La Ley de Reciclaje aprobada en 2016 o Ley REP, como la llamamos todos los involucrados en su diseño y construcción, tiene logros trascendentales como ejemplo de diseño de política pública, que traspasan su fin último: cambiar el futuro de los residuos en Chile y ponernos en la ruta de la sustentabilidad en forma decisiva y definitiva.

Es que su lineamiento, construcción y tramitación contó con la colaboración transversal de todos los sectores de la sociedad para converger en el mejor diseño de política pública en gestión de residuos sustentable para Chile. De esta manera, junto con dar un importante paso en materia de reciclaje, nos dio un ejemplo del buen trabajo que se puede realizar cuando se dejan de lado los objetivos individuales y sectoriales, y se impone la búsqueda del bien común para el país.

La construcción de la REP se gestó bajo la mesa público-privada que constituyó la entonces ministra del Medio Ambiente, María Ignacia Benítez (QEPD), y que sabiamente continúo su sucesor Pablo Badenier, pese a pertenecer a nuevo gobierno de signo político opuesto.  En esta instancia de colaboración participaron en forma activa el sector privado como sujeto regulado, la academia, la sociedad civil representada por ONGs del mundo sustentable, y los propios recicladores de base.

De esta forma se gestó una regulación inédita en Chile, donde incluso los propios regulados apoyaron su tramitación en el Congreso, a pesar de que impone duras multas ante sus incumplimientos.

La industria, aunada bajo el alero de Sofofa, constituyó el Comité Pro reciclaje del empresariado, donde participaron en torno a 25 gremios de los distintos sectores regulados. Todos aportaron con su expertise técnico y el conocimiento de su industria para el diseño de la Ley; y se hicieron estudios con consultoras internacionales y locales para adaptar las mejores experiencias mundiales en este tipo de marco regulatorio a la realidad local.

La academia, por su parte, aportó con estudios, diagnósticos y experiencias piloto, así como en el diseño de normativas y regulaciones colindantes que dieran coherencia regulatoria a la nueva ley. Los recicladores de base, en tanto, estuvieron presentes y gracias a Chile Valora hoy cuentan con la certificación de competencias, instancia necesaria para estar insertos en la implementación de la ley.

Claramente, la REP es un ejemplo a seguir. Su solo modelo incentiva la validación de la institucionalidad, la gobernanza y la calidad de las políticas públicas, donde se aúnan criterios, experiencias y conocimientos de sectores específicos para la construcción de una mejor ley para todos, en todos los sentidos, fruto de la colaboración y la mirada de bien común.