A fines de noviembre, el Ministerio del Medio Ambiente anunció que impulsará una reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). La cartera liderada por Maisa Rojas confirmó que ha sostenido reuniones con diferentes instituciones para conocer sus inquietudes y las modificaciones que realizarían a la actual legislación. Esta iniciativa se da en medio de la crisis económica por la que atraviesa el país, lo que plantea la inquietud de cómo se pueden ver afectados grandes proyectos de inversión por la actual normativa.

En este contexto es que la Asociación de Empresas Consultoras de Ingeniería de Chile A. G. (AIC) organizó el seminario web “SEIA, desafíos actuales y futuros”, donde se intercambiaron diferentes miradas expertas sobre las modificaciones que deberían realizarse al actual sistema.

La actividad fue presentada por el gerente general de Econativa Consultores y director de AIC, Rodrigo Azolas, y moderada por el también director de AIC y director Ejecutivo de Soluciones de Gestión Ambiental (SGA), Jaime Solari. En la oportunidad participaron exponiendo Juanita Galaz, directora ejecutiva de MYMA Consultores; Pablo Badenier, exministro del Medio Ambiente y Socio de Asuntos Ambientales SpA; Rodrigo Benítez, exsubsecretario del Medio Ambiente y socio del Estudio Jurídico Schultz, Carrasco y Benítez; y Ezio Costa, director ejecutivo de la ONG ambientalista FIMA.

Juanita Galaz, comenzó su presentación haciendo un completo repaso de la normativa que creó las instituciones en materia medioambiental en Chile. En particular, destacó el año 2008, luego de que Chile ratificara el Convenio 169 de la OIT, donde se establece el deber del Estado de proteger los derechos de las comunidades indígenas, se incorporó ese compromiso en los procesos de evaluación ambiental, pero -dijo- sin generar los mecanismos, normativas ni instrumentos necesarios para gestionar estas materias.

“Esto ha significado que las comunidades ubicadas dentro del área de influencia de los proyectos muchas veces conocen los detalles de los proyectos cuando ya ingresaron al Sistema de Evaluación, y esta situación es la que ha generado conflicto entre el Estado, los inversionistas y las comunidades, dificultando que las empresas logren la licencia social para operar y sientan la debida certeza de la aprobación de sus proyectos”, explicó.

“Recién en 2013 el SEA emitió una guía de buenas prácticas para relaciones con las partes interesadas y otra guía para la participación anticipada de la comunidad, y una dificultad con la que nos encontramos es que el Estado de Chile exige a la industria que comparte los beneficios obtenidos con la ejecución de los proyectos con las comunidades locales, pero no tenemos ninguna señal, ni reglas, ni directrices de cómo hacerlo o cómo abordar este tema”, sostuvo Galaz.

Como propuesta, Galaz detalló que se debiese “volver un poco al pasado, con el propósito de establecer tempranamente términos de referencia en conjunto con las autoridades locales, la comunidad y los inversionistas en el territorio donde se emplazan los proyectos, y así conocer tempranamente las condiciones bajo las que será posible desarrollar”.

Posteriormente, el exministro del Medio Ambiente (2014-2017), Pablo Badenier, si bien coincidió en que el SEIA necesita cambios, destacó por sobre todo las bondades que actualmente tiene la institución: “Que requiere mejoras, no me cabe duda, pero yo al menos no comparto la crítica de refundar o de inventar un sistema de evaluación ambiental de proyectos muy distinto al que hoy existe”.

En este sentido puntualizó que hay tres documentos de gran valor que se deben tener como referencia para la discusión, que son el Informe Final de la Comisión Asesora Presidencial para la Evaluación del SEIA, Propuestas de la Comisión Sindical Ciudadana Parlamentaria y Proyectos de Ley de 2018 y 2019.

Entre las actualizaciones que Badenier considera que son necesarias están la revisión de tipologías y niveles de ingreso; regulación de las consultas de pertinencia de ingreso; consideraciones relacionadas con el cambio climático; modificación y actualización de las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA); ampliación de las modalidades de ingreso a Evaluación Ambiental; Gobernadores regionales como presidentes de comisiones de evaluación regionales; participación ciudadana extensiva a todas las declaraciones de impacto ambiental y Participación Ciudadana Anticipada (PACA) a todos los EIA; y que los recursos de reclamación sean resueltos por tribunales ambientales, por lo que se eliminaría el Comité de Ministros.

Tras la presentación del exministro del Medio Ambiente continuó la exposición del exsubsecretario del mismo Ministerio (2013-2014; 2018), Rodrigo Benítez, que también hizo hincapié en las ventajas que posee el actual SEIA, como que permite contar con mucha información, existe un alto nivel de participación ciudadana y la gran transparencia que caracteriza todo el proceso ya que toda la información es pública.

“Nada de lo que se exponga en este seminario, ninguna propuesta que haga uno u otro Gobierno sin importar el color político será posible si no le damos más recursos, si es que no ponemos, por ejemplo, el mismo grado que tiene la Superintendencia del Medio Ambiente, en términos de regulación. Evaluar y calificar proyectos, y en esto no quiero ser peyorativo, es mucho más complejo que sancionar, es mucho más ingrato, creo que si esto no lo entiende la Dirección de Presupuestos, el Ministerio de Hacienda, esto no va a ocurrir”, puntualizó Benítez.

El último en exponer fue Ezio Costa, director ejecutivo de la ONG FIMA, quien tras realizar un resumen de los objetivos del SEIA procedió a enumerar los problemas y propuestas de mejora en torno a la institucionalidad.

Entre los problemas destacó que el SEIA se presenta como un espacio de resolución del conflicto ambiental y la falta de confianza en el sistema. Además, señaló que como organización recomiendan eliminar el Comité de Ministros ya que “nos parece una instancia innecesaria, reiterativa, es muy raro que la decisión cambie entre los seremis -que son los enviados de los ministros a las regiones- y los ministros. Si cambia es porque pasó algo entremedio, pero no debiera haber mucha variación. Después viene una instancia judicial, entonces esto alarga muchísimo los procedimientos cuando hay reclamaciones y además los ministros de Estado, nos parece a nosotros, no debieran estar tomando estas decisiones”.

“Creo que el SEIA actual tiene como dos almas; una que es de protección ambiental y otra que es de gestión de actividades productivas, de simplificación de los trámites (…) Mi pregunta es si es correcto que esté aquí este segundo ánimo“, sostuvo Costa.

Una vez terminadas las exposiciones, el seminario propuso una forma más dialogante para intercambiar puntos de vista, donde el moderador Jaime Solari invitaba a uno de los expositores a preguntarle a otro sobre un tema. En esta instancia se dio un importante intercambio de opiniones, que pasaron por la Ley REP, el rol que debería adoptar el SEIA ante una posible nueva Constitución y la posibilidad de que la naturaleza sea objeto de derechos, por ejemplo.

El seminario completo se puede revisar aquí: