Han pasado cuatro años desde que Chile, en 2016, promulgó la Ley de gestión del residuo, responsabilidad extendida del productor (REP) y fomento al reciclaje, lo que conllevaría el diseño normativo de una serie de reglamentos, entre ellos, los que progresivamente llevarían al aumento de las tasas de reciclaje para cada producto prioritario.
La semana pasada el Ministerio del Medio Ambiente comunicó que la propuesta del Decreto Supremo de Envases y Embalajes ya había sido aprobada, lamentablemente sin haber recibido a priori respuesta oficial a la consulta pública realizada por ellos mismos. Recuerdo también que, en mayo de 2019, lo había realizado para el decreto supremo de neumáticos y, que por cierto, aún no ha sido aprobado por la Contraloría General de la República.
Del mismo modo, un reglamento fundamental para la Ley y el cumplimiento de metas es el de movimiento transfronterizo de residuos, cuya propuesta fue aprobada por el consejo de Ministros en marzo de 2017, sin embargo, ha sido retirado y vuelto a ingresar por el MInisterio del Medio Ambiente, o devuelto y/o solicitado retirar por Contraloría innumerables veces.
Si agregamos las normas pendientes de productos prioritarios como el de aceites y lubricantes, baterías, pilas, y eléctricos y electrónicos, queda una tarea titánica aun.
Entiendo las complejidades que ha tenido la autoridad ambiental para lograr una directriz normativa bien formulada que refleje todas las miradas, sin embargo, hemos visto como muchas veces se pasan por alto las instancias de participación, opinión, desarrollo y modificación de los reglamentos incluyendo a los expertos en el tema. Tal como lo mencioné anteriormente, con el Decreto de Envases y Embalajes pasamos directo de la consulta pública a la aprobación del Consejo de Ministros, sin siquiera escuchar respuestas o argumentos que validen el reglamento recientemente aprobado.
Chile necesita retomar la velocidad de las normativas, sin renunciar a la precisión y calidad de la reglamentación, trabajando muy de la mano con los especialistas en las distintas temáticas involucradas. Al “trabajar de la mano”, me refiero no solo a escuchar y luego decidir a puertas cerradas, sino al continuo proceso de conversaciones para llegar a consensos entre las partes, respetando siempre los principios de participación, libre competencia, gradualismo y jerarquía en el manejo de los residuos.
Al amparo del tiempo transcurrido, quisiera darme el espacio para detallar algunos puntos que como asociación hemos cuestionado y presentado a lo largo de la discusión normativa con la autoridad medioambiental, y que creemos son puntos claves para que se instaure un modelo serio, formal y competitivo en la industria del reciclaje.
Consultas ciudadanas
Primero quiero expresar el más alto respeto a esta valiosa instancia que pone a disposición de las personas, comunidades, organizaciones, gremios y todo persona natural o jurídica para que opine, consulte, argumente y proponga miradas distintas que fortalecen un decreto supremo que ha sido redactado por el Ministerio del Medio Ambiente. Claramente esta es una de las instancias de “puertas abiertas” que cualquier autoridad debiera aplicar para la perfección de una norma.
Ahora bien, de la misma forma en que esta instancia abre las puertas para consultar públicamente y proponer mejoras al articulado, esperaríamos del ministerio el cuidado y la responsabilidad administrativa para que nos responda en forma específica cada punto planteado, y no en forma general a todas las consultas de todos los participantes, como lo ha estado haciendo.
Esto es de vital importancia para evitar posteriormente contrapiés administrativos en la Contraloría o en tribunales ambientales, al optar por el recurso de reclamación que dispone la misma Ley 20.920.