Una de las consignas que se escuchó fuertemente el año pasado en el marco del estallido social es que la crisis social es también ambiental. No hay elemento donde esto se pueda ver de manera más evidente que en el tema del agua, donde cerca de 2 millones de Chilenos viven con un acceso al agua precario. La dignidad humana en juego cuando vemos que hay personas que se abastecen con 50 litros de agua – ¡hasta en medio de una pandemia! – por camiones aljibes mientras que están rodeados de plantaciones de paltos que absorben enormes cantidades de agua.

El avance de la sequía y los efectos del cambio climático – de causa humana y asociada al modelo de desarrollo – son fenómenos que no se pueden negar y que solo se agravarán en los años que vienen. Sin embargo, lo más duro de nuestra realidad es la gente que no puede acceder al agua sufre por más una mala de gestión de recurso en nuestro país que por el cambio climático. Esto no sólo lo sostienen connotados estudios sobre la materia, como el de la Fundación Chile, sino que se hace aún más evidente cuando se observa que el agua para consumo humano representa solo 6% del agua de Chile, muy por debajo del uso que hacen los distintos sectores productivos como la agroindustria, que usa más del 60% y la cual ni si quiera somete los proyectos agrícolas a una evaluación de impacto ambiental.

Hoy, en la práctica, el el agua es privada, a pesar de que la ley dice que es un bien nacional de uso público y que supuestamente le pertenece a la nación toda. En efecto, la Constitución actual en el inciso final del Art. 19 N° 24 consagra la propiedad privada sobre los derechos de aprovechamiento de las aguas, colocando un “candado” a la regulación que hay sobre ellas e impidiendo mayor tutela del Estado para entregarle agua a la gente en casos de necesidad extrema, a través de prioridades de uso o restringiendo el ejercicio de derechos de agua privados.

A mayor abundamiento, hoy en Chile no existe el derecho humano al agua, a pesar de que hemos suscrito varios tratados internacionales donde se reconoce, tal como la  Declaración Universal de Derechos Humanos, por ejemplo. Una nueva constitución debe abordar  el tema del agua con un enfoque basado en el derecho humano al agua y no un enfoque privatista  que exalte el poco transparente mercado de las aguas.

Lamentablemente, en enero de este año se rechazó por parte de parlamentarios de derecha una reforma constitucional que buscaba consagrar el derecho humano al agua, argumentando que dicha reforma sería expropiatoria. Nuestra constitución actual tiene un candado que requiere de un quórum de ⅔ para una reforma. Así, no se pudo reunir los 29 votos que se requería para aprobar la norma en el Senado, reuniendo solo 24 a favor y recibiendo 12 votos en contra. Chile es de los pocos países donde 12 votos tienen la misma fuerza que 24 y he ahí otra razón más para una nueva constitución.

Los derechos son solo derechos si son para todos. De otra forma, son privilegios. Hoy, el modelo chileno está en una evidente crisis social y ambiental justamente porque la desigualdad genera privilegios injustos e inaceptables hasta en algo tan básico como lo es el agua. Los líderes políticos de hoy debemos estar a la altura de lo que sucede en el país y reivindicar la idea de que Estado debe proteger especialmente a los más débiles: A aquellos crianceros de Petorca y La Ligua que deben elegir entre dejar morir a sus animales o dejarlos libres a su suerte; o a aquellas familias que deben migrar por falta de agua. Llevamos más de ocho años esperando una Reforma al Código de Aguas que puede no surtir efecto por el “candado” constitucional que existe sobre las aguas y mientras tanto, el desierto avanza, la biodiversidad disminuye y los pobres se vuelven más pobres. Es por eso que debemos poner énfasis sobre el derecho humano al agua, lo antes posible, para hacer frente a la sequía ante un nuevo horizonte constituyente.