La necesidad de descarbonizar el planeta, ante una emergencia climática cada vez más evidente, están impulsando de forma acelerada dos procesos hoy complementarios: la transición energética hacia una matriz de generación limpia, y una mayor electrificación de la economía y de las ciudades. Pero esto requerirá de importantes obras de infraestructura, tanto de parques eólicos y solares, como de líneas de transmisión de varios cientos -y miles- de kilómetros que lleven esa energía a los centros de consumo. Y tanto en Chile como en el resto del mundo, eso empieza a generar conflicto en los territorios por donde pasan estos trazados.
¿Cómo abordar este desafío? País Circular convocó a Ana Lía Rojas, directora de EnerConnex; Andrés Romero, director de Valgesta Energía; y a Javier Tapia, director ejecutivo de la Asociación de Transmisores de Chile, para analizar los escenarios que enfrenta el sector en el seminario web “Transmisión y descarbonización: el rol de las comunidades y el territorio en la transición energética”, y cómo compatibilizar el desarrollo de una infraestructra clave en el contexto actual del país.
Para Ana Lía Rojas, hoy existe un consenso internacional en que hay básicamente tres cosas que hacer para reducir las emisiones de carbono: más energías renovables, incluyendo no solo la capacidad instalada sino también la capacidad de gestión de la red para su inserción en el sistema; mayor eficiencia energética, donde la generación y transporte de energía sean eficientes, baratos y seguros; y la electrificación de los consumos.
“Está claro que para lograr las ambiciones climáticas de reducción de emisiones al 2050 no nos quedan 30 años para hacer todo lo que hay que hacer; en realidad quedan 10 años para poder hacer ajustes, señales regulatorias, inversiones, etc; y otros 20 años donde vamos a implementar muchas de las cosas que decidamos en los próximos años. Por eso es clave que los diagnósticos -que creo están todos hechos ya- sean bien entendidos y priorizados”, afirmó.
El problema es que hoy existe una relación más compleja con los territorios, con las comunidades, para desarrollar este tipo de proyectos, principalmente por la falta de un ordenamiento territorial a nivel nacional que dificulta un consenso en esta materia.
La pregunta entonces es -planteó Rojas- “qué hacemos para el emplazamiento de la generación y transmisión -al menos 25 GW de aquí a 2030-, a efectos de dar cuenta de un sistema eléctrico con una demanda creciente y un plan de descarbonización ambicioso que pretende eliminar el carbón de aquí a 2030”.
Ante ese escenario, planteó Javier Tapia, hoy se ve un cierto atraso en el desarrollo que debiera tener el sector. Hoy está en licitación el proyecto de transmisión Kimal-Lo Aguirre, que aparece como la principal solución para el traslado de energía desde el norte a la zona centro, “pero ese es un proyecto que probablemente, dada nuestra experiencia pasada, se va a extender más allá de los plazos. Y es un proyecto que probablemente quede corto. Calculando el nivel de energía que tiene que traerse, esto ‘ya está vendido’, por decirlo de alguna manera”.
Por ello, planteó, hoy se requiere trabajar en tres aspectos fundamentales. Primero, la seguridad y la resiliencia del sistema como una política pública. “Si vamos a tener una economía mucho más electrificada, esto debiera estar en el primer lugar. Hoy estamos viendo ciertas restricciones, por ejemplo para realizar mantenimiento”.