Con la finalidad de propiciar un “gran acuerdo” para fomentar la desalación y el reúso de agua en Chile y Latinoamérica, entre hoy y mañana se desarrollará el foro virtual internacional “Políticas públicas para garantizar el acceso al agua”, organizado por la Asociación Latinoamericana de Desalación y Reúso de Agua (ALADYR).

A las 09.00 horas se inaugurará la primera jornada de este encuentro que busca debatir en torno a las oportunidades de la industria en nuestro país en el acceso a nuevas fuentes de agua para afrontar la dramática crisis hídrica. En la instancia participarán no solo actores de locales como mineras, sanitarias y fundaciones, sino también invitados internacionales: son ellos quienes mostrarán buenos ejemplos de experiencias en otras latitudes para ver de qué manera se podrían extrapolar a Chile. El encuentro será abierto y transmitido a través del canal YouTube de ALADYR.

“Este congreso surgió desde la necesidad de instalar en el país una regulación para incentivar el uso de nuevas fuentes de agua: desalación y reúso de aguas servidas tratadas. Hay un convencimiento a nivel general de que, debido al cambio climático, el agua no va a alcanzar para abastecer a la población y a las actividades productivas si no se toman medidas. Primero, hay que hacer un uso eficiente del agua y luego nuevas fuentes. Y para eso hay que tener regulaciones, incentivos, un marco legal para los inversionistas”, dice Ivo Radic, representante para Chile de ALADYR y director ejecutivo del Grupo VIGA.

Precisamente el presidente de ALADYR, el venezolano Juan Miguel Pinto, será uno de los encargados de inaugurar la jornada de hoy. Lo acompañarán el ministro de Economía, Lucas Palacios, y la gerenta general de Aguas Andinas, Marta Colet. “La desalación y el reúso siguen conquistando espacios en América Latina por las condiciones que imponen el crecimiento demográfico, una mayor actividad económica y el cambio climático. Vemos ejemplos exitosos de desalación en toda la región que no sólo se supeditan al ámbito minero sino que se han posicionado para el uso potable como en Argentina, Brasil, Chile (Antofagasta), Colombia, México y Perú, entre otros”, indica Pinto.

En el programa del resto del día expondrán representantes de empresas y gremios del rubro que han aplicado la desalación y el reúso del agua dentro de sus políticas para mejorar la eficiencia de sus procesos productivos.

Sin ir más lejos, la minería ha sido la industria más activa en la implementación de estos sistemas de desalación y reúso del agua. Según datos de Cochilco, publicados en el documento de presentación del foro virtual, durante el año 2018 la minería del cobre consumió un total de 62,22 m³ /seg de agua, de la cual la de origen continental alcanzó los 13,36 m³ /seg y la del mar 3,99 m³ /seg. En tanto, el agua recirculada en la minería del cobre fue de 44,87 m³ /seg.

Otra de las ponencias importantes de hoy será la de la directora de Fundación Amulén, Rocío Espinoza, a las 10.25 horas. La representante de esta organización, cuyo propósito es mejorar el acceso al agua potable en las comunidades rurales, valora la instancia convocada por ALADYR por cuanto invertir en tecnologías como plantas desaladoras asoma como una gran solución para afrontar la escasez hídrica que afecta a ese sector. “Nosotros creemos que el agua es una herramienta de superación de la pobreza con foco en la ruralidad”, dice Espinoza.

A la representante de Fundación Amulén le parece insólito que haya comunidades rurales cercanas al mar con serias dificultades de acceder a agua potable. Espinoza recuerda que el 15 por ciento de las personas del mundo rural se abastece del recurso a través de camiones aljibe, lo que equivale a cerca de 1.400.000 habitantes.

“Si tuviéramos inversión social con innovación para desalar agua o reusarla, probablemente tendríamos un mejor escenario. En Valle Hermoso, comuna de La Ligua, 3.000 viviendas no tienen agua. Van en el pozo 27 y aún no encuentran el agua, estando a seis kilómetros del mar. La gente piensa que las plantas desaladoras se usan solo para la minería, pero no es así.  Hay plantas de 30 mil litros que conectan una caleta de pescadores con una comunidad rural. Desde 2015 hemos gastado 238 millones de dólares en camiones aljibe. Con esa plata podríamos hecho importantes inversiones”, asegura Espinoza.

Políticas públicas pro desalación

Durante el segundo día del congreso, los invitados internacionales tomarán la posta. Entre los más destacados figura el presidente de la Internacional Desalination Association (IDA), Carlos Cosín, y el presidente de la Asociación Española de Desalación y Reutilización (AEDYR), Domingo Zarzo. Ambos mostrarán los ejemplos exitosos en otros países acerca de la adopción de esta tecnología para resolver el tema del acceso al agua en el contexto de cambio climático.

En particular, Cosín abordará el tema de las políticas públicas que han redundado en incentivos para proyectos de plantas desaladoras o de reúso de agua. De acuerdo a los representantes de ADALYR en Chile, este es un punto clave para avanzar hacia un desarrollo de la industria. Al menos en el plano local, ALADYR no ve con buenos ojos algunas iniciativas legales presentes en el Congreso que, dicen, obstaculizan la inversión en este tipo de infraestructura.

“Los problemas existen, pero las soluciones están al alcance de la mano. Nosotros tratamos de empujar esto desde el punto de vista técnico. Es altísimamente probable de hacerlo desde lo económico. El tema es político. Más que impedir o dificultar el acceso a nuevas fuentes de agua, el poder legislativo debería transformarse en un promotor. Es decir, contar con reglas claras para que quienes saben hacerlo, se atrevan a invertir en estos sistemas, con el cuidado ambiental y los menores costos posibles”, cree Ivo Radic, representante en Chile de ALADYR.

Radic refiere a tres boletines que se encuentran en el Congreso. De acuerdo a la misma información de ALADYR, el boletín 11.608, que establece que el agua desalada constituye un bien nacional de uso público y, por lo tanto, impide rentabilizar con ella; el boletín 10.795, que estipula que el 80% del margen obtenido por las sanitarias a través de la venta de aguas servidas de agua se deberá rebajar de las tarifas de agua potable y alcantarillado; y, por último, el boletín 7583-09, que prohíbe a las sanitarias comercializar las aguas servidas tratadas.

Respecto del primer boletín, y consultado sobre una eventual discusión que se pudiera dar en torno al agua dulce como bien de uso público en la nueva Constitución, Radic dice que el agua desalada responde a un tema totalmente distinto.

“No son temas comparables. Es muy distinto el agua que existe como fuente natural que es patrimonio de todos, a un agua que hay que transformarla. Se debe invertir, gastar y mantener esa infraestructura. No es lo mismo que obtener agua de mar. Es generar un nuevo flujo que tiene que ser comercializado para poder financiar la planta. En todos los países se comercializa. Y hay que invertir para garantizar la calidad del agua. Si no hay incentivos, nadie lo va a hacer”, argumenta Radic.

De hecho, el foro tratará estas temáticas consideradas primordiales por ALADYR, y que tiene que ver con “establecer mecanismos de fomento y subsidio para desarrollar este tipo de proyectos con la velocidad y eficacia requerida para evitar situaciones como la vivida en Ciudad del Cabo en el verano de 2019”. En cuanto a las políticas públicas anheladas por la organización se puede anotar la necesidad de establecer subsidios al consumo de agua proveniente de desalación y uso para sistemas de agua potable rural; créditos de fomento para pequeños proyectos de desalación y reúso; crear áreas destinadas para la instalación de estas iniciativas; y también el establecimiento de una estructura tarifaria progresiva, común en varios países que adoptan esta tecnología, para el agua potable urbana (a mayor consumo, mayor tarifa).

Por su parte, el presidente de ADALYR, Juan Miguel Pinto, cree al respecto que “la desalación y el reúso de agua deben acelerar su aplicación en Latinoamérica. Estas tecnologías deben ser parte de cada actividad humana si queremos la sostenibilidad del recurso hídrico. No es correcto explotar las fuentes naturales de agua más allá de su caudal de regeneración, sin tomar en cuenta las futuras consecuencias”.

Según Rocío Espinoza, de Amulén, este factor es clave para entregar soluciones a la población rural y reducir la brecha del agua en contraste con la población urbana, tema que tratará profundamente en su exposición. “Si en las urbes tenemos problemas, en las zonas rurales es peor. Si les sobra agua a los urbanos le convidan a lo rural. La política pública está al debe y no hay un marco regulatorio claro para las desaladoras, para las máquinas de captación de aguas lluvia, potabilizar el agua de pozos salados. Lo siguen mirando como algo del futuro, de 2030. Pero el tema es ahora. La carencia de agua afecta varias dimensiones de la vida. Entre ellas, tiene una dimensión de género. Muchas veces las niñas acompañan a las mamás o a las abuelas a recolectar agua al río. Son mujeres las que hacen este proceso”.

¿El impacto medioambiental?

Uno de los temas del foro versará sobre un tema candente que está vinculado a la industria de desalación: la disposición de la salmuera. Desde algunas organizaciones ambientales se ha levantado la voz en términos de señalar que el proceso de desalación de agua de mar no sería 100 por ciento sustentable, por cuanto el vertimiento de la salmuera involucrada en el procedimiento afectaría la vida de las especies marinas.

Sin embargo, Ivo Radic esgrime que “cualquier proyecto de planta desaladora bien hecho va a tener un impacto mínimo en el ecosistema marino”. Dice Radic que ese mínimo impacto podría ser mitigado a través del uso de energías renovables, considerando que el consumo energético, cuenta, es menor que en otras industrias. “Una planta grande desaladora consume menor energía que un buque, y está lleno de buques el mar pero no los vemos consumiendo petróleo”, argumenta.

“La devolución de salmuera al mar no se hace en un punto en específico, toma el agua de distintos puntos y la hace regresar también en distintos puntos. Así se acota el efecto y no perjudica el entorno marino. Además, tampoco es que esa salmuera tenga más salinidad que en el ambiente natural: el agua de mar tiene 35 gramos de sal por litro, y la salmuera devuelta es de 58 gramos de sal por litro. No es tanta la diferencia”, plantea Radic.

Al respecto, Juan Miguel Pinto asegura que “desde la Asociación nos hemos encargado de responder con datos objetivos a declaraciones perniciosas sobre el supuesto impacto que podría generar la disposición de salmuera en el ambiente marino, a lo que hemos contestado que el efecto es muy localizado y que los diseños de difusión no permiten que se alteren significativamente los niveles de sal en el mar”.