La Contraloría de la República tomó razón del decreto de envases y embalajes de la Ley REP, documento que fue remitido hoy al Ministerio del Medio Ambiente para su publicación en el Diario Oficial, hecho que se registraría el martes de la próxima semana.

En decreto había sido ingresado a tramitación en junio de 2020, y con la aprobación del órgano contralor se da inicio formal a la aplicación de una serie de medidas para incrementar las tasas de reciclaje en Chile, al establecer metas ambiciosas que deberán cumplir las empresas y crear un sistema definitivo de recolección puerta a puerta de los envases reciclables. Además, impulsa la formalización de los recicladores de base, imponiendo una obligación de incorporación de estos trabajadores.

El decreto establece metas específicas para cada material de envases y embalajes, las que se irán incrementando año a años para llegar a una meta final en un plazo de 12 años: Cartón para líquidos (60%), metal (55%), papel y cartón (70%), plásticos (45%) y vidrio (65%). Para los residuos industriales, la obligación permitirá alcanzar una tasa de reciclaje del 70%. Estas imposiciones deberán ser cumplidas por las empresas a través un nuevo organismo que las agrupará, denominado “sistema de gestión”.

Para alcanzar estas metas, el decreto establece un esquema definitivo de recolección domiciliaria de los residuos reciclables, es decir, puerta a puerta, por lo que, con el tiempo, ya no será necesario ir a un punto limpio a dejar estos elementos. Se irá avanzando gradualmente hasta alcanzar a una cobertura del 80% de los hogares de Chile. Es decir, 4 de cada 5 hogares del país tendrán recolección en su puerta de los envases reciclables.

En el corto plazo, se establece la obligación de instalar puntos limpios o centros de acopio que garanticen el acceso a estas instalaciones en el 75% de las comunas de Chile. De esta manera, en cuatro años se instalarán 350 nuevos puntos limpios, los que serán operados por el sistema de gestión, con altos estándares de calidad.

La implementación de la Ley REP en el sector envases y embalajes tendrá un costo estimado de US$1.713 millones, derivados principalmente de la recolección, transporte, pretratamiento, valorización, administración y monitoreo de los residuos, así como por las garantías que debe tener el sistema de gestión. Todo esto es parte de las obligaciones de los productores especificadas en la Ley REP, cumpliendo así el principio de “el que contamina paga”.

Sus beneficios, en tanto, se valorizaron en US$1.897 millones principalmente por la mayor generación de empleos, menor costo en transporte y disposición de residuos -lo que permite relocalizar recursos públicos liberados-, incentivos a la innovación en ecodiseño y disminución de la dependencia de residuos importados para la industria de la valorización, entre otros.

A partir de ahora comenzarán a correr los plazos para la formalización de los sistemas integrados de gestión de residuos, que serán los encargados de recolectar, transportar, acopiar y valorizar los residuos, en un escenario que se avizora complejo frente a la masividad de los productos contenidos en el decreto.