La rápida propagación y la facilidad de contagio del virus que causa el Covid-19 se han visto potenciadas por las condiciones en las que vive y se desplaza buena parte de la población del país, elevando la cantidad de enfermos en las comunas más pobres. Es por esto que, a la par de las medidas sanitarias, es necesario hacerse cargo de la situación del transporte, vivienda y espacios públicos. Así lo entendió el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) y elaboró un documento con una serie de recomendaciones de emergencia, que comenzó a distribuir esta semana, con el objetivo de que los tomadores de decisiones las apliquen y así contribuir a que el virus no se siga propagando.

“Se trata de medidas tácticas, de muy bajo costo, de fácil implementación y que pueden aliviar la presión que existe hoy en día y la vulnerabilidad que tienen las ciudades frente a la pandemia”, explica Sergio Baeriswyl, presidente del CNDU, órgano asesor presidencial integrado por representantes del mundo público, privado, académico, gremial y de la sociedad civil.

“Nuestra idea es proporcionar algo así como un kit de emergencia para las autoridades, para que tomen decisiones en la ciudad y que eso permita controlar que no se siga extendiendo la pandemia; o al menos mejorar las condiciones de dignidad para sobrellevarla”, agrega Baeriswyl, arquitecto y doctor en Urbanismo.

En el documento del CNDU, que ha sido enviado a más de 3.500 tomadores de decisiones, se hace una invitación a lograr una Ciudad Saludable, con lo cual “se apunta al reconocimiento de la salud física y mental como un tema urbano y un compromiso político y social, especialmente relevante en las circunstancias que viven las ciudades frente a la actual pandemia”, según señala el texto. Para lograr ese objetivo se consignan 46 medidas que pueden ser adoptadas en el marco de la emergencia, y 17 de ellas pueden ser aplicadas de forma inmediata, pues no requieren cambios legales o reglamentarios y son de relativo bajo costo y gran efectividad.

¿Cuál fue la situación que el Consejo identificó para hacer estas recomendaciones?

Como CNDU hicimos un levantamiento lo más temprano posible, con la información que había y los problemas que se estaban detectando, y nos dimos cuenta de que una parte importante de lo que estaba agravando la pandemia es aquello que habíamos señalado como prioridad a través de la Agenda Social Urbana, entregada en mayo al gobierno: problemas del déficit habitacional, inequidad en el acceso a los servicios urbanos, los campamentos y el hacinamiento.

Esa debilidad de la política habitacional chilena, y de las ciudades en general, se transformó con la pandemia en un vector de vulnerabilidad. Las personas que están más propensas a contagiarse son, precisamente, aquellas que viven en campamentos o se encuentran hacinadas o están de allegadas por no tener una vivienda.

Para esos problemas de déficit habitacional estructural propusimos en la Agenda Social Urbana 12 medidas, algunas que implican modificaciones legales o hacer planes estratégicos. Es decir, tienen soluciones cuya implementación es lenta, no resuelven la urgencia.

Por eso vimos la necesidad de sugerir medidas inmediatas para abordar la emergencia sanitaria, acciones cuyos efectos se vean enseguida, y así surgen estas recomendaciones muy concretas para todos quienes tienen que tomar decisiones, no solamente a nivel ministerial, sino también en gobiernos regionales, municipios, incluso actores privados o sociales que están en condiciones de colaborar con algunas de estas iniciativas.

¿Cuáles son esas medidas?

Son medidas de contingencia, que hemos llamado tácticas, y que están agrupadas en tres categorías: ciudad de 15 minutos, movilidad urbana sustentable y medioambiente saludable. El conjunto de medidas es lo que permite tener lo que calificamos como Ciudad Saludable que, pasada la pandemia, creemos que debe perdurar.

Por ejemplo, la idea de ciudad de 15 minutos consiste en que las personas puedan tener cerca de su domicilio (por ahora con uso de móviles) los servicios comerciales, administrativos, culturales, educacionales, de salud, incluso de trabajo. Otras medidas muy concretas son la peatonalización; el ensanchamiento de veredas; retirar estacionamientos de las calles para entregárselas a los peatones; más ciclovías para fomentar la movilidad activa; reforzar el uso exclusivo de las vías de solo buses para mejorar la frecuencia; diferir los horarios de ingreso y salida de trabajo colegios, de distintas instituciones para disminuir la congestión; combinar las jornadas de trabajo cuando sea posible entre presenciales y remotas, por mencionar algunas.

No implican grandes costos. Cerrar con un par de conos una calle para que las personas puedan desplazarse con mayor distanciamiento no requiere de una inversión, lo mismo pasa con ensanchar veredas, o la demarcación que se puede hacer muy rudimentaria en los pavimentos. A modo de ejemplo, una ciclovía de alto estándar tiene un costo de cien millones de pesos por cuadra, es mucho dinero, pero una demarcación con pintura en el pavimento y con conos que protejan al ciclista es infinitamente más barata.

Entre las medidas urgentes también sugerimos al Ministerio de Vivienda evaluar subsidios de arriendo para las personas que están en condiciones de hacinamiento crítico, un subsidio que puede durar seis meses, para la fase más más dura de la pandemia. Son medidas, por así decirlo, administrativas. Están todas detalladas en el documento Recomendaciones para las ciudades chilenas durante la pandemia.

Un llamado a atreverse

¿De qué depende que estas medidas se apliquen?

Nosotros somos un consejo consultivo, no tenemos atribuciones administrativas ni legales para obligar a ningún municipio para, por ejemplo, cerrar calles o demarcar ciclovías. La única fuerza que tenemos es la de la sensatez frente al hecho de que una ciudad puede ser más saludable si se toman esas decisiones. Algunas comunas ya están adoptando algunas de estas soluciones, como Rancagua y Chillán, con muy buenos resultados.

Creo que las autoridades en general son bien responsables frente a la realidad que está viviendo el país y creo que nuestras recomendaciones debieran tener impacto. Son sugerencias que están validadas por el grupo enorme de personas que participó en la elaboración de este documento. No solamente participaron los 31 consejeros del CNDU, sino que invitamos a investigadores, centros de estudio, especialistas, personas del mundo de la salud, etc., que nos pudieran enriquecer frente a un escenario tan insospechado como este.

Confiamos en la pertinencia de las medidas y la facilidad y bajo costo de implementación. Es una invitación a adoptarlas y creo que ninguna autoridad podría negarse a tomar medidas que protejan la salud de las personas. Asimismo, espero que las comunidades, los vecinos, les exijan a sus autoridades este tipo de soluciones que van en su directo beneficio.

Son acciones sensatas, prudentes, que incluso pueden ser revertidas si no funcionan. Hay que atreverse, si no funciona en un par de semanas se revierte y no hay ninguna pérdida. Estamos en un momento en el cual hay espacio para hacer pruebas con un margen de error muy bajo y con una oportunidad muy alta de que reduzcan las condiciones de vulnerabilidad de los peatones, de las personas que usan la ciudad.

¿No sería mejor que fuesen medidas obligatorias, considerando que en el Consejo hay representantes de ministerios, de municipios?

En el Consejo tenemos representantes de siete organismos ministeriales, pero en materia de espacio público la mayoría de las potestades están entregadas a los municipios. Tenemos dos asociaciones de municipios (AMUCh y AChM) que formaron parte de este trabajo, estamos confiados en que ellos, tal como participaron en cada una de estas propuestas, también las difundan y promuevan. A veces el Consejo tiene que sugerir al Ejecutivo algunas medidas de carácter obligatorio, pero por ahora no lo hemos hecho porque partimos como siempre con las recomendaciones y, en el contexto actual, creemos que pueden ser suficientes. Si por distintos motivos algunos municipios ven más complejo tomar algunas medidas, se le podría sugerir al Ministerio de Vivienda que instaure un programa con financiamiento o planes de distinta naturaleza que permitan hacer una coordinación más estratégica, efectiva y generalizada, pero el primer paso es invitar.

El concepto de Ciudad Saludable aborda la salud mental como un tema urbano, ¿por qué?

En la dimensión de salud uno tiende a pensar en la parte física, biológica, pero en estas condiciones de cuarentena, de incertidumbre, donde muchas personas han perdido el empleo, se trata de problemas que pueden calar más hondo y arrastrar patologías mentales. Recuerdo cuando trabajé en la reconstrucción del borde costero después del terremoto y maremoto del 27F; nos esforzamos mucho en las casas, las defensas costeras, parques de contención, etc., pero nos dimos cuenta que gran parte de los problemas posteriores al shock del terremoto eran de salud mental. Creo que en este caso puede ocurrir lo mismo, incluso peor, con condiciones de mayor incertidumbre, menores libertades para desplazarse, el aislamiento.

En el caso del hacinamiento, el encierro agudiza esas condiciones y las extrema a lo inimaginable desde el punto de vista de la dignidad de las personas que están sobrellevando esa condición, y eso tiene un efecto muy delicado en la salud mental de las personas.

Nuestra preocupación es esa, no limitar la ciudad saludable a un espacio descontaminado, caminable, con movilidad activa en bicicleta o transporte público descarbonizado, sino también en esa dimensión de salud mental. Las ciudades tienen que estar preparadas para que la recuperación post pandemia se pueda dar con espacios públicos más amistosos, que la gente pueda salir a caminar, en bici, y tener un desempeño en la ciudad que sea menos estresante.