A cuatro meses de que se realice en Chile la Cumbre Global del Clima COP25, la agenda legislativa ambiental está determinada por la reactivación de una serie de proyectos de ley que desde hace años esperan su concreción, más algunas iniciativas nuevas que se han ido sumando a la discusión. Tanto desde el Ejecutivo como desde el propio Parlamento, hoy se impulsan una serie de leyes que van desde la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIS) y la tramitación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) hasta normativas de protección de glaciares, de regulación de plásticos, de delito penal ambiental, la ley de cambio climático y la regulación de una serie de tipologías de proyectos de inversión.

¿Es bueno legislar en medio del frenesí pero COP25?¿Pueden aprobarse todos los proyectos hoy en curso?¿Cuáles se debieran priorizar? Para responder a estas preguntas, País Circular convocó a tres expertos en tramitación ambiental de proyectos en el marco del seminario “Desafíos de la agenda legislativa ambiental en el año de la COP25”, que reunió al presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, Guido Girardi; al presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino; y al abogado experto en derecho ambiental y subsecretario del Medio Ambiente Rodrigo Benítez, para analizar la situación actual en una conversación moderada por el ex ministro del Medio Ambiente Pablo Badenier.

Fue Girardi, quien desde la Comisión de Medio Ambiente ha impulsado una fuerte discusión respecto de la legislación ambiental que necesita el país, quien abrió los fuegos y situó el contexto que hoy está marcando el debate.

“Si uno mira en profundidad lo que señala el informe del IPCC, estamos entrando en una situación de colapso. Entonces aquí no hay un tema de si queremos o no queremos; hay un tema de urgencia, de obligación, de responsabilidad. Ese es el desafío, lo más importante es tomar conciencia de la urgencia”, afirmó.

El planeta, dijo, funciona como el cuerpo humano, ambos son sistemas complejos donde pequeños cambios generan tremendas transformaciones y procesos de deterioro: si la temperatura de nuestro cuerpo sube 43ºC, va a entrar en un proceso de hipertermia. Para la Tierra es lo mismo, y hay que asumirlo.

A esto se suman los cambios ya notorios en nuestro país, donde disminuye el caudal de los ríos y las precipitaciones, lo que se agravaría si el incremento de la temperatura planetaria llega a 2ºC. “Chile va a ser uno de los grande países afectados por esto (…) El país tiene que enfrentar eso, y no es un tema optativo, es una responsabilidad”, afirmó Girardi. Por eso, dijo, “Estamos intentando llevar al Congreso un debate que tiene que ver con este contexto”.

Un contexto, dijo Joaquín Villarino, que hoy es un hecho unánimemente aceptado y donde las opiniones contrarias hoy son bastante aisladas. Sin embargo, agregó, “la pregunta fundamental es qué hacemos como país, y la respuesta es que vamos en una línea de colisión si es que planteamos que la solución del problema es básicamente prohibir que se desarrolle todo tipo de actividad productiva. Creo que en algunos casos decisiones legislativas llevan a una paralización total, y en otras llevan a una compatibilidad entre ambas actividades”.

Reforma profunda al SEIA como prioridad

“Es importante tratar de pensar la COP25 como una oportunidad”, dijo Rodrigo Benítez. Y agregó que si bien la cumbre es un impulso, un columpio “al que hay que subirse y empujar, tenemos que enfocar la discusión. Tampoco nos podemos dispersar. Los períodos de gobierno son cortos, el sistema legislativo muy engorroso, y eso impide un poco avanzar”.

¿Dónde poner, entonces, el foco? Los tres coinciden en que hoy la prioridad debiera ser la reforma al SEIA. Si bien para Girardi todas las iniciativas que se están impulsando son relevantes, el principal problema hoy es que “nuestra legislación ambiental está totalmente sobrepasada. Es una legislación que no le sirve a la empresa, no le sirve al crecimiento y a las inversiones, porque está tan desacreditada que ya nadie confía en ella. Por eso que hoy quien regula el medioambiente en Chile no es la institucionalidad ambiental, son los tribunales de justicia”.

“Creo que todas las iniciativas que ha enviado el gobierno al Congreso son totalmente regresivas, y la responsabilidad nuestra es avanzar”, afirmó Girardi. “Yo soy de la idea de que el sistema ambiental cumplió un ciclo y que tenemos que renovarlo. Creo que no hay una dicotomía entre medio ambiente, sustentabilidad y desarrollo. Creo que el medio ambiente ayuda al desarrollo, pero hemos tenido un sistema totalmente desbalanceado”.

“Chile tiene muchas mas posibilidades de crecer si tenemos una institucionalidad ambiental que proteja la economía”, afirma.

“Hay unanimidad transversal en el país -coincidió Villarino- en que el sistema requiere de una puesta al día. Hoy el sistema no da tranquilidad a la ciudadanía y tampoco al desarrollo de proyectos, y bajo esa incertidumbre y falta de confianza tenemos un problema grave que enfrentar. Lamentablemente, ni los gobiernos ni el Congreso se han hecho cargo del problema mayor que tenemos”.

La gran dificultad en esta materia, dijo Villarino, es que la estrategia del Ejecutivo y Legislativo en esta materia ha sido atacar algunos problemas puntuales, lo que finalmente genera un desbalance y no soluciona los problemas de fondo, por lo que parte importante de los desafíos ambientales terminan judicializándose. Y la sede judicial, que por definición no tiene las competencias técnicas para la evaluación ambiental, “evidentemente está en un riesgo tremendo de erra”, afirmó.

El proyecto de ley de reforma del SEIA actualmente en trámite tampoco ayudaría en la solución del problema mayor. “La reforma que presentó este gobierno era muy complicada. Tan complicada, que nadie estaba de acuerdo con ella y el gobierno terminó cercenándola y dejando un proyecto que, en los términos que quedó en la última indicación sustitutiva, no va al fondo del asunto. Y quedó algo que la verdad a nadie le interesa mucho, porque no viene a solucionar los problemas de verdad que tiene el SEIA”, dijo Villarino.

“A principios de año dije que era una ley para la foto, lo que molestó a mucha gente. ¿Por qué lo dije? Porque es para que alguien diga ‘yo reformé el SEIA’, pero la modificación de fondo que requiere el país no la estamos enfrentando adecuadamente, y es lo que produce la proliferación de proyectos de ley que hace que se pierda esta mirada de conjunto”, agregó.

Para Rodrigo Benítez, es evidente que el SEIA funciona y ha mejorado la tramitación de proyectos, y lo que se requiere es “buscar una discusión más de fondo, una discusión de qué modelo queremos”. Y en ese sentido, a su juicio la forma en que se ha llevado la discusión en estas materias también es parte del problema.

“Creo que el proyecto de ley no es suficiente, y tampoco las discusiones que uno ve. Pareciera que la gente que está discutiendo el proyecto, y los mismos parlamentarios, no conocen mucho el SEIA”, dijo Benítez.

“Me preocupa cuando tipología por tipología -agregó- vamos metiendo cuestiones en el SEIA, como por ejemplo que todos los proyectos de acuicultura tienen que entrar por EIA, o todos los proyectos de transporte de concentrados de minerales. La diferencia entre estudio y declaración tiene que ver con impacto ambiental, no con tipología de proyecto. Entonces, al final, o cambiamos el modelo o seguimos con el modelo, no podemos regular tipología a tipología”.

Para el ex subsecretario del Medio Ambiente, “la forma en que se está discutiendo hoy día me parece que es una forma sesgada, cada uno discute los puntos que cree que hay que cambiarle sin tener mucha experiencia de como funciona el sistema. Evidentemente hay puntos que mejorar, pero si queremos hacer un cambio de paradigma al sistema tenemos que volver a repensarlo”.

Glaciares y el aporte de la ciencia

Otro de los puntos que marcó el debate fue la ley de protección de glaciares actualmente en trámite, así como al importancia del aporte de la ciencia y del aporte de la técnica en la discusión ambiental.

“Creo que en esto es muy importante la regulación administrativa, que tiene un estándar muchas veces más alto porque hay análisis de impacto económico y social, porque hay participación ciudadana, porque hay estudios científicos acompañados que fundamentan la regulación, y eso a veces no ocurre en el trámite legislativo. A veces legislamos por contingencia, rápido, y esos proyectos de ley después requieren una ley corta para corregirlos”, dijo Benítez.

“Puede ser que en muchos proyectos -agregó- no tenemos idea cuál va a ser el efecto. Va a pasar con la ley de cambio climático. Hay una buena instancia creada ahora que es el Ministerio de Ciencias con un comité asesor muy relevante, con expertos, que puede acompañar la discusión. Creo que eso es vital en materias ambientales”.

A juicio de Joaquín Villarino, uno de los principales problemas hoy es la falta de muchas normas técnicas. “Tenemos un déficit de normas técnicas, que lleva a una discusión que también es deficiente. Falta un esfuerzo importante por tecnificar, para que podamos discutir con mayor certeza y, por lo tanto, al final una mayor tranquilidad.

Al respecto, senador Girardi explicó que todas las iniciativas legales que está presentando en la comisión están respaldadas por el trabajo de expertos y de científicos. “Nos enfrentamos a una lógica del mundo privado que no quiere diálogo con la ciencia, no le interesa la ciencia, salvo excepciones, y esa es la realidad. Nosotros estamos por hacer una gestión más compleja, más profunda, que le permite a este país ir avanzando y generar un equilibrio. Yo quiero más minería, pero cuánto de innovación hacen las empresas para resolver problemas concretos, muy poco”, dijo.

Por ello, afirmó, el proyecto de ley de protección de glaciares lo están trabajando con científicos de las universidades de Santiago y Santa María. “Nosotros no estamos porque no haya minería, todo lo contrario (…) Estamos disponibles para generar acuerdos, no hay nada que no pueda ser discutido. Pero sobre qué parámetros, sobre qué bases. Yo lo que propongo es hacerlo sobre las bases del mayor consenso ciudadano, científico y social para poder avanzar”.

Para ver el proyecto de glaciares, agregó el senador, “vamos a convocar a los 20 glaciólogos más importante de Chile para hacer una discusión científica. No para definir los aspectos más políticos, sino para ver qué vamos a definir como glaciar, cuán importante es protegerlos, porque son ecosistemas complejos”.

“Después de lo que acaba de decir el senador, la ley de glaciares ya no me preocupa tanto -retrucó Villarino-. Si vamos a hacer una comisión con científicos, yo tengo bastante confianza en ellos y por lo tanto me parece el camino correcto”.

Sin embargo previamente, durante su exposición, el presidente del Consejo Minero reconoció que obviamente es un tema que preocupa en la industria. “El gobierno, a mi juicio desacertadamente, le ha encargado a Ministerio de Minería que haga la defensa, o que de alguna manera intente conducir la discusión de glaciares, lo cual nuevamente es una señal súper potente ante la ciudadanía de que esto es o defendemos los glaciares o hacemos minería. Por lo tanto, si queremos hacer minería tenemos que destruir glaciares. La verdad es que esa no es la dicotomía a la que estamos enfrentados”.

En esa línea, dijo, la discusión que ha planteado el sector minero frente a este tema es mucho más puntual: definir bien qué se entiende por glaciares. Si se entiende por tal solo el glaciar blanco –“que nadie quiere tocar ni se ha tocado en la última década”- o si se incluye también los glaciares rocosos, el permafrost y otros, lo que podría llevar a una paralización del sector minero.

“Esa discusión, que alguien puede considerar incluso válida, es que tengamos en este país una discusión sobre si queremos tener minería o no. Yo no me puedo negar a esa discusión, un país democrático puede tenerla, pero con el análisis de las consecuencias que ello significa, o de cómo hacemos compatibles las consecuencias. Allí es donde nosotros hemos estado tratando de llevar esta conversación, a una conversación técnica en que se analicen efectos y consecuencias”, planteó.

COP25: ¿riesgo u oportunidad?

Finalmente, ¿qué oportunidades abre la realización de la COP25 en Chile para poner estos temas en el debate? Para Rodrigo Benítez, el avance que ha tenido el proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad (SBAP) -tras años de parálisis- es una muestra de cómo la realización de esta cumbre climática en Chile abre oportunidades: “La COP finalmente apura, gestiona, hace que los parlamentarios también tengan una mayor vinculación con el tema ambiental, y por lo tanto permite avanzar mucho en muchas materias”.

Sin embargo, una de las mayores preocupaciones hoy para estos expertos es la falta de una visión y una reflexión más estratégica. “Chile no tiene una estrategia ambiental clara, perfilada, con pasos a seguir”, dice Villarino. “Frente a esa falta de mirada estratégica, los planes son súper circunstanciales, hay batallitas que se dan pero no miradas globales buscando acuerdos políticos que trasciendan. Lo más emblemático de eso es lo que está pasando con la reforma al SEIA”.

“Comparto con Joaquín en que no hay estrategia”, planteó Girardi. “¿Y en qué se nota? En que la decisión de hacer la COP25 se pareció más a hacer algo como el Mundial del 62. Y esto no es una fiesta deportiva, no es un festival, es tal vez la última oportunidad que tiene la humanidad de cambiar el rumbo frente a una catástrofe. Creo que, salvo la ministra Schmidt, el resto del mundo de los decisores no tiene comprensión de lo que se está jugando”.

Para Joaquín Villarino, en general la COP25 no es ha creado una nueva preocupación por el medio ambiente, ya que desde hace más de diez años se discuten proyectos de ley sobre las materias que están hoy en el debate, y por lo tanto no ha puesto muchas materias nuevas sobre la mesa.

“Lo que sí ha hecho es acelerar mucho la discusión, y eso nos lleva a dos conclusiones: que hemos sido descuidados por no haber discutido esto a tiempo -y de manera profunda- muchos de estos desafíos, y que estamos corriendo un riesgo (…) El riesgo es que legislemos mal”, plantea.

“El esfuerzo que estamos empeñados en hacer -agregó- es tratar de salirnos de esta dicotomía de actividad productiva y cuidado del medio ambiente, y tratar de generar un diálogo que sea constructivo para que logremos las dos cosas de manera adecuada. Creo que reglas claras, objetivas y técnicamente bien sustentadas, que vengan a alimentar un debate serio, es la mejor respuesta que podamos darle al país y a las futuras generaciones”.

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