La Ley de Reciclaje y de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP) es probablemente la iniciativa legal más importante de los últimos años en materia ambiental, no solo porque obliga a fabricantes e importadores de seis productos prioritarios a hacerse cargo de sus desechos una vez terminada su vida útil, sino también porque impulsa una nueva industria de reciclaje y valorización de residuos, y sirve de sustento a la naciente economía circular.
Promulgada en mayo de 2016, hoy se encuentra en la fase de implementación de sus decretos de metas de recolección y valorización de dos de dichos productos: los neumáticos, y los envases y embalajes. Esto implica que los productores de estos deberán crear sistemas de gestión para hacerse cargo de la recolección, almacenamiento, transporte y valorización de sus residuos, sistemas de gestión que deberán estar constituidos por los propios productores y donde deberán compartir información respecto de cuántos productos ponen en el mercado cada año, entre otros.
Se trata de información considerada sensible y estratégica desde el punto de vista competitivo en un mercado con pocos actores relevantes, y es ahí donde en la industria surgen desde un inicio -y aún hoy- dudas respecto de los posibles riesgos que podría traer la Ley REP a la libre competencia, así como una eventual filtración de datos confidenciales o la facilitación de prácticas de colusión, entre otros.
En el Ministerio del Medio Ambiente han tomado nota de ello. Si bien existen en la ley algunos resguardos, como la obligación de los sistemas de gestión de que las reglas y procedimientos para la incorporación de nuevos actores sean aprobados por el Tribunal de Libre Competencia (TDLC), al igual que las bases de licitación de estos. Al mismo tiempo, se evaluaba incorporar un segundo trámite ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE) para asegurar que no existan eventuales operaciones de concentración, así como mecanismos que cautelen la información que deberán entregar los productores, elementos que podrían ser incluidos en los decretos finales.
A poco más de un mes de que deba salir el primer reglamento -en marzo, para neumáticos- que obligue a iniciar los trámites para la implementación de los sistemas de gestión, aún persisten dudas en la industria. Por ello, la asociación gremial Supermercados de Chile (ASACH) encargó un estudio al respecto al Programa de Sostenibilidad Corporativa de la Facultad de Derecho de la UC, el que estuvo a cargo de los abogados Juan Eduardo Ibáñez -director del programa- y Javiera Izurieta, principalmente para determinar cuál es el mejor camino para constituir estos sistemas.
Según explica Ibáñez, existe preocupación en la industria dado que quienes integren los sistemas son competidores en los mercados relevantes, por lo que los principios de transparencia, tratamiento equitativo de sus miembros, ingreso objetivo de nuevo productores, independencia y de respeto a la libre competencia, toman gran importancia y deben ser implementados de manera ejemplar, efectiva e innovadora.