Desde hace tiempo se viene discutiendo el rol de la política en el sistema de evaluación de impacto ambiental (SEIA). Se critica la excesiva politización de las decisiones, tanto por las Comisiones de Evaluación, que deben calificar los proyectos de inversión a nivel regional, como en el Comité de Ministros, que debe resolver los recursos de reclamación presentados en contra de resoluciones de calificación ambiental (RCA), de estudios de impacto ambiental. Un caso emblemático en este sentido ha sido el proyecto minero portuario Dominga, que aún espera una resolución definitiva por el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta.

Para abordar este tema, en octubre 2018 el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley de reforma al SEIA, que entre otras materias, buscaba despolitizar las decisiones, reemplazando las Comisiones de Evaluación por tres comisiones macrozonales y eliminando el Comité de Ministros. Dado que este último proyecto no concitó mayor apoyo, en junio de 2019 fue reemplazado por otro bastante más acotado, que mantiene las Comisiones de Evaluación pero confirma la eliminación del Comité de Ministros y las reclamaciones administrativas. De prosperar esta iniciativa los recursos de reclamación en contra de las RCAs deberán ser resueltos directamente por los tribunales ambientales.

En este contexto, vale la pena plantearse cómo incide la política en el SEIA y si sería conveniente tomar medidas para limitar su influencia.

El SEIA es un instrumento de gestión ambiental para la toma de decisiones. El proceso lo administra el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y participan diversos organismos públicos, que deben revisar los proyectos, en el marco de sus competencias legales. También, el SEA tiene a su cargo los procesos de participación ciudadana y consulta indígena, en los casos que proceden. Pero la calificación final la realizan las Comisiones de Evaluación, que están integradas por el Intendente y las principales autoridades regionales, es decir, todos cargos de confianza política.

Es relevante mencionar que el análisis de los servicios públicos y finalmente de la Comisión de Evaluación, está determinado por los impactos ambientales que generará el proyecto, las medidas de control que sean propuestas y el cumplimiento de la normativa aplicable.

De lo anterior, se desprende que la evaluación ambiental es esencialmente un ejercicio técnico, tanto para el titular, que debe definir y defender su proyecto a través de una Declaración o Estudio de Impacto Ambiental (DIA o EIA), como para las autoridades, que deben evaluar si las medidas propuestas son adecuadas a los impactos que generará la iniciativa.

Pero también la evaluación ambiental es un ejercicio jurídico, que requiere aplicar, por un lado, las reglas de la evaluación contenidas en la Ley Nº19.300 y en el Reglamento del SEIA y, por otro, el cumplimiento de la normativa sectorial, como la de control de la contaminación de aire, agua y suelo, sustancias y residuos peligrosos y protección de la biodiversidad, entre otras.

Entonces, el proceso de evaluación ambiental tiene componentes técnicos y jurídicos. Pero, ¿dónde queda lo político?

Si entendemos la política como la actividad a través de la cual se toman decisiones para una comunidad, parece claro que la aprobación o rechazo de un proyecto por la Comisión de Evaluación o por el Comité de Ministros, son actos políticos. Se trata de decisiones administrativas tomadas por una o mas personas dotadas de legitimidad en función del cargo, que deben ser ejercidas conforme al interés público comprometido.

En este sentido el componente político actua como un elemento catalizador e inseparable de lo técnico y jurídico, que debe traducirse en una decisión razonada del proyecto, sujeta al control jurisdiccional.

Sobre esta materia, el Informe de la Comisión Asesora Presidencial para la Evaluación del SEIA de 2016, confirma que “la evaluación ambiental es un proceso técnico-político” y si bien destaca que “por razones de certeza jurídica las decisiones ambientales sigan criterios técnicos, también es necesaria la visión política, dentro del marco de la política pública, que permita dar un contexto a la evaluación y a cada proyecto.”

Esto es significativo, porque destaca el verdadero rol de la política, que no solo se limita a resolver aspectos discrecionales, sino que influye en la interpretación y aplicación de los propios aspectos técnicos y normativos aplicables a un proyecto.

Además, no se puede dejar de considerar que durante la evaluación, especialmente de proyectos de gran magnitud, se generan todo tipo de intereses, que pueden impulsar los mismos titulares, grupos opositores o ciudadanos. Más que tender a ocultar las fuerzas políticas o sociales, éstas debieran ser consideradas y explicitadas durante el proceso, ya que podrían ayudar a mejorar la calidad de las decisiones y disminuir los conflictos. Una vía para hacerlo podría ser ampliar la participación ciudadana a este tipo de materias.

Por otro lado, cuando la Comisión de Evaluación aprueba o rechaza un proyecto en contra de los antecedentes técnicos o normativos de la evaluación, privilegiando intereses particulares o de ciertos sectores, comete un acto ilegal y arbitrario, que puede ser revisado en sede administrativa, por autoridades políticas y luego por los tribunales ambientales, como última instancia.

Así, la política en el SEIA debiera reivindicarse dejando atrás las malas prácticas e incorporando sistemas de control mas directos sobre los miembros de las Comisiones de Evaluación y del Comité de Ministros. Aunque no sea popular por estos días, me parece que la política debiera ser parte de la solución, no del problema.