrias. En esa línea, analizamos la posibilidad de que haya un sello, es legalmente posible, pero creemos que no es lo más recomendable, porque involucraría una cierta burocracia. Y no queremos que la taxonomía sea vista como un nuevo requisito en el mundo de la permisología.

Sabemos que, en vez de promover inversiones sostenibles, las terminaría reduciendo. Porque quizás las empresas grandes van a contratar consultores y van a poder acreditar el cumplimiento de un sello. En cambio, ahí vemos que hay obstáculos para las empresas medianas y qué decir, para las pequeñas.

 -¿Sugieren algún otro instrumento como alternativa?

Sí. Lo que más nos gusta, como medida para implementar y promover el uso de la taxonomía, es un registro público. Es decir, si hay una empresa que quiere definirse como sostenible, con todos los documentos adjuntos que se requieren, tiene que acreditarse en un registro, certificarse y demostrar que cumple con la taxonomía. Y, por lo tanto, que es sostenible.

Ese registro nos parece que es súper importante, porque elimina los problemas del sello y no le exige a una empresa estar recorriendo servicios públicos. Ahora, nosotros planteamos que ese registro tiene que ser público y tiene que ser contestable. O sea, si una empresa declara cumplir algún requisito, que alguien lo pueda cuestionar. Y que haya, entonces, un mecanismo de solución de controversia.

Entonces, que el resultado sea que los que cumplen, porque nadie los cuestionó o, porque habiendo sido cuestionados demostraron que efectivamente cumplían, que puedan definirse como sostenibles. Pero al contrario, los que no se registran o, tratan de registrarse, pero no califican realmente, o son cuestionados con razón, entonces ellos no pueden definirse como sostenibles.

Con eso se evita el greenwashing y se transparenta, por ejemplo, quiénes efectivamente califican para fondos verdes, para beneficios del Estado o para tener la confianza de los accionistas que quieren invertir en una empresa sostenible.

Pero también hay otra propuesta interesante, que es que se utilice la taxonomía para calificar como Iniciativa de Inversión Estratégica para la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales. En uno de sus capítulos, esta ley dice que va a haber un consejo al que los titulares de proyectos pueden postular y, si demuestran que sus proyectos tienen impacto regional positivo, generan empleo, tienen inversión, transferencia tecnológica y cumplen con los objetivos medioambientales, pueden ser calificados como iniciativa de inversión estratégica.

Y eso significa que el Estado les va a dar prioridad y los plazos de aprobación de los permisos sectoriales se reducen a la mitad. Según lo que conversamos con el Ministerio de Economía, se está preparando un reglamento para definir cómo se postula y cómo se califica para iniciativa de inversión estratégica. Y ahí proponemos que se utilice la taxonomía para demostrar el cumplimiento de los objetivos medioambientales.

-Con el fin de avanzar en la implementación de la T-MAS, ¿la idea es que estas propuestas o incentivos corran por carriles paralelos?

Sí, efectivamente. De hecho, hay más propuestas. Por ejemplo, el Estado ha emitido varios bonos verdes o vinculados a la sostenibilidad. Y empresas privadas en Chile también han emitido varios bonos verdes, azules o vinculados a la sostenibilidad. Y eso está todo muy bien.

El tema es que no es tan fácil saber si los proyectos que van a financiar cumplieron las metas establecidas. No estoy diciendo que hay que dudar, todo lo contrario. Encuentro fantásticos estos incentivos. Pero lo que busca la taxonomía es entregar un lenguaje más simple.

Entonces, otra de las cosas que proponemos es que sea el propio Ministerio de Hacienda el que utilice la taxonomía al momento de emitir los bonos verdes. Y lo mismo, ojalá, haga el sector privado. Es decir, que tengamos este lenguaje, que es un lenguaje que busca simplificar las cosas, con la tranquilidad de que no hay greenwashing y de que no se están utilizando mal los conceptos.

Ese es el potencial de la taxonomía. Y la taxonomía la lidera el Ministerio de Hacienda, porque lo que ve es que hay un enorme espacio para inversiones verdes o para finanzas verdes, ya sea en fondos de inversión, en administradoras de fondos, en bonos, en fin. Hay un mundo bien interesante ahí.

–Respecto a estas medidas que plantean en su informe técnico, ¿cuáles son los plazos que manejan para su implementación?

Pensamos que en cuatro o cinco años la mayoría de las medidas que proponemos deberían estar implementadas. Hay algunas más rápidas, otras un poquito más lentas. Pero hay un par de puntos que son clave. Primero, que se incluya la taxonomía en el reglamento de las Iniciativas de Inversión Estratégica; eso significaría un tremendo impulso.

Y segundo, que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) dicte una nueva norma de carácter general para fondos, en la que puedas definirte como sostenible si es que, de acuerdo a la taxonomía verde, cumples con un 80% o más de los requisitos de la T-MÁS.

Esa norma, que está en consulta pública (en el marco del Compendio Normativo de Fondos y Administradoras Generales de Fondos), nos parece muy potente y si es que la CMF, entonces, la incluye definitivamente en su norma de carácter general, tendríamos un segundo gran impulso.

En tercer lugar, implementar el registro público o un sello, aunque con preferencia el registro público, es algo súper interesante y creemos que dentro de los próximos cuatro o cinco años también es posible. Y a continuación, uno podría empezar a plantear otros objetivos, como por ejemplo que haya un APL (Acuerdo de Producción Limpia), en que las empresas busquen certificarse de acuerdo a la T-MAS. La verdad es que hay una serie de otras iniciativas que se pueden ir agregando para que Chile se ponga a la cabeza en materia de taxonomía y así estemos mano a mano con Europa, fundamentalmente, que es el conjunto de países que ha liderado este proceso.

-En la práctica, ¿cuáles son los requisitos en Chile para certificar una empresa o proyecto como sostenible?

El primer paso es revisar si la actividad económica que estás desarrollando pertenece a alguno de los sectores cubiertos por la T-MAS, de un listado amplio de actividades. Por ejemplo un parque eólico, ¿está dentro de las actividades determinadas? Sí, está dentro de las actividades. Perfecto.

En segundo lugar, tienes que demostrar si cumples con objetivos de mitigación y de adaptación, de la forma en que se indica. Y hay una serie de requisitos para demostrar que, efectivamente, este proyecto o esa actividad cumple con mitigación o adaptación. Perfecto.

El tercer paso es comprobar que no haces daño significativo a otros objetivos medioambientales o actividades económicas, en términos de economía circular, de protección de los océanos, impacto en la biodiversidad, reciclaje, etc.

Pero hay un cuarto paso, que es muy importante, que son las Salvaguardas Mínimas Sociales. Esto quiere decir que, como empresa, también tienes que cumplir con ciertos objetivos y ya no es solamente tu proyecto. Sino que la empresa tiene que demostrar, por ejemplo, que tiene un manual de prevención del delito, que cumple con políticas de derechos humanos o que no ha sido sancionada reiteradamente por prácticas ambientales por parte de la Superintendencia de Medio Ambiente.

Entonces, cuando tú cumples con estos cuatro pasos, cuando los superas, califica tu empresa como medioambientalmente sostenible, de acuerdo al sistema.

-¿Estas etapas de evaluación son fijas para todo el que se quiera certificar como sostenible? 

Son estos cuatro pasos y están así definidos en el documento de la taxonomía. Eso sí, en algunos casos se requiere de bastante documentación, como acreditar cumplimiento de la huella hídrica, huella de carbono o las empresas agrícolas, por ejemplo, tienen una serie de requisitos que no son tan fáciles de acreditar; si es que han utilizado buenas políticas de riego, si no han hecho quemas ilegales, en fin… Para cada industria hay una serie de requisitos específicos, a veces más técnicos y otras veces más simples de demostrar.

-¿Qué es lo que sigue en este camino a la implementación de la T-MAS?

Vamos a publicar una propuesta de hoja de ruta y ojalá que se acojan algunas propuestas, porque a mí parecer la taxonomía está muy potente y es un movimiento normativo que hoy en día involucra a la mayor parte de los países de Occidente. Así que ojalá estas medidas se implementen rápido, de una manera bien amplia, y que este documento no quede como una cosa teórica solo para algunos expertos.